Document - SOMALIE. Amnesty International demande à la Commission des droits de l'homme des Nations unies de soutenir le rétablissement des droits humains.
AMNISTÍA INTERNACIONAL
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Índice AI: AFR 52/003/2003/s (Público)
Servicio de Noticias: 091/03
15 de abril de 2003
Somalia: Amnistía Internacional insta a la Comisión de Derechos Humanos
de la ONU a respaldar los esfuerzos para restablecer el respeto
a los derechos humanos
(Ginebra) – Mientras la Conferencia de Paz y Reconciliación de Somalia que se está celebrando en Mbagathi, Kenia, da una serie de pasos con vistas a la formación de un nuevo y participativo gobierno de transición para Somalia, la situación de los derechos humanos en este país es objeto de renovada atención durante el periodo anual de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, reunida en Ginebra.
Ahora más que nunca es necesario que la comunidad internacional muestre su sólido apoyo a la reconstrucción de Somalia en términos de respeto a los derechos humanos. Dentro de unos pocos meses, si los líderes de las diversas facciones político-militares somalíes consiguen superar los obstáculos que se plantean para alcanzar un acuerdo, Somalia podría contar con un gobierno provisional viable que tendría la posibilidad de poner fin al conflicto armado y la violencia. Esto prepararía el terreno para la celebración de las primeras elecciones multipartidistas desde la década de los sesenta, cuando el sistema democrático se vio interrumpido por dos décadas de dictadura, y supondría el fin de 12 años de desintegración estatal que siguen amenazando la seguridad regional e internacional.
Los ciudadanos somalíes necesitan desesperadamente que los líderes de las conversaciones de paz (jefes de facciones armadas, muchos de ellos responsables de desencadenar el conflicto y perpetuar los abusos contra los derechos humanos) les permitan disfrutar de paz y seguridad y de una protección efectiva de sus derechos humanos fundamentales. Todavía se abrigan muchas dudas respecto de si estos líderes pueden y están dispuestos a gobernar en un marco de responsabilidad y rendición de cuentas.
El 27 de octubre de 2002, 19 líderes de facciones y el actual Gobierno Nacional de Transición firmaron una Declaración de Alto el Fuego. Sin embargo, se han producido decenas de violaciones de la tregua, y el Grupo de Expertos del Consejo de Seguridad de la ONU ha documentado recientemente que continúa la corriente de suministro de armas a estos grupos en contravención del embargo internacional. Están por dar comienzo las actividades de vigilancia del alto el fuego a cargo de un contingente internacional. Pero, en ausencia de un sistema de administración de justicia y de instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, los crímenes que cometen los miembros de las milicias y los ex miembros de milicias que actúan por cuenta propia siguen impunes pese a que los líderes de las facciones afirman que ciertas zonas están bajo su control. Todavía no se han hecho realidad las declaraciones acerca de la imposición de «sanciones inteligentes» sobre los bienes extranjeros y contratos de negocios adquiridos mediante métodos sospechosos por estos líderes, así como sobre los viajes de éstos al exterior.
Tras su última visita de observación a las conversaciones de paz de Kenia y las reuniones que mantuvo con los organizadores de las conversaciones, los gobiernos asociados y algunos líderes de facciones, Amnistía Internacional insta a que se dé prioridad a la cuestión de los derechos humanos en los debates sobre la reconciliación y en la formación del gobierno provisional. Un «comité de reconciliación» está finalizando la elaboración de seis informes sobre la aprobación de una Constitución provisional, la devolución de tierras y bienes adquiridos de manera ilegítima, el desarme y la sustitución de las milicias por fuerzas militares y policiales disciplinadas, la reconstrucción económica, la mejora de las relaciones regionales e internacionales y la reconciliación y resolución de conflictos (incluida la cuestión de los derechos humanos). Actualmente, la influencia de los activistas de la sociedad civil parece ser mínima.
Amnistía Internacional se ha opuesto públicamente a la declaración de una amnistía general para los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y los abusos graves contra los derechos humanos cometidos durante las últimas tres décadas, ya fuera por el gobierno de Siad Barre (algunos de cuyos miembros ahora aspiran a volver a ocupar cargos públicos) o durante las guerras entre facciones y la situación de anarquía prevaleciente desde 1991. Cualquier nuevo gobierno que se forme deberá ratificar el Estatuto de la Corte Penal Internacional a fin de que puedan denunciarse a ésta los nuevos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en caso de que las jurisdicciones nacionales no estén dispuestas a procesar a los presuntos criminales o no sean capaces de hacerlo. También se está examinando la posibilidad de crear una Comisión de la Verdad y Reconciliación. Amnistía Internacional recuerda la enormidad de algunos crímenes como el bombardeo de Hargeisa en 1988, que se cobró la vida de al menos 15.000 personas, y otras atrocidades que también deberán ser objeto de procesamientos. Los juicios deberán ofrecer plenas garantías jurídicas de imparcialidad, sin que quepa la posibilidad de que ningún encausado sea condenado a muerte. Un gobierno provisional comprometido con el respeto a la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y los tratados de derechos humanos firmados anteriormente por Somalia y que serán vinculantes para el nuevo gobierno —entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, todos ratificados por Somalia en 1990— difícilmente podrá hacerse acreedor al reconocimiento de la comunidad internacional si algunos de sus miembros son perpetradores de graves abusos contra los derechos humanos.
