Document - RWANDA. Fin des libérations provisoires de personnes soupçonnées de génocide

AMNISTÍA INTERNACIONAL

COMUNICADO DE PRENSA

Índice AI: AFR 47/005/2003/s (Público)

Servicio de Noticias: 105/03

29 de abril de 2003

Ruanda: Concluyen las liberaciones provisionales de los sospechosos de genocidio

Cuando se aproxima a su fin la primera fase de las liberaciones previstas de sospechosos de genocidio, Amnistía Internacional manifiesta su satisfacción por el intento del gobierno ruandés de abordar al grave hacinamiento en las prisiones del país.

Según cifras gubernamentales, 25.029 de los aproximadamente 112.000 ruandeses recluidos en centros de detención del país fueron puestos en libertad provisional en la primera fase de liberaciones programadas, que concluye el 30 de abril del 2003. Un último grupo de detenidos, cuyas confesiones se verificaron tras la primera liberación, serán puestos en libertad en breve.

Entre los detenidos liberados hoy se encuentran los que han confesado haber participado en el genocidio (excepto los pertenecientes a la categoría 1, los que dirigieron y organizaron el genocidio), aquellos cuyos expedientes no contienen pruebas suficientes para justificar su reclusión, y los que se encontraban en detención preventiva y han pasado ya privados de libertad más tiempo del que les habría sido impuesto como pena si hubieran sido declarados culpables de los delitos presuntamente cometidos.

Los ancianos y los enfermos, que suman casi un 10 por ciento del total de liberados, fueron puestos en libertad en enero. El resto serán liberados hoy, 29 de abril, tras pasar más de dos meses en «campos de solidaridad» destinados a facilitar su reintegración en sus comunidades de origen.

Todas las liberaciones son provisionales. Todos los detenidos deben ser aún juzgados por los tribunales ordinarios o por los llamados tribunales de «gacaca» (tribunales comunitarios).

Amnistía Internacional aplaude la revisión judicial de los expedientes y confesiones que se está llevando a cabo actualmente, pero se pregunta por qué hasta ahora el gobierno no había mostrado la voluntad política de iniciar este procedimiento.

El hacinamiento en las prisiones y los abusos contra los derechos humanos que éste conlleva han sido un problema endémico durante los últimos ocho años. Los intentos anteriores por acelerar la revisión judicial de los expedientes se vieron socavados por la inacción o la oposición del gobierno.

«El hecho de que se produzca un número significativo de liberaciones ahora, antes de las elecciones, puede sugerir oportunismo político», ha manifestado Amnistía Internacional. Pese a estas liberaciones, el gobierno ruandés debe mantener sus esfuerzos para garantizar que no se detiene a nadie ilegítimamente.

Muchos de los directamente implicados en los procedimientos de los tribunales de «gacaca» (demandantes, magistrados y miembros de la comunidad) están inquietos porque la decisión de excarcelar a detenidos se tomó sin consultarles, y en muchos casos ha avivado sentimientos de trauma.

Algunos ruandeses temen que, al tomar esta decisión unilateral, el gobierno esté socavando el carácter comunitario de la justicia que el sistema de «gacaca» prometió mantener.

Por ello, Amnistía Internacional pide al gobierno de Ruanda que:

• lleve a cabo una revisión exhaustiva de los expedientes para garantizar que todos los detenidos cuyos expedientes no contengan pruebas suficientes para justificar su reclusión son puestos en libertad;

• continúe con la sensibilización de las comunidades de origen de los detenidos liberados, para facilitar la reintegración de éstos y evitar posibles abusos contra los derechos humanos;

• garantice, en el periodo previo a los juicios celebrados ante tribunales de «gacaca» y durante el transcurso de esos juicios, la seguridad de los detenidos liberados, de las víctimas y supervivientes del genocidio, de los testigos de la acusación y de los jueces;

• respalde la independencia y la integridad de los jueces del sistema de «gacaca» manteniendo la formación de los jueces y una supervisión adecuada de los procedimientos;

• establezca un sistema de vigilancia para asegurarse de que los detenidos liberados son juzgados.

Información general

Aproximadamente un millón de ruandeses fueron brutalmente masacrados por otros ruandeses durante el genocidio de 1994 y después de él. Esas matanzas vinieron acompañadas de numerosos actos de tortura, incluida la violación.

Las cargas a las que ha tenido que hacer frente el sistema judicial de Ruanda después del genocidio han resultado insoportables. Las salas especiales establecidas en el país para juzgar a los acusados de este delito han juzgado a menos de un seis por ciento de los detenidos por presunto delito de genocidio desde 1996.

Antes de las actuales liberaciones había aproximadamente 110.000 ruandeses en los centros de detención del país, la gran mayoría de ellos en espera de juicio. Muchos fueron detenidos arbitrariamente y han permanecido recluidos ilegalmente durante años, sin que se hayan investigado apenas las acusaciones formuladas contra ellos. El hacinamiento y la falta de higiene de los centros de detención constituye trato cruel, inhumano y degradante. Según los informes, 11.000 personas han muerto bajo custodia desde 1994 a causa de las condiciones en las que fueron recluidas.

El presidente de Ruanda promulgó el 1 de enero del 2003 un decreto por el que concedía la libertad provisional a una cifra prevista de 49.376 detenidos. Las liberaciones previstas se redujeron más tarde notablemente, tras la interpretación y la aplicación del decreto presidencial por parte del Ministerio de Justicia.

Muchos detenidos llevan hasta ocho años privados de libertad, como consecuencia directa de detenciones arbitrarias e ilegítimas.

Documento público

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