Document - BURUNDI : Pas de justice pour les victimes du massacre d'Itaba
AMNISTÍA INTERNACIONAL
COMUNICADO DE PRENSA
Índice AI: AFR 16/005/2003/s (Público)
Servicio de Noticias 042/03
24 de febrero de 2003
Burundi: No hay justicia para las víctimas de la matanza de Itaba
Amnistía Internacional condena en los términos más enérgicos el hecho de que el sistema de justicia de Burundi no haya procesado a los miembros de las fuerzas armadas burundesas responsables de la muerte de entre 173 y 267 civiles desarmados, muchos de ellos mujeres, niños y personas de edad avanzada, que fueron víctimas de una matanza deliberada e ilegítima en la comuna de Itaba, provincia de Gitega, el 9 de septiembre de 2002.
«Vuelve a ser evidente que, sencillamente, no hay voluntad para obligar a las fuerzas armadas burundesas a responder de sus actos y llevar a sus miembros ante los tribunales por graves violaciones de derechos humanos» ha afirmado Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional.
Al principio se ocultó información sobre la masacre. Al conocerse los datos y empezar a crecer la indignación dentro y fuera del país, dos oficiales del ejército acusados de responsabilidad en los hechos fueron detenidos. Sin embargo, el 22 de febrero de 2003, un tribunal militar (conseil de guerre) los declaró culpables únicamente de desobedecer órdenes. Fueron condenados a cuatro meses de prisión y puestos en libertad.
Una delegación de Amnistía Internacional presidida por Irene Khan visitó Burundi en septiembre de 2002, poco después de la masacre. La delegación se reunió con sobrevivientes —entre ellos una niña de seis años, la única que había sobrevivido de toda su familia y a la que habían disparado cuando huía de su casa en llamas —, testigos presenciales y grupos burundeses de derechos humanos que investigaban los homicidios, entre otras personas. Además, la delegación se reunió con el presidente Pierre Buyoya y otros altos cargos del gobierno, que prometieron que se haría justicia.
«Es evidente que no se ha hecho justicia. Aunque estamos sumamente decepcionados por el resultado del juicio, no podemos decir que nos sorprenda —afirma Irene Khan—. La pasividad a la hora de investigar debidamente, exigir plenas responsabilidades y llevar ante la justicia a los miembros de las fuerzas armadas sospechosos de cometer graves violaciones de derechos humanos es casi absoluta.»
Al principio las autoridades afirmaron que las víctimas habían muerto en un fuego cruzado entre el ejército y combatientes del Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia (Conseil National pour la Défense de la Démocratie - Forces pour la Défense de la Démocratie, CNDD-FDD).
A medida que iban conociéndose los datos relativos a los hechos, se hizo evidente que el ejército era el único responsable de los homicidios; que los combatientes del CNDD-FDD ya habían abandonado la zona; que la población civil se había convertido en blanco deliberado de los ataques; y que la mayoría de las víctimas habían muerto por disparos a quemarropa. A otros les habían disparado cuando intentaban huir o los habían quemado vivos en las casas donde se ocultaban.
Aunque las fuerzas armadas burundesas habían admitido la autoría de los homicidios, por motivos que no estaban claros, se retiraron los cargos de asesinato y en su lugar se formularon los cargos menores de quebrantamiento de la solidaridad pública (manquement à la solidarité publique) y violación de órdenes militares (violation de consignes militaires). Absueltos del primero de estos cargos, los agentes fueron declarados culpables de haber desobedecido órdenes por no haber entregado un informe sobre los hechos y también porque, aun en el caso de que hubieran recibido órdenes de disparar contra los combatientes en la zona, tenían que saber que estaban disparando contra población civil indefensa. Según informes, el fiscal militar había argumentado que, como se había ordenado a los civiles que abandonaran la zona cuando hubiera combatientes presentes, lógicamente a los que se habían quedado los habían tomado por combatientes.
Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades que:
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vuelvan a abrir las investigaciones sobre la matanza de Itaba, a fin de garantizar que se llevan a cabo investigaciones completas, independientes e imparciales y que se procesa a todos los responsables con arreglo a las normas internacionales para la celebración de juicios justos y sin recurrir a la pena de muerte;
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condenen públicamente las violaciones de derechos humanos, incluidas las ejecuciones extrajudiciales cometidas por sus fuerzas, y dejen claro que tales abusos son delitos y quienes los cometan serán procesados;
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emprendan en breve investigaciones imparciales e independientes sobre todo homicidio ilegítimo de civiles, hagan públicas sus conclusiones y procesen a los responsables con arreglo a las normas internacionales para la celebración de juicios justos y sin recurrir a la pena de muerte;
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reformen urgentemente el sistema de justicia militar.
Información general
La matanza de Itaba fue sólo una de varias masacres cometidas por las fuerzas armadas en Burundi el año pasado. Más de 500 civiles indefensos, entre ellos decenas de niños, fueron ejecutados extrajudicialmente en el 2002. A pesar de que se han perpetrado centenares de homicidios como éstos cada año, todavía son muy pocos soldados que afrontan siquiera un juicio por violaciones de derechos humanos. En los casos excepcionales en que tiene lugar un procesamiento, a los acusados que resultan culpables se les imponen condenas desproporcionadamente leves, que no sólo resultan insultantes, sino que sirven para reforzar la impunidad de las fuerzas armadas.
La jurisdicción militar sencillamente no es capaz de procesar a los individuos acusados de violaciones de derechos humanos. Sin embargo, los defectos inherentes a los tribunales militares persisten porque son tolerados por las máximas autoridades, que además no reconocen ni condenan en gran medida las violaciones de derechos humanos cometidas por sus fuerzas.
Documento público
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