Brasil

En el contexto del EPU, Amnistía Internacional ha formulado las siguientes recomendaciones a Brasil:

Que garantice un enfoque multisectorial de la creación y la aplicación de todas las políticas de seguridad pública. El objetivo central de esas políticas debe ser la reducción de la violencia criminal, especialmente los homicidios, y debe incluir: una labor policial basada en los derechos humanos; una reducción de la mortalidad a manos de la policía; la investigación exhaustiva e imparcial de todos los delitos, incluidos los homicidios ilegítimos perpetrados por la policía; la revisión de la actuación de la policía en Río de Janeiro; y el control adicional de la proliferación de armas.
Que siga tomando medidas para reducir los niveles de violencia urbana, entre otras cosas mediante la aplicación de su nuevo plan PRONASCI.
Que garantice investigaciones exhaustivas sobre todas las denuncias de tortura y los informes de homicidios, incluidos los cometidos por la policía y descritos como “resistencia seguida de muerte”. Que haga públicas las conclusiones de esas investigaciones y que lleve a los responsables ante la justicia de acuerdo con las normas internacionales sobre juicios justos.
Que cumpla con las obligaciones que le impone el derecho internacional e introduzca una reforma significativa de la tierra. Que acelere el proceso de ratificación de las tierras indígenas ancestrales y que proporcione protección adecuada a los territorios indígenas existentes.
Que investigue exhaustivamente los informes sobre violaciones de derechos humanos perpetradas contra activistas que defienden el derecho a la tierra y contra pueblos indígenas de Brasil, especialmente los informes que denuncian la participación de empresas privadas de seguridad que actúan como milicias rurales.