Web pages about "Refugees, Displaced People And Migrants"

Continúa la preocupación por la población civil tras el fin de las hostilidades en Georgia

Fri, 22 Aug 2008 15:06:52 +0100

Tras el acuerdo de alto el fuego firmado el 16 de agosto por Georgia y Rusia, Amnistía Internacional ha pedido a todas las partes en el conflicto que protejan a la población civil desplazada, a los refugiados que huyeron durante las hostilidades y a las personas que se quedaron en las zonas donde se produjeron enfrentamientos.

La organización les ha pedido también que garanticen la llegada de asistencia humanitaria a todas las víctimas del conflicto, tanto en Rusia como en Georgia, y procuren que a todas las personas que huyeron como consecuencia de las hostilidades se les garantice un retorno seguro y duradero a sus hogares.

Las personas que huyeron a otras zonas de Georgia y a la región rusa de Osetia del Norte siguen precisando ayuda humanitaria. También continúan necesitándola las que se quedaron en Osetia del Sur y en otras zonas del oeste de Georgia en las que se registraron combates. Asimismo, todas estas personas siguen corriendo peligro de sufrir ataques por motivos étnicos.

El 19 de agosto, según cálculos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el número de personas desplazadas como consecuencia de las hostilidades ascendía a más de 158.700. Alrededor de 98.000 eran personas desplazadas dentro de Georgia. Esta cifra incluía la mayor parte de la población de la ciudad de Gori y de las localidades vecinas del oeste del país.

Las personas desplazadas dentro de Georgia se alojan en edificios municipales, como escuelas, y en campos situados en la capital, Tiflis, y en sus alrededores. Las condiciones en estos centros varían mucho entre sí. El 20 de agosto, una delegación de Amnistía Internacional visitó un antiguo edificio del Ministerio de Defensa en el que se alojan actualmente 1.600 personas desplazadas procedentes de Osetia del Sur. El edificio carecía de agua corriente, electricidad y sistema de tratamiento de aguas residuales.

Organizaciones de ayuda humanitaria han señalado que es difícil acceder a la población civil que se ha quedado en las zonas donde se produjeron las hostilidades. El primer convoy humanitario de la ONU no pudo llegar a Gori hasta el 17 de agosto.

En Osetia del Norte, funcionarios rusos han indicado que las 30.000 personas que huyeron aproximadamente de Osetia del Sur siguen en la Federación Rusa, la mayoría de ellas en Osetia del Norte. Equipos de ayuda rusos han señalado que se necesitaba asistencia humanitaria en Tskhinvali, la capital de Osetia del Sur, debido a la destrucción de las infraestructuras y del hospital local. Sin embargo, hasta el 20 de agosto las autoridades rusas no permitieron al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) el acceso a la región. Su presidente, Jakob Kellenberger, declaró: “[hay] indicios de que todavía quedan por cubrir necesidades importantes en la región”.

Deben investigarse los ataques aparentemente indiscriminados contra la población civil
A Amnistía Internacional le preocupa que algunos de los bombardeos realizados durante el conflicto en Osetia del Sur y en otras zonas de Georgia pudieran equivaler a ataques directos o indiscriminados contra la población civil, es decir, a acciones tipificadas como crímenes de guerra. No se sabe todavía con exactitud el número de civiles muertos durante el conflicto. El 20 de agosto, las autoridades rusas informaron de que habían muerto 133 civiles sudosetos, y al día siguiente las autoridades georgianas indicaron que las víctimas civiles de nacionalidad georgiana ascendían a 69.

Amnistía Internacional pide a todas las partes en el conflicto que emprendan de inmediato investigaciones exhaustivas, imparciales e independientes sobre las denuncias de violaciones del derecho internacional humanitario y de las normas internacionales de derechos humanos y lleven a los responsables ante la justicia.

Posibles ataques por motivos étnicos
Ciudadanos civiles de Georgia y la Federación Rusa siguen corriendo peligro de sufrir ataques por motivos étnicos. Grupos armados irregulares –constituidos, según los informes, en Osetia del Sur y en sus alrededores– han perpetrado abusos contra los derechos humanos.

En Osetia del Sur se han incendiado y saqueado casas de localidades étnicamente georgianas, y se han recibido informes sobre la muerte de civiles. En la región de Gori, en el oeste de Georgia, también se han saqueado y quemado viviendas.

Amnistía Internacional ha pedido a todas las partes implicadas en el conflicto que proporcionen protección a los civiles que pudieran ser objeto de represalias interétnicas.

La organización les ha pedido también que emprendan con prontitud investigaciones exhaustivas, imparciales e independientes sobre todas las denuncias de abusos perpetrados por motivos étnicos y que pongan a los responsables a disposición judicial.

Información complementaria
El 12 de agosto, Georgia y Rusia aceptaron de forma provisional un alto el fuego propuesto por Francia, en espera de seguir negociando. El alto el fuego se produjo tras cinco días de hostilidades militares en las disputadas regiones de Osetia del Sur y Abjasia y en otras zonas de Georgia.

El acuerdo de alto el fuego lo firmaron los presidentes de Georgia y Rusia el 15 y el 16 de agosto, respectivamente. Sin embargo, hasta el 20 de agosto Rusia no empezó a retirar sus tropas de Georgia, afirmando que las replegaría todas a posiciones fijadas en el acuerdo.

El 19 de agosto tuvo lugar el primer intercambio de prisioneros, pero sigue sin saberse con exactitud el número de prisioneros en poder de cada bando.

