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Población civil de Sri Lanka en peligro por el bloqueo al personal humanitario

Wed, 10 Sep 2008 10:40:58 +0100

La orden dada por el gobierno de Sri Lanka de que los trabajadores de ayuda humanitaria de la ONU y de organizaciones no gubernamentales abandonen la región septentrional de Wanni, arrasada por la guerra, puede poner en un peligro aún mayor a las decenas de miles de personas desplazadas que se encuentran atrapadas entre las dos partes del conflicto. Así lo ha advertido Amnistía Internacional.

El personal nacional de organismos internacionales de ayuda humanitaria que quedará atrás en Wanni teme que la retirada del personal internacional lo haga más vulnerable a los abusos de los Tigres de Liberación de Eelam Tamil. Amnistía Internacional ha recibido informes fidedignos que indican que los Tigres de Liberación han impedido a la población civil trasladarse a lugares más seguros en zonas controladas por el gobierno. Además, los Tigres están reclutando activamente a menores en los campos establecidos para los nuevos desplazados.

“Los organismos de ayuda humanitaria han proporcionado una cuerda de salvamento a decenas de miles de civiles atrapados. Si se retira a estos trabajadores de la región, se reducirán aún más las posibilidades de que los civiles que más lo necesitan reciban comida, cobijo y suministros médicos”, ha manifestado Sam Zarifi, director del Programa para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional.

Los trabajadores de ayuda humanitaria de Wanni dijeron a Amnistía Internacional que temían que el gobierno carezca de capacidad para proporcionar la seguridad y los artículos esenciales básicos para quienes han tenido que huir de sus casas a consecuencia de la intensificación de los combates entre las fuerzas gubernamentales y los Tigres de Liberación. Siete organismos internacionales de ayuda humanitaria, incluido el Programa Mundial de Alimentos, estaban proporcionando ayuda alimentaria de emergencia en Wanni.

“El gobierno de Sri Lanka ha asumido la responsabilidad total de garantizar que se cubren las necesidades de la población civil afectada por las hostilidades. Si el gobierno dice a los trabajadores de ayuda humanitaria que se retiren, debe demostrar que tiene capacidad suficiente para alimentar y proteger a sus propios ciudadanos y ciudadanas que quedan en la zona”, ha manifestado Sam Zarifi.

Amnistía Internacional ha pedido al gobierno de Sri Lanka que permita a los observadores independientes internacionales que se encuentran en Wanni supervisar la situación y garantizar que los convoyes con alimentos, suministros médicos y otros artículos esenciales entran en la zona, y supervisar también la distribución de esos suministros.

“Los observadores independientes son fundamentales para ayudar a garantizar que los artículos básicos llegan a manos de quienes los necesitan, sin discriminación. Sin observadores independientes en la región, habrá una total ausencia de información sobre las bajas o sobre el estado de los refugios”, ha declarado Sam Zarifi.

Pese a las afirmaciones del gobierno de que se iban a establecer corredores humanitarios que permitan la salida sin peligro de la población civil de Wanni, Amnistía Internacional sólo ha recibido informes sobre el paso sin restricciones a través del control de Omanthai. En virtud del derecho internacional, el gobierno debe garantizar que la población sabe dónde se encuentran estos corredores y cómo llegar hasta ellos.

Información complementaria
El gobierno anunció el lunes 8 de septiembre que ya no podía garantizar la seguridad de los trabajadores de ayuda humanitaria en la zona, y pidió que el personal de la ONU y los organismos humanitarios saliera del territorio controlado por el gobierno.

En virtud del derecho internacional humanitario, tanto el gobierno de Sri Lanka como los Tigres de Liberación de Eelam Tamil tienen la obligación de tratar con humanidad y sin discriminación, en todo momento, a quienes no participan activamente en las hostilidades. Además de prohibir los ataques directos contra estas personas o los ataques indiscriminados, esta disposición incluye la obligación de garantizar que los suministros humanitarios llegan a todas las personas que los necesitan.

La ONU ha empezado a trasladar al personal internacional de Kilinochchi a la zona de Vavuniya, controlada por el gobierno. El Comité Internacional de la Cruz Roja ha emitido una declaración en la que dice que planea seguir ayudando a quienes lo necesiten, independientemente de dónde se encuentren.

El ejército de Sri Lanka ha lanzado una gran ofensiva para recuperar zonas del norte y el este que se encontraban bajo el control de los Tigres de Liberación. Muchas familias han tenido que desplazarse varias veces, en su necesidad de huir de los bombardeos aéreos de las fuerzas gubernamentales.

