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Juegos Olímpicos de Pekín: Acciones de AI en favor de un legado positivo en materia de derechos humanos

Fri, 04 Jul 2008 13:54:54 +0100

Decenas de miles de miembros de Amnistía Internacional de todo el mundo participarán en acciones públicas emprendidas en el periodo previo a los Juegos Olímpicos de Pekín para pedir a las autoridades chinas que cumplan su compromiso de mejorar los derechos humanos con motivo de la celebración de los Juegos en China.

"Los Juegos Olímpicos ofrecen una gran oportunidad de impulsar los derechos humanos y mejorar la vida de todas las personas en China -ha manifestado Amnistía Internacional-. Son las autoridades las que tienen que decidir cómo quieren que se recuerden los Juegos."

Entre las acciones previstas figuran:

JULIO
08 - Mes previo a los Juegos: Amnistía Internacional publicará una carta abierta al presidente chino, Hu Jintao, con cinco recomendaciones para mejorar los derechos humanos en China antes de los Juegos.

12 - Víspera del aniversario de la elección de Pekín para acoger los Juegos (el 13 de julio de 2001): Amnistía Internacional organizará un espectáculo de acrobacia artística aérea en Atenas junto con Circle Up Now. Este espectáculo formará parte de una serie de actos similares de arte aéreo que tendrán lugar en más de 20 lugares distintos del mundo.

24 - Se espera la excarcelación de Ye Guozhu [activista de los derechos de la vivienda]

25 - Cumpleaños de Shi Tao [periodista en prisión] y Hu Jia [activista de los derechos humanos] (más información en: http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA17/017/2008)

29 - Cuenta atrás para los Juegos en 10 días: Amnistía Internacional publicará una hoja informativa actualizada, con los principales motivos de preocupación de la organización respecto a los derechos humanos en China, centrándose en aspectos como las agresiones contra activistas de los derechos humanos, los juicios injustos, la libertad de prensa y el uso de la pena de muerte.

AGOSTO
02-03 Reunión de la Junta Ejecutiva del COI, Pekín

05-07 120ª sesión del COI, Pekín

08-24 - Juegos Olímpicos de verano de Pekín

SEPTIEMBRE
06-15 - Juegos Paraolímpicos

Se podrán concertar entrevistas, en inglés, francés, español y chino, con expertos de Amnistía Internacional en Londres y Hong Kong.

Para más información o para concertar una entrevista, pónganse en contacto con:

Josefina Salomon, encargada de prensa, Tel.: +44 207 413 5562, móvil: +44 7778 472 116, jsalomon@amnesty.org

FIN/

Con el cierre del Tíbet, no se sabe nada de un millar de manifestantes

Fri, 20 Jun 2008 17:06:48 +0100

Mientras la antorcha olímpica viaja a Lhasa, Amnistía Internacional ha instado al gobierno chino a que proporcione información sobre el más de un millar de personas detenidas durante las protestas del pasado marzo, y ha pedido que se permita libre acceso al Tíbet a los observadores independientes.

La petición se ha producido al tiempo que Amnistía Internacional publicaba una actualización sobre la situación en el Tíbet desde el estallido de violencia. En ella se examinan la violenta represión –que aún continúa– contra los manifestantes, la situación de las personas detenidas –incluidas las que, según los informes, han sido golpeadas y privadas de atención médica y comida adecuadas– y la fuerte censura a la que se enfrentan periodistas y residentes del Tíbet.

“Apenas sale información del Tíbet, pero la que sale dibuja una triste imagen de detenciones arbitrarias y abusos contra personas detenidas”, ha manifestado Sam Zarifi, director del Programa para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional.

“Ahora que la antorcha se aproxima a tierras tibetanas, debería aprovecharse la oportunidad para arrojar alguna luz sobre la situación que se vive allí.”

Los informes oficiales sólo incluyen datos del reducido número de personas que han sido condenadas tras juicios cuestionables.

A los periodistas extranjeros sigue bloqueándoseles la entrada en el Tíbet. Los escasos informes que amigos y familiares han podido hacer llegar a los medios de comunicación y las organizaciones tibetanas hablan de que la policía y las fuerzas de seguridad han confiscado teléfonos móviles, ordenadores y otro equipo de comunicaciones en centenares de asaltos a monasterios, conventos y domicilios privados, lo que impide físicamente a miles de personas comunicarse con el mundo exterior.

Quienes se atreven a buscar maneras de enviar información sobre las protestas y las detenciones a los medios de comunicación extranjeros o a las organizaciones de derechos humanos se exponen a la detención y el encarcelamiento.

“El cierre completo del Tíbet está permitiendo que abusos contra los derechos humanos tales como detenciones arbitrarias, malos tratos y una fuerte censura queden sin denunciar e impunes”, ha manifestado Sam Zarifi.

“Centenares de personas languidecen en prisiones chinas por expresar de forma pacífica su opinión, en condiciones espantosas y sin que sus familias sepan siquiera dónde se encuentran. El paso de la antorcha debe brindar a los periodistas la oportunidad de ver la situación real sobre el terreno y promover las ‘Olimpiadas libres y abiertas’ prometidas en el Plan de Acción Olímpico de Pekín.”

Las autoridades chinas no sólo han detenido a monjes y monjas, entre otros manifestantes, sino que también han atacado a artistas tibetanos que no han participado directamente en las protestas. Lo que estas figuras tienen en común son sus esfuerzos para proteger y conservar la cultura tibetana. Jamyang Kyi, conocida cantante, presentadora de televisión y productora, fue detenida el 1 de abril en su trabajo en la emisora de TV Qinghai y permaneció recluida en régimen de incomunicación al menos un mes antes de que, según se cree, la pusieran bajo arresto domiciliario, y eso sólo tras pagar una fuerte multa.

