La tortura en el punto de mira

Wed, 25 Jun 2008 17:24:55 +0100

El 26 de junio, Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, miembros y simpatizantes de Amnistía Internacional actúan en todo el mundo. Piden a los gobiernos que reafirmen su compromiso con el consenso manifestado tras la Segunda Guerra Mundial: que la tortura y otros malos tratos están absolutamente prohibidos.

Haz clic en las fotos de la derecha para ver más imágenes de acciones en todo el mundo.

En tiempos recientes se ha producido una nueva y profunda amenaza para la prohibición internacional de la tortura y otros malos tratos en el contexto de las respuestas de los gobiernos a la amenaza del terrorismo. Es la validez misma de la prohibición absoluta lo que han puesto en entredicho las acciones de gobiernos de todo el mundo.

Lo que esto significa en realidad es que se somete a las personas a prácticas atroces. En el contexto de las estrategias de los gobiernos contra el terrorismo, Amnistía Internacional ha documentado prácticas como:

palizas, descargas eléctricas, ahogamientos simulados, aislamiento prolongado y otros abusos físicos;
la devolución de personas a países donde corren peligro de sufrir tortura, en ocasiones basándose en endebles “garantías diplomáticas”;
detención secreta.

Amnistía Internacional pide a todos los gobiernos que: condenen todas las formas de tortura y otros malos tratos; prevengan la tortura, lo que incluye poner fin a la detención secreta y en régimen de incomunicación; y hagan rendir cuentas a los responsables de autorizar, facilitar o infligir tortura u otros malos tratos.

Hoy no es un día de recuerdo pasivo sino de acción: gobiernos y ciudadanos de todo el mundo deben actuar para invertir la tendencia de los últimos años y erradicar estas prácticas crueles e inhumanas.

No dejes que la tortura quede sin respuesta:

En vista de la Presidencia francesa de la Unión Europea, envía un correo electrónico al presidente Nicolas Sarkozy instándole a que anime al Consejo de la Unión Europea a actuar para poner fin a las entregas extraordinarias y las detenciones secretas;

Escribe al gobierno de Túnez para pedirle que adopte medidas para poner fin a la tortura y otros malos tratos;

Firma la petición para que el gobierno de Estados Unidos ponga fin a las detenciones ilegales;

Europa debe hacer frente a la realidad de las entregas

Tue, 24 Jun 2008 09:34:19 +0100

“Mi vida ha cambiado y me siento un hombre destrozado. [...] Durante toda la noche sufro pesadillas y de día recuerdo las torturas y me pongo a temblar. “

Abu Omar, contando cómo se sentía después

de las torturas que sufrió en Egipto.

Usama Mostafa Hassan Nasr, conocido como Abu Omar, fue secuestrado por agentes estadounidenses e italianos en una calle de Milán (Italia) el 17 de febrero de 2003. Agentes de la CIA lo entregaron después, pasando por Alemania, a Egipto, donde estuvo recluido durante casi cuatro años, incluidos 14 meses en detención secreta. Abu Omar afirma que, durante siete meses, lo torturaron hasta 12 horas al día.

Abu Omar es uno de los seis casos de entrega extraordinaria y detención secreta –que afectan a 13 hombres– que se destacan en el informe Negar la evidencia: La participación de Europa en las entregas extraordinarias y detenciones secretas.

El informe describe la participación de Estados europeos –que va desde permitir la utilización de espacio aéreo y aeropuertos europeos para vuelos de la CIA que realizaban recorridos para hacer entregas extraordinarias, hasta acoger centros secretos de detención (o “agujeros negros”)– y cómo se niegan a admitir o investigar las violaciones de derechos humanos cometidas por sus ciudadanos o en su territorio.

“Los gobiernos europeos niegan lo evidente y llevan demasiado tiempo soslayando la verdad”, ha afirmado Amnistía Internacional. “Hay un marcado contraste entre su participación en las entregas extraordinarias y detenciones secretas y sus afirmaciones de que actúan de forma responsable en la lucha contra el terrorismo”.

