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No les demos la espalda. Violencia sexual contra las niñas en Haití

Wed, 26 Nov 2008 15:12:16 +0000

La violencia sexual contra las niñas es un fenómeno generalizado y omnipresente en Haití y, pese a que sus niveles son ya alarmantes, parece ir en aumento. Aunque se dispone de poca información sobre los niveles reales, hay numerosos informes de violencia sexual tanto en la familia como en la comunidad en general, especialmente a manos de bandas armadas.

La seguridad pública y el legado de la violencia sexual
Ante un telón de fondo de secuestros, violencia criminal y luchas de bandas, la violencia contra mujeres y niñas en la comunidad no cesa de aumentar. Una tendencia destacable es el elevado número de violaciones a manos de grupos de hombres armados.

Durante los tres años que siguieron al golpe de Estado militar de 1991 que derrocó al presidente Jean-Bertrand Aristide, la violación se utilizó como arma política para infundir temor y castigar a aquellos de quienes se creía que habían respaldado al gobierno democrático. Durante ese tiempo se recibieron informes generalizados de violaciones de mujeres a manos de hombres armados.

Desde la caída del régimen militar, este tipo de violaciones se ha convertido en práctica habitual de las bandas criminales. El año pasado, en las vísperas del carnaval anual que Haití celebra en febrero se informó de 50 casos de violación de mujeres y niñas en la capital, Puerto Príncipe, en tan sólo tres días.

La violencia en la familia también está muy extendida y, a menudo, oculta. Los niños y las niñas a menudo carecen de los recursos y el apoyo que necesitarían para denunciar una violencia en la que los miembros de su familia participan o con la que se muestran en connivencia. El resultado de que este problema no se reconozca ni se aborde es un clima social en el que la violencia en la familia se ve como algo normal e inevitable.

La pobreza en Haití es extrema y desempeña un papel fundamental en el hecho de exponer a las niñas a un mayor peligro de sufrir violencia sexual. Los propios violadores sobornan a las niñas para que guarden silencio y les dan dinero para que paguen sus tasas escolares o su alojamiento. Hay niñas que, al salir a buscar un lugar público iluminado en el que hacer sus deberes porque en sus casas no hay electricidad, son atacadas por grupos de hombres.

Las niñas que quedan embarazadas a consecuencia de la violencia sexual se encuentran en situación de riesgo por la falta de asistencia médica adecuada. Sólo uno de cada cuatro partos en Haití es atendido por personal médico cualificado, y un gran número de mujeres y niñas mueren a consecuencia de complicaciones derivadas del embarazo.

Las consecuencias de la violencia sexual contra las niñas son profundas y duraderas. Además de las lesiones físicas inmediatas, las supervivientes pueden enfrentarse a embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual y problemas de salud mental tales como trastorno de estrés postraumático, ansiedad y depresión.

Estas consecuencias pueden tener efectos a largo plazo especialmente serios sobre las niñas, que corren un mayor peligro de morir durante el embarazo o el parto y también pueden ver alterada su educación, o verse excluidas de la escuela a causa del embarazo.

Una niña que fue violada a los ocho años dijo: “Iba a la escuela, pero lo dejé después de venir aquí [al refugio] porque mi padre me violó. Estaba en primer curso. Me encantaba copiar las lecciones, escribir. Cuando crezca me gustaría ser médico”.

Barreras a la justicia
Las niñas muchas veces no quieren denunciar los casos de violación, en gran parte por vergüenza, temor y por las actitudes sociales que toleran la violencia masculina. Otro importante factor disuasorio a la hora de denunciar es la falta de confianza de las niñas en obtener una respuesta positiva y de apoyo por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

En algunas zonas rurales, el único representante del sistema de justicia es el juez de paz, quien no es raro que anime a las niñas que han sufrido violencia a aceptar un “acuerdo amistoso” con la familia del agresor.

El sistema de justicia de Haití es débil e ineficaz. La unidad de policía a cargo de la protección de menores tiene una terrible escasez de personal. En marzo de 2008 contaba con tan sólo 12 agentes para todo el país y no disponía de un solo vehículo. No es de extrañar que la mayoría de los que violan y atacan a niñas eludan la justicia, y que tantas niñas piensen que no tiene sentido denunciar los delitos de violencia sexual.

En los últimos años, las autoridades de Haití han tomado medidas para abordar el problema de la violencia contra mujeres y niñas. En 1994 se creó el Ministerio de Asuntos y Derechos de la Mujer, que ha emprendido importantes iniciativas para abordar el problema.

En 1995 se adoptó un Plan Nacional de Lucha contra la Violencia ejercida sobre las Mujeres que, de ponerse en práctica, traerá consigo mejoras considerables en la prevención y el castigo de la violencia contra mujeres y niñas.

Las autoridades de Haití se enfrentan a serios desafíos planteados por la constante crisis de seguridad pública, una sucesión de desastres humanitarios y unos elevados índices de pobreza y marginación. Pero no debe permitirse que estos importantes problemas ahoguen las necesidades de las niñas haitianas.