Información complementaria

Las protestas iniciales de después del 10 de marzo se tornaron violentas y empezaron a atacar a personas y empresas chinas de la etnia han. Sin embargo, se cree que los manifestantes, muchas veces encabezados por monjes y monjas, se han comportado de manera básicamente pacífica desde el 14 de marzo, cuando el Dalai Lama los exhortó a evitar la violencia.

El viaje de la antorcha olímpica a través de China está siendo sometido a una fuerte vigilancia, y los periodistas están sujetos a un fuerte control en zonas como la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang. El relevo originalmente previsto de la antorcha en su viaje por el Tíbet se ha cambiado de fecha y, según los informes, tendrá lugar el sábado 21 de junio.

China: Con el cierre del Tíbet, no se sabe nada de un millar de manifestantes

Fri, 20 Jun 2008 07:05:43 +0100

Mientras la antorcha olímpica viaja a Lhasa, Amnistía Internacional ha instado hoy, 18 de junio, al gobierno chino a que proporcione información sobre el más de un millar de personas detenidas durante las protestas del pasado marzo, y ha pedido que se permita libre acceso al Tíbet a los observadores independientes.

La petición se ha producido al tiempo que Amnistía Internacional publicaba una actualización sobre la situación en el Tíbet desde el estallido de violencia. En ella se examinan la violenta represión –que aún continúa– contra los manifestantes, la situación de las personas detenidas –incluidas las que, según los informes, han sido golpeadas y privadas de atención médica y comida adecuadas– y la fuerte censura a la que se enfrentan periodistas y residentes del Tíbet.

“Apenas sale información del Tíbet, pero la que sale dibuja una triste imagen de detenciones arbitrarias y abusos contra personas detenidas”, ha manifestado Sam Zarifi, director del Programa para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional.

“Ahora que la antorcha se aproxima a tierras tibetanas, debería aprovecharse la oportunidad para arrojar alguna luz sobre la situación que se vive allí.”

Los informes oficiales sólo incluyen datos del reducido número de personas que han sido condenadas tras juicios cuestionables.

A los periodistas extranjeros sigue bloqueándoseles la entrada en el Tíbet. Los escasos informes que amigos y familiares han podido hacer llegar a los medios de comunicación y las organizaciones tibetanas hablan de que la policía y las fuerzas de seguridad han confiscado teléfonos móviles, ordenadores y otro equipo de comunicaciones en centenares de asaltos a monasterios, conventos y domicilios privados, lo que impide físicamente a miles de personas comunicarse con el mundo exterior.

Quienes se atreven a buscar maneras de enviar información sobre las protestas y las detenciones a los medios de comunicación extranjeros o a las organizaciones de derechos humanos se exponen a la detención y el encarcelamiento.

“El cierre completo del Tíbet está permitiendo que abusos contra los derechos humanos tales como detenciones arbitrarias, malos tratos y una fuerte censura queden sin denunciar e impunes”, ha manifestado Sam Zarifi.

“Centenares de personas languidecen en prisiones chinas por expresar de forma pacífica su opinión, en condiciones espantosas y sin que sus familias sepan siquiera dónde se encuentran. El paso de la antorcha debe brindar a los periodistas la oportunidad de ver la situación real sobre el terreno y promover las ‘Olimpiadas libres y abiertas’ prometidas en el Plan de Acción Olímpico de Pekín.”

Las autoridades chinas no sólo han detenido a monjes y monjas, entre otros manifestantes, sino que también han atacado a artistas tibetanos que no han participado directamente en las protestas. Lo que estas figuras tienen en común son sus esfuerzos para proteger y conservar la cultura tibetana. Jamyang Kyi, conocida cantante, presentadora de televisión y productora, fue detenida el 1 de abril en su trabajo en la emisora de TV Qinghai y permaneció recluida en régimen de incomunicación al menos un mes antes de que, según se cree, la pusieran bajo arresto domiciliario, y eso sólo tras pagar una fuerte multa.

Información complementaria

Las protestas iniciales de después del 10 de marzo se tornaron violentas y empezaron a atacar a personas y empresas chinas de la etnia han. Sin embargo, se cree que los manifestantes, muchas veces encabezados por monjes y monjas, se han comportado de manera básicamente pacífica desde el 14 de marzo, cuando el Dalai Lama los exhortó a evitar la violencia.

El viaje de la antorcha olímpica a través de China está siendo sometido a una fuerte vigilancia, y los periodistas están sujetos a un fuerte control en zonas como la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang. El relevo originalmente previsto de la antorcha en su viaje por el Tíbet se ha cambiado de fecha y, según los informes, tendrá lugar el sábado 21 de junio.

China: Miles de partidarios de Amnistía Internacional piden la libertad de activistas de Tiananmen

Tue, 03 Jun 2008 14:56:13 +0100

Decenas de miles de partidarios de Amnistía Internacional de todo el mundo pedirán a las autoridades chinas hoy, 3 de junio de 2008, que dejen en libertad a las decenas de personas que se encuentran presas desde las protestas de Tiananmen, ocurridas hace 19 años.

"En la represión de Tiananmen de junio de 1989 se mató a centenares de personas, y decenas de aquellos manifestantes se consumen todavía en las cárceles chinas tras juicios flagrantemente injustos, mientras que muchos otros activistas han sido encarcelados posteriormente por dar a conocer o cuestionar la actuación del gobierno en 1989. No hay absolutamente ninguna excusa para que las autoridades chinas mantengan todavía encarceladas a estas personas". Ha manifestado Sam Zarifi, director del Programa para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional.

En todo el mundo, de Londres a Tel Aviv o Ciudad de México, millares de partidarios de Amnistía Internacional pondrán flores rojas y blancas en distintos lugares en solidaridad con los familiares de las personas muertas y detenidas durante la represión de las protestas en favor de la democracia del 3 y 4 de junio de 1989. Guardarán también un minuto de silencio por las victimas del terremoto ocurrido el 12 de mayo en la provincia china de Sichuan, y expresarán sus condolencias y su solidaridad a los supervivientes.

