Document - Region des Grands Lacs: Les refugies et les personnes deplacees sont toujours livres a un sort incertain

NO PUBLICAR ANTES DEL 24 DE ENERO DE 1997

Amnistía Internacional

REGIÓN DE LOS GRANDES LAGOS

Aún existe la necesidad de protección:

repatriaciones, devoluciones forzosas y la seguridad de los refugiados y de los desplazados internos

24 DE ENERO DE 1997 RESUMEN ÍNDICE AI: AFR 02/07/97/s

DISTR: SC/CC/CO/GR (04/97)

Durante los meses de octubre y noviembre de 1996 la atención de gran parte del mundo se centró en el este de Zaire, donde se producía una tragedia humanitaria sin precedentes. La violencia latente desde hace mucho tiempo se convirtió en una guerra abierta y en masivas violaciones de derechos humanos. Más de un millón de refugiados de Ruanda y de Burundi, y varios cientos de miles de desplazados internos zaireños, se vieron atrapados en el fuego cruzado y fueron elegidos, deliberada y arbitrariamente, como blanco por las partes en conflicto. Miles de personas murieron mientras los Estados debatían y retrasaban los planes para enviar una fuerza de intervención dirigida por los canadienses. Miles de refugiados se vieron obligados a volver a Ruanda y a Burundi.

Finalmente, despojados de alternativas, los refugiados y los desplazados huyeron -cientos de miles volvieron a Ruanda, unos 60.000 a Burundi, decenas de miles de burundeses y zaireños huyeron a Tanzania, y un sinnúmero de personas huyeron al interior de Zaire. La comunidad internacional se congratuló por haber alentado a los refugiados a volver a Ruanda, y dirigió inmediatamente su atención hacia otros lugares. Envalentonada por el giro que tomaron los acontecimientos en Zaire, Tanzania, que a su vez había acogido a cerca de un millón de refugiados, tomó medidas para obligar a centenares de miles de ruandeses a volver a su país. Una vez más, la comunidad internacional -entre la que cabe destacar al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)- alentó y acogió con agrado este acontecimiento.

Los acontecimientos de los últimos meses en la región de los Grandes Lagos se han visto marcados por una terrible falta de respeto por los derechos, la dignidad y la seguridad de los refugiados. En este informe, resumimos algunas de las preocupaciones de Amnistía Internacional respecto a las inquietantes tendencias que se están observando en la región en la protección de los refugiados. En otros informes recientes hemos proporcionado relatos detallados de los abusos experimentados por los refugiados y por quienes vuelven a sus países.

Este informe llama la atención sobre el hecho de que la crisis de refugiados en África Central está muy lejos de haber llegado a su fin. Sigue habiendo gran cantidad de refugiados y de personas desplazadas en toda la región, y siguen expuestas a grandes peligros. Los refugiados siguen corriendo el riesgo de verse obligados a volver a sus países por la fuerza, o «eligen» volver por el gran peligro que corren en los países que los acogen. El conflicto armado y los abusos contra los derechos humanos, especialmente en Burundi y en el este del Zaire, seguramente darán lugar a más corrientes de refugiados y desplazamientos de personas.

Amnistía Internacional hace un llamamiento a los gobiernos de los Estados que acogen a los refugiados, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y a la comunidad internacional para que se aseguren de tomar medidas inmediatas para garantizar la seguridad de los refugiados y de las personas desplazadas y para impedir que se erosionen aún más los principios básicos de protección de refugiados en la región.

PALABRAS CLAVE: REPATRIACIÓN FORZADA1 / REFUGIADOS1 / CONFLICTO ARMADO1 / PERSONAS DESPLAZADAS / HOMICIDIOS INDISCRIMINADOS / EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES / AGRESIÓN SEXUAL / DETENCIÓN ARBITRARIA / DETENCIÓN ILEGAL / INVESTIGACIÓN DE ABUSOS / GOBIERNOS (OTROS) / BURUNDI / RUANDA / TANZANIA / ZAIRE / ACNUR / CICR /

Este es el resumen del documento: Región de los Grandes Lagos: Aún existe la necesidad de protección (Índice AI: AFR 02/07/97/s), emitido por Amnistía Internacional el 24 de enero de 1997. Si precisan más información, o si desean emprender alguna acción sobre esta cuestión, deben consultar el documento en su integridad.

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 8DJ, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL, ESPAÑA

Amnistía Internacional

REGIÓN DE LOS GRANDES LAGOS

Aún existe la necesidad de protección:

repatriaciones, devoluciones forzosas y la seguridad de los refugiados y de los desplazados internos

24 Enero de 1997

Índice AI: AFR 02/07/97/s

Distr: SC/CC/CO/GR

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 8DJ, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL, ESPAÑA

REGIÓN DE LOS GRANDES LAGOS

Aún existe la necesidad de protección:

repatriación, devoluciones forzosas y la seguridad de los refugiados y de los desplazados internos

Durante los meses de octubre y noviembre de 1996, la atención de gran parte del mundo se centró en el este de Zaire, donde se producía una tragedia humanitaria sin precedentes. La violencia latente desde hace mucho tiempo se convirtió en una guerra abierta y en masivas violaciones de derechos humanos. Más de un millón de refugiados de Ruanda y de Burundi, y varios cientos de miles de desplazados internos zaireños, se vieron atrapados en el fuego cruzado y fueron elegidos, deliberada y arbitrariamente, como blanco por las partes en conflicto. Miles de personas murieron mientras los Estados debatían y retrasaban los planes para enviar de una fuerza de intervención dirigida por los canadienses. Miles de refugiados se vieron obligados a volver a Ruanda y a Burundi.

