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ÍNDICE AI: AFR 02/31/97/s

19 DE NOVIEMBRE DE 1997

Grandes Lagos: Amnistía Internacional condena la devolución forzosa de refugiados burundeses y ruandeses

Amnistía Internacional ha alertado hoy sobre los esfuerzos aparentemente coordinados de los gobiernos de la República Democrática del Congo, Burundi y, según los informes, también Ruanda para obligar a miles de refugiados burundeses y ruandeses a regresar de la República Democrática del Congo a sus países de origen, donde corren peligro de sufrir graves abusos contra sus derechos humanos.

«Resulta especialmente preocupante que los soldados burundeses y ruandeses hayan buscado afanosamente a estos refugiados de forma sistemática ─con la ayuda de las autoridades locales congoleñas─ y los hayan expulsado a sus países, donde corren peligro de ser ejecutados», ha declarado hoy Amnistía Internacional.

La organización de derechos humanos está investigando los informes según los cuales de los 63 refugiados burundeses arrestados en Uvira (República Democrática del Congo), 38 han «desaparecido». También investiga los informes de ejecuciones extrajudiciales de civiles desarmados por soldados burundeses durante la operación en la República Democrática del Congo.

«Es imprescindible que los gobiernos de la República Democrática del Congo, Burundi y Ruanda actúen inmediatamente para poner fin a la devolución forzosa de estos refugiados», ha declarado Amnistía Internacional. «Asimismo, las autoridades de la República Democrática del Congo deben retirar a las fuerzas extranjeras implicadas en las expulsiones.»

Desde el 9 de noviembre, hasta 2.000 refugiados burundeses y ruandeses han sido devueltos a la fuerza desde Kivu Sur a Burundi, y 700 refugiados ruandeses a Ruanda, en lo que parece una operación militar coordinada de las tropas de los tres países.

«El gobierno de la República Democrática del Congo también debe reconocer su obligación ─en virtud del derecho internacional y consuetudinario─ de garantizar la seguridad de los refugiados en el país», ha afirmado Amnistía Internacional. «Las autoridades de Burundi y Ruanda también deben garantizar que los refugiados que han vuelto están protegidos contra los abusos de derechos humanos.»

Hay informes sin confirmar de operaciones similares en otras zonas del país, como el territorio Fizi de la provincia de Kivu Sur. Millares más de refugiados ruandeses y burundeses en la República Democrática del Congo se enfrentan a una devolución forzosa inminente o a otras amenazas a su seguridad.

Según los informes, el 7 de noviembre siete camiones de soldados burundeses cruzaron a Kihanga, en la República Democrática del Congo, y, con ayuda de las autoridades congoleñas locales y de miembros de las fuerzas de seguridad, así como de soldados ruandeses, se entregaron a una búsqueda sistemática de los refugiados. Entre el 7 y el 13 de noviembre hubo registros al menos en siete aldeas y pueblos, como la localidad de Uvira (9 y 10 de noviembre). Los refugiados burundeses, muchos de los cuales llevaban viviendo muchos años en la zona oriental de la República Democrática del Congo ─algunos desde 1972, otros desde comienzos o mediados de la década de los ochenta─, estaban integrados en la población congoleña local, y los soldados burundeses se sirvieron de las autoridades locales para identificarlos.

A los refugiados se los llevaban de allá donde los encontraban, sin permitirles regresar a sus hogares a recoger sus pertenencias ni a ver a sus familiares. A algunos se los llevaron por la noche y los transportaron a Burundi al día siguiente. A muchos los separaron de sus familias. A los que intentaban resistirse los golpeaban y a algunos los amenazaron con ejecutarlos si no obedecían. Según los informes, los acusaron de pertenecer a un grupo armado de la República Democrática del Congo, denominado Maji Maji, o a la ex milicia ruandesa interahamwe.

El destino de los refugiados devueltos fue la provincia septentrional burundesa de Cibitoke, al otro lado del río Rusizi, donde había más soldados burundeses esperándolos.

Según los informes, alrededor del 12 de noviembre al menos 700 refugiados ruandeses también fueron devueltos desde la misma zona por soldados congoleños con ayuda de soldados ruandeses. Las circunstancias de su identificación por los soldados y de su devolución fueron las mismas.

Entre los 2.000 refugiados devueltos a la fuerza a Burundi había 69 refugiados ruandeses expulsados de la República Democrática del Congo, que al parecer han sido trasladados al campo de tránsito de Gatumba, cerca de la capital, Bujumbura. No está claro si las autoridades burundesas les permitirán quedarse, ya que prácticamente todos los refugiados ruandeses han abandonado ya Burundi, la mayoría por devolución forzosa o bajo coacción.

INFORMACIÓN GENERAL

Los refugiados de la región de los Grandes Lagos están siempre expuestos a la amenaza y el temor de la devolución a su país de origen o a un país en el cual su seguridad no está garantizada. Los países implicados han pasado por alto de forma sistemática las normas internacionalmente vinculantes. En algunos casos, organismos internacionales como el ACNUR han sucumbido a la presión ejercida por los gobiernos de acogida para comprometer estos principios.

Los refugiados burundeses que regresan corren el peligro de sufrir graves abusos contra los derechos humanos en su país de origen. Se arriesgan a ser ejecutados de forma deliberada y arbitraria por las fuerzas gubernamentales o los grupos armados de oposición burundeses, ya que la inseguridad generalizada persiste en muchas zonas de Burundi, como la provincia de Cibitoke, a menudo inaccesible para los organismos humanitarios debido a la violencia. Es prácticamente imposible que observadores independientes vigilen la seguridad de los que regresan. A finales de 1996 y en 1997, cientos de refugiados burundeses fueron expulsados de la República Democrática del Congo. Muchos de ellos fueron ejecutados extrajudicialmente poco después de volver a Burundi.

Muchos de los refugiados ruandeses que fueron devueltos a la fuerza desde la República Democrática del Congo y otros países también han sufrido graves abusos. Algunos han sido ejecutados y otros han «desaparecido». Según los informes, más de 6.000 personas ─la mayoría civiles desarmados─ han sido ejecutadas en Ruanda desde 1997. Hay muchas muertes de las que no se tienen informes, lo que significa que la verdadera cifra puede ser considerablemente mayor. Entre las víctimas hay muchos devueltos desde la República Democrática del Congo.

Los homicidios y las matanzas han sido perpetrados tanto por el Ejército Patriótico Ruandés (EPR) como por grupos armados de oposición, al parecer aliados del ex ejército de Ruanda. Miles de civiles desarmados, entre ellos niños pequeños y ancianos, han sido abatidos a tiros durante las operaciones del EPR tras ataques de grupos armados de oposición.