"Las autoridades chinas han demostrado que pueden responder a las crisis naturales con gran eficiencia -ha explicado Sam Zarifi-. Les instamos a que hagan lo mismo cuando lo que se ve afectado son los derechos humanos, entre ellos el derecho a expresar pacíficamente opiniones."

"China ha prometido mejoras en la situación de los derechos humanos durante el periodo previo a los Juegos Olímpicos. Dejar en libertad a los activistas de Tiananmen que se encuentran presos, hacer justicia a los familiares de los que murieron y permitir que se conmemore y llore en público a las víctimas será un gran avance en el establecimiento de un legado positivo de los Juegos en materia de derechos humanos."

"El gobierno chino debe brindar apoyo y protección a las familias de las personas muertas en la represión de Tiananmen, en vez de acosarlas, como lleva años haciendo. Es hora de que China asuma esta tragedia e inicie el proceso de rendición de cuentas y curación de las heridas."

Información complementaria
Según la Fundación Dui Hua, que tiene su sede en Estados Unidos, todavía hay entre 60 y 100 personas encarceladas por delitos cometidos durante las protestas de Tiananmen. Se ignora su número exacto, pues las autoridades no lo han hecho público.

Las autoridades chinas excarcelaron a varias personas en 2006, pero todavía las someten a estricta vigilancia policial y les impiden toda actividad que quepa considerar delicada desde el punto de vista político, como hablar con periodistas de sus experiencias.

Las Madres de Tiananmen, grupo de activistas de derechos humanos que perdieron a sus hijos, hijas y otros parientes próximos en la represión, siguen pidiendo a las autoridades chinas que permitan a las familias de las víctimas ejercer su derecho de duelo en público, que pongan fin a la persecución de las víctimas y sus familias, que dejen en libertad a todas las personas aún presas por haber participado en protestas pacíficas y que realicen una investigación completa y pública sobre los sucesos de junio de 1989. Las autoridades del gobierno las han sometido a hostigamiento, discriminación y detención arbitraria.

Casos
Algunas de las personas que continúan encarceladas por su participación en las protestas de Tiananmen de 1989 son:

Miao Deshun, detenido en junio de 1989 y declarado culpable de incendio provocado. La condena suspendida de muerte que le impusieron en un principio se conmutó por cadena perpetua en 1991, y luego se redujo a 20 años de cárcel en 1998. Actualmente se encuentra recluido en la prisión de Yanqing, a las afueras de Pekín, y deberá ser puesto en libertad el 15 de septiembre de 2018.

Liu Zhihua, que formaba parte de un grupo de trabajadores que organizaron una huelga en la fábrica de maquinaria eléctrica de Xiangtan, provincia de Hubei. La cadena perpetua a que fue condenado en un principio por pronunciar "discursos contra el gobierno" e incitar a una multitud a participar en "palizas, destrozos y saqueos" se redujo a 15 años en septiembre de 1993, pero volvió a ampliarse cinco años más en 1997 por la participación de Liu Zhihua en una pelea. Con la condena reducida otros dos años en 2001 por buena conducta, ahora deberá ser puesto en libertad el 16 de enero de 2011.

Wang Jun, trabajador de la provincia de Shaanxi, de 18 años edad en el momento de las protestas. Le impusieron una condena suspendida de muerte por arrojar piedras, romper farolas e incendiar varios vehículos durante "graves disturbios políticos" ocurridos en la fabrica de Xincheng de la ciudad de Xi'an el 22 de abril de 1989. Actualmente se encuentra recluido en la prisión de Fuping, provincia de Shaanxi. Tras habérsele reducido la condena cuatro veces, deberá ser puesto en libertad el 11 de diciembre de 2009.

Amnistía Internacional pide al gobierno chino que otorgue una amnistía a todas las demás personas encarceladas en relación con las protestas de 1989, habida cuenta del largo tiempo que han pasado en prisión, del carácter sumario e injusto de sus juicios y del hecho de que no se han atendido los reiterados llamamientos para que sean juzgadas de nuevo de acuerdo con las normas internacionales.

Se sigue sometiendo a hostigamiento, detención y prisión a periodistas que informan de la represión de las protestas de 1989 y a activistas que apoyan pacíficamente la conmemoración de aquellos hechos. Amnistía Internacional los considera presos de conciencia, que deben ser puestos en libertad de forma inmediata e incondicional. Algunos de ellos son:

Kong Youping, ex sindicalista condenado a 15 años de prisión en septiembre de 2004 por haber publicado artículos y poemas en Internet en los que se pedía una reevaluación oficial del movimiento de 1989 en favor de la democracia. Cumple condena en la prisión de Lingyuan, provincia de Liaoning.

Yang Tongyan (seudónimo: Yang Tianshui), escritor independiente, que cumple una pena de 12 años de cárcel en la prisión municipal de Nanking, provincia de Jiangsu, por el cargo de "subversión", presentado sobre la base de acusaciones como escribir en favor del cambio político y democrático en China. Anteriormente había cumplido 10 años de prisión por criticar la represión del movimiento de 1989 en favor de la democracia y tratar, presuntamente, de formar un partido político de oposición. Según informes, en 2007 lo obligaron a confeccionar balones de fútbol y baloncesto en un entorno aparentemente tóxico durante periodos de entre 8 y 10 horas al día, aunque al final del año lo trasladaron a un trabajo menos arduo en la biblioteca de la prisión.