Amnistía Internacional pide a las autoridades haitianas que emprendan acciones inmediatas para salvaguardar los derechos de las niñas:

que reúnan datos exhaustivos sobre la naturaleza y el alcance de la violencia contra mujeres y niñas. La ausencia de datos es actualmente un obstáculo para idear soluciones efectivas;

que investiguen todas las denuncias de violencia sexual y lleven los casos a juicio;

que garanticen que la policía proporciona un entorno seguro en el que las niñas puedan denunciar la violencia sexual, y garanticen asimismo que todas las denuncias se investigan sin demora y de manera efectiva.

Ni la violencia contra las mujeres ni la pobreza son inevitables

Mon, 24 Nov 2008 18:06:32 +0000

Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional, escribe sobre los vínculos entre la violencia contra las mujeres y la pobreza con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Mientras mujeres de todo el mundo se reúnen para celebrar el comienzo de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, la violencia contra las mujeres sigue siendo endémica, bajo formas muy diversas, en todas las sociedades.

Sólo el mes pasado, un grupo de 50 hombres lapidó hasta la muerte a Aisha Ibrahim Duhulow en Somalia. La niña de trece años había sido acusada de adulterio, aunque su padre afirmó que la habían violado y ella intentó denunciarlo. No se ha detenido a ninguna de las personas acusadas de su violación o asesinato.

La violencia contra las mujeres y las niñas es un motivo de preocupación prioritario para Amnistía Internacional y en 2004 se lanzó la campaña global “No más violencia contra las mujeres”. Hasta ahora la campaña ha contribuido a obtener victorias que han supuesto cambios legislativos y políticos a nivel nacional, y también ha apoyado los esfuerzos realizados en foros internacionales en favor de la adopción de las Resoluciones 1325 y 1820 por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Estas resoluciones sobre Mujeres, Paz y Seguridad pretenden garantizar la participación de las mujeres en condiciones de igualdad en la prevención y resolución de los conflictos y en el mantenimiento de la paz después de los conflictos, así como aumentar la protección de los derechos humanos de las mujeres y niñas en situaciones de conflicto.

A pesar de estos progresos, la violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo generalizada en todo el mundo. Investigaciones realizadas recientemente en Afganistán, Armenia, Canadá, Costa de Marfil, Estados Unidos, Jamaica, Haití, Liberia, México, Nigeria, Perú, República Democrática del Congo, Sierra Leona, Sudáfrica y Venezuela han mostrado que esta violencia no sólo constituye una violación de los derechos humanos, sino que es un factor clave que impide la realización de los derechos de los mujeres y las niñas a la seguridad, a una vivienda adecuada, a la salud, a la alimentación, a la educación y a la participación. Millones de mujeres se encuentran atrapadas en ciclos de pobreza y violencia que se alimentan y perpetúan mutuamente.

La pobreza se caracteriza por la experiencia diaria de abusos contra los derechos humanos que abocan a las personas a la miseria, a la inseguridad y a la exclusión, dejándoles sin voz. La pobreza es una afrenta a la dignidad humana y la peor crisis de derechos humanos del mundo. Existe en todos los países y afecta a las mujeres de manera desproporcionada: el 70 por ciento de los pobres del mundo son mujeres.

Ni la violencia contra las mujeres ni la pobreza son inevitables, aunque ambas se combinen para reducir las opciones de las mujeres y colocarlas en peligro de sufrir violencia. Pese a que todas las niñas tienen derecho a la educación –esencial para permitirles elegir su futuro–, a menudo la violencia y la pobreza menoscaban este derecho. En países como Haití, las niñas tienen pocas alternativas aparte de ofrecer favores sexuales para poder pagar las tasas escolares.

Otras, que acuden a un lugar público con luz eléctrica para poder hacer sus deberes porque en su casa no disponen de ella, son agredidas por grupos de hombres. Es muy probable que la educación de las niñas se vea trastocada o interrumpida a consecuencia del abuso .

La violencia contra las mujeres constituye un abuso contra los derechos humanos cuya responsabilidad corresponde a los Estados. Amnistía Internacional seguirá exigiendo a los actores naciones e internacionales que rindan cuentas por estas violaciones. Seguirá instando a los Estados y a la comunidad internacional a que garanticen a las mujeres y niñas el acceso a los derechos y a los servicios en condiciones de igualdad.

Ello incluye incorporar sistémicamente el análisis del impacto sobre el disfrute de los derechos humanos de las mujeres y las niñas en todas las estrategias, programas e informes relacionados con la reducción de la pobreza y la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

También se deben incluir los progresos realizado en la eliminación de la violencia de género. No es posible poner fin a las violaciones de derechos humanos, eliminar la pobreza ni lograr un desarrollo sin la participación activa de las personas afectadas por estos abusos, en particular las mujeres y las niñas.

La Constitución de Bolivia: conflicto civil y avances sociales

Fri, 21 Nov 2008 16:56:19 +0000

El pueblo boliviano votará una nueva Constitución el 25 de enero de 2009. De aprobarse, la nueva Constitución supondrá para el país la mejora más significativa en los derechos económicos, sociales y culturales que se ha vivido en decenas de años.

Durante los últimos años, Bolivia ha vivido continuos levantamientos de los sectores pobres y excluidos del país, especialmente en 2000, con la oposición a la privatización del agua, y en 2003, con las protestas contra la exportación del gas producido por Bolivia. Los bloqueos de carreteras y las movilizaciones masivas, que a menudo se volvieron violentas al enfrentarse las fuerzas armadas bolivianas con los manifestantes, provocaron cambios en la clase dirigente del país y en los planes del gobierno.