Decenas de miles de personas corren peligro en Sri Lanka al intensificarse los enfrentamientos

Tue, 19 Aug 2008 12:40:15 +0100

Las fuerzas armadas srilankesas y el grupo de oposición Tigres de Liberación de Eelam Tamil están poniendo en peligro a decenas de miles de civiles desplazados mientras continúan los enfrentamientos en la zona de Wanni, en el norte del país.

Se agrava el conflicto y resulta preocupante la escasa información fiable que llega desde la zona, ya que los periodistas sufren fuertes restricciones a la hora de informar. Cada bando contradice continuamente la información del contrario. Por ello, urge la presencia sobre el terreno de observadores internacionales independientes que evalúen la situación.

No hay lugar seguro para los miles de familias que tratan de huir de los bombardeos aéreos y terrestres lanzados por las fuerzas srilankesas en su avance hacia la localidad de Kilinochchi. Desde mayo, los bombardeos aéreos y de artillería terrestre del gobierno han obligado a más de 70.000 personas a huir de sus hogares, sobre todo en los distritos de Kilinochchi y Mullaitvu.

Los Tigres de Liberación han impedido a millares de familias huir de las zonas de Wanni que controlan hacia lugares más seguros mediante la imposición de un estricto sistema de tránsito. A algunas personas se las ha forzado a quedarse atrás como garantes del regreso de otros miembros de la familia.

"Estas personas se están quedando sin lugares adonde ir y sin artículos de primera necesidad", afirmó Yolanda Foster, investigadora de Amnistía Internacional sobre Sri Lanka. "Los Tigres de Liberación las obligan a permanecer en lugares peligrosos y el gobierno no está haciendo lo suficiente para garantizar que reciben asistencia básica."

Amnistía Internacional ha tenido noticia de que el gobierno mantiene a las personas que han podido abandonar zonas controladas por los Tigres de Liberación en refugios temporales que a menudo funcionan en la práctica como centros de detención.

Testigos del campo de Kalimoddai, en el distrito de Mannar, han contado a la organización que más de 200 familias allí recluidas no pueden salir del campo bajo ningún concepto (excepto para ir a la escuela) sin obtener previamente una autorización de las fuerzas de seguridad gubernamentales.

Pese a que se han hecho llamamientos para que se permita a las personas desplazadas llegar por corredores humanitarios a lugares más seguros donde puedan recibir asistencia y atención básicas, en la práctica se las está utilizando como escudo entre los dos bandos enfrentados.

Medios de comunicación srilankeses han informado de que el teniente general Sarath Fonseka, jefe del Estado Mayor, ha ordenado a sus tropas destacadas en Wanni que bloqueen todas las salidas de la zona con el fin de evitar que los Tigres de Liberación se infiltren en territorio controlado por el gobierno. Sin embargo, si se sella la línea divisoria, también se impedirá a la población civil huir de las zonas de conflicto.

"Los dos bandos de este largo conflicto han vuelto a demostrar que pondrán en peligro la vida de miles de personas de a pie con tal de lograr sus objetivos militares", afirmó Yolanda Foster. "Al no haber observadores internacionales independientes, la población civil de Sri Lanka carece de protección y permanece a merced de dos fuerzas con un dilatado historial de abusos."

Este fin de semana, el gobierno ha garantizado que abrirá tres corredores seguros y que, por el momento, está facilitando el paso de la ayuda humanitaria a través del control de carretera de Omanthai (el punto situado entre el territorio controlado por el gobierno y la zona en poder de los Tigres de Liberación). Esta ayuda se necesita con muchísima urgencia, pero las organizaciones humanitarias que trabajan en la zona han manifestado con honda preocupación que, de alargarse el conflicto, la población civil desplazada sufrirá más penurias.

Amnistía Internacional estima que alrededor de un tercio de las familias desplazadas se han visto obligadas a vivir a la intemperie. Muchas no han recibido alimentos, combustible ni lonas para construir cobijos temporales debido a la imposibilidad de llegar a las zonas controladas por los Tigres de Liberación y a las restricciones en la circulación de bienes a través de Omanthai. Según los informes, la falta de medidas adecuadas para garantizar la intimidad de las mujeres y las niñas ha conllevado un aumento de la violencia sexual y de género.

Los desplazamientos de la población civil aumentaron espectacularmente en julio, pues 14.000 familias más se quedaron sin hogar. A fecha de 7 de agosto, las cifras que maneja el gobierno indican que el número total de personas desplazadas oscila entre las 150.000 y las 160.000.

Sri Lanka: Los Tigres de Liberación y el gobierno ponen en peligro la vida de decenas de miles de personas recientemente desplaz

Mon, 18 Aug 2008 10:22:36 +0100

Miles de familias que huyeron de los recientes combates entre las fuerzas srilankesas y los Tigres de Liberación de Eelam Tamil deben poder desplazarse a zonas más seguras y recibir la ayuda humanitaria necesaria, ha dicho hoy Amnistía Internacional.

“Estas personas se están quedando sin sitio adonde ir y sin forma de cubrir sus necesidades básicas”, ha dicho Yolanda Foster, investigadora para Sri Lanka de Amnistía Internacional. “Los Tigres de Liberación las mantienen en peligro y el gobierno no está haciendo lo suficiente para garantizar que reciben ayuda esencial.”

Desde mayo, los bombardeos aéreos y artilleros del gobierno han obligado a más de 70.000 personas a huir de sus hogares, sobre todo en los distritos de Kilinochchi y Mulaitivu.