El Plan de seis puntos de Amnistía Internacional para poner fin a las entregas y la detención secreta en Europa pide a los Estados que condenen las entregas extraordinarias y las detenciones secretas y adopten medidas efectivas para llevar a los responsables ante la justicia y garantizar la reparación a las víctimas.

Abusos sistemáticos en Túnez en nombre de la seguridad

Mon, 23 Jun 2008 10:34:47 +0100

Cientos –si no miles– de personas sospechosas de delitos relacionados con el terrorismo, entre ellos algunos menores de edad, han sido detenidos en Túnez desde la promulgación de la Ley Antiterrorista en 2003. Las autoridades están utilizando la amplia definición de "terrorismo" de esta ley para criminalizar actividades de oposición legítimas y pacíficas.

En los últimos cinco años, muchas personas han sufrido tortura o malos tratos, se las ha sometido a detención en régimen de incomunicación, o han sido objeto de desaparición forzada. Desde junio de 2006, al menos 977 personas han sido sometidas a juicios sin las debidas garantías ante tribunales militares y otros, y condenados a largas penas de prisión o incluso a muerte.

El gobierno tunecino sigue afirmando que la situación de los derechos humanos en el país está mejorando. En la práctica, las reformas legales que deberían ofrecer una mayor protección en materia de derechos humanos se han quedado en poco más que promesas vacías.

Sigue sin ponerse freno a los abusos de las fuerzas de seguridad, que se cometen con impunidad, según revela el informe In the Name of Security: Routine Abuses in Tunisia

Pese a este historial de abusos, varios gobiernos árabes y europeos y el gobierno estadounidense han devuelto a personas a las que consideraban sospechosas de terrorismo a Túnez, donde han sido sometidas a detención y reclusión arbitraria, tortura u otros malos tratos y juicios flagrantemente injustos.

Una responsabilidad compartida por todos los gobiernos

El gobierno tunecino tiene la obligación de proteger a la población de los ataques violentos, pero al hacerlo debe cumplir con las obligaciones establecidas por el derecho internacional de los derechos humanos.

Los gobiernos extranjeros deben rechazar la retórica del gobierno tunecino y hacer frente a la realidad de las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en el país. En lugar de devolver a Túnez a ciudadanos de este país, deben garantizar que toda la cooperación que se efectúe en materia antiterrorista respeta las normas de derechos humanos. Y también que sirve para presionar al gobierno tunecino a eliminar la tortura y a lograr que los torturadores rindan cuentas.

Tortura: que no quede en la sombra

Thu, 05 Jun 2008 12:41:52 +0100

El artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que ninguna persona será sometida a torturas ni a otros malos tratos. Transcurridos 60 años desde que la ONU adoptó por unanimidad la Declaración, Amnistía International ha documentado casos de tortura en al menos 81 países.

La organización lleva decenios sacando a la luz actos de tortura, pero en los últimos años algunos gobiernos han desafiado con su conducta la validez de la prohibición misma de la tortura, especialmente en el contexto de la lucha antiterrorista.

Durante este mes de junio, Amnistía Internacional tratará de invertir esta tendencia. En colaboración con el grupo de personalidades mundiales conocido como Global Elders, la organización pedirá a los gobiernos que condenen e impidan la tortura y otros malos tratos y que hagan rendir cuentas a los autores de tales actos.

No hay justificación para la tortura

Tanto la respuesta de algunos gobiernos a los atentados del 11 de septiembre de 2001 como los ataques que se han perpetrado en otros países desde entonces suponen una grave afrenta al marco de derechos humanos, pues no sólo se ha recurrido a la tortura, sino que se ha tratado de justificarla en nombre de la seguridad.

Las personas arrestadas han sido sometidas a detención secreta, desaparición forzada y reclusión indefinida sin cargos ni juicio. Se las ha trasladado de un Estado a otro sin el debido proceso y se las ha enviado a países en los que han sufrido tortura. Tales prácticas y la ausencia de rendición de cuentas han propiciado que se propague y acepte el uso de la tortura.