Posteriormente, en 2005, Evo Morales fue elegido presidente. La población indígena de Bolivia no adquirió el derecho a voto hasta 1952 y la elección de Morales –de origen aymara– cambió el equilibrio de poder en el país.

Evo Morales fue elegido presidente en calidad de dirigente del Movimiento al Socialismo (MAS), que había participado en las recientes protestas. También era el primer indígena que se convertía en jefe del Estado de Bolivia desde la llegada de los españoles, hace más de cuatro siglos, a pesar de que la población indígena es mayoritaria en el país.

La elección de Morales avivó las esperanzas y aspiraciones de muchas de las mismas personas pobres y excluidas que habían bloqueado las carreteras en torno a La Paz durante años.

El proyecto de Constitución incluye el derecho al agua, a la seguridad alimentaria, a la salud, a la educación, a la vivienda, a los servicios básicos, a un salario justo, a la huelga y a formar un sindicato. Es innovadora en diversas áreas clave, especialmente porque supone el reconocimiento de la población indígena de Bolivia, la naturaleza “plurinacional” del Estado y la afirmación de los derechos colectivos, otorga un mayor peso al papel del Estado en las políticas económicas y da prioridad al interés colectivo frente a los intereses privados.

Si se aprueba, la Constitución propuesta prohibiría la privatización del agua o su inclusión en acuerdos comerciales. También prohibiría el control privado y con fines lucrativos de los servicios básicos, las empresas energéticas y la seguridad social.

En septiembre de este año estalló el conflicto en las calles como respuesta a los planes del gobierno. Las reacciones de los grupos de oposición demostraron lo arraigados que están en racismo y la discriminación en la sociedad boliviana. La elección de Morales y su gobierno supone el empoderamiento de los sectores de la sociedad boliviana tradicionalmente marginados, lo que ha desencadenado una hostil oposición por parte de la élite empresarial y de poderosas familias latifundistas, que temen perder los privilegios ostentados durante tanto tiempo.

En septiembre, civiles vinculados a algunas autoridades regionales opuestas al presidente Morales bloquearon carreteras y tomaron por la fuerza aeropuertos y delegaciones locales de oficinas estatales. También atacaron medios de comunicación y oficinas de diversas ONG que trabajan con comunidades indígenas y campesinas.

El 9 de septiembre de 2008, en la ciudad oriental de Santa cruz, estudiantes universitarios y miembros de la opositora Unión Juvenil Cruceñista tomaron y saquearon delegaciones locales de oficinas gubernamentales, como la delegación del Instituto de Reforma Agraria, y dos medios de comunicación. A lo largo de tres días también fueron atacadas tres ONG que promueven los derechos de las comunidades indígenas y campesinas. Se irrumpió en sus oficinas, se destruyó material y mobiliario y se quemó documentación.

Una de las ONG, el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), trabaja para garantizar los derechos a la tierra de indígenas y campesinos.

Leonardo Tamburini, director del CEJIS, manifestó con respecto al ataque: “Llegaron en tres vehículos 4x4, aproximadamente unas 50 personas, jóvenes, vándalos, en estado de ebriedad algunos. Arremetieron con uno de los vehículos contra el portón, que lo derribó. Entraron, saquearon toda la documentación que había en la institución, la incenciaron. Rompieron todos los vidrios de prácticamente todas las oficinas, rompieron escritorios, rompieron vitrinas. Sacaron muchos libros; un tercio más o menos de nuestra biblioteca de varios miles de volúmenes. Los pusieron en la calle, los prendieron fuego. Varias de las piras de documentación que retrataban la historia de CEJIS, la historia del acompañamiento de los procesos de titulación de tierras, del acompañamiento a la Asamblea Constituyente, bueno y de la historia anterior, de los los 30 años del CEJIS, fue sustraída y quemada”.

Estos ataques son los más recientes en la escalada de violencia que se ha vivido en Bolivia en los últimos años. El 11 de septiembre, al menos 18 personas –en su mayoría indígenas y campesinos, además de tres estudiantes– fueron víctimas de homicidio cuando un grupo sufrió una emboscada en el departamento septentrional de Pando. Según testigos presenciales, los atacantes llegaron en vehículos oficiales pertenecientes a autoridades de la oposición.

La Oficina del Defensor del Pueblo, que llevó a cabo una investigación inicial sobre los hechos, afirmó que las muertes eran consecuencia de una masacre planificada.

El gobierno boliviano ha hecho reiterados llamamientos al diálogo. Sin embargo, ha tenido que producirse la reciente escalada de violencia y la indignación suscitada dentro y fuera de Bolivia (como en la UE y en la recién creada Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR) para que las negociaciones formales entre la oposición partidaria de las autonomías y el gobierno hayan derivado en un acuerdo sobre el texto de la Constitución.

Entre las principales cuestiones a debatir se incluían los ingresos procedentes de los impuestos sobre el gas y el petróleo, la autonomía de los departamentos, la propiedad de las tierras y la designación de representantes en el Congreso Nacional. Tras un mes de diálogo, el Congreso llegó a una decisión final el 21 de octubre; se decidió que la nueva Constitución propuesta se votaría en un referéndum que se celebrará el 25 de enero de 2009.

¡Actúa!

