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Corte Penal Internacional. Posibles órdenes de detención contra altos funcionarios sudaneses

Mon, 14 Jul 2008 13:49:31 +0100

1. ¿Qué pasará el lunes 14 de julio?
El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno
Ocampo, presentará a los jueces de la Corte pruebas de crímenes presuntamente cometidos en Darfur los últimos cinco años, y les pedirá que dicten una o más órdenes de detención contra la persona o personas presuntamente responsables de estos crímenes.

En junio de 2008, el fiscal de la CPI dijo ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: "Las pruebas demuestran que la comisión de tales crímenes y a tal escala durante un periodo de cinco años y en todo Darfur ha exigido la movilización sostenida de todo el aparato del Estado sudanés". Basándose en estas palabras, se supone que las órdenes de detención solicitadas afecten a altos funcionarios sudaneses.

2. ¿Qué pasará después?
Los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares número 1 examinarán la solicitud de órdenes de detención del fiscal y tendrán que decidir si hay "motivo razonable para creer" que la persona o personas mencionadas en la solicitud del fiscal han cometido un crimen que está bajo la jurisdicción de la Corte. Si los jueces concluyen que la detención de estas personas parece necesaria para garantizar su comparecencia ante el tribunal o garantizar que no obstruyen o hacen peligrar las investigaciones, o evitar que continúen cometiendo crímenes, pueden dictar órdenes de detención.

En casos anteriores, los jueces se han tomado entre uno y tres meses para decidir si dictar órdenes de detención.

3. ¿Qué pasará si se dictan una o varias órdenes de detención?
El gobierno de Sudán tiene la obligación legal de detener y entregar a la CPI a cualquier persona contra la que se dicte una orden de detención. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas impuso al gobierno sudanés y al resto de las partes en el conflicto de Darfur la obligación legal de "cooperar plenamente con la Corte y el Fiscal y prestarles toda la asistencia necesaria" (Resolución (Resolución 1593, de 31 de marzo de 2005). Recientemente, en su declaración del 16 de junio de 2008, el presidente del Consejo de Seguridad instó al gobierno de Sudán y al resto de las partes en el conflicto de Darfur a cooperar plenamente con la Corte para poner fin a la impunidad de los crímenes perpetrados en Darfur.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas instó asimismo a todos los Estados, a las organizaciones regionales afectadas y a otras organizaciones internacionales a cooperar plenamente con la CPI (resolución 1593, de 31 de marzo de 2005). Además, los Estados que han ratificado el Estatuto de Roma de la CPI tienen la obligación, en virtud de éste, de detener y entregar a las personas cuyos nombres figuran en las órdenes de detención.

4. ¿Por qué la CPI sólo se ocupa del gobierno de Sudán y no de los grupos armados?
En diciembre de 2007, el fiscal de la CPI informó al Consejo de Seguridad de la ONU que su Oficina estaba recopilando información sobre el atentado de Haskanita (de octubre de 2007, en el que murieron 10 integrantes de las fuerzas de mantenimiento de la paz africanas), atribuido a grupos armados.

5. ¿Qué consecuencias tendrán sobre el terreno estas acusaciones?
La petición de que se dicte acta de acusación formal contra altos funcionarios sudaneses podría tener repercusiones en varios frentes. En primer lugar, podría tener consecuencias adversas en el despliegue de la fuerza de mantenimiento de la paz UNAMID, tanto en la actualidad como en el futuro, y en su capacidad de proteger a la población civil de Darfur. En segundo lugar, podría comprometer aún más la entrega de ayuda humanitaria y la capacidad de las organizaciones de ayuda para operar en la región. En tercer lugar, podría causar una nueva imposición de medidas restrictivas contra la libertad de expresión en el país, en concreto contra la prensa y los medios de comunicación sudaneses, a fin de impedir que se informe a la opinión pública de la decisión del fiscal.

6. ¿Acoge Amnistía Internacional con satisfacción esta nueva causa de la CPI?
Amnistía Internacional no se pronuncia sobre las acusaciones del fiscal ni sobre la culpabilidad o inocencia de los acusados.

Amnistía Internacional subraya que ninguna persona, independientemente de su condición, incluidos los jefes de Estado, tiene inmunidad frente a crímenes contra el derecho internacional. En el pasado se ha dictado acta de acusación formal por crímenes contra el derecho internacional contra dos personas que ocupaban la jefatura del Estado.

El presidente yugoslavo Slobodan Milosevic fue el primer jefe del Estado acusado de crímenes contra el derecho internacional, en mayo de 1999. Por entonces, Amnistía Internacional subrayó que la decisión de dictar acta de acusación contra Milosevic no debía tener un efecto adverso sobre las negociaciones de paz con las autoridades de la República Federativa de Yugoslavia.

El acta de acusación formal contra el presidente de Liberia Charles Taylor, dictada por el Tribunal Especial para Sierra Leona, dejó de tener carácter secreto la mañana en que estaba previsto el comienzo de las conversaciones encaminadas a la resolución del conflicto armado interno de Liberia, en junio de 2003.