Contra el Terror, Justicia

La tortura es un delito que no puede justificarse en ninguna circunstancia. Los gobiernos deben procesar a quienes la hayan autorizado o infligido, y debe ponerse fin a las condiciones que permiten que prospere esta práctica, en particular la detención ilegal.

Los gobiernos tienen el deber de proteger a su población de los ataques violentos, pero la seguridad real sólo puede alcanzarse mediante la justicia y la promoción de los derechos humanos.

Cómo puedes ayudar:

Amnistía Internacional organizará actos que se llevarán a cabo el 26 de junio o en torno a esa fecha, Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura. Para participar, ponte en contacto con la oficina local de la organización en tu país;
Actúa poner fin a las detenciones ilegales practicadas por Estados Unidos;
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60 años de fracaso en derechos humanos los gobiernos tienen que disculparse y actuar ya

Tue, 27 May 2008 18:16:22 +0100

Amnistía Internacional ha planteado hoy a los gobiernos del mundo el doble desafío de pedir disculpas por seis décadas de fracaso en derechos humanos y de renovar su compromiso para obrar mejoras concretas.

En la presentación del Informe 2008: El estado de los derechos humanos en el mundo, Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional, ha declarado: “Darfur, Zimbabue, Gaza, Irak y Myanmar son puntos calientes que exigen una actuación inmediata en materia de derechos humanos.”

“La injusticia, la desigualdad y la impunidad son hoy las marcas distintivas de nuestro mundo. Los gobiernos tienen que actuar ya para acabar con el abismo que separa lo que se dice de lo que se hace.”

El Informe 2008 de Amnistía Internacional pone de manifiesto, 60 años después de haber sido adoptada la Declaración Universal de Derechos Humanos por las Naciones Unidas, que en al menos 81 países todavía se infligen torturas o malos tratos a las personas, que en al menos 54 se las somete a juicios sin las garantías debidas, y que en al menos 77 no se les permite hablar con libertad.

Irene Khan ha afirmado: “El año 2007 se ha caracterizado por la impotencia de los gobiernos occidentales y la ambigüedad o renuencia de las potencias emergentes a atajar algunas de las peores crisis mundiales de derechos humanos, ya fueran arraigados conflictos o crecientes desigualdades que a tantos millones de personas están dejando relegadas.”

Amnistía Internacional advierte de que la mayor amenaza para el futuro de los derechos humanos es la ausencia de una visión compartida y de un liderazgo colectivo.

La secretaria general de Amnistía Internacional continúa: “El año 2008 ofrece una oportunidad sin precedente a los nuevos líderes que acceden al poder y a los países que emergen a la escena mundial para fijar nuevas orientaciones y rechazar las políticas y prácticas miopes que en los últimos años han hecho del mundo un lugar más peligroso y dividido.”

Amnistía Internacional ha desafiado a los gobiernos a que establezcan un nuevo paradigma de liderazgo colectivo basado en los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

“Y son los más poderosos quienes tienen que predicar con el ejemplo”, ha subrayado la señora Khan.

China tiene que cumplir las promesas en materia de derechos humanos que formuló en torno a los Juegos Olímpicos y permitir la libertad de expresión y de prensa, y acabar con la práctica de la “reeducación por el trabajo”.
Estados Unidos tiene que cerrar el campo de detención de Guantánamo y demás centros secretos de detención, juzgar a los detenidos en procesos justos o ponerlos en libertad, y rechazar sin sombra de duda el uso de la tortura y los malos tratos.
Rusia tiene que mostrar mayor tolerancia hacia la disidencia política, y tolerancia cero hacia la impunidad por los abusos contra los derechos humanos en Chechenia.
La Unión Europea tiene que investigar la complicidad de sus Estados miembros en las “entregas extraordinarias” de personas sospechosas de terrorismo, y aplicar a sus propios miembros los mismos baremos en materia de derechos humanos que fija para terceros países.

Irene Khan ha advertido: “Los dirigentes mundiales se encuentran en estado de negación, pero el precio de su inacción es elevadísimo. Tal como demuestran Irak y Afganistán, los problemas que afectan a los derechos humanos no son tragedias aisladas, sino que actúan como virus que pueden infectar y propagarse con gran rapidez y ponernos a todos en peligro.”

