Document - Droits Humains contre la peine de mort. Abolition totale ou partielle dans la loi et la pratique

Público


Amnistía Internacional



LOS DERECHOS HUMANOS CONTRA

LA PENA DE MUERTE

La abolición y la restricción en la ley y en la práctica



Diciembre de 1998 RESUMEN ÍNDICE AI: ACT 50/13/98/s


DISTR: SC/DP/CO (50/98)



A lo largo de la segunda mitad del siglo XX se ha acelerado el ritmo de la abolición de la pena de muerte en el mundo, y especialmente en los últimos veinte años. A principios de siglo, sólo tres Estados habían abolido permanentemente el castigo capital para todos los delitos: Costa Rica, San Marino y Venezuela. En 1948, el número ascendió a ocho. A fines de 1978 había alcanzado los diecinueve. Durante los últimos veinte años, el número se ha tripicado con creces.


Los organismos internacionales, fundándose en los derechos humanos, realizan cada vez con mayor frecuencia declaraciones y adoptan medidas que favorecen la abolición de la pena máxima. Estas declaraciones y medidas estan empezando a contar con el respaldo de decisiones que adoptan tribunales de ámbito nacional, en las que se descarta la pena de muerte por considerarla una violación de derechos humanos.


Las normas internacionales de derechos humanos también se han desarrollado de un modo que favorecen una restricción más enérgica del ámbito de aplicación de la pena capital. Esta limitación progresiva de su aplicación tiene su reflejo en la práctica de muchos Estados que todavía tienen en su legislación la pena de muerte.


Conseguir el objetivo de la abolición requiere un liderazgo político valiente, liderazgo que se ejercerá en defensa de los derechos humanos. El requisito de respeto a los derechos humanos debe incluir la abolición de la pena capital. No es posible que un gobierno diga que respeta los derechos humanos y que siga manteniendo al mismo tiempo la pena de muerte.


PALABRAS CLAVE: PENA DE MUERTE1 / INSTRUMENTOS DE DERECHOS HUMANOS / ONU / PIDCP / ECOSOC / CADHP / COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU / CEDH


Este texto resume el documento titulado Los derechos humanos contra la pena de muerte. La abolición y la restricción en la ley y en la práctica (Índice AI: ACT 50/13/98/s), publicado por Amnistía Internacional en diciembre de 1998. Quienes deseen más información o emprender acciones al respecto deben leer el documento completo.


SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 8DJ, REINO UNIDO


TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

Público


Amnistía Internacional



LOS DERECHOS HUMANOS CONTRA

LA PENA DE MUERTE


La abolición y la restricción

en la ley y en la práctica

LOS DERECHOS HUMANOS CONTRA

LA PENA DE MUERTE

La abolición y la restricción en la ley

y en la práctica



(Artículo para un libro sobre la pena de muerte que publicará el Consejo de Europa y cuyo título provisional es Europe: A Death-penalty-free Zone)


Por Eric Prokosch, Coordinador de Investigación Temática

de Amnistía Internacional



Cincuenta años después de la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la tendencia hacia la abolición mundial de la pena de muerte es innegable. Cuando se adoptó la Declaración, en 1948, ocho países habían abolido la pena de muerte para todos los delitos; hoy día, en noviembre de 1998, la cifra asciende a 63. Más de la mitad de los países del mundo han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica, y el número sigue aumentando.


En Europa, esta tendencia es especialmente notable. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa exige ahora, como requisito para unirse a la organización, el compromiso de abolir la pena capital, y la Unión Europea ha adoptado importantes normas destinadas a promover la abolición en los Estados que no son miembros de la UE. En el seno de las Naciones Unidas, la Comisión de Derechos Humanos ha pedido a los Estados que aún mantienen la pena de muerte que «consideren la posibilidad de suspender las ejecuciones, con miras a abolir completamente la pena de muerte» (resolución 1998/8, del 3 de abril de 1998). Pese a ello, hay quien sigue pidiendo que se utilice o se amplíe la pena de muerte, muchas veces como respuesta a la preocupación de la opinión pública respecto a los índices de delincuencia.


Pero ¿qué relación guardan estas cuestiones con los derechos humanos?