7. ¿Qué otras medidas tomará Amnistía Internacional?
En el momento en que la Corte dicte las órdenes de detención que ha solicitado el fiscal, Amnistía Internacional hará campaña en favor del cumplimiento de dichas órdenes, independientemente de las personas a las que afecten y de los cargos que se les imputen.

Información complementaria
El 31 de marzo de 2005, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas determinó que la situación de Sudán constituía una amenaza para la paz y la seguridad internacionales. En virtud del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad aprobó la Resolución 1593, remitiendo "la situación en Darfur desde el 1º de julio de 2002" al Fiscal de la Corte Penal Internacional, que inició una investigación sobre dicha situación el 1 de junio de 2005.

Amnistía Internacional ya hace campaña en favor de la ejecución de otras órdenes de detención dictadas por la CPI. La organización pide la detención y la entrega del ministro del gobierno sudanés Ahmad Harun y del dirigente de la milicia yanyawid Ali Kushayb, ambos acusados de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en Darfur, y contra quienes la CPI dictó órdenes de detención en abril de 2007. Amnistía Internacional también hace campaña en favor de la detención y la entrega a la Corte de los dirigentes del Ejército de Resistencia del Señor, acusados de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad perpetrados en el norte de Uganda, y contra quienes la CPI dictó órdenes de detención en julio de 2005.

Documento público
****************************************
Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de
Amnistía Internacional en Londres llamando al número + 44 20 7413 5566, o visiten http://www.amnesty.org/es/features-news-and-updates. Para los documentos y
comunicados de prensa traducidos al español consulten
http://www.amnesty.org/es/research.

La crisis de Darfur llega a la capital de Sudán

Fri, 23 May 2008 14:53:54 +0100

Amnistía Internacional ve con gran preocupación la represión que están ejerciendo las fuerzas de seguridad sudanesas tras la incursión en Jartum de un grupo armado. Las medidas represivas se han caracterizado por violaciones graves de derechos humanos, entre ellas cientos de detenciones arbitrarias, casos de malos tratos y ejecuciones extrajudiciales. Las víctimas de estas violaciones han sido mayoritariamente personas originarias de Darfur.

El sábado 10 de mayo de 2008, el Movimiento Justicia e Igualdad (JEM), grupo armado de oposición con base en Darfur, lanzó un ataque militar en las afueras de Jartum. El ataque marcó el comienzo de una nueva fase del conflicto en Darfur, al ser la primera vez que un grupo armado de oposición llegaba a las afueras de la capital desde el inicio del conflicto en 2003. Según informes, muchos miembros del JEM murieron durante el ataque y decenas fueron arrestados.

Desde entonces, el gobierno ha respondido a este ataque militar con centenares de detenciones arbitrarias y algunos casos de ejecuciones extrajudiciales perpetrados por la policía sudanesa y el Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional contra personas originarias de Darfur, especialmente miembros del grupo étnico zaghawa. Desde que las fuerzas sudanesas rechazaron la ofensiva, se impuso un toque de queda en Omdurman y se establecieron puestos de control en las calles de la capital, lo que permitió el arresto y la detención de personas que viajaban en autobuses y automóviles, mientas que el Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional y la policía efectuaban registros en los domicilios de personas originarias de Darfur y de sus familias.

“Se ha detenido con métodos brutales a civiles, en su mayoría jóvenes, en las calles y en sus casas, y se les ha conducido a lugares de detención que todavía se desconocen. La mayoría de las detenciones en los lugares públicos se han basado sobre todo en el aspecto, la edad, el acento o el color de la piel.” Con estas palabras expresaba a Amnistía Internacional un destacado abogado sudanés sus motivos de preocupación en relación con la naturaleza arbitraria de las detenciones –personas detenidas por su origen étnico y edad–, los malos tratos asociados y la falta de información sobre los lugares de detención. Según declaró a Amnistía Internacional, los hombres jóvenes, incluidos los menores de edad, corrían un peligro mayor porque el gobierno sabe que el JEM se nutre parcialmente de hombres jóvenes. Algunos testigos han informado de que a las personas que corrían riesgo de detención se les pedía que pronunciaran ciertas palabras para determinar si eran originarias de Darfur o no.

Entre las personas detenidas hay hombres, mujeres y familias enteras que provienen de Darfur. Amnistía Internacional también ha recibido informes que indican que la semana pasada se detuvo a profesionales de la abogacía y del periodismo y al menos a un activista de derechos humanos.

El 21 de mayo de 2008, cinco miembros del partido político de oposición Congreso Popular, permanecían detenidos después de que su líder, Hassan Al Turabi, y otros miembros fuesen liberados.

Amnistía Internacional condena la detención arbitraria de cientos de personas e insta al gobierno sudanés a liberar inmediata e incondicionalmente a todas las personas que hayan sido detenidas sólo por su origen étnico o por la expresión pacífica de su opinión. Amnistía Internacional pide al gobierno sudanés que acuse formalmente al resto de los detenidos de un delito común reconocible o los ponga en libertad de inmediato.