Shi Tao, que continúa cumpliendo una condena de 10 años por haber enviado un mensaje de correo electrónico en el que resumía un comunicado del Departamento Central de Propaganda sobre cómo debían tratar los periodistas el 15º aniversario de la represión del movimiento de 1989 en favor de la democracia. Al final de junio de 2007 lo trasladaron a la prisión de Deshan, en la ciudad de Changde, provincia de Hunan, donde sus condiciones de reclusión parecen haber mejorado y donde su madre puede ahora visitarlo con regularidad. El Tribunal Popular Supremo ha aceptado, según informes, una solicitud de revisión de su caso, pero no ha dicho nada más.

Para más información sobre las manifestaciones de Amnistía Internacional en todo el mundo o para concertar una entrevista, pónganse en contacto con: Josefina Salomón, +44 207 413 5562, +44 7778 472 116 o jsalomon@amnesty.org

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Si desean más información pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en Londres, llamando al número + 44 20 7413 5566, o escribiendo por correo electrónico a press@amnesty.org
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Nepal amenaza con reprimir las protestas contra los Juegos Olímpicos

Tue, 22 Apr 2008 16:14:30 +0100

Amnistía Internacional ha condenado la amenaza de Nepal de recurrir a la violencia para impedir las protestas contra China cuando la antorcha olímpica llegue al monte Everest.

El Ministerio del Interior nepalí ha asegurado que utilizará a “la fuerza, incluidas armas de fuego [...] para impedir las protestas contra China” cuando el relevo de la antorcha olímpica llegue al monte Everest a principios de mayo. La amenaza sucede a una serie de medidas represivas adoptadas contra manifestantes pacíficos protibetanos que fueron inconstitucionales. Desde el 10 de marzo, se ha detenido arbitrariamente al menos a 2.000 personas.

El gobierno nepalí está ampliando las acciones ilegales de la policía contra tibetanos en Nepal y vulnerando sistemáticamente sus derechos fundamentales a la libertad, el debido proceso judicial y la libertad de circulación, reunión y expresión.

“Los miembros de la comunidad de refugiados tibetanos se han enfrentado en los últimos días a medidas policiales cada vez más punitivas dirigidas a amordazar la libertad de expresión, incluidas amenazas de expulsión arbitraria a China. Las declaraciones que amenazan con el uso de medios letales representan una escalada inaceptable”, ha manifestado Amnistía Internacional.

Las autoridades de Nepal deben garantizar que sus agentes reciben la formación y el material adecuados para emplear medios no violentos de control de multitudes antes de recurrir, si fuera estrictamente necesario, al uso de la fuerza. Las armas de fuego sólo se pueden utilizar como último recurso cuando hay vidas en peligro. El gobierno de Nepal debe cerciorarse de que sus agentes actúan sujetos a una estricta normativa relativa al empleo de tales métodos y un estricto sistema de rendición de cuentas.

Por tanto, Amnistía Internacional pide al gobierno de Nepal que la actuación policial se ajuste al Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y a los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.

Hu Jia, condenado a tres años y medio de cárcel

Fri, 04 Apr 2008 10:37:13 +0100

El activista de derechos humanos chino Hu Jia ha sido condenado a tres años y medio de cárcel por “incitar a la subversión del poder del Estado”.

Tras pasar meses bajo arresto domiciliario, Hu Jia fue detenido el 27 de diciembre de 2007. El 28 de enero de 2008 se presentaron formalmente cargos contra él, y el 18 de marzo fue juzgado en el Tribunal Popular Municipal Intermedio núm. 1 de Pekín.

"Esta sentencia es un castigo contra Hu Jia por criticar públicamente las violaciones de derechos humanos en China, y una advertencia a cualquier otro activista de China que se atreva a plantear públicamente cuestiones de derechos humanos”, ha dicho Amnistía Internacional.

“También convierte en una burla las promesas de las autoridades chinas de mejorar la situación de los derechos humanos en el periodo previo a los Juegos Olímpicos.”

Antes de su detención oficial, Hu Jia había expresado públicamente su preocupación por los abusos contra los derechos humanos cometidos por la policía en Pekín, como la detención de activistas sin ajustarse al debido procedimiento legal. Esto fue lo que ocurrió con el activista en favor de los derechos a la tierra Yang Chunlin y el defensor de los derechos humanos Lu Gengsong, ambos detenidos también por cargos de subversión.

Durante su detención, Hu fue sometido a 47 interrogatorios largos y reiterados. No pudo acceder a su abogado, ver a sus familiares ni recibir tratamiento médico, ni siquiera la medicación que necesita tomar diariamente para la enfermedad hepática que padece a consecuencia de una infección por hepatitis B. Su esposa, Zeng Jinyan, sigue bajo arresto domiciliario junto con su hija de meses.

Amnistía Internacional considera a Hu Jia preso de conciencia y ha exigido su puesta en libertad inmediata e incondicional. La organización insta al Comité Olímpico Internacional y a los dirigentes mundiales que han apostado por las Olimpiadas a que expresen públicamente su preocupación por la difícil situación que atraviesan tanto él como otros muchos activistas pacíficos en China que han sido silenciados en el periodo previo a las Olimpiadas. De no denunciar la situación, se produciría una “conspiración de silencio” que las autoridades percibirían como apoyo tácito de tal represión.

Hu comenzó como activista sobre cuestiones relacionadas con el sida en 2001. Es cofundador del Instituto Aizhixing de Educación sobre Salud de Pekín y de Loving Source, organización de base dedicada a ayudar a niños y niñas procedentes de familias con sida.

Sin embargo, debido a sus actividades y a su franqueza al exponer sus opiniones, Hu Jia ha sido hostigado y golpeado reiteradamente por la policía. Según su esposa, Zeng Jinyan: “Sin contar una vez, en 2002, en que la policía detuvo a Hu mientras entrevistaba a unos habitantes de un pueblo en el que había un gran número de casos de sida, el 3 de abril de 2008 habrá pasado exactamente cuatro años bajo diversas formas de encarcelamiento”.