“Los gobiernos tienen que demostrar hoy el mismo grado de amplitud de miras, coraje y compromiso que hace 60 años llevó a las Naciones Unidas a adoptar la Declaración Universal de Derechos Humanos.”

"Crece en las personas la exigencia de justicia, libertad e igualdad.”

Algunas de las imágenes más impactantes del año 2007 fueron de monjes en Myanmar, de abogados en Pakistán y de mujeres activistas en Irán.

La señora Khan concluye: “La gente, inquieta e indignada, no se quedará callada, y los dirigentes mundiales ignoran a la opinión pública, para su propio riesgo.”

¿Qué legado dejarán las Olimpiadas de Pekín para los derechos humanos?

Tue, 01 Apr 2008 18:14:38 +0100

En abril de 2001, Liu Jingmin, vicepresidente del Comité para la Candidatura de Beijing a las Olimpiadas de 2008, afirmó lo siguiente: “Permitiendo que Pekín sea sede de los Juegos, contribuirán ustedes al desarrollo de los derechos humanos”. Siete años después, el historial de China en materia de derechos humanos muestra pocos signos de mejora, según un informe publicado por Amnistía Internacional.

Se esperaba que los Juegos sirvieran de catalizador para llevar a cabo reformas, pero gran parte de la intensa represión de que están siendo objeto actualmente los activistas y periodistas se está produciendo no a pesar de las Olimpiadas, sino debido a ellas en realidad, según el informe República Popular de China. La cuenta atrás para los Juegos Olímpicos: La represión de activistas amenaza el legado olímpico.

Los cambios positivos, como una reforma del sistema de pena de muerte y mayor libertad de información para los periodistas extranjeros, se han visto ensombrecidos por la paralización de la reforma del sistema de detención sin juicio, la represión de los defensores y defensoras de los derechos humanos y la censura en Internet.

En el informe se pone también de relieve la reciente represión ejercida por las autoridades chinas contra manifestantes en el Tíbet, que ha sido causa de graves violaciones de derechos humanos desde el 10 de marzo de 2008. Las autoridades chinas han recurrido, según informes, a medidas como uso excesivo e innecesario de la fuerza, incluso con medios letales; detenciones arbitrarias, e intimidación.

En respuesta a los disturbios se ha detenido a centenares de personas, que están expuestas a sufrir tortura y otros malos tratos a manos de las fuerzas de seguridad chinas, especialmente las acusadas de actividades “separatistas”.

El bloqueo casi total impuesto a los medios de comunicación en el Tíbet y las zonas circundantes no sólo hace que resulte difícil confirmar los informes que se reciben, sino que constituye también un incumplimiento de la promesa oficial de garantizar “plena libertad a los medios de comunicación” durante los preparativos de las Olimpiadas.

En China también se encuentran recluidos muchos activistas, que han sido llevados a juicio por motivos políticos y a los que Amnistía Internacional considera presos de conciencia. Un creciente número de personas están sometidas a arresto domiciliario. Se imputan delitos muy generales y de definición poco precisa, como “separatismo”, “subversión” y “robo de secretos de Estado” para procesar a personas que desarrollan actividades legítimas y pacíficas en favor de los derechos humanos.

El 25 de marzo, el activista en favor de los derechos a la tierra Yang Chunlin fue condenado a cinco años de prisión, tras ser declarado culpable de “incitar a la subversión” por haber encabezado una campaña de peticiones con el lema “No queremos Olimpiadas, queremos derechos humanos”. Al principio se le negó el acceso a abogados por considerarse que su caso parecía guardar relación con “secretos de Estado”. Según informes, también fue torturado bajo custodia de la policía, pero se le negó la oportunidad de denunciarlo ante el tribunal.

El activista del derecho a la vivienda Ye Guozhu cumple una pena de cuatro años de cárcel por haber solicitado permiso para celebrar una manifestación contra los desalojos forzosos en Pekín. En diciembre de 2004 fue declarado culpable de “buscar pelea y causar disturbios” por su oposición a la confiscación y demolición de edificios para hacer sitio a nuevos proyectos de construcción relacionados con los Juegos Olímpicos de este año.