Algunos testigos han relatado a Amnistía Internacional los malos tratos infligidos por la policía y el Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional a varias personas en el momento de arrestarlas. Un abogado que fue liberado dos días después de su detención contó cómo los habían sacado de su casa a él y a algunos miembros de su familia y cómo le golpearon con rifles en la cabeza y en las piernas causándole lesiones graves. Otros testigos han hablado de ejecuciones extrajudiciales públicas de las que habrían sido víctimas varios hombres y al menos una mujer en Omdurman. Según varios informes, la mujer murió el 1 de mayo en las calles de Umbada, en Omdurman, cuando miembros del Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional le dispararon después de que se opusiera a la detención de su hermano menor.

Según la información facilitada por su familia, un hombre de 31 años oriundo del estado de Nilo Blanco fue detenido por miembros del Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional el 16 o el 17 de mayo y conducido a un centro de detención de este Servicio. Ya lo habían detenido y liberado el día anterior, después de acusarlo de dar cobijo a miembros del JEM en una de sus casas. El 19 de mayo, cuando un familiar acudió a preguntar por el lugar donde se encontraba detenido, en el Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional le informaron de que la persona en cuestión había fallecido bajo custodia a causa de una insuficiencia renal que le había sobrevenido el día que fue detenido. Según le dijeron al familiar, el detenido fue trasladado a un hospital de ese Servicio, donde falleció, y posteriormente el cadáver fue llevado a una morgue. El 19 de mayo los familiares solicitaron al médico de la morgue que llevara a cabo una autopsia antes de hacerse cargo del cuerpo. Los exámenes revelaron que la muerte se había debido a una grave hemorragia interna producida por varias lesiones graves, así como hematomas en distintas partes del cuerpo.

Amnistía Internacional insta al gobierno de Sudán a que condene e investigue todas las denuncias de malos tratos, tortura y ejecuciones extrajudiciales que se han producido después del ataque del JEM.

Aunque, según los informes, algunas de las personas detenidas pueden encontrarse en la prisión de Kober, en Jartum, sigue sin conocerse el paradero de la mayoría de ellas. En muchos casos, sobre todo de personas que fueron arrestadas en la calle, también se desconoce la autoridad que ordenó su detención. Las familias de las personas detenidas las consideran desaparecidas. Amnistía Internacional teme que muchas pueden haber sido víctimas de desaparición forzada.

El número de detenciones y las circunstancias en que se están produciendo, la incertidumbre acerca del paradero de los detenidos y los malos tratos asociados a las detenciones hacen temer por la suerte de estas personas. Amnistía Internacional siente gran preocupación por las personas recluidas en régimen de incomunicación, posiblemente en centros de detención no reconocidos oficialmente, sin acceso a abogados o familiares, por lo que corren aún más peligro de convertirse en víctimas de tortura y ejecución extrajudicial.

Amnistía Internacional también siente preocupación por la suerte de las personas sin documentos de identidad que viven en la capital. Las detenciones se han generalizado en toda la ciudad y en los transportes públicos, aumentando el peligro que corren las personas que no pueden probar su identidad.

Amnistía Internacional ha recibido informes sin confirmar de fosas comunes tras el ataque lanzado por el JEM el 10 de mayo, al parecer una de ellas en Omdurman Oeste. Amnistía Internacional exige que se identifiquen y se protejan estos posibles lugares para que investigadores independientes con la capacitación necesaria puedan examinarlos.

Amnistía Internacional insta además a las autoridades a derogar el artículo 31 de la Ley de las Fuerzas de Seguridad Nacional, que autoriza la detención durante periodos de hasta nueve meses sin acceso a revisión judicial.

Amnistía Internacional recuerda al gobierno de Sudán el compromiso que contrajo en el pasado de garantizar a los responsables de derechos humanos de la Misión de la ONU en Sudán el acceso a los lugares de detención; también insta al gobierno sudanés a que haga público de inmediato el paradero de todas las personas bajo custodia y a que permita el acceso sin restricciones a los lugares de detención a los responsables de derechos humanos, familiares, abogados y médicos.

Llamamiento para que se detenga a presuntos criminales de guerra sudaneses

Tue, 13 May 2008 17:48:03 +0100

Más de 2,3 millones de personas se han visto desplazadas en el conflicto de Darfur. Se calcula que más de 90.000 han muerto como consecuencia del conflicto y que más de 200.000 han fallecido por causas relacionadas con él. Desde que comenzó han sido violadas miles de mujeres.

El 27 de abril de 2007, la Corte Penal Internacional –un tribunal de ámbito internacional– dictó sendas órdenes de detención contra el ministro del gobierno sudanés Ahmad Harun y contra el dirigente yanyawid Ali Kushayb. Ambos son presuntos responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en Darfur, como asesinatos, violaciones y torturas.

Las autoridades sudanesas se han negado hasta el momento a que los juzgue la Corte Penal Internacional.

