Filipinas

En el contexto del EPU, Amnistía Internacional ha formulado las siguientes recomendaciones a Filipinas:

  • Que refuerce las disposiciones del Código Penal sobre las salvaguardias que preceden a la emisión de órdenes de detención, y que prohíba de forma clara y efectiva las detenciones arbitrarias. Que aplique la Ley de Seguridad Humana de conformidad con estas salvaguardias.
  • Que garantice que todos los informes sobre homicidios ilegítimos se investigan de forma inmediata, imparcial y efectiva, lo que incluye reforzar el programa de protección de testigos. Que garantice que los responsables de esos homicidios son procesados en juicios que cumplen las normas internacionales sobre juicios justos.
  • Que condene todos los homicidios políticos y prohíba la calificación de “comunistas” para grupos políticos legales. Deben tomarse medidas efectivas para prohibir a los oficiales de alta graduación que autoricen, alienten tácitamente o inciten a otras personas a cometer homicidios ilegítimos, y debe garantizarse que el personal policial o militar sospechoso de implicación en homicidios políticos es suspendido del servicio activo mientras se llevan a cabo las investigaciones.
  • Que garantice que quienes dependen de las víctimas de homicidios ilegítimos tienen derecho a una reparación justa y adecuada, que incluya la indemnización económica.
  • Que apoye la aplicación efectiva de la Regla sobre el Recurso de Amparo y refuerce el programa de protección de testigos.
  • Que ponga fin a la tortura y otros malos tratos y que garantice que todas las denuncias se investigan sin demora y de manera imparcial y efectiva, y que los sospechosos de perpetrar esos actos comparecen ante la justicia en juicios que cumplan las normas internacionales de justicia procesal.
  • Que tome medidas efectivas para garantizar que las condiciones penitenciarias son conformes con las normas internacionales en todas las etapas de la reclusión, con especial énfasis en la protección de menores.
  • Que fortalezca y garantice la independencia de los mecanismos existentes de rendición de cuentas, como la Oficina del Defensor del Pueblo y los órganos de supervisión del Congreso, para abordar los homicidios políticos atribuidos a funcionarios públicos.
  • Que redoble los esfuerzos por cumplir el Acuerdo Global sobre el Respeto de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.

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