  1. ENTENDER LA PENA DE MUERTE COMO UNA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS


Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte por considerarla una violación de dos derechos humanos fundamentales: el derecho a la vida y el derecho a no ser sometido a penas crueles, inhumanas o degradantes. Ambos aparecen reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en otros instrumentos de derechos humanos regionales e internacionales y en las leyes y constituciones nacionales.


En algunos casos, puede esgrimirse el argumento de la defensa de la vida o la defensa del Estado para justificar el hecho de que un Estado mate a sus ciudadanos: por ejemplo, cuando un funcionario encargado de hacer cumplir la ley debe actuar de inmediato para salvar su propia vida o la de otras personas o cuando un país está inmerso en un conflicto armado. Pero incluso en tales situaciones, el uso de la fuerza letal está sometido a normas internacionalmente aceptadas de derechos humanos y de las leyes humanitarias para impedir su abuso.


Sin embargo, la pena de muerte no constituye un acto de defensa frente a una amenaza inminente contra la vida. La pena capital consiste en el homicidio premeditado de un preso con objeto de castigarlo, y éste es un propósito que se puede obtener con otros medios.


La crueldad de la tortura es evidente. Pues bien, al igual que la tortura, una ejecución supone una agresión física y mental extrema contra una persona que se encuentra indefensa y en poder de las autoridades gubernamentales.


La crueldad de la pena de muerte queda patente no sólo en la ejecución en sí, sino en el tiempo que un recluso permanece en espera de ser ejecutado, pensando constantemente en su muerte a manos del Estado. Esa crueldad es injustificable, por cruel que fuera el delito por el que el preso fue condenado.


Si es intolerable que se causen a un preso daños físicos o mentales graves al someterlo a descargas eléctricas o a simulacros de ejecución, ¿cómo se puede tolerar que las autoridades de un Estado ataquen no sólo el cuerpo o la mente de un recluso sino su vida misma?


El amenazar a un preso con matarlo es una de las formas más terribles de tortura y, como tal, está prohibido. ¿Cómo puede entonces considerarse tolerable el someter a un recluso a esas mismas amenazas en forma de condena a muerte, dictada por un tribunal de justicia y ejecutada por las autoridades penitenciarias?


La crueldad de la pena de muerte va más allá del condenado, y alcanza a su familia, a los funcionarios de la prisión y a los encargados de llevar a cabo la ejecución. La información procedente de diversas partes del mundo demuestra que la función de un verdugo puede afectar enormemente a éste, e incluso provocarle traumas. Los jueces, los fiscales y otros funcionarios también pueden enfrentarse a difíciles dilemas morales si el papel que deben desempeñar al administrar la pena de muerte entra en conflicto con sus propias convicciones éticas.


El derecho a la vida y el derecho a no ser sometido a penas crueles, inhumanas o degradantes son los dos derechos humanos citados con más frecuencia en los debates sobre la pena de muerte. Sin embargo, estos no son los únicos derechos contra los que atenta la pena capital.


Tal como indican los informes anuales del Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y la propia información de Amnistía Internacional, en muchos casos los presos son condenados a muerte en juicios que no cumplen las normas internacionales relativas a juicios con las debidas garantías. En muchos casos, los presos que se enfrentan a una posible condena a muerte están representados por abogados sin experiencia, y los hay que ni siquiera cuentan con un abogado. Es posible que los acusados no comprendan los cargos que se les imputan o las pruebas que se presentan en su contra, especialmente si no están familiarizados con el lenguaje utilizado en los tribunales. Muchas veces, los servicios de interpretación y de traducción de documentos judiciales son inadecuados, y hay presos que no pueden ejercer su derecho a apelar ante un tribunal de instancia superior o a pedir el indulto o la conmutación de la condena a muerte. En algunas jurisdicciones, los casos de pena capital son estudiados por tribunales especiales o militares que siguen procedimientos sumarios. Esas prácticas minan el derecho a un juicio justo y violan las normas reconocidas en los instrumentos internacionales de derechos humanos.


Con frecuencia, la pena de muerte se aplica desproporcionadamente a miembros de grupos sociales desfavorecidos, lo cual constituye una discriminación que va en contra de los artículos 2 y 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esa violación es la negación última de «la dignidad y el valor de la persona humana», proclamados en el preámbulo de la Declaración.