Actúa para que se lleve ante la justicia a personas acusadas de las peores violaciones de derechos humanos.

El homicidio de civiles, algo habitual en Somalia

Tue, 06 May 2008 16:44:30 +0100

La grave crisis humanitaria y de derechos humanos que sufre la población en Somalia ha quedado de manifiesto en un innovador informe que Amnistía Internacional acaba de publicar.

El informe contiene testimonios directos de decenas de supervivientes traumatizados del conflicto, y saca a la luz los abusos y violaciones de derechos humanos de que han sido objeto a manos de una compleja mezcla de agentes, a saber, las tropas etíopes y del Gobierno Federal de Transición por un lado, y los grupos armados, por el otro.

“En Somalia, la población sufre homicidios, violaciones y torturas; los saqueos son un fenómeno generalizado, y se destruyen vecindarios enteros”, ha manifestado Michelle Kagari, subdirectora del Programa Regional para África de Amnistía Internacional.

Algunos testigos relataron a Amnistía Internacional que cada vez hay más casos de lo que localmente se conoce como “masacrar” o “matar como a cabras”, es decir, degollamientos, perpetrados por las tropas etíopes. Es frecuente que las víctimas de estos homicidios queden tiradas en la calle, en medio de un charco de sangre, hasta que los combatientes armados, incluidos los francotiradores, se retiran de la zona y sus familiares pueden recoger los cadáveres.

“Los testimonios que recibimos indican convincentemente que todas las partes en el conflicto de Somalia han cometido crímenes de guerra y, posiblemente, crímenes de lesa humanidad –ha señalado Michelle Kagari-. Pero no se hace rendir cuentas a nadie.”

“La situación de los derechos humanos y humanitaria empeora día a día en Somalia. Este informe da voz a los somalíes de a pie, que piden a la comunidad internacional que tome medidas para poner fin a las agresiones de que son objeto, incluidas las cometidas por las fuerzas etíopes y del Gobierno Federal de Transición, que reciben apoyo internacional”.

La seguridad es inexistente en muchas partes de Mogadiscio, y la población entera de la ciudad está marcada por las atroces violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario que ha presenciado o sufrido.

“Dondequiera que vayan, no hay seguridad para los civiles. Los que huyen de la violencia en Mogadiscio son atacados en el camino, y los que tienen la suerte de llegar a un asentamiento o un campo de acogida sufren allí más violencia y terribles condiciones de vida.”

Como gobierno reconocido de Somalia, el Gobierno Federal de Transición es el principal encargado de la protección de los derechos humanos de la población somalí. Sin embargo, el ejército etíope, que está jugando un papel principal al respaldarlo, también tiene que hacerse cargo de ella.

“Los ataques contra civiles que llevan a cabo todas las partes deben acabar de inmediato. Asimismo, la comunidad internacional debe asumir su propia responsabilidad por no ejercer presión constante sobre el Gobierno Federal de Transición y el gobierno etíope para que impidan a sus fuerzas armadas cometer violaciones atroces de derechos humanos.”

Amnistía Internacional ha instado a que se refuerce la capacidad de la Oficina Política de las Naciones Unidas para Somalia y a que se asigne a la AMISOM y a toda misión de la ONU para el mantenimiento de la paz que la suceda el mandado de proteger a los civiles y se le añada un fuerte componente de derechos humanos con capacidad para investigar las violaciones de derechos humanos.

La organización ha pedido también que se refuerce el embargo de armas de la ONU a Somalia.

El secreto hace que aumenten los abusos contra los derechos humanos en Sri Lanka

Fri, 02 May 2008 18:22:04 +0100

Con mucha frecuencia, garantizar el respeto de los derechos humanos en el mundo depende de la información imparcial y rigurosa de los medios de comunicación, pues si no se sacan a la luz para someterlos al escrutinio público, los abusos, ocultos por el secreto y la negación, pueden aumentar.

La importancia de los medios de comunicación en las situaciones de conflicto es indudable, pues sin noticias, imágenes y filmaciones de los combates y la violencia nadie sabe lo suficiente para ejercer presión sobre los participantes a fin de garantizar que se respetan los derechos humanos.

Esta información es especialmente necesaria en Sri Lanka, donde se cree que todas las partes en el conflicto tienen un número muy alto de bajas y hay gran cantidad de civiles atrapados en medio de las hostilidades. Todas las partes son responsables de graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha expresado su preocupación por el incremento del número de víctimas civiles desde que, a principios de año, comenzaran a aumentar los ataques indiscriminados en el norte, el este y el sur del país.

A pesar de su alto coste humano, la guerra de Sri Lanka es un conflicto en el que los periodistas sufren restricciones injustificadas a la hora de informar, y hay muy pocos hechos que se den por establecidos. De hecho, ambos bandos se contradicen mutuamente una y otra vez.

El conflicto de Sri Lanka enfrenta a las fuerzas del gobierno, los Tigres de Liberación de Eelam Tamil y los grupos armados tamiles presuntamente alineados con el gobierno. Como señaló Amnistía Internacional en su informe de febrero Silenciar la disidencia, Sri Lanka es un país donde se silencia a los medios de comunicación con amenazas, restricciones y violencia para que no informen sobre la guerra.