Hu amplió su campo de acción y comenzó a informar sobre una gama más amplia de violaciones de derechos humanos y a dar entrevistas a los medios de comunicación extranjeros. En noviembre de 2007 participó mediante una webcam en una sesión parlamentaria de la Unión Europea en Bruselas, en la que afirmó que China no había cumplido sus promesas de mejorar la situación de los derechos humanos antes de las Olimpiadas.

En un artículo publicado el 10 de septiembre de 2007 en su blog, Hu Jia afirmaba: "Todo el mundo debe saber que el país que está a punto de ser anfitrión de los Juegos Olímpicos no tiene elecciones democráticas, libertad de culto ni tribunales o sindicatos independientes. Prohíbe las manifestaciones y las huelgas. Es un Estado donde la tortura y la discriminación son prácticas muy extendidas, y que emplea un enorme sistema de policía secreta. Se trata de una nación que viola las normas de derechos humanos y la dignidad humana, y no está dispuesta a cumplir sus obligaciones internacionales”.

En una conferencia de prensa conjunta con el ministro de Asuntos Exteriores británico, David Miliband, celebrada en Pekín el 28 de febrero de 2008, el ministro de Asuntos Exteriores chino, Yang Jiechi, afirmó: “Nadie será detenido por decir que los derechos humanos son más importantes que los Juegos Olímpicos. Eso es imposible”.

Amnistía Internacional cree que esta sentencia invalida la idea de que los ciudadanos chinos son libres de tener opiniones y decir lo que piensan sin sufrir represalias de las autoridades, y es una advertencia para otros activistas de China que podrían atreverse a plantear públicamente motivos de preocupación con respecto a los derechos humanos.

Hu Jia en su domicilio tras haber sido detenido en régimen de incomunicación, Pekín, julio de 2006.

China: Los líderes mundiales y el COI deben pedir la liberación del activista de los derechos humanos Hu Jia

Fri, 04 Apr 2008 09:47:18 +0100

Amnistía Internacional ha condenado hoy, 3 de abril de 2008, la decisión de las autoridades chinas de declarar al defensor de los derechos humanos Hu Jia culpable del cargo de “incitar a la subversión del poder del Estado”, pues se le castiga por ejercer su derecho a la libertad de expresión y denunciar las violaciones de derechos humanos que se cometen en China. La organización considera a Hu Jia preso de conciencia, y se ha opuesto desde el primer momento a su detención y al “arresto domiciliario” de su esposa y su hija de corta edad.

"Debe ponerse a Hu Jia en libertad de inmediato y sin condiciones y anularse la sentencia condenatoria dictada contra él –ha manifestado Amnistía Internacional –Esta sentencia convierte en una farsa la idea de que los ciudadanos chinos son libres de mantener sus opiniones y expresarlas sin sufrir represalias de las autoridades y sirve de advertencia a otros activistas de China que puedan atreverse a exponer públicamente motivos de preocupación en materia de derechos humanos."

La sentencia dictada contra Hu Jia demuestra que las autoridades chinas siguen sin cumplir su promesa de mejorar la situación de los derechos humanos durante los preparativos de los Juegos Olímpicos.

Amnistía Internacional hace un llamamiento a los líderes mundiales y al Comité Olímpico Internacional (COI) para que pidan la liberación incondicional de Hu Jia y de otros activistas de China a los que se ha silenciado y encarcelado por el simple hecho de ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión y asociación en el periodo previo a los Juegos Olímpicos. El silencio de otros gobiernos del mundo podría animar a las autoridades chinas a cometer nuevos actos de represión durante los preparativos de los Juegos.

Información complementaria

Como cofundador del Instituto Aizhixing de Educación sobre Salud de Pekín, Hu Jia comenzó haciendo activismo sobre cuestiones de VIH/sida, pero pronto amplió sus intereses para abarcar diversos problemas de derechos humanos. En septiembre de 2007 publicó un articulo, junto con otro activista, Teng Biao, sobre violaciones de derechos humanos cometidas durante los preparativos de los Juegos Olímpicos. El 28 de enero de 2008, la policía lo acusó formalmente de “incitar a la subversión”, cargo que se utiliza habitualmente en China para silenciar y encarcelar a activistas pacíficos.

Véanse el último informe de Amnistía Internacional sobre este asunto, La cuenta atrás para los Juegos Olímpicos: La represión de activistas amenaza el legado olímpico, y su actualización especial sobre el Tíbet

Nota para periodistas:

Amnistía Internacional ha conseguido los derechos de emision del documental de Hu
Jia,”'Prisoners in Freedom City” (Prisioneros en la Ciudad de la Libertad), que rodó
desde la ventana de su casa cuando se encontraba bajo arresto domiciliario. El
documental muestra la reclusion y el acoso que sufrieron él y su familia, con imágenes
de policías vestidos de civil en la puerta de su casa y comentarios de Hu Jia sobre el
transcurso de la vida cotidiana. Su duración es de 30 minutos y puede difundirse. Tiene
subtítulos en ingles y en chino y está disponible en formato DVCAM (PAL). Si alguna
emisora desea recibirlo, AI puede enviarlo por servicio de mensajería (la película no
se puede descargar). Llamen a David Whitbourn de Producción Audiovisual, Londres,
Reino Unido, al +44 (0)7778 472 107.

¡Permiso denegado! Activista en favor del derecho a la vivienda encarcelado

Tue, 01 Apr 2008 11:54:35 +0100

Ye Guozhu, activista a favor del derecho a una vivienda, cumple una condena de cuatro años de prisión que le fue impuesta por solicitar permiso para celebrar una manifestación en contra de los desalojos forzosos en Pekín.