Firma la petición a las autoridades bolivianas para que protejan a las comunidades indígenas y campesinas y a quienes las defienden

El gobierno de Sri Lanka debe actuar ya para proteger a 300.000 personas desplazadas

Wed, 12 Nov 2008 14:09:59 +0000

Se agudiza la crisis humanitaria que sufre la región de Wanni, en el norte de Sri Lanka, mientras el gobierno se resiste a tomar medidas para proporcionar refugio y protección a más de 300.000 personas civiles desplazadas.

Decenas de miles de familias, que abandonaron sus hogares huyendo de los enfrentamientos entre las fuerzas armadas srilankesas y el grupo de oposición Tigres de Liberación de Eelam Tamil, soportan la estación de lluvias con un acceso limitado a alimentos, cobijo, agua o servicios sanitarios.

Estos civiles están atrapados en la región de Wanni, controlada por los Tigres de Liberación, que siguen reclutando por la fuerza a un miembro de cada familia y que recientemente han aumentado de forma drástica el reclutamiento forzoso de personas más jóvenes. Los Tigres de Liberación han impedido a la población de esta zona llegar a lugares más seguros mediante la imposición de un estricto sistema de tránsito. A algunas personas las han obligado a quedarse atrás como garantes del regreso del resto de la familia. Los Tigres de Liberación también controlan la circulación de personas desplazadas dentro de la región de Wanni. Estas medidas parecen concebidas en parte para usar a la población civil como escudo contra las fuerzas gubernamentales.

Rechazo de la ayuda humanitaria internacional
En septiembre, el gobierno de Sri Lanka ordenó a los trabajadores de ayuda humanitaria de las Naciones Unidas y de organizaciones no gubernamentales que abandonaran la región, y asumió toda la responsabilidad de satisfacer las necesidades de la población civil afectada por las hostilidades. Sin embargo, pese a las afirmaciones de que la situación está bajo control, hay indicios que apuntan a que el gobierno carece de la capacidad necesaria para proporcionar la ayuda humanitaria que precisan la población desplazada y los habitantes civiles de Wanni.

En concreto, los organismos gubernamentales y su personal tendrán dificultades para responder a las necesidades de las personas desplazadas sin la asistencia de las organizaciones humanitarias. El gobierno de la India ha reconocido la gravedad de la situación al decidir enviar a Sri Lanka 2.000 toneladas de material de ayuda humanitaria, cuya entrega será gestionada a través del Comité Internacional de la Cruz Roja.

El gobierno srilankés se ha negado a autorizar la entrada de observadores internacionales independientes en la región de Wanni, que se encargarían de vigilar y asegurar que los convoyes de alimentos, medicamentos y otros suministros básicos llegan a la zona y de supervisar la distribución de todos esos suministros.

Grave escasez de alimentos
Según la lista básica de alimentos del Programa Mundial de Alimentos, se necesitan aproximadamente 773 toneladas de alimentos semanales para abastecer a las 230.000 personas de la región de Wanni que actualmente están dadas de alta en el plan del Programa Mundial de Alimentos. Los últimos tres convoyes transportaron solamente 650, 750 y 462 toneladas de alimentos respectivamente, de ahí que la seguridad alimentaria a corto y largo plazo siga representando un problema.

Se calcula que alrededor del 35 por ciento de las zonas de producción de arroz y verduras de Wanni ya no es accesible. Las personas desplazadas afirman que ya están empeñando o vendiendo joyas para comprar alimentos básicos. Las madres lactantes y sus bebés son especialmente vulnerables, pues no reciben los alimentos adicionales adecuados para satisfacer sus necesidades específicas.

Decenas de miles de personas sin cobijo
Cuando las organizaciones humanitarias abandonaron el país el 16 de septiembre, habían dejado construidos 2.100 refugios temporales. Las autoridades gubernamentales de los distritos de Kilinochchi y Mulaithivu han calculado que al menos 20.000 familias necesitan cobijo. El gobierno srilankés ha declarado recientemente que la hoja de palma es un material adecuado para construir refugios, pero tales abrigos no cumplen las condiciones mínimas que debe reunir un alojamiento para personas desplazadas. Muchas familias viven a la intemperie bajo refugios improvisados.

Numerosas personas desplazadas se han congregado en zonas que en otros tiempos fueron arrozales y que son proclives a las inundaciones. Organizaciones expertas ya habían valorado estos terrenos como potenciales campos de refugiados, pero los habían considerado inadecuados.

Imágenes recientes de Wanni muestran que la población ha roto sacos de arroz para colgarlos sobre palos de madera en un intento desesperado de construir sus propios refugios. Sin un cobijo adecuado, los habitantes tienen dificultades para mantener secos los alimentos y otros productos básicos y están más expuestos a las serpientes.

“El acceso de la gente a medios de vida se ha visto muy reducido. Ya no salen los botes de pesca y muchas personas han sido desplazadas de los arrozales […] gran parte de los terrenos que cultivaban son ahora zonas de conflicto y están llenos de artefactos explosivos no detonados”, ha afirmado Sam Zarifi, director del Programa Regional para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional.

