En Sri Lanka, defensores y defensoras de los derechos humanos siguen siendo objeto de amenazas y agresiones por oponerse pacíficamente a las políticas y prácticas del gobierno. Como consecuencia de la intolerancia del gobierno hacia la disidencia y de su falta de disposición a controlar a los seguidores políticos y a los miembros de sus fuerzas de seguridad que cometen abusos, se han cometido violaciones del derecho a la libertad de expresión, se ha debilitado el Estado de derecho y corre peligro de fracasar la reconciliación tras el conflicto.