No existe ninguna justificación penal para la pena de muerte que pueda superar a los argumentos de derechos humanos que justifican su abolición. El argumento de que la pena de muerte es necesaria para disuadir a los delincuentes ha ido perdiendo credibilidad con la falta cada vez más evidente de pruebas científicas que demuestren que el efecto disuasorio de esta pena es superior al de otro tipo de castigo. La pena de muerte niega el objetivo penal internacionalmente aceptado de la rehabilitación del delincuente.


  1. LA RESTRICCIÓN MEDIANTE NORMAS INTERNACIONALES


Las normas internacionales de derechos humanos han ido evolucionando de una manera que favorece la aplicación de restricciones cada vez más estrictas al ámbito de la pena de muerte. Esta limitación progresiva de la pena capital se ve reflejada en las prácticas seguidas actualmente por la mayoría de los estados que aún la aplican.


La restricción progresiva como objetivo


En una resolución sobre la pena capital, la Asamblea General de la ONU afirmó en 1971 que, para garantizar plenamente el derecho a la vida, establecido en el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el principal objetivo que debe buscarse en relación con la pena capital es restringir progresivamente el número de delitos por razón de los cuales pueda imponerse la pena capital, con miras a la conveniencia de abolir esa pena en todos los países (resolución 2857 (XXVI), del 20 de diciembre de 1971). Ese objetivo de la restricción progresiva de los delitos punibles con la muerte fue reiterado por la Asamblea General en 1977 (resolución 32/61, del 8 de diciembre de 1977), por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en sus resoluciones 1997/12, del 3 de abril de 1997, y 1998/8, del 3 de abril de 1998, y por la Unión Europea en las Directrices de actuación de la UE respecto de la cuestión de la pena de muerte en relación con terceros países (Directrices de la UE), adoptadas en 1998.


Restricción a los delitos más graves


El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), adoptado por la Asamblea General de la ONU en 1966, dice en su artículo 6.2: «En los países que no hayan abolido la pena capital sólo podrá imponerse la pena de muerte por los más graves delitos».


En un comentario general al artículo 6 del Pacto, el Comité de Derechos Humanos, establecido en virtud del propio Pacto declaró que «en opinión del Comité, la expresión “los más graves delitos” debe interpretarse de forma restrictiva en el sentido de que la pena de muerte debe constituir una medida sumamente excepcional» (comentario general 6, adoptado por el Comité en su 16 período de sesiones, el 27 de julio de 1982).


En las Salvaguardias para Garantizar la Protección de los Derechos de los Condenados a la Pena de Muerte, adoptadas en 1984 (Salvaguardias del ECOSOC), el Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC) reiteró que la pena de muerte sólo debía imponerse para los delitos más graves, y manifestó que el alcance de tales delitos «se limitará a los delitos intencionales que tengan consecuencias fatales u otras consecuencias extremadamente graves».


Además, hay diversas normas y declaraciones que enumeran específicamente los delitos para los que no se debe utilizar la pena de muerte. Por ejemplo, el artículo 4.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que la pena de muerte no se aplicará «por delitos políticos ni comunes conexos con los políticos». El Comité de Derechos Humanos ha declarado que «es incompatible con el artículo 6 del Pacto la imposición [...] de la pena de muerte por delitos que no se pueden calificar como de extrema gravedad, entre ellos la apostasía, la comisión de un tercer acto homosexual, las relaciones sexuales ilícitas, la malversación por obra de funcionarios públicos y el robo con empleo de fuerza» (Documento ONU Núm. CCPR/C/79/Add.85, del 19 de noviembre de 1997, párrafo 8). El Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias ha manifestado que «la pena de muerte debería eliminarse en el caso de delitos tales como los económicos y los relacionados con los estupefacientes» (Documento ONU Núm. E/CN.4/1997/60, del 24 de diciembre de 1996, párrafo 91).


Esta norma internacional de limitar la pena de muerte a los delitos más graves, en especial a aquellos que causan la muerte, se ve ampliamente reflejada en la práctica. La mayoría de los Estados que siguen llevando a cabo ejecuciones lo hacen únicamente por el delito de asesinato, aunque algunos de ellos mantienen la pena de muerte en la ley para otros delitos. Además, en la mayoría de los países la cifra de ejecuciones ha disminuido hasta tal punto que constituye únicamente una minúscula fracción del número de asesinatos denunciados. (La excepción más destacada es China, que lleva a cabo más ejecuciones que todos los demás países juntos y que sigue ejecutando a presos por delitos no violentos como el robo y el desfalco.)


