Document - MAURITANIA: «NADIE QUIERE TENER NADA QUE VER CON NOSOTROS»

[Embargado hasta el 1 de julio de 2008] Público

Amnistía Internacional

MAURITANIA:

«NADIE QUIERE TENER NADA QUE VER CON NOSOTROS»

ARRESTOS Y EXPULSIONES COLECTIVAS DE MIGRANTES A QUIENES SE HA NEGADO LA ENTRADA EN EUROPA

RESUMEN

MAURITANIA

“NADIE QUIRERE TENER NADA QUE VER CON NOSOTROS”

ARRESTOS Y EXPULSIONES COLECTIVAS DE MIGRANTES A QUIENES SE HA NEGADO LA ENTRADA EN EUROPA

RESUMEN¹

1. INTRODUCCIÓN

Desde 2006, miles de personas migrantes acusadas de salir de Mauritania con la intención de entrar de forma irregular en las Islas Canarias, España, han sido arrestadas y devueltas a Malí o a Senegal sin que se les haya permitido ejercitar el derecho a apelar contra esta decisión ante una autoridad judicial. Muchas de estas personas han permanecido varios días en un centro de detención de Nuadibú, en el norte de Mauritania, donde algunas han sufrido malos tratos a manos de las fuerzas de seguridad mauritanas. Ciudadanos de países de África Occidental dicen haber sido arrestados arbitrariamente en la calle o en su casa y acusados, al parecer sin pruebas, de tener la intención de trasladarse a España. Algunas de estas personas han sido víctimas de bandas criminales; muchas han sido devueltas a Malí o a Senegal por las autoridades mauritanas. Las detenciones, seguidas casi automáticamente de la devolución de las personas arrestadas a la frontera, son doblemente arbitrarias porque la legislación de Mauritania no tipifica como delito la salida irregular del país.

Esta política de arrestos y expulsiones colectivas aplicada por las autoridades mauritanas es consecuencia de la intensa presión ejercida sobre Mauritania por la Unión Europea (UE) –y España en particular–, que trata de alistar a ciertos países africanos en su campaña contra la migración irregular a Europa. En 2003, Mauritania, que tradicionalmente había mostrado una actitud de acogida hacia un elevado número de ciudadanos de países vecinos, aceptó firmar un acuerdo con España que la obliga a readmitir en su territorio no sólo a ciudadanos mauritanos sino también a ciudadanos de terceros Estados siempre que se “acredite” o “presuma” que han intentado trasladarse a España desde la costa mauritana. Mauritania también ha aceptado la presencia en su territorio de un avión y un helicóptero en el contexto de una operación emprendida por la UE con el fin de controlar sus fronteras externas. Además, miembros de la Guardia Civil española llevan a cabo patrullas conjuntas con fuerzas de las autoridades mauritanas en la costa de Mauritania. Esta cooperación entre la UE y Mauritania ha sido presentada como una operación humanitaria y de seguridad concebida para disuadir y frenar a los migrantes que tratan de llegar a Europa, así como rescatar a quienes se hacen a la mar en embarcaciones improvisadas que corren peligro de naufragar. La información recogida por Amnistía Internacional muestra que esta cooperación ha dado lugar a la violación de ciertos derechos fundamentales de los migrantes en Mauritania.

Los motivos que empujan a millares de jóvenes africanos a enfrentarse a grandes dificultades, y a veces a la muerte, en su intento de llegar a Europa están vinculados esencialmente con la pobreza, la falta de perspectivas de futuro y la presión familiar, así como con la violencia política y las guerras civiles que han afectado, en especial, a Liberia, Sierra Leona y Costa de Marfil. La UE y sus Estados miembros han respondido a esta migración irregular endureciendo sus políticas sobre la gestión de flujos migratorios.

A este respecto, Amnistía Internacional siente grave preocupación ante las políticas de seguridad de la UE y sus Estados miembros, y en especial de España. Estos Estados están embarcados en un proceso de externalización de sus políticas sobre la gestión de flujos migratorios que los lleva a ejercer presión sobre los países de origen de los migrantes, o sobre los países que éstos atraviesan –en especial ciertos países del Magreb y del África subsahariana– para que gestionen por sí mismos el flujo de migrantes que tratan de llegar a Europa desde su territorio. Estos países se han convertido de hecho en los “policías de Europa”.