La vigilancia de la situación de los derechos humanos
Para la vigilancia del alto el fuego hará falta un grado considerable de respaldo internacional. No obstante, debido a la naturaleza multifacética y poco definida del conflicto armado que afecta a Somalia y la situación de desintegración estatal con el consiguiente reinado de una cultura de violencia entre facciones políticas, es esencial que la vigilancia del alto el fuego no se circunscriba al limitado marco de los combates entre facciones. La lucha de facciones en Somalia implica reiteradas infracciones del artículo 3 (común) de los Convenios de Ginebra: es causa directa de daños extremos a civiles, y afecta de una manera indirecta a la población en general mucho más allá de cualquier incidente individual. La intimidación, la represión de las libertades fundamentales y los actos de violencia cometidos por agentes no estatales son elementos que subyacen al cuadro a largo plazo de conflicto y abusos contra los derechos humanos, en particular los secuestros, las violaciones, los homicidios, el saqueo y la extorsión económica, todos ellos endémicos en varias zonas.
En consecuencia, Amnistía Internacional recomienda que a las tareas de los encargados de vigilar el alto el fuego se añada la de vigilar la situación de los derechos humanos, a fin de que se puedan comenzar a abordar las cuestiones, más amplias, de la impunidad y la rendición de cuentas, lo que será esencial para asegurar una paz duradera y el comienzo de la restauración del Estado de derecho durante la próxima fase de gobierno provisional y después de ella. La comunidad internacional debe ofrecer su ayuda y apoyo para la dotación de asesores y observadores de derechos humanos, que tendrá el máximo impacto si da comienzo de inmediato, al mismo tiempo que la vigilancia del alto el fuego.
Los defensores de los derechos humanos somalíes ya están participando en actividades en favor de la paz; ahora debe dárseles parte en la vigilancia y garantizárseles protección contra las represalias.
Los derechos humanos, en transición
Ya es hora de mirar hacia el futuro inmediato y prever las actividades de fomento y protección de los derechos humanos durante el periodo de transición. Deben concebirse estrategias y proyectos de derechos humanos que presten especial atención a las necesidades de los grupos somalíes más vulnerables, como las mujeres, las minorías y los desplazados internos.
Las mujeres necesitan que se las proteja de la violencia por motivos de género, incluida la mutilación genital femenina, y deben estar mejor representadas en la vida pública y en los procesos de toma de decisiones. Las minorías sufren continuamente la exclusión social, la discriminación y los actos de violencia cometidos con impunidad. Hay más de un tercio de millón de desplazados internos, en su gran mayoría mujeres y niños, que padecen privaciones extremas.
Asimismo, es preciso reconocer y apoyar adecuadamente los logros conseguidos en materia de derechos humanos. En Somalilandia, en la zona noroeste del país, que declaró unilateralmente su independencia en 1991 tras el derrocamiento del régimen de Siad Barre, imperan, en general, la paz, la seguridad personal y la libertad de expresión y hay una comunidad activa de organizaciones no gubernamentales locales. En mayo de 2002, tras la muerte del presidente Egal, se traspasó el poder sin que mediaran problemas, y se han celebrado elecciones multipartidistas para los municipios locales y la presidencia. En las demás zonas del Estado desintegrado, y en especial en Mogadiscio, Baidoa y Puntlandia, se producen reiterados abusos contra los derechos humanos y enfrentamientos armados entre facciones, y los defensores de los derechos humanos corren peligro constantemente.
Amnistía Internacional exhorta a la comunidad internacional a ejercer presión para que los líderes de las facciones somalíes cambien radicalmente de postura frente a la cuestión de los derechos humanos. En la medida en que ello sea posible, el gobierno provisional debe incluir solamente personas que tengan una trayectoria impecable en materia de derechos humanos y de no participación en los abusos. Los actuales dirigentes políticos y los postulantes a cargos en el gobierno provisional deben comprometerse a defender la paz y la justicia y a prevenir y castigar los abusos de las milicias sectarias.
Amnistía Internacional recomienda que durante el periodo de transición se dé comienzo a actividades de investigación y recopilación de datos a nivel internacional a los efectos de documentar los abusos cometidos en el pasado. Al avanzar, como es de esperar, hacia la reconstrucción y el desarrollo posteriores al conflicto, será preciso que se aborden las cuestiones relativas a la impunidad en aras de una justicia de transición y restauración. El cambio de trayectoria y el desarrollo de actividades efectivas para rescatar a Somalia de la desintegración causada por 12 años de crisis no dejarán de ser reconocidos.
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