Falta de servicios sanitarios, agua potable y medicamentos
Las intensas lluvias del monzón duran hasta mediados de febrero. En estos momentos, la precipitación media mensual es de 300 mm. Aunque la lluvia ha ralentizado los enfrentamientos, también ha hecho estragos entre la población desplazada. Se ha incrementado el riesgo de brotes de enfermedades al tiempo que está limitado el acceso a las medicinas. El sistema de salud de la región de Wanni necesita urgentemente personal y suministros: los hospitales han cerrado o ha sido preciso trasladarlos para atender a la población desplazada. Si surgen casos de malaria, a los pacientes les será muy difícil recibir el tratamiento necesario.

Las autoridades locales calculan que son necesarios 5.230 retretes provisionales. Según trabajadores de ONG locales que instalaban este tipo de aseos, el 95 por ciento de la población desplazada no dispone de retretes adecuados, y por descontado, también carece de aseos e instalaciones higiénicas separados para las necesidades específicas de las mujeres.

Debido al bloqueo del transporte de cemento, los aseos no se pueden construir de acuerdo con la normativa, por lo que las autoridades sanitarias de Wanni han aprobado la construcción de aseos en los que la taza del inodoro se asienta sobre un piso de madera y los recipientes se hunden en la tierra a modo de fosa séptica. Las autoridades responsables de la salud de Wanni temen que, si no se toman medidas de inmediato, tal vez sea imposible evitar las epidemias entre la población desplazada.

La extrema carencia de agua potable ya ha precipitado una crisis que ha ocasionado el desarrollo de dolencias relacionadas con el agua, como la diarrea. Funcionarios del departamento de salud han afirmado que la falta de agua potable y las condiciones de salubridad se han convertido en un problema acuciante y son origen de infecciones.

Amnistía Internacional insta al gobierno de Sri Lanka a que garantice el acceso sin obstáculos de la ayuda humanitaria para responder a las necesidades materiales inmediatas de la población desplazada y velar por su seguridad. El gobierno debe prestar apoyo a los trabajadores humanitarios y a sus familias, especialmente a quienes permanezcan en Wanni, y garantizar su seguridad.

“El gobierno de Sri Lanka y los Tigres de Liberación de Eelam Tamil deben permitir que los observadores internacionales valoren las necesidades de los miles de personas atrapadas en Wanni y velen por la distribución adecuada de alimentos y otros recursos. Además, el personal internacional ha desempeñado un papel fundamental en la protección de trabajadores humanitarios locales frente a los abusos de los Tigres de Liberación”, ha declarado Sam Zarifi.

El ejército israelí suaviza las restricciones sobre la ayuda humanitaria a Gaza

Mon, 17 Nov 2008 17:52:42 +0000

El lunes 17 de noviembre el ejército israelí permitió por primera vez en dos semanas el paso a Gaza a un número limitado de camiones con suministros de ayuda humanitaria. No obstante, el carácter prolongado del bloqueo y de las restricciones sobre el flujo de bienes hacia Gaza ha llevado a una situación en la que las reservas hace tiempo ya que se agotaron.

Donatella Rovera, investigadora de Amnistía Internacional sobre Israel y los Territorios Palestinos Ocupados, ha declarado: "Lo que hace falta, como mínimo, es que Israel permita el flujo hacia Gaza, regular y sin restricciones, de material de ayuda humanitaria y de suministros médicos y otros artículos de primera necesidad."

"El goteo de suministros médicos y de ayuda humanitaria que permite Israel llegar a Gaza no alcanza ni a lo mínimo para satisfacer las necesidades básicas diarias y, desde luego, no hay cantidad suficiente como para pensar en proveerse de reservas. Cuando se suspenda el flujo, aunque sólo sea durante unos días, se va a generar de forma inmediata una crisis porque no habrá reservas."

Christopher Gunness, portavoz de la Agencia para la Ayuda a los Refugiados Palestinos (UNRWA), ha afirmado en relación con los nuevos suministros que se están proporcionando: "Van a durar unos días. ¿Y luego qué?".

Pese a todo, el ejército de Israel no ha relajado las restricciones sobre el combustible industrial donado por la Unión Europea, necesario para el funcionamiento de la central eléctrica de Gaza, lo que significa que gran parte de la Ciudad de Gaza sigue completamente a oscuras.

Desde los ataques israelíes del 4 de noviembre, que se saldaron con la muerte de seis militantes palestinos, se han producido otras 10 muertes de palestinos a causa de ataques israelíes aéreos o de otro tipo. Ello a su vez ha provocado la reacción por parte palestina del lanzamiento diario de cohetes contra ciudades y pueblos israelíes próximos. Dos civiles israelíes resultaron levemente heridos, pero, en su mayor parte, estos cohetes han impactado en terrenos baldíos sin causar víctimas ni daños.

Amnistía Internacional ha reiterado su llamamiento para que cese este peligroso aluvión de ataques y contraataques, al que hay que poner fin sin más demora.

Donatella Rovera afirma: "Las fuerzas israelíes y los grupos armados palestinos deben poner fin de inmediato a los ataques y acciones que ponen en peligro la vida de la población civil de Gaza y del sur de Israel. El alto el fuego de cinco meses y medio supuso para los civiles un respiro, ambas partes tienen que entender las consecuencias de sus actos."