En mayo de 2006, Pekín amplió el uso de una forma de detención sin juicio denominada “reeducación por el trabajo” para “limpiar” la imagen de la ciudad antes de las Olimpiadas. Este sistema se aplica a quienes cometen delitos menores, pero no están considerados jurídicamente delincuentes. A estas personas, se las obliga a trabajar muchas horas, y pueden estar privadas de libertad hasta cuatro años.

El sistema es muy criticado en China. Su reforma, anunciada hace mucho tiempo, pero ahora detenida, representaría una importante mejora en materia de derechos humanos.

Wang Ling, activista del derecho a la vivienda de Pekín, fue condenada, según informes, a 15 meses de “reeducación por el trabajo” en octubre de 2007 por firmar peticiones y hacer pancartas para protestar por la demolición de su propiedad con objeto de hacer sitio a construcciones olímpicas. Se cree que se encuentra recluida en el centro de “reeducación por el trabajo” de Daxing, en Pekín.

A pesar de la promesa oficial de garantizar “plena libertad a los medios de comunicación”, hecha en julio de 2001, las autoridades continúan valiéndose del cargo de “incitación a la subversión” y otros delitos contra la seguridad del Estado para procesar y encarcelar a escritores y periodistas que ejercen su derecho fundamental a la libertad de expresión.

Hay también una fuerte censura en Internet. Ahora, unas imágenes que representan a agentes de policía advierten a muchos de los 210 millones de usuarios de Internet que hay en China de que no visiten “sitios web ilegales”. Esta policía virtual parece fomentar la autocensura, recordando a los usuarios que las autoridades vigilan atentamente la actividad en la web. Asimismo, se cree que China tiene el sistema de filtro y censura de Internet más amplio, con mejor tecnología y de mayor alcance del mundo.

También se controla el envío de mensajes de texto. En diciembre de 2007, las autoridades municipales de Pekín emitieron un aviso para advertir que quienes utilizaran esta forma de comunicación para “poner en peligro la seguridad pública” o “propagar rumores” serían investigados.

China es líder mundial en lo que al uso de la pena de muerte ser refiere, a pesar de declaraciones oficiales según las cuales el restablecimiento de la revisión de las condenas de muerte por el Tribunal Supremo Popular hizo posible una considerable reducción del número de ejecuciones en 2007. De todos modos, para confirmar este tipo de afirmaciones es esencial publicar estadísticas nacionales completas y otra información detallada sobre la pena de muerte en China. La disminución de las ejecuciones pudo deberse en parte al creciente número de ellas que hay “atrasadas” por estar los condenados a la espera de que el Tribunal Supremo Popular revise sus casos.

En el informe de Amnistía Internacional se insta a las autoridades chinas a que proporcionen de inmediato acceso al Tíbet y las zonas circundantes a investigadores de la ONU y observadores independientes; pongan fin a la detención arbitraria, intimidación y hostigamiento de activistas; dejen de utilizar la detención administrativa con fines punitivos; permitan informar completa y libremente a todos los periodistas en toda China; dejen en libertad a todos los presos de conciencia, y reduzcan el número de delitos por los que pueda imponerse la pena de muerte, con miras a su abolición.

Las mujeres se unen para defender sus derechos

Fri, 29 Feb 2008 16:37:42 +0000

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, mujeres de todo el mundo tomarán las calles para expresar su compromiso, a menudo con gran riesgo para su seguridad.

Entre estos derechos está la libertad de expresión y de reunión pacífica, el derecho a ser tratadas con igualdad ante la ley, los derechos sexuales y reproductivos y el rechazo de la violencia contra las mujeres. Pero al promocionar estos derechos, las activistas se enfrentan cara a cara a leyes, políticas y prácticas discriminatorias.

Aline Castellanos es miembro destacada del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad de México. Ha documentado y dado a conocer violaciones de derechos humanos cometidas en la región mexicana de Oaxaca durante las protestas generalizadas de 2006. En aquel momento, Aline Castellanos fomentaba el activismo de las mujeres y una mayor presencia de las mujeres en la vida pública.