Amnistía Internacional ha determinado que aproximadamente un tercio de estas familias viven a la intemperie y sin techo. Muchas no pueden recibir comida, lonas impermeables para construir refugios temporales ni combustible debido a la falta de acceso a las zonas controladas por los Tigres de Liberación y a las restricciones sobre las mercancías que llegan a través de Omanthai, el punto de cruce entre el territorio controlado por el gobierno y el que controlan los Tigres de Liberación. Algunas familias se han visto obligadas a desplazarse varias veces.

En la zona de Wanni controlada por los Tigres de Liberación, éstos han impedido a miles de familias desplazarse a lugares más seguros imponiéndoles un estricto sistema de pases y, en algunos casos, obligando a algunos de sus miembros a quedarse para asegurarse de que el resto regresa. Estas medidas parecen concebidas en parte para utilizar a la población civil como colchón de amortiguación contra las fuerzas del gobierno, lo cual supone una grave violación del derecho internacional humanitario. Los Tigres de Liberación también han llevado a cabo reclutamientos forzados.

La falta de cemento para construir letrinas e instalaciones de aseo adecuadas han obligado al uso de baños al aire libre. La falta de intimidad para las mujeres y las niñas ha provocado un notable aumento de los informes de agresiones sexuales y violencia de género.

Amnistía Internacional también ha recibido informes según los cuales el gobierno está albergando a quienes han podido salir de las zonas controladas por los Tigres de Liberación en refugios provisionales que a menudo funcionan como centros de detención de hecho. Testigos del campo Kalimoddai, en el distrito de Mannar, han dicho a Amnistía Internacional que hay más de 200 familias recluidas allí que no pueden salir –salvo para ir a la escuela– sin conseguir un pase de las fuerzas de seguridad del gobierno.

“Ambos bandos de este largo conflicto han mostrado de nuevo que pondrán en peligro las vidas de miles de personas para conseguir objetivos militares”, ha dicho Yolanda Foster. “Al no haber observadores internacionales independientes, la población civil de Sri Lanka carece de protección y continúa a merced de dos fuerzas con un largo historial de abusos.”

Información complementaria
El ejército de Sri Lanka ha lanzado una gran ofensiva para recuperar zonas del norte y el este anteriormente en manos de los Tigres de Liberación. Las familias han sufrido múltiples desplazamientos. Según el ACNUR, a 30 de junio había unas 467.000 personas desplazadas por el conflicto en el norte y el este de Sri Lanka. Esta cifra incluye unas 194.900 personas que se calcula que tuvieron que desplazarse tras el recrudecimiento de los combates en abril de 2006.

No debemos retroceder en Myanmar

Fri, 08 Aug 2008 13:08:22 +0100

Por Benjamin Zawacki, investigador de Amnistía Internacional sobre Myanmar

"Debemos seguir adelante, avanzando, en Myanmar. No podemos retroceder”. Estas palabras me las dijo una persona participante en el alzamiento del "8888" de Myanmar que se vio obligada a huir del país. Sin embargo, veinte años después del breve florecimiento del poder popular en Myanmar, apenas ha mejorado nada para los millones de personas que continúan sufriendo, sometidas a un gobierno represivo.

Para que el futuro sea mejor, el Consejo de Seguridad de la ONU y los vecinos asiáticos de Myanmar deben dejar de pasar por alto las violaciones de derechos humanos que se cometen en el país y comenzar a tomar medidas audaces y efectivas para ponerles fin.

El 8 de agosto de 1988, los estudiantes se echaron a la calle en Yangón (entonces todavía Rangún) para exigir democracia y derechos humanos al gobierno. Durante las seis semanas siguientes, las manifestaciones, cada vez más multitudinarias y con más apoyo popular, se extendieron por todo el país, hasta que intervinieron las fuerzas de seguridad y reprimieron violentamente el alzamiento: mataron a más de 3.000 personas y causaron la desaparición forzada de muchas otras, cuyo número exacto se desconoce.

La masacre conmocionó al mundo hasta el punto de que, dentro y fuera del país, muchas personas creyeron que con ella se ponía el punto final en Myanmar y que la comunidad internacional no iba a tolerar ya que se cometieran violaciones de derechos humanos en una escala tan atroz. Pero, por desgracia para la población de Myanmar, esas personas estaban equivocadas.

Durante casi 13 de los últimos 19 años, Daw Aung San Suu Kyi, líder del principal partido de oposición, galardonada con el Nobel de la Paz e icono del movimiento de derechos humanos birmano, ha estado sometida a alguna forma de detención. U Win Tin, de 78 años, alto cargo de su partido, lleva encarcelado los 19 años enteros. Desde 1988 se ha detenido a millares de presos políticos más; y 137 han muerto bajo custodia, en algunos casos por tortura o falta de atención médica.

En estos momentos hay más de 2.000 personas encarceladas, más de un tercio de las cuales fueron detenidas por el gobierno durante la represión violenta de las manifestaciones dirigidas por monjes en otoño del año pasado: la tercera gran serie de manifestaciones que ha organizado la población birmana desde el alzamiento del “8888” parareivindicar sus derechos, pese a encontrar implacable e intimidante resistencia. Sólo días después de la represión, monjes y disidentes llegados a la frontera entre Tailandia y Myanmar me contaron terribles relatos de la reciente violencia y de su huida a duras penas del país.

Fuera de las ciudades –y sin llamar la atención internacional– durante los últimos 20 años el ejército de Myanmar ha seguido también haciendo la guerra a las minorías étnicas del país, entre ellas los karen. Las campañas contra el Ejército de Liberación Nacional Karen son incesantes desde principios de la década de 1990. Hace tres años, el ejército comenzó otra gran ofensiva contra esta etnia, que continúa todavía, aunque esta vez evita activamente a dicho grupo y ataca, en su lugar, a campesinos indefensos.