Finalmente, despojados de alternativas, los refugiados y los desplazados huyeron -cientos de miles volvieron a Ruanda, unos 60.000 a Burundi, decenas de miles de burundeses y zaireños huyeron a Tanzania, y un sinnúmero huyó al interior de Zaire. La comunidad internacional se congratuló por haber alentado a los refugiados a volver a Ruanda, y dirigió inmediatamente su atención hacia otros lugares. Envalentonada por el giro que tomaron los acontecimientos en Zaire, Tanzania, que a su vez había acogido a cerca de un millón de refugiados, tomó medidas destinadas a obligar a centenares de miles de ruandeses a volver a su país. Una vez más, la comunidad internacional -entre la que cabe destacar al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)- alentó y acogió con agrado este acontecimiento.

Los acontecimientos de los últimos meses en la región de los Grandes Lagos se han visto marcados por una terrible falta de respeto por los derechos, la dignidad y la seguridad de los refugiados. En este informe, resumimos algunas de las preocupaciones de Amnistía Internacional respecto a las inquietantes tendencias que se están observando en la región en la protección de los refugiados. En otros informes recientes hemos proporcionado relatos detallados de abusos experimentados por los refugiados y por quienes vuelven a sus países.¹Este informe llama la atención sobre el hecho de que la crisis de refugiados en África Central está muy lejos de haber llegado a su fin. Sigue habiendo gran cantidad de refugiados y de personas desplazadas en toda la región, y siguen expuestas a grandes peligros. Los refugiados siguen corriendo el riesgo de verse obligados a volver a sus países por la fuerza, o «eligen» volver por el gran peligro que corren en los países que los acogen. El conflicto armado y los abusos contra los derechos humanos, especialmente en Burundi y en el este de Zaire, seguramente darán lugar a más corrientes de refugiados y desplazamientos de personas. Es preciso emprender acciones inmediatas con el fin de garantizar la seguridad de los refugiados, e impedir una mayor erosión de los principios básicos de protección de refugiados en la región.

I. La Situación hasta la Fecha: La Protección Traicionada

1. Retorno forzoso en Tanzania

«...se espera que todos los refugiados ruandeses en Tanzania vuelvan a su país antes del 31 de diciembre de 1996».

Estas palabras, que formaban parte de una declaración emitida por el gobierno tanzano a principios de diciembre, aprobadas y firmadas conjuntamente por el ACNUR, han dejado patente el frágil estado de la protección internacional de refugiados. En tan sólo un mes después de la emisión del comunicado, la mayoría de los aproximadamente 540.000 refugiados ruandeses en Tanzania habían vuelto a Ruanda.

A aquellos refugiados que consideraban que volver era peligroso no les dieron otras alternativas. Sólo ahora, después de haberse llevado a cabo la repatriación, el ACNUR ha expresado la esperanza de que Tanzania establezca un procedimiento de selección para evaluar las peticiones de personas que teman volver a su país. Inicialmente, decenas de miles de refugiados huyeron de los campos e intentaron adentrarse más en Tanzania, con la esperanza de llegar a países vecinos. Las fuerzas de seguridad tanzanas interceptaron los refugiados que huían y los «volvieron a dirigir» hacia la frontera ruandesa. Se han recibido informes de uso excesivo de la fuerza, malos tratos y violaciones de refugiados. Varios sacerdotes católicos que se habían opuesto a las expulsiones fueron deportados por el gobierno de Tanzania. También se han recibido informes de que había soldados ruandeses en los campos y en sus alrededores.²

Los informes que obran en poder de Amnistía Internacional ahora indican que a algunos refugiados que se niegan a volver los arrestan y detienen en un campamento de reclusión en el sector noroeste del país. Otros refugiados que deseaban permanecer se vieron sin duda obligados a volver de forma apresurada. Sólo unos pocos miles lograron conseguir refugio temporal en algún otro lugar, cruzando la frontera a Uganda, donde también se les ha dicho que no se les permitirá permanecer indefinidamente. Otros fueron rechazados por las autoridades keniatas.

¿Su retorno fue realmente voluntario? ¿Las condiciones en Ruanda eran seguras? Estas preocupaciones fundamentales deberían primar cuando se toma la decisión de repatriar refugiados. Sin embargo, estas cuestiones básicas fueron pasadas por alto o tratadas muy a la ligera con las prisas por cumplir con la fecha límite arbitrariamente establecida para la repatriación. El hecho de que fuera posible ignorar esas cuestiones, que ese olvido fuera legitimado por el ACNUR y que fuera aceptado con tanta prontitud por la comunidad internacional es sumamente significativo. ¿Sigue estando el mundo comprometido con la protección de los refugiados, o acaso prima ahora el retorno, en vez de la seguridad, por motivos políticos y económicos?