En general, Amnistía Internacional se opone al uso de la detención con fines de control de la migración. Las personas migrantes tienen derecho a la libertad y a no ser detenidas arbitrariamente. La organización considera que la detención de migrantes es legítima únicamente cuando las autoridades pueden demostrar que es necesaria y que guarda proporción con el objetivo que se pretende alcanzar, que las medidas alternativas no serían eficaces y que la detención se lleva a cabo de conformidad con procedimientos establecidos por ley y cuando existe un riesgo objetivo de que la persona afectada se dé a la fuga. En particular, debe exigirse que en estos casos la privación de libertad sea objeto de una revisión judicial y que dure el mínimo tiempo posible. Además, debe ofrecerse a la persona afectada una oportunidad auténtica de impugnar la decisión de privarla de su libertad.

Asimismo, los derechos de algunos refugiados y solicitantes de asilo, que en su gran mayoría provienen de los países de África Occidental, y de Liberia y Sierra Leona en particular, también corren peligro en Mauritania y en algunas ocasiones se ven negados. Por ejemplo, varios refugiados han sido detenidos durante breves periodos y al menos dos de ellos han sido obligados a regresar a Malí. En 2005 se estableció un procedimiento de solicitud de asilo que todavía no se ha puesto en práctica. El reconocimiento de la condición de refugiado sigue recayendo en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), pero las decisiones de este órgano pueden ser impugnadas por las nuevas instituciones creadas por las autoridades mauritanas. Además, no existe ningún mecanismo de apelación en los casos en que se deniega la solicitud.

El presente informe se basa en una visita de investigación realizada por Amnistía Internacional a Mauritania en marzo de 2008, durante la cual la delegación de la organización pudo entrevistarse, en especial, con personas recluidas en el centro de detención de Nuadibú, migrantes que habían intentado llegar a Europa o se proponían hacerlo, y refugiados, en su mayoría provenientes de países de África Occidental. La delegación también se reunió con altos cargos mauritanos, entre ellos el entonces ministro del Interior, Yall Zakaria, y con representantes diplomáticos de España en Mauritania. El informe examina los principales motivos de preocupación de Amnistía Internacional en relación con el trato dispensado a migrantes, refugiados y solicitantes de asilo en Mauritania y formula una serie de recomendaciones a las autoridades mauritanas y a la UE, y especialmente al gobierno de España, instándoles a garantizar que los derechos de estas personas son respetados de conformidad con las normas internacionales en vigor.

2. RUMBO A EUROPA PARA HUIR DE LA POBREZA Y EL CONFLICTO

Los flujos migratorios de los países del África subsahariana hacia Europa han aumentado considerablemente desde la década de los noventa. Este fenómeno es consecuencia de las guerras civiles y las crisis económicas que han afectado a muchos de estos países, particularmente en África Occidental. La costa noroeste de África (especialmente la costa de Marruecos y Mauritania), puerta de Europa, se ha convertido en lugar de tránsito preferido de los migrantes de origen subsahariano.

Los motivos que empujan a millares de jóvenes africanos a enfrentarse a graves dificultades, y a veces a la muerte, en su intento de llegar a Europa están vinculados esencialmente con la pobreza, la falta de perspectivas de futuro y la presión familiar, así como con la violencia política y las guerras civiles que han afectado, en especial, a Liberia, Sierra Leona y Costa de Marfil. Muchos migrantes con los que se ha entrevistado Amnistía Internacional han hecho hincapié en que sus progenitores dependían de ellos para sacarlos de la pobreza, o simplemente para sobrevivir en un contexto de crisis económica endémica y elevadas tasas de desempleo.

La mayoría de los migrantes que tratan de llegar a las Islas Canarias desde Mauritania son naturales de Estados miembros de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO). En su mayoría provienen de Senegal o Malí, pero Amnistía Internacional también se ha entrevistado con personas oriundas de Gambia, Guinea, Costa de Marfil, Ghana, Liberia y Sierra Leona. La razón por la cual la gran mayoría de los migrantes que se hallan en Mauritania provienen de países de la CEDEAO es que pueden entrar en el país sin necesidad de un visado siempre que lleven consigo sus documentos de identidad.