En diciembre de 2004, Ye Guozhu, que entonces tenía 49 años, fue declarado culpable de “buscar pelea y armar líos” tras oponerse a la expropiación y demolición de propiedades para dejar sitio a nuevos proyectos de construcción para los Juegos Olímpicos que tendrán lugar este año.

El restaurante y la vivienda de Ye Guozhu se encontraban entre las numerosas propiedades expropiadas cuando autoridades del distrito pekinés de Xuanwu se pusieron de acuerdo con algunos promotores inmobiliarios para obligar a un gran número de personas residentes en la ciudad a trasladarse de lugar. No recibió ninguna indemnización.

Según los informes ha sido torturado bajo custodia. Agentes de policía lo colgaron del techo por los brazos y lo golpearon repetidas veces mientras permanecía detenido de forma preventiva, y hacia finales de 2006 fue golpeado con porras eléctricas en la prisión pekinesa de Chaobai.

Lo han trasladado dos veces a la prisión de Qingyuan para someterlo a periodos de “disciplina”, la última en febrero de 2007 por un periodo de 10 meses, al parecer porque había intentado recurrir contra su sentencia.

Las autoridades chinas no han confirmado ni han desmentido estos informes, aunque fuentes oficiales han confirmado que estaba recibido tratamiento por “hipertensión” arterial. También han confirmado que se encontraba recluido en la prisión de Chaobai y que su liberación estaba prevista para el 26 de julio de 2008.

Según los informes recibidos por la organización, las autoridades penitenciarias le facilitan sólo medicación básica contra la hipertensión y no permiten a sus familiares llevarle medicinas. Al parecer, Ye Guozhu permanece encarcelado en régimen de incomunicación durante su reclusión “disciplinaria” en la prisión de Qingyuan.

A finales de septiembre de 2007 la policía de Pekín detuvo a Ye Mingjun y Ye Guoqiang, hijo y hermano de Ye Guozhu respectivamente, por "incitar a la subversión”. Habían protestado contra los desalojos forzosos que, según los informes, se han llevado a cabo para dejar sitio a nuevas construcciones para las Olimpiadas de Pekín.

Ye Mingjun fue puesto en libertad bajo fianza en octubre de 2007, pero le advirtieron de que no hablara con los medios de comunicación ya que ello podría tener un “impacto negativo” sobre su situación y la de su padre. Ye Guoqiang fue liberado bajo fianza en enero de 2008, pero a condición de que no se pusiera en contacto con ninguna persona en el extranjero ni continuase con sus actividades reivindicativas.

El desarrollo de Pekín con motivo de los preparativos para las Olimpiadas ha conllevado el derribo de numerosas viviendas. Según Jiang Yu, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, 6.037 familias se han visto desplazadas como consecuencia de los preparativos de los Juegos Olímpicos desde 2002 hasta junio de 2007.

El Centro por el Derecho a la Vivienda contra los Desalojos, con sede en Ginebra, calcula que más de 1.250.000 personas se han visto desplazadas en Pekín como consecuencia de los proyectos de remodelación urbana, algunos de ellos directamente relacionados con los proyectos de construcción para las Olimpiadas de Pekín, y que esa cifra se elevará probablemente a un millón y medio en agosto de 2008. Según los informes, muchas personas han sido desalojadas sin plenas garantías procedimentales ni el debido proceso y sin indemnizaciones adecuadas.

A los vecinos se les realoja por lo general en viviendas situadas en la periferia que, según los informes, suelen ser de mala calidad. En ocasiones, las empresas inmobiliarias –a menudo propiedad de las mismas autoridades locales que desalojaron a los inquilinos o asociadas con ellas– venden después los terrenos a promotores inmobiliarios con pingües beneficios.

Los desalojos forzosos constituyen una violación de los derechos humanos, incluido el derecho a una vivienda adecuada establecido en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que China ha ratificado. Aunque el gobierno chino ha adoptado algunas medidas para garantizar que no se lleven a cabo desalojos forzosos, la aplicación de estas leyes y normativas sigue siendo muy limitada.

Amnistía Internacional considera a Ye Guozhu preso de conciencia, encarcelado únicamente por sus convicciones pacíficas, y pide su liberación inmediata e incondicional.

Asimismo, la organización pide al gobierno chino que ponga fin a los desalojos forzosos llevados a cabo sin las garantías jurídicas apropiadas, sin el debido proceso, sin garantías de un alojamiento alternativo adecuado proporcionado por el gobierno a las personas que no puedan procurárselo por sí mismas y sin indemnización adecuada para cada propiedad afectada.

China - La cuenta atrás para los Juegos Olímpicos: Se acaba el tiempo para mejorar la situación de los derechos humanos

Wed, 02 Apr 2008 08:24:47 +0100

Con motivo del lanzamiento de su informe República Popular de China. La cuenta atrás para los Juegos Olímpicos: La represión de activistas amenaza el legado olímpico, Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades chinas que pongan fin de inmediato a las medidas represivas contra los defensores y defensoras de los derechos humanos en Pekín y en otras partes de China, así como contra las personas que protestan en Tíbet y regiones circundantes.

"La represión de activistas ha aumentado, no disminuido, a causa de los Juegos", ha dicho Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional.

En Pekín y sus alrededores, las autoridades chinas han silenciado y encarcelado a activistas de derechos humanos pacíficos en la "limpieza" previa a los Juegos Olímpicos. En Tíbet y zonas circundantes, la represión policial y militar de los manifestantes ha dado lugar a graves violaciones de derechos humanos en los últimos días.

"Estas actuaciones hacen dudar de que las autoridades chinas se tomen realmente en serio su compromiso de mejorar los derechos humanos antes de las Olimpiadas", ha dicho Irene Khan.

