Document - RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE. Des centaines de femmes violées et abandonnées
AMNISTÍA INTERNACIONAL
COMUNICADO DE PRENSA
Índice AI: AFR 19/005/2004 (Público)
Servicio de Noticias: 264/04
http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAFR190052004
Fecha de embargo: 00:01 horas GMT del 10 de noviembre de 2004
República Centroafricana: Cientos de mujeres y niñas violadas y abandonadas
La comunidad internacional debe proporcionar recursos humanos y materiales y asegurarse de que el gobierno de la República Centroafricana protege y promueve los derechos de las mujeres y las niñas a no ser sometidas a violencia física, psicológica o sexual, ha dicho hoy Amnistía Internacional en un nuevo informa sobre violaciones en masa en la República Centroafricana.
Durante varios meses, entre finales de 2002 y comienzos de 2003, cientos de mujeres y niñas fueron sometidas a violaciones, agresiones sexuales y otras formas de violencia en la República Centroafricana. La mayoría de las violaciones se produjeron en el norte de Bangui, especialmente en una zona conocida como PK12 (Point kilometre douze, kilómetro 12) y PK22 (Point kilomètre vingt deux, kilómetro 22).
El informe, titulado Central African Republic: Five months of war against women (Índice AI: AFR 19/001/2004), documenta numerosos actos de violación cometidos por combatientes de la República Centroafricana, Chad y la República Democrática del Congo. Las fuerzas del Movimiento por la Liberación del Congo (grupo armado de oposición congoleño) eran aliadas del gobierno, presidido entonces por Ange Patassé, mientras que las tropas chadianas apoyaban a su oponente, el actual presidente, François Bozizé.
Los resultados fruto de las investigaciones de Amnistía Internacional a finales de 2003 indican claramente que durante esos cinco meses todos los bandos, pero especialmente los combatientes del Movimiento por la Liberación del Congo, cometieron numerosos actos de violación de forma sistemática. Los autores gozaron de impunidad y siguieron en libertad para cometer nuevos abusos contra los derechos humanos, entre ellos otras violaciones.
Según organizaciones de derechos humanos y humanitarias que se ocuparon de las víctimas de violación a finales de 2002 y comienzos de 2003, fueron violadas niñas de tan sólo ocho años y ancianas de hasta 60 fueron violadas. Muchas fueron atacadas en sus casas, o bien mientras huían de zonas de combate o en bloqueos de carretera. Las violaban delante de sus maridos, hijos o padres. Algunas mujeres y niñas murieron como consecuencia de la violación. Según los informes, a los familiares y esposos que intentaban evitar las agresiones los amenazaban, los agredían o los mataban. En algunos casos se obligó a los hijos a tener relaciones sexuales con sus madres, hermanas o familiares de sexo femenino.
El gobierno no hizo nada para proteger a las víctimas y negó que los abusos hubieran tenido lugar.
Según numerosas fuentes de Bangui, las violaciones perpetradas por combatientes del Movimiento por la Liberación del Congo pretendían en parte castigar a las mujeres por su presunta ayuda a los combatientes respaldados por Bozizé.. También parecía haber una táctica deliberada de humillación de los hombres demostrándoles su impotencia para proteger a sus mujeres y sus familias.
Cuando a finales de 2002 organizaciones de derechos humanos y humanitarias protestaron por las violaciones generalizadas, el gobierno del presidente Patassé inicialmente negó los abusos, al parecer para no perder el apoyo de sus principales aliados, los combatientes del Movimiento por la Liberación del Congo, presuntamente los principales perpetradores. Aunque posteriormente el gobierno reconoció que las acusaciones eran ciertas, no ha hecho nada significativo para poner a los presuntos autores en manos de la justicia.
Según los informes, en noviembre de 2002 el Movimiento por la Liberación del Congo reconoció los abusos. En zonas de la República Democrática del Congo controladas por este grupo armado, tribunales militares juzgaron y condenaron a los combatientes del Movimiento acusados de infracciones disciplinarias y de abusos contra los derechos humanos. Ninguno fue acusado de violación. Las actuales autoridades de la República Centroafricana no han iniciado los procedimientos para solicitar la cooperación de las autoridades de la República Democrática del Congo a fin de identificar a los presuntos autores, con vistas a ponerlos en manos de la justicia o presentar una demanda contra los líderes del Movimiento por la Liberación del Congo. Hasta octubre de 2004 nadie había sido inculpado en relación con las violaciones de finales de 2002 y comienzos de 2003.