Un migrante senegalés con el que se entrevistó Amnistía Internacional a principios de marzo de 2008 en el centro de detención de Nuadibú dijo: “Mi madre es anciana y tengo dos hermanas; prometí a mi familia que iría a Europa para ganar algún dinero”.

Muchos migrantes señalaron que todos sus familiares habían puesto sus recursos en común para que pudieran tratar de trasladarse a Europa. Un migrante de Costa de Marfil recluido en el centro de detención de Nuadibú dijo a Amnistía Internacional:

No abandoné el país debido a la guerra sino a la pobreza. Mi padre vendió la radio, la televisión y casi todos nuestros bienes para que yo pudiera viajar. Dijo: “Hazlo, hijo, hazlo por mí”. Fue lo que me dio el impulso para marcharme.

Desde su arresto por las autoridades mauritanas, a principios de marzo de 2008, este hombre había estado tratando de comunicarse por teléfono con su padre:

Mi padre lloró cuando se enteró de que me habían arrestado. Dijo que se nos había acabado la suerte y me pidió que no me desalentara y que lo intentara nuevamente. Sé que me enviarán de vuelta a Senegal, pero voy a trabajar allí durante un tiempo para ganar dinero y después voy a volver a Nuadibú para probar suerte otra vez. Sé que, sin mí, mi familia está acabada. Soy su única esperanza.

Desde el año 2006, Mauritania se ha convertido en el punto de partida preferido de los migrantes que pretenden trasladarse a Europa. Durante mucho tiempo, la mayoría de los migrantes de África Occidental solían intentar llegar a Europa desde el norte de Marruecos, utilizando pequeñas barcas pesqueras para cruzar el estrecho de Gibraltar, que tiene apenas 15 km de ancho. Después de 2002, el refuerzo de los controles a lo largo de la costa mediterránea obligó a los migrantes que se dirigían a Europa a cambiar su ruta, especialmente tratando de entrar en los enclaves españoles de Ceuta y Melilla, en el norte de Marruecos. Muchos se embarcaban en “pateras” en los puertos de Dajla y El Aaiún (en el Sáhara Occidental) y en la ciudad marroquí de Tarfaya (a menos de 100 km de Fuerteventura, en las Islas Canarias, una travesía de 8 a 10 horas por mar).

Tras los acontecimientos de octubre de 2005 en Ceuta y Melilla y la intensificación de los controles a lo largo de la frontera marroquí, especialmente entre el Sáhara Occidental y Mauritania, los migrantes se han visto obligados a encontrar otras rutas, más largas y por ello más peligrosas, para tratar de llegar a Europa por mar vía las Islas Canarias. Millares de personas se han embarcado en Mauritania (situada a unos 800 km de las islas españolas) e incluso en Senegal (a 2.000 km de las islas). Dado que el viaje es más largo y peligroso, los migrantes han adoptado nuevos medios de transporte, embarcándose en “cayucos”.

Desde finales de 2005, el número de migrantes que salen de Mauritania por mar rumbo a las Islas Canarias ha venido aumentando espectacularmente, fenómeno que ha recibido una gran atención de los medios de comunicación, y en especial de los medios españoles. Han circulado informes muy diversos sobre el número de migrantes que llegan a las Islas Canarias desde Mauritania. Enfrentada a la afluencia de migrantes a las islas, acompañada de las imágenes difundidas por los medios de comunicación internacionales que mostraban cadáveres flotando en el agua y barcas a la deriva llenas de migrantes deshidratados y famélicos, la UE reaccionó tratando de encontrar los medios de disuadir a estos migrantes de viajar y así salvar vidas. La UE y sus Estados miembros también ejercieron presión sobre Mauritania para que desempeñara un papel más activo a la hora de controlar los flujos migratorios a Europa.

A fin de poder salir de Mauritania por mar y eludir a las autoridades mauritanas y españolas, las personas que desean migrar se ven obligadas a utilizar los servicios de traficantes, a quienes deben pagar enormes sumas de dinero que pueden llegar a varios miles de euros. Los traficantes son personas que conocen la zona y saben cuáles son las autoridades a las que es posible sobornar; puede tratarse de pescadores, o de gente que también tiene la intención de migrar o que ya lo ha hecho. La migración irregular se basa en una compleja red de relaciones y transacciones cuyo alcance es difícil de determinar porque cambia constantemente en respuesta a las reacciones de las autoridades.