"Hasta ahora, los Juegos Olímpicos no han actuado como catalizador de reformas. Si no se toman medidas urgentes para corregir la situación, cada vez parece más difícil de lograr que las Olimpiadas de Pekín dejen un legado positivo de derechos humanos", ha añadido Khan.

"A falta de sólo cuatro meses, el COI y los dirigentes mundiales deberían expresar su postura enérgicamente: el hecho de que no expresen preocupación ni exijan cambios en público puede interpretarse como un apoyo tácito a las violaciones de derechos humanos perpetradas por las autoridades chinas en la preparación de los Juegos."

Amnistía Internacional pide a las autoridades chinas que:

permitan acceder de inmediato a Tíbet y zonas circundantes a investigadores de las Naciones Unidas y otros observadores independientes;
pongan fin a la detención arbitraria, la intimidación y el hostigamiento de los activistas;
terminen con la detención administrativa punitiva;
permitan que todos los periodistas informen plena y libremente en toda China;
pongan en libertad a todos los presos de conciencia;
reduzcan el número de delitos castigados con la pena capital como paso hacia la abolición de este castigo.

Puntos destacados del informe

Las autoridades han hecho un uso excesivo y en ocasiones letal de la fuerza para dispersar a los manifestantes en Tíbet y zonas circundantes. Amnistía Internacional reconoce la obligación de las autoridades de proteger a personas y propiedades frente a los actos de violencia, incluidos los ataques contra los chinos han, cuyos motivos son aparentemente étnicos, pero su actuación debe seguir los principios de necesidad y proporcionalidad señalados en las normas internacionales de derechos humanos.

A la luz del panorama, largo tiempo documentado, de tortura y otros malos tratos en Tíbet, Amnistía Internacional teme que sea probable que las personas tibetanas detenidas sufran palizas u otros abusos. Algunas corren peligro de ser condenadas a muerte tras juicios injustos. La organización pide a las autoridades que den a conocer los nombres, el paradero y la situación legal de todos los detenidos, y que pongan en libertad a quienes lo estén únicamente por protestar pacíficamente.

El bloqueo informativo casi total de noticias sobre el Tíbet y zonas circundantes no sólo ha dificultado confirmar los informes, sino que traiciona las promesas oficiales de garantizar una "completa libertad de los medios de comunicación" antes de las Olimpiadas.

El informe de AI entra en detalles sobre casos de procesamiento de activistas de derechos humanos por informar sobre abusos o relacionar sus motivos de preocupación respecto a los derechos humanos con la organización de los Juegos por Pekín. Amnistía Internacional pide que sean puestos inmediatamente en libertad incondicional los activistas pacíficos detenidos únicamente por expresar sus opiniones, como:

El activista en favor de los derechos a la tierra Yang Chunlin, condenado a cinco años de cárcel el 25 de marzo por "incitación a la subversión" tras encabezar una campaña bajo el lema "No queremos Olimpiadas, queremos derechos humanos". Según los informes, Yang Chunlin fue torturado por la policía bajo custodia, pero no le dieron oportunidad de denunciar estas torturas ante el tribunal.
El activista de Pekín Hu Jia, juzgado el 18 de marzo por "incitación a la subversión" en relación con sus actividades de derechos humanos, tras haber pasado ya muchos meses bajo una invasiva "detención domiciliaria". Su esposa, Zeng Jinyan, sigue recluida bajo estrecha vigilancia policial en su domicilio junto con su hija recién nacida.

La "limpieza" previa a los Juegos también ha provocado la detención de miles de personas que presentan peticiones ante las autoridades en Pekín, muchas de las cuales han sido enviadas a sus provincias de origen. Estas prácticas recuerdan el sistema de "custodia y repatriación", un sistema de detención hasta la repatriación para migrantes internos que fue suprimido en 2003 a bombo y platillo y anunciado en China como un importante paso adelante para los derechos humanos. Algunos de estos peticionarios también han sido asignados a "reeducación por el trabajo", otro sistema abusivo de detención sin juicio que ha permanecido estancado en la agenda de reformas de China durante muchos años.

La nueva normativa introducida el año pasado y encaminada a aumentar la libertad para informar de los periodistas extranjeros en China no se ha aplicado en Tíbet, y son varios los periodistas a los que se ha impedido informar sobre cuestiones delicadas en Pekín y en otras zonas de China. Entretanto, los medios de comunicación nacionales continúan sometidos a estrictas restricciones y la censura de Internet se ha endurecido, siendo varios sitios web de Pekín de noticias sobre VIH/sida los últimos en sentir sus embates. Los informes indican que los controles informativos también se están extendiendo al servicio de mensajes cortos de texto (SMS) en Pekín.

En el informe se acogen con satisfacción las afirmaciones oficiales según las cuales el año pasado se redujeron significativamente las condenas a muerte y las ejecuciones como consecuencia de la reintroducción de la revisión de estas condenas por el Tribunal Supremo Popular, pero se pide de nuevo a las autoridades que publiquen estadísticas nacionales completas sobre la pena capital para apoyar estas afirmaciones.

¿Qué legado dejarán las Olimpiadas de Pekín para los derechos humanos?

Tue, 01 Apr 2008 18:14:38 +0100

En abril de 2001, Liu Jingmin, vicepresidente del Comité para la Candidatura de Beijing a las Olimpiadas de 2008, afirmó lo siguiente: “Permitiendo que Pekín sea sede de los Juegos, contribuirán ustedes al desarrollo de los derechos humanos”. Siete años después, el historial de China en materia de derechos humanos muestra pocos signos de mejora, según un informe publicado por Amnistía Internacional.

Se esperaba que los Juegos sirvieran de catalizador para llevar a cabo reformas, pero gran parte de la intensa represión de que están siendo objeto actualmente los activistas y periodistas se está produciendo no a pesar de las Olimpiadas, sino debido a ellas en realidad, según el informe República Popular de China. La cuenta atrás para los Juegos Olímpicos: La represión de activistas amenaza el legado olímpico.