2. Zaire y Burundi: Expulsión y retorno en un contexto de violencia

El problema no se limita a Tanzania. En la segunda mitad de 1996, un sinnúmero de refugiados ruandeses también volvieron o fueron obligados a volver a su país de Burundi y de Zaire. En julio y agosto, regresaron 75.000 de Burundi, después de que los refugiados se convirtieran en blanco de amenazas y actos de violencia a manos de las fuerzas de seguridad burundesas; 700.000 volvieron de Zaire en noviembre y diciembre, huyendo de las brutales violaciones de derechos humanos cometidas por todas las partes en el conflicto que estalló en el este del Zaire en octubre. Cerca de 1,3 millones de refugiados volvieron en 1996, lo que supone un incremento de población de aproximadamente un 20%. En algunas partes de Ruanda, las personas que han vuelto exceden en número al resto de la población. El hecho de que una cantidad tan grande de personas regresen a su país en un período tan breve de tiempo puede tener consecuencias muy graves para un país que todavía lucha por recuperarse del atroz genocidio, y por reconstruir una sociedad quebrantada por la guerra civil. En tales circunstancias, y dado el horrendo historial de Ruanda en materia de abusos contra los derechos humanos, toda decisión acerca de la protección de refugiados y su retorno debe ser tomada con el mayor de los cuidados y con toda cautela.

Miles de refugiados burundeses también se vieron obligados a huir del este de Zaire cuando estalló el conflicto. Se han recibido informes según los cuales grupos armados zaireños y dirigidos por tutsis atacaron a los refugiados burundeses con el fin de obligarles a volver, y que incluso los entregaron a las fuerzas gubernamentales burundesas en la frontera. Según informes, los soldados burundeses mataron a unos 500 de los que retornaron. Otros han «desaparecido».³La guerra civil y una fuerte violencia interétnica de motivación política continúan en Burundi, y se han registrado al menos 10.000 víctimas desde finales de julio de 1996. Se siguen produciendo matanzas de civiles inocentes en todo el país.⁴

3. Normas internacionales

Si bien nada parecía indicar que los refugiados burundeses estuvieran dispuestos a volver a su país de forma voluntaria, la comunidad internacional, incluido el ACNUR, rápidamente caracterizó el retorno de los refugiados burundeses como voluntario. Cabe preguntarse, pues, si los refugiados ruandeses han vuelto a su país de forma voluntaria. ¿Por qué es tan importante esta pregunta? La mejor repatriación es evidentemente la repatriación voluntaria. La voluntariedad contribuye a garantizar el respeto a los derechos y a la dignidad del refugiado. Incrementa la posibilidad de que la población que vuelve pueda reintegrarse en la sociedad con éxito y contribuir a su reconstrucción. La voluntariedad es un elemento importante de la protección, ya que supone el reconocimiento de que los propios refugiados suelen ser los que mejor pueden juzgar si las condiciones son lo suficientemente seguras en su país de origen.

El derecho internacional destaca la importancia de la repatriación voluntaria en la protección de los refugiados. El Estatuto de la Oficina del ACNUR también subraya la repatriación voluntaria. El Comité Ejecutivo del ACNUR ha concluido que «el carácter esencialmente voluntario de la repatriación debe ser respetado siempre»,⁵y además, que

la repatriación de refugiados sólo debe producirse con motivo de su voluntad libremente expresada; el carácter voluntario e individual de la repatriación de refugiados y la necesidad de que se lleve a cabo bajo condiciones de absoluta seguridad,... siempre debe ser respetado.⁶ (traducción no oficial)

Los Estados africanos han ido más allá y se han comprometido mediante tratado a asegurarse de que «se respetará en todos los casos el carácter esencialmente voluntario de la repatriación, y ningún refugiado será repatriado en contra de su voluntad».⁷ Al reconocer todo esto, el ACNUR recientemente ha subrayado que «el principio de voluntariedad es la piedra angular de la protección internacional con respecto al retorno de los refugiados» en el que una «decisión informada» y la «libre elección» son fundamentales.⁸

La repatriación de los refugiados ruandeses procedentes de los tres países, no se cumple en ninguno de estos dos aspectos. Se ha hablado mucho sobre el hecho de que gran parte de los refugiados no habían tomado una decisión informada de permanecer en el exilio, y que extremistas aliados con el antiguo gobierno y ejército de Ruanda, que controlaban los campos, coaccionaban y aterrorizaban a los refugiados para obligarles a quedarse. Está claro que ese era un factor muy importante. Sin embargo, los Estados que acogen a los refugiados y la comunidad internacional hicieron muy poco para eliminar ese elemento de intimidación. Si lo hubieran hecho, se podrían haber tomado medidas significativas para determinar con exactitud los verdaderos deseos de los refugiados.

Lo poco que se hizo para separar a los «intimidadores» de los refugiados desembocó en arrestos arbitrarios e ilegales, y a veces en repatriaciones forzadas. En 1995, el ACNUR empleó a 1.500 soldados zaireños para garantizar la seguridad en los campos del este de Zaire. Aunque los informes indican que la seguridad en los campos mejoró a consecuencia de ello, no se ha aclarado por qué no se utilizó a los soldados para desarmar a los refugiados armados. En lugar de eso, los soldados zaireños llevaron a cabo arrestos arbitrarios de refugiados acusados de intimidación. Unas 30 de estas personas permanecen bajo custodia en Zaire y muchos más fueron devueltos por la fuerza a Ruanda donde casi todos ellos están recluidos en condiciones carcelarias espantosas.

Cuando llegó el momento de volver para los refugiados ruandeses, la única alternativa con que contaban era regresar, y a menudo era una cuestión de vida o muerte. No hubo ninguna libertad en esa elección. En Burundi, escapaban de la persecución a manos de los militares burundeses, en Zaire volver era la única esperanza de sobrevivir al conflicto en el este de Zaire, los ataques brutales contra los campos de refugiados y la muerte por inanición, ya que las organizaciones humanitarias se vieron obligadas a suspender sus operaciones. En Tanzania el ejército se aseguró de que los refugiados eran llevados a la frontera y no hacia ningún otro sitio.