El ejército israelí bloquea suministros a Gaza

Fri, 14 Nov 2008 17:42:22 +0000

El ejército israelí lleva bloqueando totalmente desde hace más de una semana el envío a la Franja de Gaza de la ayuda humanitaria y suministros médicos que se necesitan con urgencia. Es muy escaso el combustible que se ha permitido pasar. Amnistía Internacional instó el viernes 14 de noviembre a las autoridades israelíes a que permitan inmediatamente el paso.

“El último endurecimiento del bloqueo por parte de Israel ha empeorado notablemente una situación que ya era grave. Es un verdadero castigo colectivo sobre la población civil de Gaza que debe cesar de inmediato”, ha dicho Philip Luther, director adjunto del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

El ejército israelí ha interrumpido desde el miércoles 5 de noviembre el goteo de ayuda humanitaria que se permitía entrar a Gaza, del que depende el 80 por ciento de la población. También se ha bloqueado la entrega del carburante industrial donado por la Unión Europea y necesario para la central eléctrica de Gaza, dejando sin electricidad grandes partes de la Franja.

Abu Khalil, que reside en la ciudad de Gaza, dijo el jueves a Amnistía Internacional: “Hoy fui a buscar pan a varias panaderías, pero no pude encontrar nada. No hay electricidad, todo está totalmente a oscuras.”

“Hace unos meses compramos una cocina eléctrica porque es difícil encontrar gas para cocinar y su precio es muy elevado, pero ahora, sin electricidad, no podemos ni siquiera cocinar. Nos sentamos en casa en la oscuridad, los niños no saben en qué entretenerse. No podemos hacer nada. ¿Hasta cuándo podremos vivir así?”

Otros residentes de Gaza han dicho a Amnistía Internacional que ya ni siquiera hay velas en el mercado y que las pocas personas que tienen generadores en sus casas y que aún disponen de combustible no se atreven a usarlos porque nadie sabe cuánto tiempo durará la el apagón.

El jueves, la Agencia para la Ayuda a los Refugiados Palestinos (UNRWA), la principal agencia de ayuda de las Naciones Unidas, que proporciona ayuda humanitaria a cerca de un millón de refugiados palestinos en Gaza, anunció que se había quedado sin suministros.

John Ging, jefe de operaciones de la UNRWA en Gaza ha declarado a los medios de comunicación: “Llevábamos ya trabajando con lo mínimo desde hacía mucho, por lo que el efecto de estas restricciones ha sido inmediato.”

La Agencia llevaba varios días advirtiendo que se le estaban agotando los suministros.

Al mismo tiempo, las autoridades israelíes llevan una semana negando el acceso a Gaza a los periodistas internacionales. El jueves también se negó la entrada a un convoy de diplomáticos europeos.

“Gaza está aislada del mundo exterior. Al parecer a Israel no le entusiasma que el resto del mundo vea el sufrimiento que su bloqueo está causando al millón y medio de palestinos que están prácticamente atrapados allí”, ha dicho Philip Luther.

La ruptura del alto el fuego de cinco meses y medio entre las fuerzas israelíes y los activistas palestinos de Gaza, que se produjo la semana pasada, ha generado una nueva oleada de violencia. El 4 de noviembre murieron seis activistas palestinos en incursiones aéreas y ataques terrestres israelíes, lo cual desencadenó una descarga de cohetes palestinos contra las ciudades y los pueblos israelíes vecinos.

En los últimos días, las fuerzas israelíes han matado a otros cinco activistas palestinos y herido a varios más, mientras continúan los ataques con cohetes palestinos. Israel no había informado de ninguna víctima hasta hoy, 14 de noviembre, en que un israelí ha resultado herido leve de metralla en un ataque contra la ciudad israelí de Sderot.

“Esta peligrosa oleada de ataques y contraataques debe interrumpirse rápidamente. Ambas partes saben por anteriores experiencias que sus acciones están poniendo en peligro las vidas de las poblaciones civiles de Gaza y del sur de Israel”, ha dicho Philip Luther.

Desde comienzos de año hasta el alto el fuego del 19 de junio de 2008, las fuerzas israelíes mataron a unos 420 palestinos, la mitad de ellos civiles desarmados, entre los que había 80 menores de edad. En el mismo periodo, los grupos armados palestinos mataron a 24 israelíes, 15 de ellos civiles, entre ellos 4 menores.

Los cinco meses y medio de alto el fuego supusieron un gran respiro para la población civil de Gaza y del sur de Israel, cuyas vidas dejaron de ser azotadas por los ataques que llevaban sufriendo ocho años, durante los cuales habían muerto unos 4.750 palestinos y 1.100 israelíes.

La mayoría de las víctimas de ambos bandos han sido civiles desarmados, entre ellos 900 menores palestinos y 120 menores de edad israelíes.

Millones de personas en peligro al intensificarse los ataques contra cooperantes en Somalia

Thu, 06 Nov 2008 12:15:56 +0000

La intensificación de los ataques contra personal de ayuda humanitaria y defensores y defensoras de los derechos humanos en el sur y el centro de Somalia está poniendo al menos a tres millones de somalíes en un peligro aún mayor de sufrir desnutrición y enfermedades. Muchas organizaciones han suspendido sus programas y retirado su personal.

Como se subraya en un nuevo informe de Amnistía Internacional titulado Inseguridad mortal: Ataques contra personal de ayuda humanitaria y defensores y defensoras de los derechos humanos en Somalia, al menos 40 trabajadores de ayuda humanitaria y derechos humanos han muerto de forma violenta en lo que va de año.