El ejército está perpetrando de manera generalizada y sistemática diversas violaciones graves de los derechos humanos contra los karen, como ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, trabajo forzado, destrucción y confiscación de cultivos, restricción de la libertad de circulación, levas arbitrarias, imposición de multas y colocación de minas terrestres antipersonal.

Otro efecto de la represión del alzamiento del “8888” y de la persecución étnica es que en los dos últimos decenios centenares de miles de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares para buscar refugio en otras partes de Myanmar o en países vecinos. Al menos medio millón de personas, de una nación de alrededor de 51 millones de habitantes, están desplazadas internamente en Myanmar. Como yo mismo he comprobado, la mayoría viven en condiciones lamentables y con miedo constante, preguntándose si el mundo sabe siquiera que existen.

Algo menos de la mitad de ese número de personas están reconocidas como refugiados en los países vecinos, pero un número varias veces superior no están reconocidas oficialmente y tienen, por tanto, menos derechos todavía. Mientras otra generación entera de niños y niñas nacía en el exilio, muchos refugiados se han convertido en activistas de los derechos humanos –los miembros de la “generación del 88” de Myanmar– y figuran entre los más comprometidos y valientes del mundo.

Hace tres meses, el gobierno dejó abandonada intencionadamente a la población cuando el ciclón Nargis arrasó Myanmar. Trabajadores de agencias de ayuda humanitaria, diplomáticos, periodistas y supervivientes birmanos me dijeron una y otra vez con horror e incredulidad que el gobierno había violado los derechos humanos de sus propios ciudadanos, entre ellos el derecho a alimentos, abrigo y salud, y a la vida misma en escala masiva.

El gobierno se negó a desplegar su muy necesitado ejército de 400.000 soldados en las zonas afectadas y rechazó la ayuda internacional. En cambio, las autoridades consideraron adecuado obligar a una población traumatizada, desconsolada y hambrienta a “votar” en favor de una nueva Constitución que no protege los derechos humanos y que codifica la impunidad de los funcionarios que los violan.

El éxodo de refugiados de Myanmar y la respuesta del gobierno al ciclón han generado el tipo de sufrimiento humano para el cual se concibió el sistema de la ONU. Ésta ha enviado numerosas misiones oficiales y no oficiales a Myanmar desde 1988 —dos de ellas este mismo mes— y tiene una gran presencia humanitaria allí ahora, pero con muy poco o ningún impacto en los derechos humanos.

No obstante, el único órgano de la ONU con auténtico poder, el Consejo de Seguridad, no ha podido tomar medidas efectivas o no ha estado dispuesto a hacerlo. Ni ha visitado Myanmar para conseguir información de primera mano sobre la situación sobre el terreno ni ha impuesto un embargo exhaustivo y obligatorio de armas al país. La única resolución en que se condenaba el historial de Myanmar en materia de derechos humanos fue vetada en enero de 2007 por China y Rusia, dos de los miembros permanentes, mientras que Indonesa, que era miembro no permanente en ese momento, se abstuvo.

Desde entonces, el Consejo de Seguridad ha emitido sólo dos declaraciones de la Presidencia sobre Myanmar, una en octubre de 2007, en la que se lamentaba terriblemente la represión de ese otoño, y otra en mayo de 2008, en la que se subrayaba la necesidad de que Myanmar garantizara la participación y la credibilidad en el referéndum constitucional que iba a celebrarse ese mes. China, Indonesia y Vietnam, entre otros Estados, se opusieron al uso de un lenguaje más contundente.

Aunque hay que expresar satisfacción por las declaraciones de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) críticas con la represión de otoño del año pasado y con el hecho de que Daw Aung San Suu Kyi continúe detenida, esta organización y sus países miembros han sido inexcusablemente indulgentes con el historial de Myanmar en materia de derechos humanos durante los últimos veinte años. India, que es un poderoso Estado vecino y una de las mayores democracias del mundo, también se ha mostrado alarmantemente comprensiva.

Como ocurrió con el alzamiento del “8888”, muchas personas esperan que la respuesta del gobierno al ciclón Nargis marque el final de tan enormes violaciones de derechos humanos en Myanmar. Sin embargo, que en esta ocasión sea así depende no sólo de la población birmana, cuya “Generación del 88" continúa abriendo con gran valor el camino, sino también de la voluntad política del Consejo de Seguridad de la ONU y de los vecinos asiáticos de Myanmar. Veinte años son mucho tiempo, pero no es demasiado tarde.

Este artículo se publicó originalmente en el Bangkok Post de Tailandia el 8 de agosto de 2008.

Sudáfrica: Las personas desplazadas no deben ser trasladadas forzosamente de los campos temporales

Thu, 24 Jul 2008 12:16:49 +0100

Amnistía Internacional ha condenado hoy (23 de julio de 2008) el traslado forzoso por la policía de más de 700 personas, entre las que había refugiados y solicitantes de asilo, del campo para desplazados de Glenanda ("Rifle Range Road"), situado en las proximidades de Johannesburgo, hasta el Centro de Repatriación de Lindela.

Los traslados, que se efectuaron ayer, 22 de julio, ponen a los afectados en riesgo inminente de ser expulsados de Sudáfrica.

Estos hechos se han producido después de que, el 17 de julio, la policía hiciera uso excesivo de la fuerza contra los residentes de Glenanda e hiriera a 23 personas que recibieron disparos de balas de caucho a corta distancia. Amnistía Internacional ha pedido una investigación completa sobre este incidente.