Si no fue voluntaria, ¿fue la repatriación al menos segura? Esa pregunta es absolutamente crucial a la hora de asegurar que se respetan los derechos humanos cuando se les ofrece protección a los refugiados. Concluir que las condiciones en el país de origen de un refugiado se han vuelto lo suficientemente seguras como para justificar su retorno implica la comprobación de que se ha producido un cambio real y duradero. Cuando eso ocurre, el estatuto de refugiado llega a su fin. Si no se puede estar razonablemente seguro de que los cambios van a durar, no se puede obligar a los refugiados a volver. Continúan teniendo todo el derecho y la necesidad de ser protegidos.

Amnistía Internacional ha seguido de cerca los esfuerzos e iniciativas tomadas por el gobierno ruandés para mejorar la protección de los derechos humanos en el país. La tarea a realizar parece imposible, pero el gobierno ha hecho una serie de promesas alentadoras. Sin embargo, sigue habiendo graves problemas. Se estima que la población carcelaria en Ruanda ronda las 92.000 personas, entre las que hay niños, ancianos y enfermos. Un número significativo de personas que han vuelto de Burundi, Tanzania y Zaire han sido arrestadas y se siguen produciendo arrestos. A principios de enero de 1997 se estimaba que fueron arrestadas alrededor de 5.500 personas que retornaban, la mayoría de Tanzania. Más de 2.000 personas que retornaron de Burundi habían sido arrestadas en noviembre de 1996.

Aunque muchos de los reclusos pueden haber participado en el genocidio, se cree asimismo que muchos son inocentes. En el momento del retorno masivo del Zaire, el gobierno ruandés dio garantías de que nadie sería arrestado sin una investigación exhaustiva previa por parte de la fiscalía. Incluso en la mejor de las épocas, con un poder judicial que funcionaba debidamente, hubiera sido imposible investigar exhaustivamente las acusaciones contra 5.500 sospechosos en el plazo de un mes. Algunos fueron arrestados en el contexto de disputas que se produjeron cuando los refugiados volvieron y se encontraron con que sus casas habían sido ocupadas. El grave hacinamiento en las prisiones sigue produciendo muertes entre los reclusos. En algunos centros de reclusión ni siquiera hay suficiente espacio para que los presos puedan acostarse.

El diezmado sistema judicial de Ruanda sencillamente se ha visto incapaz de hacer frente a semejante carga de casos. Recién ahora, dos años y medio después del genocidio, empiezan los juicios en Ruanda. Si bien se acoge este hecho con entusiasmo, existen graves preocupaciones por la equidad de estos juicios, especialmente por la alarmante escasez de abogados defensores y de jueces y fiscales competentes. Las salvaguardias para juicios justos son especialmente importantes, ya que los hallados culpables de los cargos más graves, de planificar y supervisar el genocidio, se enfrentan a la ejecución como pena obligatoria. Ya se han pronunciado dos condenas a muerte, después de juicios de cuatro horas de duración, que Amnistía Internacional considera manifiestamente injustos. Los acusados en estos juicios carecían de asistencia letrada.⁹

Persisten otras graves preocupaciones por la situación de los derechos humanos en Ruanda, entre las que cabe destacar las «desapariciones», los homicidios deliberados y arbitrarios, y las agresiones físicas por parte de civiles. Según los informes de Amnistía Internacional, 1996 estuvo caracterizado por una fuerte escalada en el número de homicidios por parte de los militares y grupos de oposición armada; al menos 650 civiles desarmados murieron entre abril y julio.¹⁰Otros 250 homicidios más se produjeron en agosto. Según la información que obra en poder de Amnistía Internacional, en los meses siguientes disminuyeron estos incidentes. Sin embargo, tras los retornos masivos del Zaire en noviembre y de Tanzania en diciembre, se vuelve a recibir informes de homicidios con cada vez más frecuencia en varias partes del país, especialmente en las zonas fronterizas con el Zaire y Tanzania. Según informes, decenas de personas han sido víctimas de homicidios, entre ellas personas que volvían a su país de origen. La identidad de los perpetradores no siempre es conocida. Los que han vuelto a su país de origen también han experimentado problemas para recuperar sus tierras y propiedades, especialmente en las regiones del este. Los ocupantes a veces se niegan a dejar las tierras y amenazan a los que regresan.

En un sentido más amplio, Ruanda experimentará dificultades para satisfacer las necesidades básicas y exigencias sociales de la población que retorna. El Programa Mundial de Alimentos hace referencia a «difíciles condiciones de vida», «perspectivas desoladoras», y a un «precario e inestable abastecimiento de comida», y señala que el reasentamiento y la reintegración de las personas que vuelven plantean un «enorme reto».¹¹ El ACNUR está preocupado porque las autoridades locales no cuentan con capacidad para tratar todos los problemas que se van planteando: arrestos, orden público, ocupación de casas, ocupación de tierras, problemas de sanidad, registro y distribución de ayudas.¹²Según la información que obra en poder de Amnistía Internacional, las tensiones están subiendo en varias comunas, especialmente en zonas como la de Kibungo, donde los refugiados que retornan a su país exceden en número a los habitantes del lugar. Se dan las condiciones para que aumente la violencia y, por supuesto, las privaciones.