Otro progreso en la restricción de los delitos punibles con la muerte es la adopción, por parte de una conferencia internacional celebrada en Roma en julio de 1998, del Estatuto de la Corte Penal Internacional, en el cual no se contempla la pena de muerte para los que posiblemente sean los delitos más atroces de todos: el genocidio, los crímenes de guerra y otros crímenes contra la humanidad. El Consejo de Seguridad de la ONU ya había excluido la pena de muerte para estos graves delitos en 1993 y 1994, cuando estableció los tribunales internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda. Si unimos todas estas decisiones a la norma, ya muy asentada, de que la pena de muerte sólo debe aplicarse para los delitos más graves en los países que no la han abolido, la consecuencia que extraemos es que la pena de muerte no debe aplicarse en absoluto. Si se excluye el uso de la pena capital para los delitos internacionales más graves, difícilmente puede aceptarse para delitos menos importantes.


Restricción de los delincuentes a los que se puede aplicar la pena capital


La evolución de las normas internacionales también ha ido excluyendo a un número cada vez mayor de categorías de personas contra las que puede aplicarse la pena de muerte en los países que no la han abolido.


● La exclusión de los menores —los que tenían menos de 18 años en el momento de cometer el delito— está tan ampliamente aceptada en la ley y en la práctica que casi se ha convertido en una norma del derecho consuetudinario internacional. La prohibición de condenar a muerte a menores se ha planteado en el PIDCP (artículo 6.5), en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 4.5), en las Salvaguardias del ECOSOC, en el Cuarto Convenio de Ginebra de 1949 relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, en los Protocolos Adicionales de 1977 a los Convenios de Ginebra de 1949 y, más recientemente, en la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 37.a), ratificada por todos los Estados Miembros de la ONU menos dos. En general, esta prohibición se respeta en la práctica. Entre enero de 1990 y octubre de 1998, Amnistía Internacional sólo documentó 18 ejecuciones de menores en todo el mundo, llevadas a cabo en seis países. La mitad de esas ejecuciones se habían llevado a cabo en un solo país: los Estados Unidos de América.


● La exclusión de mujeres embarazadas, mujeres que han sido madres recientemente y personas mayores de 70 años, expuesta en el PIDCP, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en las Salvaguardias del ECOSOC, también se respeta ampliamente en la práctica.


● Las Salvaguardias del ECOSOC también disponen que no se debe ejecutar a «personas que hayan perdido la razón» (énfasis añadido) y, en la resolución 1989/64, adoptada el 24 de mayo de 1989, el ECOSOC recomendaba que los Estados Miembros de la ONU «eliminasen la pena de muerte en el caso de personas aquejadas de retraso mental o con capacidad mental sumamente limitada, bien fuere en el momento de imposición de las sentencias o de la ejecución» (énfasis añadido). Estas exclusiones no se respetan de forma tan general. Amnistía Internacional ha documentado numerosos casos de presos condenados a muerte y, en ocasiones, ejecutados, especialmente en Estados Unidos, a pesar de tener una capacidad mental extremadamente limitada.


Salvaguardias procesales


En todos los casos de pena de muerte deben respetarse una serie de salvaguardias procesales, tal como disponen el artículo 6 del PIDCP y el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y tal como reiteran las Salvaguardias del ECOSOC y otras resoluciones de la ONU. Esas salvaguardias engloban todas las normas internacionales relativas a juicios justos, incluidos el derecho a apelar ante un tribunal de instancia superior y el derecho a solicitar el indulto. En la resolución 2393 (XXIII) de la Asamblea General, del 26 de noviembre de 1968, y en resoluciones sucesivas, la ONU ha manifestado reiteradamente su deseo de garantizar los procedimientos judiciales más minuciosos y las mayores salvaguardias posibles para los acusados de delitos punibles con la muerte en los países en los que no se ha abolido la pena capital. La necesidad de respetar unas normas mínimas en los casos de pena de muerte se refleja también en las Directrices de la UE.