Según los datos recogidos por Amnistía Internacional, este complejo sistema supone distintos niveles de responsabilidad y participación: en primer lugar está el “traficante”, que organiza la operación; el traficante trabaja con intermediarios (conocidos localmente como coxeurs)²encargados de conseguir migrantes deseosos de dirigirse a Europa. En ocasiones, los propios migrantes en potencia buscan otros migrantes dispuestos a entrar en Europa por medios irregulares. También están los “patrones” de pequeñas barcas pesqueras, que reciben abultadas sumas de dinero para llevar a cabo la travesía. Finalmente, hay ciertos miembros de las fuerzas de seguridad mauritanas que, a cambio de grandes sumas de dinero, permiten las salidas que se supone que deben impedir. Con el aumento del número de migrantes en potencia, estas actividades se han vuelto cada vez más lucrativas.

Un migrante que había hecho varios intentos de llegar a Europa explicó a Amnistía Internacional que algunos traficantes engañaban a los migrantes en potencia prometiendo una plaza en la misma barca a un elevado número de personas a sabiendas de que no habría suficiente lugar para todas ellas. “Algunos hacen lo mismo que las compañías aéreas: sobrecontratan. Piden dinero a 100 personas aunque saben que sólo 75, y tal vez no tantas, podrán embarcarse porque no se debe sobrecargar la embarcación. A algunas personas les dan una fecha de partida errónea, o las delatan a las autoridades”. Al preguntársele sobre los “criterios” utilizados por los traficantes para determinar quiénes iban a poder viajar, esta persona manifestó: “Llevan a los más resueltos, los que podrían causarles problemas si no pueden embarcarse. Por eso son a menudo las mujeres o los migrantes de habla inglesa [que no comprenden las lenguas locales] los que quedan atrás”.

 

Varias personas dijeron a Amnistía Internacional que algunos miembros de las fuerzas de seguridad responsables de la vigilancia de la costa permitían, a cambio de elevadas sumas de dinero, la salida de migrantes aunque ello significara que posteriormente tendrían que perseguirlos. Una persona que había intentado trasladarse a Europa en varias ocasiones dijo a Amnistía Internacional que en algunos puntos de la costa “por la noche hay sólo tres soldados de guardia entre la medianoche y las seis de la mañana. Piden 250.000 uguiyas [unos 700 euros] a cambio de hacer la vista gorda durante una hora; para los soldados, la migración es una fuente importante de ingresos. Muchos tienen un Mercedes en Nuadibú, pese a que sólo ganan 35.000 uguiyas [unos 100 euros]”.

3. LA “FORTALEZA EUROPA” EMPUJA SUS FRONTERAS EXTERNAS HACIA EL SUR

Durante aproximadamente 10 años, los Estados miembros de la UE han endurecido considerablemente sus políticas sobre la gestión de flujos migratorios. El objetivo ha sido limitar el número de migrantes irregulares que llegan a su territorio, especialmente mediante el fortalecimiento de los controles en sus fronteras externas. Finalmente, al no haber conseguido poner freno a este fenómeno migratorio, han decidido externalizar su política de lucha contra la “migración ilegal”.

En consecuencia, se ha ejercido presión sobre los países del Magreb y del África subsahariana para incluirlos en el combate contra la migración irregular y convertirlos de hecho en los “policías de Europa”.

Durante los últimos años, la UE ha desarrollado su política sobre flujos migratorios en función de dos ejes principales: las cláusulas de readmisión y las operaciones conjuntas de la Agencia Frontex.

En consecuencia, los acuerdos de readmisión y las cláusulas de readmisión insertadas en los acuerdos de cooperación y asociación se han convertido en una de las armas preferidas de la UE contra la migración irregular. Este tipo de acuerdo establece compromisos recíprocos entre las dos partes firmantes en lo que respecta a la devolución de ciudadanos de sus propios países o de cualquier tercer país que hayan entrado irregularmente en el territorio de una de las dos partes.