Se acusa a Zimbabue de utilizar los alimentos con fines políticos

Fri, 06 Jun 2008 18:16:17 +0100

El gobierno de Zimbabue ha prohibido a las organizaciones no gubernamentales (ONG) llevar a cabo operaciones sobre el terreno en el país. Amnistía Internacional ha acusado al gobierno zimbabuense de utilizar los alimentos con fines políticos y le ha pedido que levante de inmediato la prohibición.

“La suspensión de las operaciones sobre el terreno de todas las ONG por orden del gobierno de Zimbabue probablemente incrementará la inseguridad alimentaria en el país y expondrá al hambre a millones de personas.”

“La suspensión es otro intento más del gobierno de manipular la distribución de alimentos con fines políticos”, ha añadido la organización.

“La suspensión de las operaciones humanitarias de las ONG asegura al gobierno el monopolio de la distribución de alimentos a través de la Junta de Comercialización de Cereales, que funciona bajo control estatal, durante el periodo previo a las elecciones.”

Desde 2000, Amnistía Internacional ha documentado la utilización de los alimentos que distribuye la Junta de Comercialización de Cereales como herramienta política del gobierno contra la oposición.

Sin dar ningún motivo concreto para la decisión, el ministro de Servicio Público, Trabajo y Bienestar Social de Zimbabue, Nicholas Goche, envió el 4 de junio de 2008 a todas las organizaciones de voluntarios privadas y las ONG la orden escrita de que interrumpieran sus operaciones en el país. El ministro comunicó su intención de acogerse al artículo 10.c de la Ley de Organizaciones Voluntarias Privadas [Capítulo 17.05] para justificar esta medida.

Amnistía Internacional ha señalado que las restricciones no sólo tendrán un efecto negativo sobre la seguridad en Zimbabue, sino que también permitirán que el gobierno impida a los cooperantes presenciar el encarnizamiento de los niveles de violencia política auspiciada por el Estado que se están dando en el país desde que se celebraron elecciones presidenciales y parlamentarias, el 29 de marzo.

“Cerrando Zimbabue a las ONG, el gobierno trata de ocultar la peor de las violaciones de derechos humanos que se producen en el país”, ha dicho Amnistía Internacional.

“Las autoridades zimbabuenses deben garantizar que los alimentos se distribuyen entre toda la población en función de las necesidades, no de la afiliación política real o supuesta.”

“Debe permitirse a las organizaciones humanitarias y otras ONG llevar a cabo su labor legítima sin injerencias. Al bloquear deliberadamente una ayuda necesaria para la supervivencia de la población, el gobierno de Zimbabue puede estar violando el derecho de sus ciudadanos a la vida, la alimentación y la salud.”

Desde 2000, millones de zimbabuenses han tenido graves dificultades para acceder a alimentos adecuados. Una de las principales causas de la crisis de alimentos del país ha sido la caída de la producción nacional de alimentos.

Si bien los factores climáticos, la pandemia de VIH/sida y los problemas económicos han tenido que ver en el declive de la productividad agrícola, las políticas y las prácticas del gobierno han exacerbado los problemas de seguridad alimentaria de Zimbabue.

Las capas más pobres de la población de Zimbabue serán las más afectadas por la prohibición, que aumentará su exposición a enfermedades mortales, ya que la suspensión afecta a proyectos de agua y salubridad. La prohibición afecta también gravemente a la atención del más de un millón de niños y niñas zimbabuenses huérfanos a causa del sida, y a los enfermos terminales que se encuentran en programas de atención ambulatoria.

El obstruccionismo del gobierno de Myanmar puede causar nuevas víctimas

Fri, 09 May 2008 17:24:02 +0100

Tras el paso del ciclón Nargis, que ha causado la muerte de decenas de miles de personas y desplazado a alrededor de un millón, el gobierno de Myanmar (antes Birmania) está impidiendo deliberadamente la entrada de una ayuda que podría salvar vidas. Su negativa a abrir las fronteras a la ayuda humanitaria masiva que se necesita, incluidos expertos, causará más muertes y sufrimiento a los damnificados por el ciclón.

Amnistía Internacional ha reiterado su llamamiento urgente al gobierno para que permita que la ayuda, los expertos y el material lleguen a todas las áreas afectadas por el ciclón, al tiempo que se garantiza que la ayuda se presta en función de las necesidades y sin discriminación alguna.

Un portavoz de Amnistía Internacional afirmó que la organización cree que, al bloquear deliberadamente la entrada de ayuda para la supervivencia, el gobierno de Myanmar puede estar violando el derecho de sus ciudadanos a la vida, a los alimentos y a la salud.

"Cualquier obstáculo que impida el acceso de la ayuda que se necesita con urgencia puede incrementar el número de muertos, ya extremadamente elevado," ha declarado Benjamin Zawacki, investigador sobre Myanmar de Amnistía Internacional.