Los ataques se han producido cuando Somalia se encuentra sumida de lleno en una situación de emergencia humanitaria. Según cálculos de la ONU, alrededor de 3.250.000 somalíes –es decir, un 43 por ciento de la población– requerirán ayuda alimentaria hasta el final de 2008.

Las restricciones que sufren las organizaciones humanitarias a la hora de proporcionar servicios humanitarios de emergencia –comida, alojamiento y servicios médicos esenciales– son uno de los factores principales que contribuyen a que la desnutrición, las muertes por inanición y una serie de enfermedades evitables cundan por toda la zona.

Un miembro del personal de ayuda humanitaria ha señalado: “No estamos en condiciones de iniciar nuevos programas porque nuestro personal no puede acceder a las zonas afectadas. La desnutrición en Mogadiscio es muy grave, pero no podemos intervenir con la suficiente celeridad; tenemos que actuar por control remoto y la calidad de la ayuda se resiente”.

“Estos homicidios, secuestros y amenazas significan que los trabajadores de ayuda humanitaria y los defensores de los derechos humanos no disfrutan ya de la protección limitada de la que gozaban antes en la sociedad por su condición de distribuidores imparciales de alimentos y servicios de emergencia o de promotores de la paz y de los derechos humanos”, ha indicado David Copeman, adjunto de investigación y acción sobre Somalia de Amnistía Internacional.

Por primera vez desde el final del gobierno del presidente Mohamed Siad Barre en 1991, numerosos defensores y defensoras de los derechos humanos que trabajan en Mogadiscio, así como miembros de la sociedad civil se han visto obligados a huir de Somalia este año.

Los ataques continúan. El 29 de octubre murieron varios miembros de la ONU como consecuencia de unos atentados con explosivos; el 19 de octubre, en la localidad de Hudur, en el centro del país, se produjo el homicidio deliberado de un ingeniero del UNICEF, y el 25 de octubre mataron en Guriel a una activista de los derechos de las mujeres.

La mayoría de los homicidios cuyos autores han sido identificados se han atribuido a miembros de grupos armados de oposición, como la milicia Al Shabab y las diversas milicias vinculadas con la Alianza para la Nueva Liberación de Somalia (a menudo denominadas también Tribunales Islámicos).

El resto se ha atribuido a bandas de delincuentes o –en un número más reducido de casos– a milicias vinculadas con el Gobierno Federal de Transición o con las fuerzas armadas etíopes. La mayoría de los últimos homicidios los han perpetrado uno o más hombres armados, descritos casi siempre como jóvenes de entre 15 y 25 años. Las amenazas se difunden por teléfono, en folletos o de boca en boca.

Amnistía Internacional pide a todas las partes implicadas en el conflicto armado de Somalia que pongan fin a estos ataques ilegales contra trabajadores de ayuda humanitaria y miembros de la sociedad civil.

“Los dirigentes internacionales deben crear un mecanismo –por ejemplo una Comisión Internacional de Investigación– para investigar estos homicidios, secuestros y palizas y llevar a los responsables ante la justicia –ha declarado David Copeman–.

Asimismo, la ONU y los gobiernos donantes deben intensificar los esfuerzos dirigidos a definir una línea de demarcación transparente y claramente demostrable entre la ayuda humanitaria de emergencia de carácter apolítico y toda actividad política o de ayuda al desarrollo en favor del Gobierno Provisional de Transición o del proceso de paz.”

Miles de voces se alzan contra la pobreza

Tue, 21 Oct 2008 13:46:04 +0000

Miles de personas de todo el mundo se unieron con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza para alzar su voz y exigir a los gobiernos que actúen. El viernes 17 de octubre se dirigió un llamamiento a todo el mundo, desde los responsables políticos al público en general, para que reconozcan los derechos y la dignidad de las personas que viven sumidas en la pobreza.

Grupos de Amnistía Internacional de 15 países se unieron a otras ONG, organizaciones de la sociedad civil, personas que viven en la pobreza y simpatizantes de esta causa de todo el mundo para alzar sus voces.

Entre los actos celebrados a lo largo del día hubo exposiciones en la calle, estrenos cinematográficos, testimonios públicos y conciertos.

Amnistía Internacional India y la Confederación Nacional de Organizaciones Dalit (NACDOR) organizaron en el Vitthalbhai Patel House Resident's Lawn de Nueva Delhi un Día Nacional de Acción bajo el lema “Comprométete y Actúa”.

"Además de establecer alianzas y nuevas formas de colaboración, este acto nos permitió implicar a las personas pobres y marginadas en nuestras actividades. Así, numerosas personas de muy distintas procedencias nos reunimos para reclamar el acceso a los derechos en condiciones de igualdad para las personas que viven en la pobreza”, declaró un portavoz de Amnistía Internacional India.

En México, más de 500 activistas firmaron sobre una pancarta una petición pidiendo a todos los gobiernos que para el año 2015 cumplan los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La pancarta con la petición será presentada al secretario general de Naciones Unidas el 10 de diciembre, con motivo del sexagésimo aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

La pobreza y la pena de muerte en Nigeria

Tue, 21 Oct 2008 09:35:24 +0000

Según un nuevo informe de Amnistía Internacional, centenares de personas que están en espera de ejecución en Nigeria no han tenido un juicio justo y por tanto podrían ser inocentes.