El 28 de abril de 2007, entraron en la casa de Aline Castellanos y la registraron. Al día siguiente, un juez volvió a dictar orden de detención contra Aline, a pesar de que dos órdenes anteriores habían sido impugnadas con éxito. Después de esto, Aline huyó de Oaxaca, temiendo ser detenida por agresión, un cargo al parecer infundado.

Dada la naturaleza del hostigamiento, las amenazas y la marginación que pueden sufrir las defensoras de los derechos humanos, su protección es motivo de especial preocupación. Las mujeres pueden ser víctimas de una gran cantidad de violaciones, algunas específicamente relacionadas con el género, como las agresiones sexuales. Muchas activistas llevan a cabo su labor en sociedades que imponen fuertes restricciones a las mujeres, y son vulnerables al hostigamiento y al abuso.

En algunos contextos, trabajar sobre cuestiones que algunos sectores consideran impopulares y polémicas, como los derechos de las mujeres, hace que los defensores y defensoras de los derechos humanos, sus familias y sus comunidades sean objetivo de las autoridades estatales o de otros grupos.

La activista Delaram Ali es miembro activo de la organización Campaña por la Igualdad, red de derechos humanos iraní que trabaja para poner fin a la discriminación legal de las mujeres. Detenida en junio de 2006 durante una manifestación pacífica, fue condenada a 30 meses de cárcel, pena que ha sido suspendida temporalmente.

En Zimbabue, los desalojos forzosos y las políticas del gobierno sobre la reforma agraria han tenido un efecto desproporcionadamente negativo en las mujeres. El empeoramiento de las condiciones económicas y sociales del país ha tenido consecuencias negativas sobre el acceso a la comida, la educación y la vivienda. Las mujeres no han tenido más remedio que condenar públicamente al gobierno exigiendo que se respeten estos derechos. Desde 2000, cientos de mujeres han sido detenidas arbitrariamente, recluidas, golpeadas e incluso torturadas bajo custodia policial.

Los gobiernos tienen la obligación de promover y proteger la labor de los defensores y defensoras de los derechos humanos. Deben:

Reconocer la función que los defensores y defensoras de los derechos humanos desempeñan a la hora de documentar violaciones de derechos humanos y respetar y defender las prácticas democráticas.
Si se violan los derechos de los defensores y defensoras de los derechos humanos, los gobiernos deben asegurarse de que las personas responsables son puestas a disposición judicial.

Las defensoras de los derechos humanos suelen sufrir una serie de violaciones destinadas a silenciarlas y poner trabas a su labor. Con ocasión del Día Internacional de la Mujer, las defensoras volverán a defender los derechos humanos. Sus voces deben oírse.

El mundo grita “¡Cerremos Guantánamo!”

Sat, 12 Jan 2008 12:55:25 +0000

Miles de personas, entre ellas miembros y simpatizantes de Amnistía Internacional de todo el mundo, han emprendido iniciativas para conmemorar el sexto aniversario de los primeros traslados de detenidos a Guantánamo. El viernes 11 de enero, Amnistía Internacional llevó a cabo protestas en 30 países.

Una vez más, Amnistía Internacional no se limitó a pedir el cierre de Guantánamo, sino que además presentó al gobierno estadounidense el marco de acción necesario para poner fin a las detenciones ilegales, tanto en Guantánamo como en cualquier otro lugar. En esta ocasión, las peticiones de la organización contaron con el apoyo de más de 1.200 parlamentarios y parlamentarias de todo el mundo.

En varios países, como Bélgica e Irlanda, algunos de los representantes parlamentarios acompañaron a los activistas de Amnistía Internacional en los diferentes actos y manifestaciones.

Los tristemente conocidos monos naranjas, íntimamente asociados con la crueldad y la ilegalidad de Guantánamo, se convirtieron una vez más en el símbolo de este aniversario. También hubo teatro de calle, recitales de poesía, réplicas de celdas de Guantánamo en los centros de las ciudades, discursos, concentraciones y ciberactivismo.