Amnistía Internacional no se opone en principio a los acuerdos de readmisión, que por sí mismos no son ilegales. No obstante, la organización subraya que cualquier acuerdo de readmisión debe ajustarse plenamente a las obligaciones que han contraído sus firmantes en materia de derechos humanos. Los acuerdos deben contener disposiciones claras para la protección de los derechos de los migrantes y solicitantes de asilo. Entre estos derechos figuran: el derecho de toda persona a la libertad y a no ser sometida a detención arbitraria, el derecho a ser protegida de la tortura u otros malos tratos, el derecho de acceso a un procedimiento de solicitud de asilo justo y satisfactorio y el derecho a ser protegida de la devolución a un país o territorio en el que pueda correr peligro de convertirse en víctima de violaciones graves de los derechos humanos.

A fin de poner freno a las corrientes migratorias, la UE y sus Estados miembros han tratado de persuadir a los países de origen de los migrantes y a los países que éstos atraviesan de que deben aceptar acuerdos de readmisión o cláusulas de readmisión en el marco de sus políticas de ayuda al desarrollo.

En octubre de 2004, en forma paralela a estos acuerdos de readmisión, la UE creó la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados Miembros, conocida como Frontex. El objetivo de esta agencia es reforzar la seguridad en las fronteras exteriores de la UE coordinando la acción de los Estados miembros y facilitando la aplicación de medidas comunitarias relacionadas con la gestión de dichas fronteras.

4. VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES

Varias personas migrantes con las que se entrevistó Amnistía Internacional en el centro de detención de Nuadibú relataron que las fuerzas de seguridad las habían tratado duramente o las habían insultado en el momento del arresto. A la mayoría les habían robado algunas pertenencias y muchas dijeron que las habían arrestado arbitrariamente en la calle o en su domicilio, cuando no estaban preparándose para trasladarse a Europa de manera irregular. Es posible que la presencia de algunas de estas personas en Mauritania fuera irregular, pero otras dijeron que su documentación estaba en regla y que las fuerzas de seguridad se habían incautado de sus documentos o los habían destruido al arrestarlas.

Cualesquiera fuesen las circunstancias de estos arrestos, no existe ningún fundamento jurídico para detener a migrantes acusados únicamente de pretender trasladarse a Europa por medios irregulares. Es más, el acto de salir del territorio de Mauritania irregularmente no está tipificado como delito en el Código Penal del país. La única referencia a la salida del territorio nacional aparece en el Decreto 64-169, del 15 de diciembre de 1964, relativo al sistema de inmigración, que se aplica sólo a inmigrantes extranjeros ordinarios que, cuando deseen salir del territorio mauritano, deberán “presentar [sus] documentos de identidad extranjeros para que sean sellados por la autoridad administrativa del punto de salida”. La omisión de esta formalidad no puede clasificarse como delito. Los agentes de los servicios de seguridad nacional responsables del centro de detención de Nuadibú conocen este principio jurídico básico. Un alto cargo de la Dirección General de Seguridad Nacional indicó claramente a la delegación de Amnistía Internacional que tratar de salir del país clandestinamente “no es un delito previsto por la ley”. Esta circunstancia también fue reconocida por el fiscal de Nuadibú al manifestar a la delegación de Amnistía Internacional: “Estos migrantes no han hecho nada malo porque, por lo menos actualmente, salir del país de forma irregular no constituye delito”.

Penalizar a una persona por un delito inexistente es una violación de uno de los principios fundamentales del derecho nacional e internacional. Este principio se recoge, en particular, en el artículo 6 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, que establece: “Todo individuo tendrá derecho a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie puede ser privado de su libertad más que por razones y condiciones previamente establecidas por la ley. En especial, nadie puede ser arrestado o detenido arbitrariamente”.

Varios migrantes dijeron a la delegación de Amnistía Internacional que las fuerzas de seguridad mauritanas los habían golpeado y les habían robado en el momento de arrestarlos. Las autoridades no habían emprendido ninguna investigación para verificar estas denuncias.

Los testimonios recibidos de los migrantes se ven corroborados por informes que indican que algunos miembros de las fuerzas de seguridad han detenido a ciudadanos extranjeros, y especialmente a naturales de países miembros de la CEDEAO. Estas personas, arrestadas en la calle o en su domicilio, aparentemente sin que hubiera pruebas en su contra, han sido acusadas, al parecer, de tratar de salir de Mauritania de forma irregular para trasladarse a Europa. Algunas de ellas, recluidas en el centro de detención de Nuadibú en espera de su devolución a Malí o a Senegal, dijeron a la delegación de Amnistía Internacional que se hallaban en territorio mauritano legalmente y que las fuerzas de seguridad habían destruido sus permisos de residencia al practicar la detención. Amnistía Internacional teme que estos arrestos arbitrarios sean uno de los efectos malsanos de la presión ejercida por la UE sobre el gobierno de Mauritania.