Los cambios positivos, como una reforma del sistema de pena de muerte y mayor libertad de información para los periodistas extranjeros, se han visto ensombrecidos por la paralización de la reforma del sistema de detención sin juicio, la represión de los defensores y defensoras de los derechos humanos y la censura en Internet.

En el informe se pone también de relieve la reciente represión ejercida por las autoridades chinas contra manifestantes en el Tíbet, que ha sido causa de graves violaciones de derechos humanos desde el 10 de marzo de 2008. Las autoridades chinas han recurrido, según informes, a medidas como uso excesivo e innecesario de la fuerza, incluso con medios letales; detenciones arbitrarias, e intimidación.

En respuesta a los disturbios se ha detenido a centenares de personas, que están expuestas a sufrir tortura y otros malos tratos a manos de las fuerzas de seguridad chinas, especialmente las acusadas de actividades “separatistas”.

El bloqueo casi total impuesto a los medios de comunicación en el Tíbet y las zonas circundantes no sólo hace que resulte difícil confirmar los informes que se reciben, sino que constituye también un incumplimiento de la promesa oficial de garantizar “plena libertad a los medios de comunicación” durante los preparativos de las Olimpiadas.

En China también se encuentran recluidos muchos activistas, que han sido llevados a juicio por motivos políticos y a los que Amnistía Internacional considera presos de conciencia. Un creciente número de personas están sometidas a arresto domiciliario. Se imputan delitos muy generales y de definición poco precisa, como “separatismo”, “subversión” y “robo de secretos de Estado” para procesar a personas que desarrollan actividades legítimas y pacíficas en favor de los derechos humanos.

El 25 de marzo, el activista en favor de los derechos a la tierra Yang Chunlin fue condenado a cinco años de prisión, tras ser declarado culpable de “incitar a la subversión” por haber encabezado una campaña de peticiones con el lema “No queremos Olimpiadas, queremos derechos humanos”. Al principio se le negó el acceso a abogados por considerarse que su caso parecía guardar relación con “secretos de Estado”. Según informes, también fue torturado bajo custodia de la policía, pero se le negó la oportunidad de denunciarlo ante el tribunal.

El activista del derecho a la vivienda Ye Guozhu cumple una pena de cuatro años de cárcel por haber solicitado permiso para celebrar una manifestación contra los desalojos forzosos en Pekín. En diciembre de 2004 fue declarado culpable de “buscar pelea y causar disturbios” por su oposición a la confiscación y demolición de edificios para hacer sitio a nuevos proyectos de construcción relacionados con los Juegos Olímpicos de este año.

En mayo de 2006, Pekín amplió el uso de una forma de detención sin juicio denominada “reeducación por el trabajo” para “limpiar” la imagen de la ciudad antes de las Olimpiadas. Este sistema se aplica a quienes cometen delitos menores, pero no están considerados jurídicamente delincuentes. A estas personas, se las obliga a trabajar muchas horas, y pueden estar privadas de libertad hasta cuatro años.

El sistema es muy criticado en China. Su reforma, anunciada hace mucho tiempo, pero ahora detenida, representaría una importante mejora en materia de derechos humanos.

Wang Ling, activista del derecho a la vivienda de Pekín, fue condenada, según informes, a 15 meses de “reeducación por el trabajo” en octubre de 2007 por firmar peticiones y hacer pancartas para protestar por la demolición de su propiedad con objeto de hacer sitio a construcciones olímpicas. Se cree que se encuentra recluida en el centro de “reeducación por el trabajo” de Daxing, en Pekín.

A pesar de la promesa oficial de garantizar “plena libertad a los medios de comunicación”, hecha en julio de 2001, las autoridades continúan valiéndose del cargo de “incitación a la subversión” y otros delitos contra la seguridad del Estado para procesar y encarcelar a escritores y periodistas que ejercen su derecho fundamental a la libertad de expresión.

Hay también una fuerte censura en Internet. Ahora, unas imágenes que representan a agentes de policía advierten a muchos de los 210 millones de usuarios de Internet que hay en China de que no visiten “sitios web ilegales”. Esta policía virtual parece fomentar la autocensura, recordando a los usuarios que las autoridades vigilan atentamente la actividad en la web. Asimismo, se cree que China tiene el sistema de filtro y censura de Internet más amplio, con mejor tecnología y de mayor alcance del mundo.

También se controla el envío de mensajes de texto. En diciembre de 2007, las autoridades municipales de Pekín emitieron un aviso para advertir que quienes utilizaran esta forma de comunicación para “poner en peligro la seguridad pública” o “propagar rumores” serían investigados.

China es líder mundial en lo que al uso de la pena de muerte ser refiere, a pesar de declaraciones oficiales según las cuales el restablecimiento de la revisión de las condenas de muerte por el Tribunal Supremo Popular hizo posible una considerable reducción del número de ejecuciones en 2007. De todos modos, para confirmar este tipo de afirmaciones es esencial publicar estadísticas nacionales completas y otra información detallada sobre la pena de muerte en China. La disminución de las ejecuciones pudo deberse en parte al creciente número de ellas que hay “atrasadas” por estar los condenados a la espera de que el Tribunal Supremo Popular revise sus casos.

En el informe de Amnistía Internacional se insta a las autoridades chinas a que proporcionen de inmediato acceso al Tíbet y las zonas circundantes a investigadores de la ONU y observadores independientes; pongan fin a la detención arbitraria, intimidación y hostigamiento de activistas; dejen de utilizar la detención administrativa con fines punitivos; permitan informar completa y libremente a todos los periodistas en toda China; dejen en libertad a todos los presos de conciencia, y reduzcan el número de delitos por los que pueda imponerse la pena de muerte, con miras a su abolición.