Los traslados del martes ocurrieron después de que los funcionarios comenzaran a poner en práctica un sistema de inscripción y permisos temporales de residencia para las miles de personas que siguen desplazadas por la oleada de violencia contra los extranjeros que estalló en mayo en Gauteng, Cabo Occidental, Durban y otros lugares del país. Al parecer, las personas trasladadas del campo de Glenanda no estaban inscritas, por lo que carecían de los nuevos documentos de identidad.

"El nuevo proceso de inscripción ha provocado confusión, ha aumentado la tensión y ha hecho que algunas personas de los campos de desplazados se muestren reticentes a inscribirse. No se ha facilitado información fidedigna y clara sobre el proceso y sus repercusiones", ha declarado Amnistía Internacional.

"Hemos comunicado al gobierno nuestra preocupación por el modo en que se ha introducido este nuevo sistema, incluida la falta de claridad sobre el efecto del nuevo permiso en la condición jurídica existente de las personas afectadas. Esto es especialmente crucial para quienes ya tienen derechos legales como refugiados o de residencia."

La organización ha condenado también la forma en que los funcionarios habían negado el acceso a alimentos adecuados a quienes no se sometieron al proceso de inscripción en el campo para desplazados de Glenanda ("Rifle Range Road"), lo que constituye una violación de las obligaciones contraídas por Sudáfrica en virtud del derecho internacional.

Amnistía Internacional ha pedido al gobierno de Sudáfrica que cumpla sus obligaciones en materia de derechos humanos y no devuelva a solicitantes de asilo ni a otras personas que necesitan protección internacional a los países de los que han huido.

A principios de julio los delegados de Amnistía Internacional visitaron algunos de los campos para desplazados internos, en los que tuvieron conocimiento de casos de personas que habían intentado regresar a sus casas y habían sido objeto de amenazas o agresiones físicas por parte de la policía.

"Pedimos al gobierno que no clausure de forma precipitada estos campos. Existe una presión creciente sobre los residentes de estos campos para que se reintegren en las comunidades locales sin que se haya implantado un plan para una reintegración sin riesgos y sostenible”, ha afirmado Amnistía Internacional.

“Muchas de estas personas siguen sufriendo traumas por los ataques violentos y la destrucción de propiedades de mayo. El gobierno debe explicarles de forma más exhaustiva las implicaciones del proceso de inscripción y garantizar que no se violan sus derechos humanos.”

Información complementaria
El 23 de mayo de 2008, Amnistía Internacional pidió al gobierno sudafricano que adoptase todas las medidas necesarias para proteger los derechos humanos de las personas que seguían corriendo el riesgo de sufrir ataques violentos y el desplazamiento de sus hogares debido a su origen étnico percibido o a su condición de “extranjeros” o solicitantes de asilo.

Véase AFR 53/007/2008, en http://www.amnesty.org/es/library/info/AFR53/007/2008/es

FIN/

Documento público
****************************************
Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en Londres por teléfono, en el +44 20 7413 5566, o por correo electrónico: press@amnesty.org
Amnistía Internacional, Secretariado Internacional, 1 Easton St., London WC1X 0DW (Reino Unido)
www.amnesty.org
__________________

La directiva sobre el retorno de la UE incide sobre la dignidad y la seguridad de las personas migrantes irregulares

Fri, 04 Jul 2008 12:52:56 +0100

Consideramos que el texto aprobado el miércoles 18 de junio por el Parlamento Europeo no garantiza el retorno, en condiciones de seguridad y dignidad, de las personas migrantes irregulares. Por el contrario, con un periodo excesivo de internamiento –de hasta un año y medio– y la prohibición de que las personas expulsadas regresen a la UE, se corre el riesgo de reducir las normas existentes en los Estados miembros, y se sienta un ejemplo extremadamente malo para las demás regiones del mundo.

Al mismo tiempo, el texto carece de garantías suficientes para los menores no acompañados, y contiene disposiciones débiles respecto a la supervisión judicial de la detención administrativa. Por último, permite adoptar medidas excepcionales respecto a las condiciones de internamiento en los Estados miembros que tengan que hacer frente a lo que se denomina “situaciones de emergencia”.

Resulta difícil apreciar qué valor añadido tiene esta directiva de la UE. Al mismo tiempo, entraña el peligro de promover prácticas de detención prolongada en los Estados miembros de la UE y de afectar negativamente al acceso al territorio.

Amnistía Internacional insta a los Estados miembros que actualmente aplican normas más elevadas a que no utilicen esta directiva como pretexto para reducirlas.

Arrestos ilegales de migrantes en Mauritania

Wed, 02 Jul 2008 11:18:39 +0100

Según las conclusiones de un nuevo informe publicado por Amnistía Internacional, en Mauritania se está arrestando, sometiendo a malos tratos y expulsando colectivamente y sin darles la oportunidad de impugnar la decisión a migrantes irregulares que intentan llegar a Europa.

El informe Mauritania: “Nadie quiere tener nada que ver con nosotros”. Arrestos y expulsiones colectivas de migrantes a quienes se ha negado la entrada en Europa, publicado el martes 1 de julio, también denuncia que en ocasiones ni siquiera se devuelve a los migrantes a sus propios países de origen.

Desde 2006 se ha arrestado a millares de migrantes sospechosos de intentar partir de Mauritania hacia las Islas Canarias (España) con intención de entrar en Europa.

Muchos de ellos han sido recluidos en un centro de detención de Nuadibú, en el norte de Mauritania. Algunos han sufrido malos tratos a manos de miembros de las fuerzas de seguridad mauritanas.