Aunque esas salvaguardias, en principio, existen en muchos países que mantienen la pena de muerte, en muchos casos no se respetan plenamente en la práctica e, incluso cuando se hacen esfuerzos por respetarlas, la aplicación de la pena capital sigue siendo con frecuencia arbitraria. Hay factores como una asistencia letrada inadecuada o unos determinados criterios de la fiscalía que dan lugar a que algunos acusados sean condenados a muerte y ejecutados mientras que otros acusados de delitos similares son condenados a otras penas. Las salvaguardias no han conseguido impedir el uso arbitrario de la pena de muerte o su aplicación a personas que eran inocentes del delito por el que fueron condenadas.


  1. EL ESTABLECIMIENTO DE LA ABOLICIÓN COMO NORMA DE DERECHOS HUMANOS


Los órganos internacionales, cada vez con más frecuencia, han hecho declaraciones y han adoptado normas en favor de la abolición de la pena de muerte como cuestión de derechos humanos. Esas declaraciones y normas están empezando a contar con el respaldo de decisiones de tribunales nacionales que han dictaminado que la pena de muerte constituye una violación de derechos humanos.


Declaraciones y normas


En la resolución 2857 (XXVI), del 20 de diciembre de 1971, citada anteriormente, la Asamblea General de la ONU afirmó que debía buscarse la abolición de la pena de muerte en todos los países. Esa misma afirmación fue reiterada en la resolución 32/61 de la Asamblea General, del 8 de diciembre de 1977, y, más recientemente, en la resolución 1998/8 de la Comisión de Derechos Humanos, del 3 de abril de 1998.


En su comentario general al artículo 6 del PIDCP, antes citado, el Comité de Derechos Humanos manifestó que dicho artículo 6 «se refiere también en forma general a la abolición en términos que denotan claramente [...] que ésta es de desear. El Comité llega por lo tanto a la conclusión de que todas las medidas encaminadas a la abolición deben considerarse como un avance en cuanto al goce del derecho a la vida...».


Asimismo, en su resolución 1997/12, del 3 de abril de 1997, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU expresó su convicción de que «la abolición de la pena de muerte contribuye a realzar la dignidad humana y el desarrollo progresivo de los derechos humanos». Esta convicción fue reiterada por la Comisión de Derechos Humanos en su resolución 1998/8, del 3 de abril de 1998.


Por su parte, el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias ha manifestado que «apoya decididamente las conclusiones del Comité de Derechos Humanos y subraya que la abolición de la pena capital resulta en extremo conveniente para lograr el respeto pleno del derecho a la vida» (Documento ONU Núm. E/CN.4/1997/60, párrafo 79). El Relator ha instado a los gobiernos de los países que aún aplican la pena de muerte «a que hagan todo lo posible por abolirla» (Documento ONU Núm. A/51/457, párrafo 145).


En su resolución 727, del 22 de abril de 1980, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa declaró que la pena capital es inhumana y pidió a los parlamentos de los Estados Miembros que mantienen la pena de muerte para delitos cometidos en tiempos de paz que la abolieran. Con ello se ampliaba lo manifestado en la resolución 1044 (1994), del 4 de octubre de 1994, que pedía «a todos los parlamentos del mundo que aún no han abolido la pena de muerte que lo hagan sin demora, siguiendo el ejemplo de la mayoría de los Estados Miembros del Consejo de Europa». La resolución continuaba diciendo que «considera que la pena de muerte no tiene un lugar legítimo en los sistemas penales de las sociedades civilizadas modernas, y que su aplicación bien puede compararse con la tortura y considerarse una pena inhumana y degradante según lo expuesto en el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos»1(recomendación 1246 (1994)).


Las Directrices de la UE, citadas anteriormente, manifiestan que la abolición de la pena de muerte contribuye al reforzamiento de la dignidad humana y al desarrollo progresivo de los derechos humanos. Además, establecen como objetivo de la UE trabajar hacia la abolición universal de la pena de muerte como una política sólidamente defendida y compartida por todos los Estados miembros de la Unión Europea.


Decisiones de los tribunales nacionales


El 24 de octubre de 1990, el Tribunal Constitucional de Hungría declaró que la pena de muerte viola «el derecho inherente a la vida y a la dignidad humana», de acuerdo con el artículo 54 de la Constitución del país. Esa resolución dio lugar a que se aboliera la pena de muerte para todos los delitos en Hungría.