En el informe, titulado Nigeria: Waiting for the Hangman, se señala que las personas condenadas a muerte carecen de recursos económicos y que más de la mitad de las condenas se basan en confesiones obtenidas en la mayoría de los casos bajo tortura.

En el informe, elaborado en colaboración con la organización nigeriana Proyecto de Asistencia y Defensa Jurídica (Legal Defence and Assistance Project, LEDAP), se dice también que el sistema de justicia penal nigeriano está “corroído por la corrupción, la negligencia y una carencia de recursos que roza lo delictivo”.

En febrero de 2008 había en Nigeria 725 hombres y 11 mujeres en espera de ejecución. Al menos 40 de estas personas eran menores de 18 años de edad. Alrededor de un 53 por ciento habían sido condenadas por asesinato. La mayoría de las demás lo habían sido por robo y robo a mano armada.

El 47 por ciento de la personas condenadas a muerte está en espera de que se resuelvan sus recursos de apelación. En el 25 por ciento de los casos, el procedimiento de apelación ha durado más de 5 años. El 6 por ciento de las personas condenadas a muerte lleva esperando más de 20 años a que se resuelvan sus recursos de apelación. Una persona lleva 24 años en espera de ser ejecutada.

“La verdad es que resulta terrible pensar en la cantidad de personas que pueden haber sido ejecutadas y que pueden serlo todavía –indicó Aster van Kregten, investigadora sobre Nigeria de Amnistía Internacional, desde Abuja–. El sistema judicial está lleno de deficiencias que pueden tener consecuencias desastrosas. Es evidente que para las personas acusadas de delitos castigados con la pena capital los efectos son mortíferos e irreversibles.”

La vida de los condenados a muerte es extremadamente dura. Quienes ya han agotado los recursos de apelación permanecen recluidos en celdas desde las que pueden ver las ejecuciones. Cuando se ahorca a alguien, se obliga a otros condenados a muerte a limpiar el lugar en el que ha tenido lugar la ejecución.

Casi el 80 por ciento de las personas recluidas en prisiones nigerianas afirman que han sido objeto de tortura, golpes o amenazas con armas en calabozos de la policía. Las confesiones se obtienen a menudo bajo tortura.

“La policía tiene demasiado trabajo y no dispone de los recursos suficientes –señaló Aster van Kregten–. Por esta razón, con el fin de 'resolver' los casos, en lugar de llevar a cabo investigaciones que resultan caras, se preocupa sobre todo de obtener confesiones. Es evidente que sobre las condenas basadas exclusivamente en confesiones pesa una gran incertidumbre.”

“Según la legislación nigeriana, si un presunto delincuente confiesa bajo presión, amenaza o tortura, la confesión no se puede utilizar como prueba ante un tribunal –indicó Chino Obiagwu, coordinador nacional del LEDAP–. A pesar de que saben que la policía practica la tortura de manera generalizada, los jueces siguen condenando a muerte a presuntos delincuentes en función de confesiones obtenidas por la fuerza, lo que comporta la posibilidad de que se imponga la pena capital a muchas personas que pueden ser inocentes.”

Las personas con pocos recursos económicos son las que corren mayor peligro en el sistema de justicia penal nigeriano. Chino Obiagwu afirma que la culpabilidad o la inocencia es una cuestión casi baladí en dicho sistema. “Lo importante es que puedas pagar para mantenerte al margen del sistema, ya sea a la policía para que investigue el caso de manera adecuada, a un abogado para que te defienda o a alguien para que ponga tu nombre en la lista de posibles indultados”, señala el coordinador nacional del LEDAP.

Muchos presos que estaban en espera de juicio o que habían sido condenados ya a muerte indicaron a Amnistía Internacional y al LEDAP que la policía, tras detenerlos, les había pedido dinero para ponerlos en libertad. A los que no pudieron pagar los trataron como presuntos atracadores.

Otros condenados a muerte señalaron a Amnistía Internacional que los habían detenido cuando se dirigían a una comisaría para denunciar un delito que habían presenciado. La policía les pidió dinero para ponerlos en libertad. En ocasiones les pidió dinero para gasolina, pues sin ella no podía visitar a los testigos ni comprobar las coartadas.

Amnistía Internacional y el LEDAP han pedido al gobierno federal de Nigeria que elimine la pena de muerte. Ambas organizaciones afirman que, hasta que se lleve a cabo la abolición de la pena capital, el gobierno debería declarar de inmediato una suspensión de todas las ejecuciones, como se establece en la resolución 62/149 adoptada por la Asamblea General de la ONU, y conmutar sin demora todas las condenas de muerte por penas de cárcel.

Video: Trabajando para combatir la pobreza en Kenia

Fri, 17 Oct 2008 09:49:53 +0000

Este año, el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza es un llamamiento a todas las personas, desde las responsables del diseño de las políticas hasta la opinión pública, para que reconozcan los derechos y la dignidad de las personas que viven sumidas en la pobreza.

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Michael Nyangi dirige una organización de microcrédito denominada Lomoro en Kibera, uno de los barrios marginales más grandes de Nairobi, Kenia.

Michael participará en un debate sobre la pobreza en el contexto de una conferencia que tendrá lugar en la sede de la ONU en Nueva York el 17 de octubre.