Amnistía Internacional no cree que las condiciones en Ruanda sean las idóneas para el retorno. Las autoridades aún no han dado muestras de un compromiso claro con la protección de los derechos humanos. Esta ausencia de compromisos claros ha quedado demostrada por la persistencia de las violaciones de derechos humanos en diciembre y enero. Es más, la naturaleza apresurada y forzada de estos retornos puede desembocar en un incremento de las violaciones de derechos humanos, mientras que el gobierno y la sociedad en Ruanda luchan por hacer frente a las tensiones y emociones que se verán desencadenadas por estos hechos.

II. Peligro e inseguridad para los refugiados

Aunque la atención y preocupación internacionales han disminuido, la tragedia de los refugiados de África Central está lejos de haber acabado. Sigue habiendo un número significativo de refugiados y de personas desplazadas en la región. Nadie está seguro del número exacto y las estimaciones varían mucho. Lo que sí está claro es que muchos de los refugiados y personas desplazadas han buscado refugio en zonas aisladas y ocultas, fuera del alcance de la mayoría de las organizaciones humanitarias. Aunque la atención internacional se centre ahora en otros lugares, la situación de estas personas sigue siendo muy precaria.

1. Tanzania

En la actualidad aproximadamente 230.000 refugiados burundeses de la etnia hutu se encuentran en Tanzania. Cada día llegan más. Entre 60.000 y 70.000 huyeron de Burundi en noviembre y diciembre de 1996, cuando se iniciaron los enfrentamientos violentos en la provincia oriental de Ruyigi, en Burundi. Otros huyeron del conflicto en el este de Zaire en noviembre de 1996. Muchos más llevan varios años de refugiados en Tanzania. Un número menor de zaireños también ha huido a Tanzania. Se calcula que hay unos 38.000 en la zona de Kigoma, y otros 5.000 llegaron procedentes de la ciudad zaireña de Fizi a principios de enero de 1997.

De momento, el gobierno tanzano está permitiendo que la mayoría de estos refugiados permanezcan en su país, aunque se han recibido inquietantes informes según los cuales grupos de burundeses se han visto obligados a volver por la fuerza a Burundi y refugiados zaireños y burundeses que han huido de los campos de Kigoma han sido arrestados. Estos informes han despertado temores de que los tanzanos puedan acabar por imponer una fecha límite a burundeses y zaireños para su retorno. Algunos zaireños que han pagado 50 dólares USA por un visado de tres meses han visto cómo sus visados fueron repentinamente anulados o reducidos a una semana por las autoridades tanzanas, con la amenaza de expulsión si no pagaban más para renovarlos. Las consecuencias de un retorno forzado a cualquiera de los dos países serían desastrosas. La situación tanto en Burundi como en el este de Zaire sigue siendo explosiva. De hecho, si las condiciones empeoran, cabe esperar un éxodo masivo de refugiados, seguramente hacia Tanzania.

La expulsión a principios de enero de al menos dos grupos, uno de al menos 48 personas y el otro de 126 refugiados burundeses del campo de Kitale en Tanzania, ha desembocado en una tragedia. Las fuerzas de seguridad de Burundi mataron a todos los refugiados en circunstancias que indican que se llevaron a cabo ejecuciones sumarias y deliberadas, con la excepción de cuatro del grupo de 126 que pueden haber sobrevivido y escapado. El primer grupo había sido expulsado de Tanzania el 5 de enero o alrededor de esa fecha, y fueron llevados al campamento militar de Muyinga en Burundi. En el campamento fueron torturados y los mataron al día siguiente. El segundo grupo de 126 refugiados fue expulsado el 10 de enero. De ese grupo, las fuerzas de seguridad burundesas mataron a 122 refugiados en el puesto fronterizo de Kobero. Se han difundido distintas versiones de las circunstancias que llevaron a los homicidios, por ejemplo que los refugiados habían intentado escapar de un centro de reclusión, o que los soldados habían disparado presos de pánico cuando una refugiada arrojó una granada que no explotó. Parece ser que un funcionario del ACNUR, que se encontraba en Kobero en ese momento, fue llevado lejos del lugar antes de que empezaran los disparos. Las autoridades burundesas han declarado que seis o siete soldados, entre los que había un cabo, habían sido detenidos en relación con estos homicidios.

Según parece, el gobierno tanzano acusó a los refugiados de haber participado en luchas entre dos facciones que apoyaban a dos grupos rivales de rebeldes hutus en el campo de Kitale, a consecuencia de las cuales murieron ocho refugiados. Al parecer, el conflicto se produjo entre miembros del Partido por la Liberación del Pueblo Hutu (Parti pour la libération du peuple hutu-PALIPEHUTU), y el Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia (Conseil national pour la défense de la démocratie-CNDD). Se dice que la mayoría de los que volvieron eran afiliados del PALIPEHUTU. Sin embargo, parece que ninguno de los que volvieron fue acusado de estos hechos ni tuvo ocasión de refutar los cargos antes de que todos ellos fueran llevados a la frontera en camiones del ejército tanzano. También parece que las decisiones de expulsarles fueron tomadas a nivel local, sin consultar con las autoridades nacionales pertinentes ni contar con su aprobación. De hecho, cuatro días después de la matanza, se citaron unas declaraciones de Emmanuel Mwambulukutu, viceministro del Interior de Tanzania, en las que decía que Tanzania «nunca había expulsado a refugiados burundeses.»¹³