Personas procedentes de países de África Occidental afirman haber sido arrestadas arbitrariamente en la calle o en su casa, acusadas, al parecer sin ninguna prueba, de tener la intención de viajar a España.

Según el Servicio de Seguridad Nacional, en 2007 fueron recluidas en el centro 3.257 personas, a las que se envió luego a Senegal y a Malí, sin tener en cuenta su nacionalidad ni su país de origen. Se las deja en la frontera, a menudo sin apenas alimentos ni medio de transporte.

“Esta política de arrestos y expulsiones colectivas aplicada por las autoridades mauritanas es el resultado de la intensa presión que la Unión Europea (UE), en particular España, ejerce sobre Mauritania en su intento de hacer participar a diversos países africanos en sus esfuerzos por combatir la migración irregular a Europa”, ha manifestado Salvatore Saguès, investigador de Amnistía Internacional sobre África Occidental.

Amnistía Internacional pide a las autoridades mauritanas que garanticen que sus fuerzas de seguridad respetan el derecho internacional. Asimismo, la organización pide a la UE y a sus Estados miembros, especialmente a España, que asuman la responsabilidad de garantizar que las personas migrantes son tratadas de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos.

“Los Estados de la UE se están sirviendo de países como Mauritania para gestionar los flujos de migrantes que intentan entrar en Europa desde sus territorios. Los han convertido, de hecho, en los ‘policías de Europa’”, ha manifestado Salvatore Saguès.

Israel: El Parlamento debe rechazar un proyecto de ley que pondría en grave peligro a las personas solicitantes de asilo

Tue, 24 Jun 2008 11:15:53 +0100

En un memorando enviado al Comité de Asuntos Internos y Medio Ambiente del Parlamento israelí (Knesset), Amnistía Internacional pide a los legisladores que rechacen un proyecto de ley que establece largas penas de prisión para solicitantes de asilo y migrantes irregulares con independencia de sus motivos para entrar en el país y permite su expulsión inmediata sin tener en cuenta que podrían sufrir malos tratos o persecución a su regreso. El Comité se reúne el 24 de junio para debatir el proyecto de ley de prevención de infiltraciones de 2008.

El proyecto de ley dispone que toda persona que entre en el país por cualquier sitio que no sea un paso fronterizo autorizado será detenida automáticamente para su expulsión en el plazo de 72 horas, y que las que no puedan ser expulsadas de inmediato serán condenadas a cinco años de prisión "sin distinciones en cuanto a su identidad o su intención al infiltrarse en el país". Residentes y nacionales de 10 Estados o territorios enumerados, incluidos países emisores de refugiados como Sudán o Irak, se enfrentarían a penas de hasta siete años de cárcel. El proyecto de ley no establece disposiciones para los solicitantes de asilo que huyen de la violencia o la persecución.

Si bien Amnistía Internacional reconoce el derecho de Israel a asegurar sus fronteras y regular la entrada de personas extranjeras en su territorio, a la organización le preocupan las posibles repercusiones del proyecto de ley en los derechos de solicitantes de asilo y otros no nacionales. Criminalizar la entrada irregular de personas en el país sin tomar en consideración los motivos que han tenido para hacerlo ni el peligro que podrían correr si son expulsadas impide en la práctica solicitar asilo a las personas que llegan a Israel. Semejante ley criminalizaría en potencia a quienes buscan protección frente a la persecución.

El proceso de detención y expulsión previsto en el proyecto de ley, especialmente el alto grado de discreción otorgado a los funcionarios para expulsar a personas en el plazo de 72 horas, no está en consonancia con la obligación de Israel de impedir la devolución de personas a países donde podrían sufrir graves violaciones de derechos humanos, contraída en virtud de tratados internacionales como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.

El proyecto de ley no tiene en cuenta la situación especialmente vulnerable de las personas solicitantes de asilo y refugiadas. Los procedimientos que establece negarían en la práctica a las personas que huyen de la persecución el acceso al procedimiento de concesión de asilo para personas refugiadas, y distaría mucho de ajustarse a las obligaciones jurídicas internacionales de Israel como Estado Parte en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951, y su Protocolo de 1967.

Amnistía Internacional ha pedido a los miembros del Parlamento que garanticen que toda disposición legal sobre migración o seguridad nacional respeta plenamente las obligaciones internacionales de Israel en materia de derechos humanos, entre ellas la de garantizar la protección de todas las personas dentro de su jurisdicción, con independencia de su condición de migrante, y la de garantizar la no devolución de personas a Estados en los que podrían sufrir abusos graves contra los derechos humanos.

Información complementaria

El proyecto de ley de prevención de infiltraciones de 2008 tiene como fin sustituir una ley de 1954 promulgada en virtud de la legislación de excepción de Israel. El viceministro de Defensa Matan Vilnai lo presentó ante el Parlamento en representación del gobierno, y su lectura preliminar fue aprobada el 19 de mayo de 2008. A continuación se entregó el 3 de junio al Comité de Asuntos Internos y Medio Ambiente del Parlamento para su preparación de cara a la segunda y tercera lectura. Las leyes se promulgan tras su aprobación en tercera lectura.

Desde 2005, hasta un total de 8.000 nacionales de Eritrea, Sudán y otros países que han entrado en Israel a través de la frontera con Egipto después han solicitado asilo. Si esta ley ya hubiera entrado en vigor, todas esas personas habrían sido consideradas "infiltradas" y con toda probabilidad expulsadas de inmediato a Egipto sin tener en cuenta si allí corrían peligro de persecución.