El conflicto del norte y el este del país ha seguido intensificándose desde 16 de enero de 2008, cuando terminó la tregua que se había acordado. La retirada de la Misión de Observación en Sri Lanka, encargada de vigilar el cumplimiento del acuerdo de alto el fuego de 2002, ha dejado un vacío en lo que respecta a contar con información independiente de las violaciones de derechos humanos. Debido a ello, es aún más urgente que se permita a los profesionales del periodismo informar sin restricciones indebidas y documentar los abusos sobre el terreno.

Sin embargo, a menudo se impide el acceso de periodistas a las zonas en conflicto. Los Tigres de Liberación no permiten la información independiente en las zonas bajo su control, mientras que el gobierno oculta el coste de la guerra.

Según el Movimiento de Medios de Comunicación Libres, organización de vigilancia de los medios de comunicación con sede en Colombo, la semana pasada las autoridades del gobierno de Sri Lanka prohibieron la entrada de periodistas en hospitales de la capital donde se estaba atendiendo a soldados del Ejército de Sri Lanka heridos en combate a finales de abril.

Según la Federación Internacional de Periodistas, 25 profesionales de la minoría tamil han huido de la península de Jaffna, donde las fuerzas del gobierno combaten contra rebeldes de los Tigres de Liberación.

Hace ya dos años que Suresh Kumar y Rajiv Kumar, miembros del personal de servicio del periódico de Jaffna Uthayan, fueron abatidos a tiros en la sede del periódico el 2 de mayo de 2006. Esta publicación ha sido objeto de intensos ataques debido a su presunta postura nacionalista tamil. Desde comienzos de mayo de 2006, han sido víctimas de homicidio en Jaffna siete trabajadores de medios de comunicación, entre ellos cuatro de Uthayan.

Unos hombres armados que circulaban en motocicleta atacaron la oficina y, puesto que los periodistas a los que parecía que iban buscando no estaban, mataron a los dos trabajadores. Los homicidas aún no han sido detenidos.

"Publicar nuestro diario en Jaffna es una tarea cada vez más hercúlea y peligrosa –ha manifestado el director de Uthayan-, pues hay hombres armados que amenazan continuamente nuestro trabajo y nuestra vida.”

Hasta la fecha, Amnistía Internacional no ha tenido noticia de ninguna investigación que haya hecho posible la detención y procesamiento de los presuntos responsables de los homicidios de periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación.

Otro caso es el del periodista Jayaprakash Sittampalam Tissainayagam, detenido el 7 de marzo y recluido desde entonces en el centro de detención de la División de Investigaciones de Terrorismo de Colombo. Las autoridades han afirmado que está detenido como sospechoso de vinculación con los Tigres de Liberación, pero no se han presentado cargos contra él.

Amnistía Internacional ha manifestado que su detención es arbitraria. El periodista podría quedarse ciego si no recibe atención médica especializada, pues padece una grave dolencia ocular.

En total, desde comienzos de 2006 han sido víctimas de homicidio ilegítimo en Sri Lanka al menos 10 trabajadores de los medios de comunicación. Otros han sido detenidos arbitrariamente, han sufrido tortura y han desaparecido, al parecer, bajo custodia de las fuerzas de seguridad.

Con motivo de la celebración del Día de la Libertad de Prensa en 2008, Amnistía Internacional ha instado al gobierno de Sri Lanka a que proteja a los trabajadores de los medios de comunicación y garantice su derecho a la vida, la libertad y la seguridad de su persona, conforme a las obligaciones contraídas por el país en virtud del derecho internacional.

La organización ha pedido también al gobierno que respete a los trabajadores de los medios de comunicación y anuncie públicamente que no se tolerarán los homicidios, amenazas y demás ataques y que se investigarán con prontitud y de manera independiente, imparcial y efectiva todos los casos de agresión, desaparición y homicidio de trabajadores de los medios de comunicación, independientemente de la identidad de los responsables y de las víctimas.

La organización pide también a los Tigres de Liberación de Eelam Tamil que ordenen a todos sus miembros poner fin a los homicidios, amenazas y demás ataques contra trabajadores de los medios de comunicación. Todas las partes en el conflicto deben dejar de atacar a periodistas.

Somalia/Etiopía: El homicidio deliberado de civiles es un crimen de guerra

Mon, 28 Apr 2008 12:28:11 +0100

Amnistía Internacional rechaza las declaraciones efectuadas por el gobierno etíope en su informe
sobre el asalto de la mezquita de Al Hidya de Mogadiscio el 19 de abril de 2008. En el ataque,
fuerzas etíopes mataron al menos a 21 personas, entre ellas 11 civiles desarmados que se
encontraban en el interior del recinto, y detuvieron al menos a 40 menores y jóvenes, de entre 9
y 18 años. Las fuerzas etíopes mataron al menos a otras 10 personas en los alrededores de la
mezquita.