Algunas personas recluidas en el centro de detención de Nuadibú dijeron que las habían arrestado en su casa en mitad de la noche. Un hombre de 41 años, natural de Malí, que llevaba dos años en Nuadibú, manifestó: “Me arrestaron ayer, en mi habitación. No sé por qué. Dormí en el piso de la comisaría de policía y esta mañana me trajeron aquí [al centro de detención]. Pero tengo un trabajo, tengo un rickshaw [calesa de dos ruedas tirada por una persona], no soy un migrante ilegal, llevo dos años viviendo aquí y tengo todos los papeles en regla. No tengo la intención de ir a Europa: soy cabeza de familia. No sé qué va a ocurrir, no nos dicen nada. ¿Qué va a ocurrir conmigo y con mi familia si me mandan de vuelta a Malí? Mi rickshaw vale 20.000 uguiyas [unos 55 euros] y podría perderlo”.

Otras personas arrestadas y trasladadas al centro de detención de Nuadibú dijeron a Amnistía Internacional que las habían detenido en la calle simplemente porque llevaban puestos dos pares de pantalones o dos chaquetas. Las fuerzas de seguridad mauritanas parecen haber interpretado este simple hecho como prueba de que la persona se estaba preparando para trasladarse a Europa, pese a que en Nuadibú la temperatura puede ser bastante baja, especialmente por la noche. Un natural de Malí, nacido en 1987, relató: “Vivo aquí en casa de mi amigo y hago algunos trabajitos aquí y allá, especialmente lavado de automóviles. Ayer [2 de marzo de 2008] a primeras horas de la noche iba andando solo. Tenía frío, y llevaba puestos dos pares de pantalones y una chaqueta cuando la policía me arrestó. No hablo su lengua, pero entendí que me acusaban de tener la intención de trasladarme a Europa. Me quitaron la tarjeta de identidad y me trajeron aquí. Sé que me van a mandar de vuelta a Malí, pero no es justo porque yo no me iba a embarcar”.

Cuando arrestan a una persona sospechosa de tratar de trasladarse a España de forma irregular, las autoridades mauritanas la interrogan de inmediato sobre su nacionalidad y su punto de entrada a Mauritania (en casi todos los casos, estas personas entran por vía terrestre desde Senegal o Malí). Esto puede resultar una tarea difícil, ya que los migrantes que parten en barcas pesqueras se deshacen de sus documentos. Algunos migrantes dicen poseer una nacionalidad que no es la verdadera a fin de evitar que los repatríen a países a los que no desean ir. Esto es especialmente cierto en el caso de algunos migrantes senegaleses con los que se entrevistó Amnistía Internacional en el centro de detención de Nuadibú. A estos migrantes los habían arrestado en Marruecos y los habían expulsado a Argelia en el puesto de frontera de Ujda en condiciones muy difíciles. Cuando las autoridades marroquíes los volvieron a arrestar tras intentar otra travesía a las Islas Canarias, dijeron ser mauritanos para que los expulsaran a Mauritania en lugar de a Argelia.

“Guantanamito”, un centro de detención carente de nombre oficial

El centro de detención de Nuadibú fue inaugurado en abril de 2006. El centro se ha establecido en el edificio de una escuela restaurada por las autoridades españolas a principios de 2006. Las autoridades españolas habían instalado grandes tiendas de campaña y un comedor en el patio de la escuela. Pero apenas las autoridades mauritanas comenzaron a utilizar el edificio como centro de detención, las tiendas y el comedor desaparecieron y sólo quedaron las aulas, que se convirtieron de hecho en “celdas”. Actualmente hay 216 literas distribuidas en varias aulas, pero cuando la delegación de Amnistía Internacional visitó el centro a principios de marzo de 2008 sólo se estaban utilizando tres aulas, lo que causaba un grave problema de hacinamiento y deplorables condiciones higiénicas. El centro lo gestionan las autoridades mauritanas, pero las comidas las pagan y distribuyen la Cruz Roja española y la Media Luna Roja mauritana. Estas dos organizaciones también dan a los migrantes la oportunidad de llamar por teléfono a sus progenitores.