El gobierno de Myanmar ha declarado que casi 23.000 personas murieron a consecuencia del ciclón, aunque observadores independientes calculan que pueden haber muerto hasta 100.000 personas. Tras el paso del ciclón Nargis, más de un millón de personas se han quedado sin casa, alimentos básicos, refugio o asistencia médica.

El gobierno de Myanmar se encuentra cada vez más aislado del resto del mundo debido a su historial de abusos sistemáticos contra los derechos humanos y de crímenes de guerra. No ha proporcionado a cientos de miles de sus atribulados ciudadanos el socorro que desesperadamente necesitan y hasta el momento ha impedido que los trabajadores de las organizaciones internacionales de ayuda humanitaria y sus suministros lleguen a las áreas más afectadas.

Amnistía Internacional ha afirmado que teme que miles de personas pueden morir todavía por desnutrición, enfermedades contagiosas y exposición a los elementos. Cada día que pasa sin que los supervivientes del ciclón reciban la ayuda necesaria, incrementa enormemente el riesgo de muerte o lesiones permanentes.

En una declaración citada en los medios de comunicación, el ministro de Asuntos Exteriores de Myanmar afirmó el viernes 9 de mayo que el país no recibiría “equipos de rescate e información de países extranjeros”. En su lugar, según los informes, declaró que recibiría y distribuiría ayuda “con sus propios recursos”.

En consecuencia, el primer ministro tailandés, Samak Sundaravej, que había previsto trasladarse a Myanmar para reunirse con el gobierno, canceló su viaje. Según se informó, un equipo de trabajadores de rescate que volaba a Yangón desde Qatar recibió la orden de regresar.

Además de rechazar la asistencia técnica que tanto necesita, según informes recibidos, la embajada de Myanmar en Bangkok cerró el viernes 9 de mayo debido a una festividad local, en lugar de expedir visados a los equipos de expertos en ayuda humanitaria que esperaban en la capital tailandesa.

Después de lo que calificó de “restricciones inaceptables”, el Programa Mundial de Alimentos suspendió brevemente sus vuelos con ayuda y grupos de derechos humanos informaron de que las autoridades locales de Yangón habían estado vendiendo material para tejados en lugar de distribuirlo.

Amnistía Internacional ha instado a los Estados vecinos de Myanmar, en especial los que tienen relaciones amistosas con el gobierno de Myanmar –China, India, Tailandia y Vietnam–, que continúen presionando al gobierno de aquel país para que facilite las iniciativas de ayuda humanitaria y establezca mecanismos transparentes de coordinación con la comunidad internacional.

El gobierno de Myanmar ha anunciado que seguirá adelante con sus planes de celebración de un referéndum nacional sobre una nueva Constitución el 10 de mayo. Amnistía Internacional ha afirmado que el documento es un esfuerzo por menoscabar el respeto por los derechos humanos y afianzar el poder militar y la impunidad.

Aunque centenares de miles de sus ciudadanos luchan por conseguir refugio, alimentos y atención médica básicos, el gobierno ha dado prioridad a la aprobación de la nueva Constitución.

"Los dirigentes de Myanmar están demostrando una vez más su desprecio por el bienestar de su propio pueblo –ha declarado Zawacki–. En lugar de ayudar a centenares de miles de personas que se encuentran en una situación desesperada, al gobierno le preocupa más reforzar su poder."

La respuesta de Sudáfrica ante el VIH: Las mujeres del medio rural, perdedoras

Tue, 18 Mar 2008 14:15:34 +0000

Las mujeres pobres del medio rural de Sudáfrica que viven con el VIH y el sida sufren discriminación en sus relaciones con sus parejas masculinas y dentro de la comunidad en general debido a su género, a su condición de seropositivas y a su marginación económica.

En un nuevo informe basado en entrevistas con mujeres del medio rural, la mayoría portadoras del VIH, Amnisitía Internacional revela las abrumadoras dificultades a las que se enfrentan estas mujeres en medio de la grave epidemia de VIH que afecta al país.

Mary Rayner, investigadora de Amnistía Internacional sobre Sudáfrica, ha afirmado: “La pobreza y el desempleo afectan desproporcionadamente a las mujeres del medio rural en Sudáfrica.”

“Siguen siendo víctimas de actitudes y prácticas discriminatorias –especialmente por parte de sus parejas masculinas–, y en el entorno en el que viven hay un elevado nivel de violencia sexual y de género.”