Los informes publicados por la organización se basan en varias fuentes independientes
contrastadas, como familiares de las víctimas, testimonios recogidos en el lugar, entre ellos los
de personas que estaban en la mezquita cuando se produjeron los homicidios, y contactos
locales de Amnistía Internacional.

“El homicidio deliberado de civiles es un crimen de guerra”, ha dicho Amnistía Internacional.
“Pedimos al gobierno etíope que se asegure de que se lleva a cabo una investigación
independiente sobre el asalto a la mezquita y sobre el trato que recibieron posteriormente las
personas detenidas por sus fuerzas.”

Según los informes, 7 de las 21 personas que perdieron la vida en la mezquita estaban
degolladas, una forma de ejecución ilegal que practican las tropas etíopes en Somalia. Amnistía
Internacional ha documentado una constante de este tipo de ejecuciones, que a menudo se
producen en batidas de seguridad tras ataques contra las fuerzas etíopes en Somalia.

Los medios de comunicación somalíes informaron hoy, 25 de abril, de que las fuerzas del
Gobierno Federal de Transición de Somalia han tomado bajo custodia en el Departamento de
Investigación Criminal de la policía somalí a 18 de los menores y jóvenes detenidos por las
fuerzas etíopes en la mezquita de Al Hidya. Otros 32 menores y jóvenes han sido puestos en
libertad, según un portavoz del Gobierno Federal de Transición. De acuerdo a las normas
internacionales sobre derechos del niño, la detención debe ser un último recurso y durante el
menor tiempo posible. Amnistía Internacional pide que los 18 menores que siguen detenidos
sean acusados de algún delito común reconocible y puestos a disposición judicial, o de lo
contrario sean puestos en libertad.

Amnistía Internacional pide de nuevo al gobierno de Etiopía que se comprometa a realizar una
investigación independiente sobre los homicidios perpetrados durante el asalto a la mezquita de
Al Hidya y después de éste. Los resultados de esta investigación deberán hacerse públicos y los
soldados etíopes implicados deberán ser puestos a disposición judicial, como disponen las
normas internacionales sobre juicios justos.

Etiopía debe poner en libertad a los menores detenidos en el asalto a una mezquita

Thu, 24 Apr 2008 15:11:14 +0100

Se ha acusado a fuerzas de Etiopía y del gobierno federal de transición de Somalia de haber atacado a civiles en el asalto a una mezquita de Mogadiscio llevado a cabo el sábado 19 de abril. Durante el asalto –que según Amnistía Internacional podría constituir un crimen de guerra– resultaron muertas 21 personas.

De los 21 fallecidos, 11 murieron dentro de la mezquita, entre ellos el imán Sheik Saiid Yahya, Sheik Abdullah Mohamud y varios ulemas tabliq. Al menos otras 10 personas resultaron muertas en los alrededores de la mezquita. Vecinos de la zona trasladaron después sus cadáveres al interior del edificio.

Según los informes, 7 de los 21 murieron degollados, forma de ejecución extrajudicial que practican las fuerzas etíopes en Somalia.

El asalto a la mezquita se produjo durante los combates generalizados habidos en la zona nordeste de Mogadiscio, en los que, según los informes, han muerto varios soldados etíopes. Según testigos presenciales, las 11 personas que perdieron la vida dentro de la mezquita eran civiles desarmados que no participaban activamente en las hostilidades. Un portavoz del gobierno etíope ha negado la implicación de tropas etíopes en estas muertes.

A Amnistía Internacional le preocupa también el hecho de que las tropas etíopes sacaran a unos 41 menores, al parecer con edades comprendidas entre los 9 y los 18 años, de la mezquita de Al Hidya, en donde asistían a clases de religión. Según los informes, los menores se encuentran detenidos en la base militar que el ejército etíope tiene cerca de una fábrica de pasta en Mogadiscio. No fueron detenidos otros menores más pequeños que se encontraban también en la mezquita.

Algunos testigos han manifestado a Amnistía Internacional que las fuerzas etíopes señalaron que pondrán en libertad a los menores “cuando los hayan investigado” y “si no son terroristas”.

Fuerzas de Etiopía y del gobierno federal de transición de Somalia llevan dos días luchando contra grupos armados de oposición. La organización de derechos humanos Elman ha documentado 81 muertos y más de 100 heridos durante los combates. Se desconoce cuántas de estas personas eran civiles.

El asalto a la mezquita estuvo precedido de un número creciente de ataques de grupos armados contrarios al gobierno federal de transición contra localidades del sur y el centro de Somalia. Vecinos de Beledweyne han señalado que miembros de la milicia Al-Shabab mataron a cuatro profesores en un ataque lanzado el 13 de abril. Un dirigente de la milicia declaró que los profesores habían muerto como consecuencia del fuego cruzado.

Los ataques contra civiles constituyen crímenes de guerra. Amnistía Internacional ha pedido la intervención de la comunidad internacional para que se ponga fin a estos crímenes, perpetrados en muchas zonas de Somalia. La organización ha señalado que el gobierno etíope y el gobierno federal de transición de Somalia deben garantizar una investigación independiente de estos homicidios.