El jefe de las fuerzas armadas estadounidenses quiere cerrar Guantánamo

El domingo 13 de enero, dos días después del aniversario, el almirante de Marina Michael Mullen, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, se sumó a la lista de altos cargos estadounidenses que han manifestado que debe cerrarse Guantánamo.

“Sobre todo, creo que lo más preocupante es la imagen de Estados Unidos que Guantánamo ha proyectado en todo el mundo. Desde ese punto de vista, pienso que Guantánamo ha sido muy perjudicial.”

Aún puedes ayudar

Visita el sitio web tearitdown.org (“¡Echémoslo abajo!”) y súmate al compromiso de Amnistía Internacional para poner fin a las detenciones ilegales de Estados Unidos.

Cuelga un banner de la campaña “¡echémoslo abajo!” en tu sitio web o blog.

Acabemos con la degradación de los derechos humanos y hagámoslos realidad

Thu, 06 Dec 2007 14:23:14 +0000

Mensaje de Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional, con ocasión del Día Internacional de los Derechos Humanos 2007

Conforme se acerca el 60º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, tenemos motivos para la celebración pero también para afrontar un desafío.

Hemos de celebrar el enorme desarrollo que ha acompañado durante seis decenios a las normas, los instrumentos y las instituciones internacionales de derechos humanos, responsables estos de la mejora en la vida de muchas personas en todo el mundo.

La Declaración Universal propugna valores globales de igualdad y justicia, e inspiró la lucha para acabar con el apartheid en Sudáfrica y para promover la democracia en los países del Este de Europa, América Latina, África y Asia. Ha estado detrás de los pasos que se han dado para abolir la pena de muerte, para proscribir la tortura, para promover la igualdad de género, para proteger los derechos de la infancia y para invertir la tendencia en la lucha contra la impunidad. Y, sobre todas las cosas, ha espoleado a una comunidad mundial de hombres y mujeres –ciudadanos y ciudadanas de a pie– a unirse en la lucha por la justicia y la igualdad para todas las personas.

Pero este momento no puede quedar sólo en la celebración y la autocomplacencia. También nos presenta un reto: hacer que los derechos humanos sean una realidad, y cerrar la brecha que separa la promesa de la Declaración Universal del desempeño de gobiernos y otras partes implicadas.

Desde Afganistán hasta Zimbabue, los derechos humanos están siendo violados, descuidados o socavados con audacia e impunidad por gobiernos, grandes empresas y grupos armados. Es necesario que tanto los gobiernos como la sociedad civil renueven su compromiso para convertir la retórica en realidad, y la desilusión y el desaliento, en esperanza y acción.

En Darfur, sigue sin ponerse coto a los asesinatos, las violaciones y la violencia. No basta con que los líderes del mundo se retuerzan las manos ante el horror. Les exigimos que proporcionen a la fuerza de paz de las Naciones Unidas y la Unión Africana los recursos necesarios para que sus efectivos puedan proteger a la población con eficacia.

En Zimbabue, los defensores y defensoras de los derechos humanos y la disidencia política están siendo víctimas de ataques, tortura y encarcelamientos directos y sin derecho a juicio justo. La visita que Amnistía Internacional ha realizado recientemente al país ha confirmado nuestros peores temores. Pedimos a gobiernos como el de Sudáfrica –con influencia sobre el presidente Mugabe–, que hagan uso de toda su persuasión para acabar con estas violaciones.

En Oriente Medio, la impunidad, la injusticia, y los abusos de derechos humanos obstaculizan enormemente la paz y la justicia y, aun así, los líderes del mundo reunidos en Annapolis dedicaron una escasa atención a estos derechos. Instamos a la comunidad internacional a situar los derechos humanos en el centro del diálogo político.