Las garantías prestadas por Tanzania de que a los refugiados burundeses y zaireños se les permitirá permanecer en el país resultan dudosas a la vista de informes tan trágicos como estos. El ministro del Interior de Tanzania declaró el 12 de enero que todos los refugiados burundeses debían registrarse en los campos antes del 18 de enero. En su declaración también instó a los burundeses a que consideraran seriamente la posibilidad de volver y sugería que los peligros que les esperaban no eran tan graves como pudiera parecer. Amnistía Internacional siente honda preocupación porque estas declaraciones podrían presagiar planes para repatriar grandes cantidades de refugiados burundeses o incluso para obligarles a todos a que retornen, tal y como ocurrió con los refugiados ruandeses. La declaración pide asimismo a los refugiados zaireños que se presenten en los campos, lo que despierta preocupaciones por los posibles retornos a la situación peligrosa y altamente inestable que prevalece en el este de Zaire.

Se ha llevado a cabo la devolución de casi todos los refugiados ruandeses de los campos de Tanzania. Se han recibido algunos informes preocupantes de malos tratos brutales a los refugiados, entre los que cabe destacar casos de violación, a manos de soldados y policías tanzanos. Además, las autoridades no escatiman esfuerzo para buscar a los miles de refugiados que, al parecer, siguen escondidos en Tanzania. El ACNUR informa que el 1 de enero de 1997 aún había 50.000 ruandeses en Tanzania.

Algunos refugiados que se han negado a volver se han entregado o han sido arrestados por las autoridades tanzanas. Al menos 50 de ellos se encuentran en un campo de reclusión que se ha instalado en Mwisa, en el noroeste del país. El 15 de enero, autoridades del gobierno informaron que 6.354 refugiados ruandeses habían sido aprehendidos en una redada especial en el distrito de Ngara. Las autoridades aún no han instituido un proceso de control para evaluar las solicitudes de asilo de ninguna de estas personas. El ACNUR ha declarado que esperan que el gobierno tanzano aplique un procedimiento de selección para examinar los casos de aquellos ruandeses que no desean volver a su país. Amnistía Internacional ya ha expresado con anterioridad su honda preocupación por el hecho de que el ACNUR no enfatizara esta obligación jurídica ante el gobierno de Tanzania, ni se asegurara de que esta obligación les fuera comunicada a los refugiados, antes de que empezara la repatriación en diciembre.¹⁴

El ACNUR ha tenido cierto contacto inicial con los recluidos en Mwisa, pero aún no ha podido entrevistarles exhaustivamente. Entre los recluidos hay personas sospechosas de haber participado en el genocidio, y se entiende que serán entregadas al Tribunal Penal Internacional sobre Ruanda, con sede en Arusha, Tanzania. Amnistía Internacional está investigando informes según los cuales también se ha recluido a otros refugiados que se niegan a volver, pero que no parecen haber sido acusados de abusos contra los derechos humanos.

2. Zaire

Según unos informes alarmantes, decenas de miles de refugiados ruandeses y burundeses (el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) calcula que son 270.000, mientras que el ACNUR estima que son 330.000) permanecen en el este de Zaire, en Shabunda, Tingi-Tingi, Amisi y alrededores, donde reciben muy poca ayuda humanitaria. El ACNUR ha empezado hace poco a acceder a estos refugiados. El CICR fue el primero en llegar sobre el terreno en la zona de Shabunda. Al principio la tarea de hacer llegar los suministros necesarios a los refugiados era sumamente difícil e implicaba el uso de aviones pesados de transporte, aviones más ligeros, canoas y, en el último tramo, bicicletas. Muchos se encuentran enfermos y heridos. El ACNUR ha declarado que unos 15 refugiados mueren todos los días en el campo de Tingi-Tingi, donde la escasez de alimentos ha desembocado en un conflicto entre los refugiados y la población local. Según UNICEF, se ha producido un incremento alarmante de mortalidad infantil en el campo; en un sólo día, han muerte doce niños menores de cinco años de edad.

No se conocían con seguridad ni el paradero ni las circunstancias de los refugiados que permanecieron en Zaire a lo largo de diciembre de 1996. Si bien se dispone de información sobre la penosa situación de los refugiados en Shabunda, Tingi-Tingi y Amisi, se sigue sin noticias de otros refugiados. El ACNUR informa que un grupo de 4.500 refugiados salió de una localidad anteriormente desconocida al noroeste de Bukavu el 6 de enero, y que el 9 de enero, se habían concentrado unos 10.000 refugiados en la zona, listos para ser devueltos a Ruanda.