“Todos los soldados etíopes a los que se halle responsables deben ser enjuiciados con arreglo a las normas internacionales sobre imparcialidad procesal y sin recurso a la pena de muerte”, ha indicado Amnistía Internacional.

La organización ha pedido también que el Consejo de Seguridad de la ONU intervenga para poner fin a la impunidad en toda Somalia, creando una comisión internacional de investigación u otro mecanismo similar que investigue las violaciones y los abusos contra los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado que se desarrolla en el país.

Somalia/Etiopía: Libertad para los menores detenidos en el asalto contra la mezquita de Al Hidya

Thu, 24 Apr 2008 09:26:17 +0100

Amnistía Internacional ha pedido a las fuerzas armadas etíopes hoy (23 de abril de 2008) que
pongan en libertad a cerca de 41 menores detenidos tras el asalto realizado el 19 de abril de
2008 contra la mezquita de Al Hidya de Mogadishu, en el que perdieron la vida 21 personas.

“La seguridad y el bienestar de los menores, algunos de los cuales tienen sólo nueve años, debe
ser primordial para todas las partes”, declaró Amnistía Internacional.

Algunos testigos han manifestado a Amnistía Internacional que las fuerzas etíopes sólo pondrán
en libertad a los menores de su base militar del norte de Mogadishu “cuando los hayan
investigado” y “si no son terroristas”. Aunque Amnistía Internacional ha recibido informes según
los cuales un pequeño número de ellos salieron en libertad ayer, la mayoría sigue bajo custodia
de las fuerzas etíopes.

Amnistía Internacional condena enérgicamente el homicidio deliberado de civiles durante el
asalto. De los 21 fallecidos, once murieron dentro de la mezquita, entre ellos el imán Sheik Saiid
Yahya, Sheik Abdullah Mohamud y varios eruditos islámicos tabliq. Los testigos presenciales
afirman que las personas que perdieron la vida dentro de la mezquita eran civiles desarmados
que no participaban activamente en las hostilidades. Según los informes, siete de los 21
murieron degollados, forma de ejecución extrajudicial que practican las fuerzas etíopes en
Somalia. Un portavoz del gobierno etíope ha negado la implicación de tropas etíopes en estas
muertes.

“El Consejo de Seguridad de la ONU debe adoptar medidas para poner fin a la impunidad en
toda Somalia con la creación de una comisión internacional de investigación u otro mecanismo
similar, que investigue las violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto
armado”, afirmó Amnistía Internacional.

Por su parte, el gobierno etíope y el gobierno federal de transición de Somalia deben garantizar
una investigación independiente de estos homicidios; todos los soldados etíopes a los que se
halle responsables deben ser enjuiciados con arreglo a las normas internacionales sobre
imparcialidad procesal y sin recurso a la pena de muerte.

Información complementaria

El ataque contra la mezquita de Al Hidya se produjo durante dos días de combates entre las
fuerzas etíopes y del gobierno federal de transición de Somalia contra grupos armados de
oposición, en los que la Organización de Derechos Humanos Elman documentó 81 víctimas
mortales y más de cien heridos. Se desconoce cuántas de estas víctimas eran civiles. El ataque
había ido precedido de un número creciente de ataques de grupos armados contrarios al
gobierno federal de transición contra localidades del sur y el centro de Somalia, entre ellos el
lanzado contra Beledweyne por la milicia Al-Shabab el 13 de abril. Los residentes de la localidad
informaron de que miembros de la milicia habían dado muerte a cuatro profesores. Un dirigente
de Al-Shabab declaró que los profesores murieron en un fuego cruzado.

Centenares secuestrados en África Central

Tue, 22 Apr 2008 14:09:43 +0100

Se ha instado a la ONU y a los gobiernos de África Central a que garanticen la liberación de más de 350 hombres, mujeres y niños y niñas que al parecer han sido secuestrados por el Ejército de Resistencia del Señor en las últimas semanas.

Los secuestros tuvieron lugar en la República Centroafricana, la República Democrática del Congo y Sudán del Sur mientras el Ejército de Resistencia del Señor parecía estar preparándose para firmar un acuerdo de paz con el gobierno de Uganda. El tratado iba a terminar con más de 20 años de una guerra civil caracterizada por crímenes de guerra, incluidos secuestros y numerosos homicidios ilegítimos y mutilaciones de no combatientes.

“Como en Uganda, probablemente estas personas –incluidas decenas de mujeres y menores– serán utilizadas como niños y niñas soldados y esclavos sexuales, a pesar de lo cual ninguno de los gobiernos de la región ha hecho nada para tratar de conseguir su liberación”, ha dicho Amnistía Internacional.

“Los gobiernos de Sudán, República Centroafricana y República Democrática del Congo, con la ayuda de la ONU, deben unir sus fuerzas para conseguir inmediatamente la seguridad y la liberación de las personas secuestradas y poner a los responsables a disposición judicial.”