El centro de detención de Nuadibú. © AI

El centro, que no se rige por ninguna de las reglas aplicables a los demás centros de detención de Mauritania, tampoco parece tener un nombre oficial. El director regional de la Dirección General de Seguridad Nacional de Nuadibú dijo a Amnistía Internacional que las autoridades mauritanas se referían al centro como “el centro de recepción para migrantes clandestinos”. El cónsul español en Nuadibú ha manifestado que las autoridades españolas se refieren a él como “centro de internamiento” o “centro de retención”. Los migrantes recluidos en el centro lo llaman “el centro de la Cruz Roja”, y otros habitantes de Nuadibú y algunos migrantes lo apodan “Guantanamito”. Esta incertidumbre respecto al nombre del centro es otra muestra de que funciona en ausencia de un marco jurídico.

Según fuentes oficiales, cada mes el centro recibe entre 200 y 300 personas. Las cifras estadísticas proporcionadas a Amnistía Internacional por la Dirección General de Seguridad Nacional de Nuadibú muestran que, en el año 2007, el centro de detención albergaba a 3.257 personas, entre ellas 1.381 senegaleses y 1.229 malienses. Posteriormente todos fueron expulsados a Senegal o a Malí. Como el centro no está regido por ninguna ley, no existen límites para la duración de la detención, que puede prolongarse de uno o dos días a una semana o más, hasta que la policía consigue organizar el transporte de los migrantes.

Aunque Mauritania ha aceptado cooperar con España en materia de migración irregular, también ha adoptado la política de expulsar a Malí o a Senegal a los migrantes de terceros países expulsados de España o arrestados en Mauritania cuando trataban, o se presumía que trataban, de trasladarse a España irregularmente. Las expulsiones se organizan lo más rápidamente posible y los migrantes no tienen posibilidad de apelar contra la orden de expulsión. Un funcionario mauritano dijo a Amnistía Internacional que el número de migrantes conducidos a la frontera había ascendido a 11.600 en 2006 y a 7.100 en 2007. Todos los migrantes oriundos de Malí o que se supone que han entrado en Mauritania a través de Malí son enviados a Gogui (pueblo de Malí cercano a la frontera con Mauritania). Todos los demás migrantes arrestados, con independencia de su nacionalidad, son enviados a Rosso, en la ribera del río Senegal, desde donde se los expulsa a Senegal a través del río.

En algunos casos, estas expulsiones colectivas suscitan disputas entre las autoridades senegalesas y mauritanas, ya que ambos países tratan de deshacerse de los migrantes. Un migrante ghanés dijo a Amnistía Internacional: “[En diciembre de 2007] los mauritanos nos llevaron a Rosso. Nos embarcamos en el transbordador para cruzar el río, acompañados por agentes de policía mauritanos. Cuando llegamos a la costa de Senegal, los soldados senegaleses se negaron a aceptarnos y nos mandaron de vuelta. Hicimos cuatro viajes de ida y vuelta entre Mauritania y Senegal. Nadie quería tener nada que ver con nosotros. Finalmente, los senegaleses aceptaron acogernos. Tras pasar una semana en Senegal, volví a Mauritania y ahora estoy tratando de llegar a España”.

5. PRESIONES EJERCIDAS POR ESPAÑA SOBRE MAURITANIA

Es imposible comprender la política de Mauritania hacia los migrantes que intentan trasladarse a Europa irregularmente vía las Islas Canarias sin examinar las presiones que ejerce España sobre las autoridades mauritanas.

La presencia de fuerzas españolas en territorio mauritano se inserta en un proceso de incremento de los lazos de cooperación entre España y Mauritania en su lucha para controlar el flujo de migrantes que intentan llegar a España, especialmente a las Islas Canarias, desde la costa mauritana. Esta cooperación tiene su principal fundamento jurídico en el Acuerdo sobre Inmigración suscrito por ambos países en julio de 2003. El Acuerdo contiene una cláusula de readmisión que se aplica a migrantes de terceros países. También prevé el suministro de ayuda técnica de España a Mauritania.

De modo creciente, las acciones de España se han venido basando en este acuerdo desde 2006, año en que aumentó considerablemente la afluencia de migrantes de Mauritania a España. Conforme a este acuerdo, España puede solicitar que Mauritania readmita no sólo a migrantes mauritanos sino también a migrantes de terceros países que hayan tratado de trasladarse a España desde la costa mauritana.