El 6 de junio de 1995, el Tribunal Constitucional de Sudáfrica declaró que la pena de muerte era incompatible con la prohibición de los «tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes» expuesta en la constitución provisional del país (Makwanyane y Mcbunu contra el Estado, párrafos 95 y 146). Además, ocho de los once jueces declararon que la pena de muerte viola el derecho a la vida. Gracias a esta resolución judicial se abolió la pena de muerte para el delito de asesinato.


Tratados abolicionistas internacionales


La comunidad de naciones ha adoptado tres tratados internacionales que disponen la abolición de la pena de muerte. Uno de ellos es de ámbito mundial, mientras que los otros dos son regionales. En orden de adopción, se trata del Protocolo número 6 al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (Convenio Europeo de Derechos Humanos), relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, adoptado por el Consejo de Europa en 1982; el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, adoptado por la Asamblea General de la ONU en 1989; y el Protocolo Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptado por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en 1990. El Protocolo número 6 al Convenio Europeo de Derechos Humanos dispone la abolición de la pena de muerte sólo en tiempos de paz; los otros dos tratados disponen la abolición total de la pena pero permiten que los Estados Partes la mantengan en tiempos de guerra o si formulan una declaración al efecto en el momento de la ratificación o la adhesión.


De los tres, comparando con el número de Estados Partes del tratado padre, el más ratificado es el Protocolo número 6: en octubre de 1998 lo habían ratificado 28 Estados y lo habían firmado otros 5. En esa misma fecha, el Segundo Protocolo Facultativo del PIDCP había sido ratificado por 33 Estados y firmado por otros 3, mientras que el Protocolo Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos había sido ratificado por seis estados y firmado por otro más. El número de signatarios y Estados Partes sigue aumentando. En 1998, Estonia ratificó el Protocolo número 6 y Letonia lo firmó, Nepal ratificó el Segundo Protocolo Facultativo del PIDCP y Costa Rica y Ecuador ratificaron el Protocolo Americano.


  1. EL CAMINO HACIA LA ABOLICIÓN


El ritmo de la abolición se ha acelerado en la segunda mitad del siglo XX, y especialmente durante los últimos veinte años. A principios de siglo, sólo tres Estados habían abolido de forma permanente la pena de muerte para todos los delitos: Costa Rica, San Marino y Venezuela. En 1948, el número había aumentado a ocho. A finales de 1978 ya había ascendido a 19 y, durante los últimos veinte años, esa cifra se ha triplicado.


Hoy día hay 63 países que han abolido la pena de muerte para todos los delitos, y otros 16 la han abolido para todos los delitos salvo los excepcionales, como los cometidos en tiempos de guerra.


Además de los países que han abolido la pena de muerte para todos los delitos o para los delitos comunes, hay 24 países que pueden ser considerados abolicionistas de hecho, pues mantienen la pena de muerte en la ley pero no han llevado a cabo ninguna ejecución durante los últimos diez años o se han comprometido internacionalmente a no ejecutar a ningún preso. Tal como ha manifestado Roger Hood, la pena de muerte en esos países «tiene un valor mucho más simbólico que práctico» (The Death Penalty: A World-wide Perspective, edición revisada y actualizada, Oxford, Clarendon Press, 1996, página 79, párrafo 124).


Estas cifras dan un total de 103 países que han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica. Se podría decir que hay 92 países que mantienen la pena de muerte, pero el número de Estados que realmente ejecutan a presos es mucho menor. Por ejemplo, en 1997 Amnistía Internacional registró 2.607 ejecuciones en 40 países de todo el mundo. La inmensa mayoría (el 85 por ciento) de las ejecuciones conocidas se llevaron a cabo en tan sólo cuatro países: Arabia Saudí, China, Estados Unidos e Irán.


Tal como se ha indicado, estos progresos nacionales en la ley y en la práctica se han reflejado en el desarrollo de normas internacionales que limitan la aplicación de la pena de muerte y afirman la conveniencia de abolirla basándose en cuestiones de derechos humanos. Según ha observado William A. Schabas: «Dado el enorme y rápido progreso registrado en el desarrollo de normas internacionales sobre la pena de muerte desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, se puede prever en un futuro no muy lejano la aceptación general de la abolición y su elevación a norma consuetudinaria del derecho internacional, quizá puede que incluso a norma de jus cogens.» (William A. Schabas, The Abolition of the Death Penalty in International Law, segunda edición, Cambridge, Cambridge University Press, 1997, pág. 20).