En el pasado, las mujeres y las niñas secuestradas por el Ejército de Liberación del Señor han sido utilizadas como esclavas sexuales, mientras que los niños y los hombres han sido obligados a combatir y a perpetrar atrocidades, y utilizados como porteadores de los productos de los saqueos. Los secuestros más recientes se produjeron cerca de Obo, localidad del sudeste de la República Centroafricana, en la frontera con la República Democrática del Congo y Sudán.

El Ejército de Resistencia del Señor parece haber desplazado sus operaciones al sur de la República Centroafricana tratando de evitar que se detenga a sus altos mandos y se los traslade a la Corte Penal Internacional en La Haya. Se les busca por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Informaciones recientes indican que los combatientes han cruzado la frontera de la República Democrática del Congo llevando con ellos a los secuestrados.

En 2005, la Corte Penal Internacional acusó a varios dirigentes del Ejército de Resistencia del Señor de haber llevado a cabo secuestros en masa y haber cometido otros crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.

Actualmente hay cinco fuerzas de seguridad operando en la República Centroafricana: el ejército de la República Centroafricana, las fuerzas de la UE (EUFOR), las de la ONU (Misión de la ONU en la República Centroafricana y el Chad, MINURCAT), la Fuerza multinacional en la República Centroafricana (FOMUC), y las fuerzas del gobierno francés.

Amnistía Internacional pide a las fuerzas de la ONU y demás fuerzas que operan en la zona, incluida la Misión de la ONU en Sudán (UNMIS) en Sudán del Sur y la Misión de la ONU en la República Democrática del Congo (MONUC), que ayuden a los gobiernos regionales a conseguir la liberación de las personas secuestradas.

La organización también ha pedido a las fuerzas internacionales de mantenimiento de la paz y gubernamentales desplegadas en la región que cooperen para detener y entregar a cualquier persona contra quien la Corte Penal Internacional haya dictado una orden de detención, entre ellas los dirigentes del Ejército de Resistencia del Señor.

Llamamiento para que se investigue el homicidio de un cámara y otros civiles

Fri, 18 Apr 2008 14:01:51 +0100

Fuerzas israelíes mataron el miércoles 16 de abril a al menos 18 palestinos, entre los que había menores y otros civiles desarmados, en la Franja de Gaza, en donde más de 30 personas resultaron heridas en ataques de aviones israelíes y fuerzas terrestres que utilizaron tanques.

Entre las personas muertas se encontraba Fadel Shana, cámara de la agencia de noticias Reuters que fue alcanzado por un proyectil de un tanque israelí. Había viajado a a la zona en un vehículo claramente señalizado con el texto “TV-Press”. Lo mataron cuando comenzaba a filmar el tanque.

Amnistía Internacional ha pedido al gobierno israelí que ordene de inmediato una investigación independiente y exhaustiva sobre los homicidios de civiles palestinos por parte de fuerzas israelíes en la Franja de Gaza.

“Los ataques lanzados por el ejército israelí tras las muerte en combate de tres de sus soldados, parecieron llevarse cabo con absoluta indiferencia hacia la vida de los civiles”, ha manifestado Amnistía Internacional. “En las fuerzas israelíes parece existir una cultura de impunidad que contribuye a un uso rutinario, imprudente y desproporcionado de la fuerza.”

El informe de la autopsia de Fadel Shana y la investigación que la organización de derechos humanos israelí B’Tselem realizó en el lugar de su muerte mostraron que a Fadel Shana lo había matado un proyectil tipo flechette procedente de una bomba disparada por el tanque.

En 2003, el Tribunal Supremo israelí rechazó una petición que solicitaba la prohibición de su uso en la Franja de Gaza. Amnistía Internacional considera que estas bombas de fragmentación, que albergan en su interior hasta 5.000 dardos de acero de cinco centímetros de longitud conocidos como flechettes, cada uno de ellos potencialmente mortal, nunca deben utilizarse en zonas pobladas.

“A Fadel Shana parecen haberlo matado deliberadamente, a pesar de que era civil y no participaba en los ataques contra las fuerzas israelíes”, ha señalado Amnistía Internacional.

“Condenamos todos los ataques contra civiles, incluido el cometido por la Yihad Islámica que causó la muerte de dos civiles israelíes en la terminal de combustible de Nahal Oz el 9 de abril. El persistente conflicto entre fuerzas israelíes y palestinas está teniendo consecuencias desproporcionadas y totalmente inaceptables sobre la población civil, especialmente la población palestina de la Franja de Gaza.”

Amnistía Internacional ha condenado reiteradamente el lanzamiento de cohetes y demás ataques de los grupos armados palestinos contra civiles israelíes, y ha pedido que se les ponga fin y que sus responsables sean procesados.

Desde comienzos de este año, las fuerzas israelíes han matado a 312 palestinos, la mayor parte de ellos en la Franja de Gaza. Durante ese mismo periodo, grupos armados palestinos han matado a 21 israelíes.