En agosto de 2007, 48 nacionales de países africanos, en su mayoría sudaneses, fueron devueltos a Egipto por las fuerzas israelíes al poco tiempo de haber cruzado desde ese país a Israel a través de la frontera del Sinaí. Permanecieron meses recluidos en Egipto en régimen de incomunicación, y unos 20 fueron devueltos a Sudán, de los cuales 7 u 8 habían obtenido la condición de refugiados en Egipto. Sigue sin conocerse la suerte y el paradero de las otras 28 personas. En junio de 2008, las autoridades egipcias devolvieron hasta un millar de solicitantes de asilo a Eritrea, pese a las directrices del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en contra de la devolución de los solicitantes de asilo eritreos debido al historial de violaciones de derechos humanos graves en Eritrea; en el momento de la redacción de este artículo estaban previstas nuevas expulsiones. Las personas expulsadas no tuvieron acceso al ACNUR en Egipto para que éste pudiera evaluar sus necesidades de protección. Desde enero de 2008, según informes, unos 14 nacionales de países africanos, entre ellos posibles solicitantes de asilo procedentes de Sudán y Eritrea, han muerto por disparos de guardias fronterizos egipcios cuando intentaban pasar de Egipto a Israel a través de la frontera del Sinaí. De acuerdo con la información recibida, entre las personas muertas por intentar entrar en Israel ha habido: dos hombres que se pensaba que procedían de Costa de Marfil; un hombre de Sudán y una mujer de Eritrea que murieron por disparos de las fuerzas de seguridad egipcias en marzo de 2008 (Otros dos migrantes abatidos en la frontera entre Egipto e Israel (Servicio de Noticias de Amnistía Internacional, 28 de marzo de 2008, http://www.amnesty.org/es/news-and-updates/news/two-more-migrants-killed-egypt-israel-border-20080328) y seis migrantes africanos, algunos procedentes de Sudán, que fueron abatidos a tiros en parecidas circunstancias en febrero de 2008.

Desde 2006 no para de crecer el número de solicitantes de asilo sudaneses y de otros países que son recluidos durante largos periodos tras haber entrado en Israel desde Egipto; las condiciones de los que están en el centro de detención de Ketziot, en el desierto del sur de Israel -menores incluidos-, son a menudo deficientes.

Documento público

****************************************
Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en Londres llamando al número + 44 20 7413 5566, o visiten http://www.amnesty.org/es/features-news-and-updates. Para los documentos y comunicados de prensa traducidos al español, visiten http://www.amnesty.org/es/research.

Llamamiento para la acción con motivo del Día Mundial del Refugiado el 20 de junio

Fri, 20 Jun 2008 13:14:57 +0100

En el Día Mundial del Refugiado de este año, en que se conmemora el 60º. aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, Amnistía Internacional pide a los Estados que consoliden el derecho de todas las personas en situación de persecución a buscar asilo y a disfrutar de él, tal como reconoce el artículo 14 de la Declaración Universal.

Casi dos millones de refugiados iraquíes que huyen de los asesinatos, los secuestros, las torturas y los malos tratos viven actualmente en Siria y Jordania.

En la región del Mediterráneo, los solicitantes de asilo y los inmigrantes siguen muriendo en el mar en su intento desesperado por llegar a Europa.
Estos son dos de los muchos problemas relacionados con los refugiados que tiene el mundo actualmente.

Mientras tanto, las puertas se están cerrando silenciosamente. Las personas que huyen de Irak tienen ahora restricciones en la concesión de visados cuando tratan de entrar en Jordania y en Siria. Suecia, país que acoge al mayor número de refugiados iraquíes de Europa, ya ha cambiado su política y está devolviendo a refugiados a zonas muy peligrosas de su país de origen. En la región del Mediterráneo, países de la Unión Europea como España participan en operaciones de interceptación y en medidas conjuntas de control de la inmigración con países del norte y el oeste de África. Se está devolviendo a personas a las terribles situaciones de las que intentaban desesperadamente escapar.

Hace falta con urgencia ayuda internacional para los refugiados iraquíes que están en Siria y Jordania, las contribuciones a las agencias de la ONU que trabajan con refugiados procedentes de Irak son insuficientes. En mayo de 2008, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) hizo un nuevo llamamiento para que se aumentara la financiación destinada a su labor en Irak. La agencia citó un déficit de 127 millones de dólares para programas de asistencia sin los cuales puede que haya que reducir programas de asistencia para la salud y de alimentos, lo que obligaría a muchos iraquíes a sufrir más miseria y aumentaría la probabilidad de que se incrementen las tasas de desnutrición y de trabajo infantil.

Un total de 147 países son partes de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 (la Convención de los Refugiados) o de su Protocolo, los principales instrumentos internacionales de protección de los refugiados.

Amnistía Internacional pide a los gobiernos del mundo que garanticen que sus acciones y políticas no van en detrimento de la protección que ofrece la Convención y otros instrumentos internacionales. La organización cree también que los Estados no deberían proteger únicamente los derechos de los refugiados que están en sus respectivas jurisdicciones, sino también ayudar a otros países a abordar estas situaciones de refugiados a gran escala.

Amnistía Internacional pide a la Unión Europea que respete todas sus obligaciones para con los refugiados, garantizando que sus controles fronterizos no obligan a los solicitantes de asilo, ni directa ni indirectamente, a regresar a países de tránsito donde podrían ser objeto de detenciones arbitrarias, expulsiones colectivas, devolución -como en el caso de varios países del norte y el oeste de África- e incluso ser abandonados en el desierto sin agua ni alimentos.