La violación y otras formas de violencia sexual están tipificados como delitos en el Código Penal de la República Centroafricana. A Amnistía Internacional le preocupa que, si no se fija una condena mínima, surja la posibilidad de abuso o de condenas claramente benévolas. El derecho internacional exige a los Estados que se ocupen de las violaciones de derechos humanos persistentes y que tomen medidas para evitar que ocurran.
"Cuando un Estado sistemáticamente no responde a la evidencia de violencia sexual y abuso contra mujeres y niñas, da a entender que este tipo de agresiones pueden cometerse con impunidad. Al hacerlo, no toma las medidas mínimas necesarias para proteger el derecho de las mujeres y las niñas a la integridad física”, ha dicho Amnistía Internacional.
En Bangui, los activistas de derechos humanos y humanitarios afirman que las víctimas de violación, tanto hombres como mujeres, han quedado gravemente traumatizadas por la experiencia. Los trabajadores sociales creen que el trauma afectará durante mucho tiempo a sus relaciones con los otros miembros de la comunidad. Hay personas que tal vez no se recuperen jamás.
A menudo las víctimas temen ser estigmatizadas o se sienten demasiado avergonzadas para relatar su terrible experiencia. La violación genera vergüenza en la víctima, en su cónyuge y en sus familiares más cercanos. El cónyuge suele rechazar a la víctima para que no se le asocie a ella, y, al igual que los miembros de su comunidad, la suele considerar impura e incluso creer que consintió en las relaciones sexuales, y por consiguiente, carece de moral. En algunos casos, los cónyuges temen que las víctimas se hayan contagiado de enfermedades de transmisión sexual, como el VIH.
Temerosas del estigma y el rechazo de sus esposos si daban a conocer sus testimonios pocas mujeres musulmanas estaban preparadas para hablar sobre sus experiencias a organizaciones de derechos humanos y humanitarias. Cuando los investigadores de AI les preguntaban concretamente sobre violaciones en su zona, los líderes de la comunidad musulmana negaban que ninguna mujer hubiera sido violada en ella, lo cual indicaba que el estigma también afectaba a los hombres de la comunidad cuyas esposas o hijas habían sido violadas.
Tras los informes de violaciones generalizadas, el PNUD ofreció financiar un proyecto de ayuda a las supervivientes. Éste, que comenzó el 28 de noviembre de 2002, se centró en identificar a las supervivientes y en proporcionarles ayuda médica de urgencia, que incluía tratamiento de sus lesiones físicas y pruebas de VIH y otras ETS. A las supervivientes se les ofreció también apoyo psicológico para vencer el trauma sufrido por ellas, sus familias y sus esposos o parejas.
Las autoridades de la República Centroafricana deben tomar medidas educativas, administrativas y judiciales para combatir y en última instancia eliminar la violencia contra las mujeres.
"Las reparaciones para las mujeres que han sufrido esta violencia deben incluir una investigación y un acceso a la justicia rápido, eficaz, independiente e imparcial; atención médica, reparación del daño sufrido y acceso a información objetiva sobre la violación”, señaló AI dirigiéndose a las autoridades de la República Centroafricana y a la comunidad internacional.
El gobierno debe crear una comisión de investigación competente, independiente, imparcial y dotada de recursos suficientes que lleve a cabo una exhaustiva investigación en todo el país sobre el delito de violación cometido por combatientes, especialmente a finales de 2002 y principios de 2003, y debe pedir a la comunidad internacional los recursos humanos y materiales necesarios para apoyar esta iniciativa.
El gobierno debe buscar la cooperación del gobierno de la República Democrática del Congo y de los dirigentes del Movimiento por la Liberación del Congo para garantizar que la comisión de investigación puede entrevistar a miembros del Movimiento desplegados en la República Centroafricana entre octubre de 2002 y marzo de 2003, a fin de identificar a los autores y, en última instancia, ponerlos en manos de la justicia.
Documento público
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