Al mismo tiempo, las luchas continúan en el este de Zaire, donde las fuerzas de oposición armada ganan terreno mientras circulan informes de planes para una contraofensiva a gran escala por parte de las fuerzas armadas zaireñas. El ACNUR ha declarado que el conflicto dificulta una asistencia adecuada a los refugiados en Shabunda, Tingi-Tingi y Amisi, ya que la apertura de pasillos terrestres para llegar hasta ellos implicaría cruzar una zona de guerra. Parece haber un creciente temor en Goma sobre la posibilidad y probables consecuencias de que los militares zaireños vuelvan a tomar la ciudad. Según informes, las tropas zaireñas y los mercenarios extranjeros se están concentrando en la ciudad de Kisangani, el punto de partida más probable para cualquier intento de retomar el territorio ocupado por los grupos armados. Los campos de refugiados en Shabunda, Tingi-Tingi y Amisi se encuentran entre las dos fuerzas, lo que plantea la terrorífica posibilidad de que los refugiados vuelvan a verse atrapados en el fuego cruzado y de que incluso se conviertan en blanco del mismo. También se han recibido informes de enfrentamientos armados dentro de la Alianza de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Congo-Zaire (AFDL), tras el conflicto surgido entre el grupo armado dirigido por los tutsis y la milicia Mai-Mai, así como algunos informes de emboscadas y de un ataque contra el poblado de Mushaki, acciones que han sido atribuidas a miembros del antiguo ejército ruandés y de la milicia Interahamwe, que, según la información que obra en poder de Amnistía Internacional, está ayudando a las tropas zaireñas.

El CICR y Médicos sin Fronteras retiró a su personal extranjero de la zona a finales de diciembre, a causa del peligro y de la violencia reinantes en la zona. A la luz de los crecientes problemas de seguridad, el ACNUR temporalmente suspendió sus operaciones en el centro de tránsito de Tongo, cerca de Goma. El 15 de enero, el Programa Mundial de Alimentos suspendió sus vuelos humanitarios al este de Zaire, después de que unos refugiados y fuerzas militares zaireñas rodearan a un avión que transportaba alimentos. Los funcionarios del Programa Mundial de Alimentos reconocieron que la suspensión resultaría catastrófica para los refugiados, ya que más de la mitad de los abastecimientos de ayuda humanitaria les llega por avión. Esa misma fecha, el gobierno zaireño anunció una suspensión de tres días para todos los vuelos a la zona. Todos los trabajadores de las organizaciones humanitarias internacionales se marcharon de Amisi el 15 de enero debido al deterioro de la seguridad en la región.

El ACNUR ha hecho públicas recientemente sus preocupaciones por la seguridad de los refugiados que aún permanecen en el Zaire. En su comunicado se hace referencia a informes según los cuales el campo de Tingi-Tingi parece encontrarse bajo el control de los extremistas hutus y a la posibilidad de que no se permitirá que los refugiados decidan con libertad si desean volver a Ruanda. ACNUR ha solicitado que se tomen medidas para separar a los refugiados de los «intimidadores» y también ha indicado que se está considerando la posibilidad de evacuaciones selectivas de refugiados de la zona hacia Ruanda por transporte aéreo. También ha hecho un llamamiento para que se abran pasillos humanitarios hacia las zonas en las que se encuentran los refugiados para facilitar la repatriación y el transporte de ayuda humanitaria.

La lamentable situación de los desplazados internos en el este de Zaire también ha sido objeto de un dramático olvido. Más de 300.000 zaireños ya habían tenido que desplazarse debido a la violencia y a los abusos contra los derechos humanos en la región de Kivu Norte antes de que estallara el conflicto en octubre de 1996. Esa cifra sin duda se ha incrementado de forma dramática e inevitablemente seguirá creciendo si se lleva a cabo una contraofensiva o si se intensifican las luchas entre facciones.

Amnistía Internacional siente preocupación porque todas las partes en el conflicto siguen cometiendo graves violaciones de derechos humanos en el este de Zaire.¹⁵ La continua inseguridad propicia el riesgo de que vuelvan a aumentar las violaciones de derechos humanos y de que se produzcan más desplazamientos internos y corrientes de refugiados. En un contexto como éste, la lamentable situación de estos refugiados y de los desplazados zaireños no podría ser más precaria. La malograda fuerza multinacional que se había creado para intervenir con el fin de proteger a los refugiados en Zaire ha sido disuelta, dado que la comunidad internacional ha declarado que la crisis de los refugiados se ha resuelto con éxito. Sin ese tipo de apoyo logístico y de seguridad, resulta casi imposible que las organizaciones humanitarias garanticen la protección y necesidades básicas de estos refugiados. En tales circunstancias, se ha vuelto difícil obtener una información exacta sobre preocupaciones en materia de derechos humanos.

3. Otros Estados de la región

También hay grave preocupación por la seguridad de los refugiados burundeses en Ruanda. El 30 de septiembre de 1996, 392 burundeses fueron expulsados de Ruanda a la provincia de Cibitoke en el noroeste de Burundi, zona caracterizada por un alto índice de homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad y por los grupos de oposición armada del país. Entre 3.000 y 4.000 burundeses habían huido a Ruanda en junio y julio de 1996, tras recibir noticia de las matanzas en Cibitoke.¹⁶ A mediados de enero de 1997 se informó que las autoridades ruandesas deseaban cerrar un campo de refugiados burundeses en la prefectura de Gikongoro. Las autoridades inicialmente tenían la intención de repatriar a 1.500 refugiados a Ruanda, muchos de ellos por la fuerza. Al parecer han acordado reconsiderar esa decisión, debido a una protesta formulada por el ACNUR. Sin embargo, Amnistía Internacional aún no tiene constancia alguna de que el gobierno ruandés vaya a permitir que los refugiados permanezcan en su país.

En Uganda, 3.000 refugiados ruandeses que escaparon de Tanzania se enfrentan a un futuro inseguro. Las autoridades ugandesas han declarado que tienen la intención de devolver estos refugiados a Ruanda o a Tanzania. Alrededor de 10.000 refugiados ruandeses más ya residen en Uganda, al haber huido anteriormente en 1994 y 1995. Desde el estallido del conflicto armado en el este de Zaire, varios miles de refugiados zaireños y ruandeses han huido al oeste de Uganda. Según informes, un grupo de cerca de 300 refugiados zaireños ha llegado recientemente a Hoima, en el oeste de Uganda.