La organización pide también a la Unión Europea que garantice que en el desarrollo de su sistema común de asilo, todos los solicitantes de asilo bajo la jurisdicción de sus Estados miembros tienen acceso a procedimientos de asilo imparciales y satisfactorios con independencia de su país de origen o de tránsito, y que se pone fin al uso de procedimientos de asilo acelerados inadecuados.
Amnistía Internacional insta a los Estados a que aumenten el uso del reasentamiento como una de las diversas herramientas que existen para el reparto de la responsabilidad con el fin de aliviar la carga de los Estados receptores y ofrecer a los refugiados una solución duradera. Para muchos refugiados, el reasentamiento es la única forma de asegurar que tienen acceso a derechos básicos como la educación, la atención médica y una vivienda adecuada. Para algunos, su enfermedad, discapacidad o trauma hacen que no tengan acceso a una atención adecuada en sus países de asilo. Sólo nueve países tienen, tradicionalmente, programas amplios de reasentamiento, aunque recientemente se les han unido países en desarrollo como Chile, Burkina Faso y Brasil, que han comenzado a reasentar a pequeños números de refugiados. Amnistía Internacional pide que otros Estados se incorporen a esta lista.

Por último, Amnistía Internacional insta a los Estados a que, en colaboración con el ACNUR, desarrollen una forma efectiva de compartir la responsabilidad de grandes números de refugiados cuando surjan situaciones urgentes.

La respuesta a este doloroso problema no puede ser aceptar el sufrimiento humano y dar la espalda a personas que padecen circunstancias trágicas, sino asumir una mayor responsabilidad respecto de este problema global, de un modo global.

FIN/
Documento público
****************************************
Si desean más información, pueden llamar a la oficina de prensa de Amnistía Internacional en Londres (Reino Unido), teléfono +44 20 7413 5566 o correo electrónico: press@amnesty.org
Amnistía Internacional, Secretariado Internacional, 1 Easton St., London WC1X 0DW (Reino Unido)
www.amnesty.org

España: Deben respetarse los derechos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo

Mon, 16 Jun 2008 17:44:14 +0100

La secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, se encuentra visitando España estos días para entrevistarse con autoridades del gobierno, organizaciones de derechos humanos, sobrevivientes de violaciones de derechos humanos y organizaciones profesionales. La visita terminará con la presentación de una agenda de derechos humanos al gobierno español para la legislatura 2008-2011.
Irene Khan hizo la siguiente declaración durante la celebración de un acto simbólico en el cementerio de Santa Lastenia, en Tenerife:

"En este cementerio de Tenerife están enterradas decenas de personas migrantes sin identificar que perdieron la vida intentando acceder a territorio europeo a través de las islas Canarias, una de sus principales puertas de entrada.

En los últimos años ha crecido de forma considerable el número de personas que han llegado tanto a Canarias, como a otras fronteras del sur, como Italia, Chipre, Malta o Grecia. Muchas de estas personas huyen de la pobreza y de graves violaciones de derechos humanos. Muchas de ellas no lo han conseguido y han muerto en el intento.

Hoy, en nombre de Amnistía Internacional y de sus más de dos millones de miembros y simpatizantes en todo el mundo, quiero reconocer esta terrible tragedia humana y el sufrimiento de estas personas.

En este homenaje también quiero recordar a los gobiernos europeos que el hecho de que una persona no tenga "papeles" no significa que no tenga derechos.

Toda persona tiene derechos humanos, independientemente de su situación legal, pero en muchos casos estos derechos se ponen en riesgo por las políticas de control migratorio llevadas a cabo por los países europeos.

Esto es inaceptable.

Todo el mundo tiene derecho a recibir un trato humano y digno. Aquellos que huyen de violaciones de derechos humanos tienen derecho a pedir asilo. Los migrantes tienen el derecho a recibir un trato humano y digno.

Amnistía Internacional reconoce el derecho de los Estados, y entre ellos el español, a controlar sus fronteras y la entrada de extranjeros en su territorio, pero no a costa de socavar los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo.
El miércoles 18 de junio, los parlamentarios europeos tomarán una decisión importante respecto al retorno de migrantes en situación irregular votando una directiva que permitirá a los Estados miembros de la Unión Europea la detención de personas que no han cometido ningún delito, incluidos menores, por un periodo de hasta año y medio.

La directiva propuesta es inaceptable como estándar de la Unión Europea, y exijo a los europarlamentarios que la rechacen. La detención sólo ha de ser utilizada en circunstancias excepcionales, siempre por el menor tiempo posible y no puede ser prolongable o indefinida. Los estándares de retorno son necesarios, pero no a toda costa. La directiva ha de incluir garantías que aseguren que el retorno de los migrantes en situación irregular se lleve a cabo con pleno respeto a sus derechos fundamentales.

Europa lo debe hacer mucho mejor. Exijo de forma contundente a los europarlamentarios que rechacen el compromiso actual y aseguren que se incluirán garantías eficaces.

Los menores no acompañados son particularmente vulnerables, por ello la directiva debería prohibir su detención, y asegurar que tengan acceso a asistencia legal.

Después, visitaré el centro “La Esperanza” y me encontraré con estos menores. Mi objetivo es llamar la atención sobre la vulnerabilidad y el deber que tienen todos los gobiernos, incluyendo el español, de otorgarles la debida protección.

Priorizar el control migratorio no ha de traducirse en dar la espalda a los derechos de las personas migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, un grupo particularmente vulnerable y desprotegido.

La Unión Europea es una unión basada en la democracia y los derechos humanos. Tiene que estar a la altura de esos valores y proteger los derechos de las personas migrantes, los refugiados y los solicitantes de asilo."