Por consiguiente, el gobierno español ha actuado de forma legítima al pedir a las autoridades mauritanas que readmitieran a migrantes que hubieran o se presumiera que hubieran llegado a las Islas Canarias desde la costa mauritana. Durante su visita, la delegación de Amnistía Internacional se enteró de que del 28 de febrero al 6 de marzo de 2008 las autoridades mauritanas habían recibido tres solicitudes para la readmisión de un total de 274 migrantes, incluidos 14 menores de edad que, según las autoridades españolas, habían reconocido que se habían embarcado en Nuadibú. Casi todos estos migrantes eran ciudadanos de países de la CEDEAO.

Amnistía Internacional considera que todos los migrantes irregulares expulsados de España a Mauritania deberían tener acceso, si así lo desean, a procedimientos de solicitud de asilo justos y satisfactorios en España. Además de respetar el principio de no devolución (non-refoulement), España debe respetar el derecho de cada persona a elegir el país de destino. Los ciudadanos de terceros países no deben ser obligados a regresar a Mauritania sino que se les debe permitir que elijan el país de destino, sujeto al consentimiento del país en cuestión.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La información obtenida por Amnistía Internacional en marzo de 2008 durante su visita a Mauritania demuestra que los derechos de los migrantes y de algunos refugiados son violados por las fuerzas de seguridad mauritanas, que a veces practican detenciones arbitrarias, participan en actividades delictivas organizadas e infligen malos tratos a personas acusadas de tener la intención de trasladarse a Europa por medios irregulares.

La organización siente especial preocupación por las condiciones de reclusión imperantes en el centro de detención de Nuadibú, que alberga a personas de las que se sabe o se presume que han tratado de llegar a España de forma irregular. Este centro de detención no se rige por ningún marco jurídico y no está sujeto a ningún control judicial. La duración de la detención no está sujeta a ningún límite, y los detenidos no disfrutan del derecho de apelación contra la decisión de expulsarlos. Amnistía Internacional también ve con preocupación el hecho de que se expulse a estas personas a Malí o a Senegal con independencia de su nacionalidad. Se las abandona en la frontera, a menudo con escasos alimentos y sin medios de transporte. Amnistía Internacional siente particular preocupación por las condiciones en las que se ha abandonado a algunos migrantes, sin agua ni alimentos, en la frontera de Mauritania con Marruecos, en la tierra de nadie conocida como “Kandahar”.

La organización también siente suma preocupación por los efectos perniciosos de la presión que ejerce sobre Mauritania la UE, y en especial España, para que participe activamente en la lucha de la UE contra la migración irregular. Parece que algunos abusos cometidos contra migrantes son producto del deseo de mostrar a la UE y a sus Estados miembros que Mauritania está “cumpliendo su parte del trato”, aunque ello suponga negar el ejercicio de derechos fundamentales como el derecho de toda persona a no ser sometida a detención arbitraria o a malos tratos.

Amnistía Internacional reitera que, conforme al derecho internacional, la detención debe ser una excepción y no la regla. Las normas internacionales restringen expresamente el uso de la detención y exigen que se respete a las personas detenidas y que se les permita ejercitar sus derechos fundamentales. Las normas también afirman que debe prestarse particular atención a los grupos especialmente vulnerables, como las mujeres y los menores de edad. En su lucha para proteger los derechos de las personas desarraigadas, Amnistía Internacional ha adoptado posturas frente a varias cuestiones relacionadas con los derechos fundamentales de migrantes y refugiados. Cualquier persona detenida debe ser llevada con prontitud ante una autoridad judicial y debe dársele la oportunidad de impugnar la legalidad de la decisión de privarla de su libertad. En Mauritania, el derecho de apelación contra la legalidad de la detención se niega sistemáticamente a los migrantes acusados de tener la intención de trasladarse a Europa irregularmente, y parece claro que la intensa presión ejercida por la UE, y especialmente por España, sobre el gobierno mauritano contribuye a la violación de este derecho fundamental.

Copyright y pie de foto de portada:

© AFP – Migrantes arrestados en el mar por la guardia costera española en Tenerife, Islas Canarias, 10 de septiembre de 2006.