Varios ruandeses que intentaron huir de Tanzania hacia Kenia fueron parados en la frontera, y se ha informado de que otros pueden haber entrado en Kenia y haberse dirigido a la zona de Mombasa. Se han reforzado los controles de seguridad en la frontera entre Kenia y Tanzania. Muchos refugiados ruandeses huyeron a Kenia en 1994, donde han sido frecuentemente objeto de hostigamiento por parte de las autoridades keniatas, mediante detenciones, reclusiones durante períodos cortos de tiempo y amenazas de expulsión. Varias personas destacadamente críticas con el actual gobierno ruandés han muerto o resultado heridas presuntamente a manos de agentes del gobierno ruandés. Se sabe asimismo que Kenia da cobijo a varios ruandeses sospechosos de haber desempeñado un papel significativo en el genocidio, si bien no ha hecho nada para investigar su participación, para ponerlos a disposición judicial, o para entregarlos al Tribunal Penal Internacional sobre Ruanda.

También se ha informado de que más de 200 refugiados han huido del este de Zaire para acudir a un asentamiento de refugiados en el norte de Zambia.

III. Medidas de Protección para los Refugiados

Según una estimación prudente, hay al menos 500.000, y puede que hasta 750.000, refugiados ruandeses, burundeses y zaireños en la región de los Grandes Lagos. Puede que haya una cifra similar de desplazados internos dentro de sus propios países. La crisis humanitaria dista mucho de haber concluido. ¿Qué se puede hacer para garantizar que reciben la protección que necesitan y para que no sean abandonados tan rápidamente por los gobiernos que los acogen y por la comunidad internacional?

▪ No se deben llevar a cabo más repatriaciones forzadas a Burundi, Zaire o Ruanda.

▪ No se deben realizar más declaraciones ni firmar más acuerdos que alienten o promuevan la repatriación voluntaria a Burundi, Zaire o Ruanda.

▪ Se han de tomar medidas inmediatas para localizar a los refugiados o desplazados que permanecen escondidos en Zaire y en Tanzania, con el fin de garantizar su protección frente a actos de violencia y abusos contra los derechos humanos y para que reciban una ayuda humanitaria adecuada, incluidos los cuidados sanitarios.

▪ En la medida en que los países de acogida tengan preocupaciones acerca de actividades delictivas y violentas entre los refugiados, se debe investigar la participación en dichas actividades de personas concretas y, si se estimara oportuno, deberán ser apartadas de los campos, se deberá formular en su contra cargos acordes con la legislación penal vigente y se les deberá someter a juicios que sean acordes con las normas internacionales en materia de juicios justos, sin recurrir a la pena de muerte.

▪ Los Estados de acogida y el ACNUR deben comprometerse a repatriar a los refugiados sólo cuando sea posible un retorno seguro y siempre que sea una decisión tomada de forma personal, voluntaria y bien informada por los interesados. Cuando se contemple la posibilidad de un retorno, la seguridad de estas personas debe evaluarse de forma abierta y transparente, en consulta con expertos en derechos humanos, entre los que deben figurar observadores de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales. La conclusión de que el retorno es aconsejable requiere la constatación de que se ha producido un cambio eficaz y duradero en cuanto al nivel de protección en materia de derechos humanos en el país de origen, así como el compromiso de garantizar un control posterior al retorno.

▪ Siempre y cuando se estime posible un retorno seguro, los Estados que acogen a los refugiados, con la ayuda del ACNUR y de la comunidad internacional, deben establecer procedimientos apropiados para evaluar las peticiones de personas que no estén dispuestas a volver. La experiencia e independencia de las personas encargadas de tomar las correspondientes decisiones son cruciales para garantizar la equidad de este tipo de procedimientos.

▪ Se requiere ayuda internacional para garantizar que los Estados que cuentan con una gran población de refugiados y/o de personas desplazadas cumplan con las necesidades básicas y requisitos de protección de las comunidades de refugiados que acogen. La comunidad internacional, a través de las Naciones Unidas y de otras organizaciones relevantes como la Organización para la Unidad Africana, la Commonwealth y la Unión Europea deben garantizar un apoyo logístico y económico suficiente. Las garantías de apoyo económico y logístico resultan especialmente relevantes por las perspectivas reales de que se produzcan más desplazamientos de personas en la región, lo que supondrá una carga adicional para varios de los Estados que acogen a los refugiados.

▪ También es necesaria una ayuda internacional urgente para garantizar que Ruanda pueda hacer frente al, y respetar los derechos del, gran número de refugiados que retornaron al país en 1996, así como el resto de la población. El Programa Mundial de Alimentos ha indicado que existe una «necesidad acuciante de donativos» para satisfacer las necesidades de alimentación. También se necesitan recursos para la vivienda, el sistema judicial, de sanidad y educativo. Si la reintegración resulta difícil, el riesgo de violencia y de abusos contra los derechos humanos inevitablemente producirán más corrientes de refugiados.

▪ Todas las partes en el conflicto armado en el este de Zaire deben comprometerse a acatar las normas del derecho internacional humanitario, y a no seleccionar de ninguna manera a los refugiados, a los desplazados o a los campos de refugiados.