La tendencia hacia la abolición parece inexorable, pero es preciso librar la batalla una y otra vez. Cada país tiene que experimentar un proceso que normalmente es largo y doloroso y en el cual debe examinar los argumentos a favor y en contra para, finalmente, según confiamos, rechazar la pena de muerte.


E incluso después de la abolición, es posible que se alcen voces que pidan su reinstauración. Si esas voces son lo bastante importantes, habrá que examinar de nuevo todos los argumentos.


La decisión de abolir la pena de muerte debe ser tomada por el gobierno y los legisladores, y puede tomarse aunque la opinión pública esté mayoritariamente a favor de la pena capital. Históricamente, es probable que todas las aboliciones se hayan llevado a cabo en esas circunstancias. Sin embargo, cuando finalmente se hace efectiva la abolición no hay grandes protestas públicas y, por lo general, una vez que la pena ha sido abolida no se vuelve a reinstaurar.


Eso debe significar que, aunque una mayoría de la población se manifieste a favor de la pena de muerte en un país determinado, también es posible que una mayoría esté dispuesta a aceptar su abolición. Este es un rasgo de la opinión pública que normalmente no sale a la luz en las encuestas en las que se pregunta a la gente su actitud respecto a la pena capital. Si las preguntas fueran más elaboradas, probablemente las encuestas darían una imagen más exacta de la complejidad de la opinión pública y de hasta qué punto su actitud se basa en una comprensión exacta de la situación real de la delincuencia en el país, de sus causas y de los medios existentes para combatirla.


La afirmación de que la pena de muerte tiene un efecto disuasorio frente a la delincuencia superior al de otras penas ha perdido credibilidad porque, a pesar de los numerosos estudios llevados a cabo al respecto, no se han obtenido pruebas científicas que lo demuestren. Pese a ello, y en contra de todos los testimonios científicos, mucha gente cree que sí tiene ese efecto disuasorio. En otras palabras, la opinión pública no tiene una comprensión científica del efecto disuasorio real de la pena de muerte.


Tal como sugirió, ya en 1980, la Secretaría de las Naciones Unidas, los gobiernos deben hacerse cargo de la tarea de educar a la población sobre la incertidumbre del efecto disuasorio de la pena capital (Documento ONU Núm. A/CONF87/9, párrafo 68). Si la opinión pública conociera mejor los medios para prevenir la delincuencia y los sistemas de justicia penal brindaría más apoyo a unas medidas reales y no meramente paliativas contra la delincuencia. Como mínimo, los políticos deben abstenerse de hacer declaraciones demagógicas respecto a la pena de muerte que induzcan a error a la población y oculten la necesidad de tomar medidas reales para combatir la criminalidad.


Para Amnistía Internacional, el argumento de los derechos humanos es primordial. Sin embargo, en la práctica es sólo uno de los diversos argumentos poderosos contra la pena de muerte que deben incluirse en el debate nacional.


Aunque Amnistía Internacional está presentando el argumento de los derechos humanos, es preciso que otros se hagan cargo de presentar los argumentos restantes. Las declaraciones de dirigentes religiosos, de figuras públicas respetadas, de organizaciones influyentes y de los medios de comunicación pueden crear un clima moral en el que los legisladores estén más dispuestos a votar algo que saben que no resultará popular entre la mayor parte de su electorado.


Muchas veces, el debate nacional sobre la pena de muerte se lleva a cabo teniendo en cuenta cuestiones exclusivamente nacionales. Es preciso incorporar a él la dimensión internacional. Los países pueden extraer lecciones de la experiencia de otros Estados.


A lo largo de los siglos, las leyes y la actitud de la población hacia la tortura han ido evolucionando. Ya no resulta admisible utilizar empulgueras o el potro como medio legal de interrogatorio y castigo. La actitud hacia la pena de muerte también está cambiando y, a medida que cada vez más países la van aboliendo, la guillotina, el garrote y la soga van quedando relegados a los museos, donde se exhiben junto con los instrumentos medievales de tortura.


Para hacer efectiva la abolición es necesario un liderazgo político valiente, ejercido en defensa de los derechos humanos. El respeto por dichos derechos debe incluir la abolición de la pena de muerte. Un gobierno no puede respetar los derechos humanos y mantener la pena capital al mismo tiempo.

1Las citas de esta resolución han sido traducidas por EDAI.