Hoy, el Comité Olímpico Internacional está reunido para valorar los avances que se han hecho en la preparación de los Juegos Olímpicos de 2008 en China. No puede desviar la mirada ante la represión que las autoridades chinas están ejerciendo contra el colectivo de activistas que se han manifestado contra los desalojos forzados, efectuados con el propósito de despejar el terreno para los Juegos y otros proyectos. Ni ante las restricciones impuestas a los periodistas chinos y a los usuarios de Internet. El Comité Olímpico Internacional debe utilizar su influencia con el gobierno chino para que se ponga fin a estas prácticas, contrarias a los derechos humanos y también al espíritu de las Olimpiadas.

En Myanmar, los monjes de túnicas azafrán se manifestaron con valentía en contra de la represión y el empobrecimiento de sus conciudadanos, pero la Junta Militar aplastó brutalmente la protesta. Los gobiernos de los países vecinos son los principales socios comerciales del régimen militar. Disponen de un poder y una influencia que deben utilizar para presionar al régimen a fin de que libere a Daw Aung San Suu Kyi y a otros presos de conciencia y para hacer posible el cambio.

En Pakistán, los profesionales del derecho que salieron a la calle para exigir el Estado de derecho y la independencia de la judicatura corrieron similar suerte a los monjes birmanos ya que, igual que la Junta de Myanmar, el general paquistaní cuenta con aliados poderosos. Estos aliados deben dar prioridad a los derechos humanos frente a los intereses políticos y las estrategias de seguridad equivocadas. De no hacerlo, corren el riesgo de agravar los problemas relacionados tanto con los derechos humanos como con la seguridad.

La estrategia global contra el terrorismo dirigida por el gobierno más poderoso del mundo ha socavado los principios fundamentales de derechos humanos, y los grupos armados y extremistas han desatado una espiral de violencia que ha puesto en peligro la vida de los ciudadanos y ciudadanas de a pie en todo el mundo. Tanto los Parlamentos, como los tribunales y la sociedad civil deben hacer un llamamiento en favor del respeto de los derechos humanos y el Estado de derecho, en tanto que estos encauzan el camino hacia una mayor seguridad.

Es imperativo dedicar más atención y recursos a abordar los escándalos ocultos y olvidados que afectan a los derechos humanos y que destruyen millones de vidas humanas y el sustento de otras tantas. Cuando las atrocidades de las guerras copan las páginas de los periódicos, son pocas las personas conscientes de que la violencia contra las mujeres causa más víctimas que los conflictos armados.

En un tiempo en que los líderes mundiales se ocupan de recordarnos a diario la amenaza de las armas de destrucción masiva, sigue sin ponerse barreras a la venta y las transferencias de armas pequeñas y convencionales, que matan a mil personas cada día.

Aun cuando las ventajas y oportunidades que ofrece la globalización económica son evidentes, los límites que marcan el respeto de los derechos económicos, sociales y culturales se han desdibujado mucho, provocando la marginación y el empobrecimiento de millones de personas.

La comunidad internacional está debatiendo hoy en Bali los peligros del calentamiento global. El actual derretimiento de los derechos humanos en todo el mundo no es hoy una amenaza menor para el futuro de la humanidad, y el llamamiento a la acción es igual de urgente.

La Declaración Universal de Derechos Humanos surgió como una iniciativa de los gobiernos, pero hoy es el empeño común de personas de todo el mundo.

Toda persona goza de derechos. Es la esencia de nuestra condición humana. Y cada persona tiene la responsabilidad de defender, no sólo sus propios derechos, sino los de los demás. Ése es el espíritu de la solidaridad internacional. El verdadero significado de los derechos humanos, universales e indivisibles.

Como ciudadanos y ciudadanas del mundo:

Creemos que los abusos que se cometen contra los derechos humanos en cualquier parte del mundo incumben a las personas en todo el mundo.
Nos comprometemos a utilizar el poder de los individuos para impulsar la acción en favor de la justicia y la igualdad para todas las personas.
Nos indigna el quebrantamiento de sus obligaciones que nuestros líderes exhiben y estamos decididos a hacer que rindan cuentas.
Nos obligamos a crear una cultura global en la que cada persona pueda ver realizados sus derechos humanos.
Transmitiremos el mensaje de esperanza de la Declaración de Derechos Humanos a cada región del mundo en el año de su 60º aniversario.

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