A pesar de las mejoras graduales de la respuesta del gobierno a la epidemia de VIH, y de la adopción de un plan quinquenal muy bien acogido, en Sudáfrica hay cinco millones y medio de personas seropositivas, una de las cifras más elevadas del mundo. El 55 por ciento de estas personas son mujeres. Las mujeres sudafricanas menores de 25 años tienen entre tres y cuatro veces más probabilidades de contagio por VIH que los hombres del mismo grupo de edad.

Muchas mujeres entrevistadas por Amnistía Internacional dijeron que a menudo no podían protegerse contra la infección por VIH porque tenían miedo de sufrir una reacción violenta si sugerían el uso del preservativo.

Una mujer contó a Amnistía Internacional que su esposo, camionero, pasaba la mayor parte del tiempo en la carretera. En sus días libres iba a verla, pero se negaba a usar preservativo cuando ella se lo pedía. Cuando el hombre abandonó a la familia, ella cayó enferma y en la clínica local le dijeron que era seropositiva. Esta mujer no sabe cuál es el estado de salud de su esposo desde que los dejó.

Varias mujeres más entrevistadas por Amnistía Internacional dijeron que sus maridos les pegaban y las obligaban a tener relaciones sexuales sin preservativo.

Michelle Kagari, subdirectora del Programa Regional para África de Amnistía Internacional, ha declarado: “La vida de las mujeres sudafricanas del medio rural está marcada por la persistente violencia en sus familias, en sus hogares y en comunidades inseguras y con escasa presencia policial.”

“La existencia simultánea de dos epidemias, la de VIH y la de la violencia contra las mujeres, ha incrementado el coste de la violencia para las mujeres y las niñas sudafricanas, tanto desde el punto de vista físico como psicológico.”

La mayoría de las mujeres del medio rural entrevistadas por Amnistía Internacional dijeron que sus parejas masculinas se mostraban reacias o se negaban a hacerse la prueba del VIH, aunque hubiera claros signos de que pudieran estar infectados. Muchas de las mujeres sufrían abusos por parte de sus parejas cuando intentaban acceder a los servicios de salud para recibir tratamiento y atención para el VIH.

Un tratamiento eficaz para el VIH y el sida exige visitas regulares a hospitales y clínicas para recibir tratamiento y atención. Las mujeres también necesitan una alimentación diaria adecuada con la que ingerir su medicación. Las mujeres del medio rural que viven con el VIH en circunstancias de pobreza y desempleo se enfrentan a constantes dificultades para tener un acceso regular a la alimentación y a menudo no pueden costearse el transporte hasta los centros de salud acreditados para proporcionar tratamiento.

"La falta de acceso físico a los centros de tratamiento equivale a la negación del acceso a servicios de atención a la salud, y el gobierno debe asumir más responsabilidad a la hora de garantizar este acceso”, ha dicho Michelle Kagari.

El informe de Amnistía Internacional ofrece recomendaciones específicas a las autoridades nacionales y provinciales sobre cómo resolver los retos a los que se enfrentan las mujeres del medio rural que viven con el VIH. También formula recomendaciones para las instituciones y los países donantes de ayuda que apoyan iniciativas de salud en Sudáfrica.

Gaza no debe quedar aislada del resto del mundo

Fri, 25 Jan 2008 14:59:29 +0000

El viernes por la mañana las autoridades egipcias se pusieron en marcha para volver a cerrar la frontera del país con Gaza. Sus acciones llegan tres días después de que militantes palestinos derribaran partes del muro que marca la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto, permitiendo así la entrada a este país de cientos de miles de palestinos y palestinas de Gaza para comprar alimentos, medicinas, combustible y otros artículos básicos.

La frontera entre Gaza y Egipto llevaba cerrada desde junio de 2007, convirtiendo prácticamente en prisioneros a los 1,5 millones de palestinos y palestinas que viven en la Franja de Gaza, la mayoría de ellos en la mayor miseria como consecuencia del estricto bloqueo israelí impuesto sobre Gaza.

Amnistía Internacional ha señalado que si bien Egipto tiene derecho a proteger su frontera, un retorno a la situación de cierre total de su frontera con Gaza –único medio de paso al mundo exterior para los residentes de Gaza–, vigente desde hace siete meses, es inaceptable.

"Cualquiera que sea el acuerdo al que lleguen los gobiernos de Israel y Egipto, la Autoridad Nacional Palestina y la administración de facto de Hamás en Gaza con respecto a la administración de la frontera, deberá respetar plenamente los derechos fundamentales de la población de Gaza", ha dicho Malcolm Smart, director del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África. "En particular, su derecho a no sufrir castigos colectivos, entre ellos restricciones arbitrarias a la circulación y sus derechos a la salud, a un nivel de vida adecuado y a la libertad de circulación".

Amnistía Internacional también ha pedido que los pacientes que necesiten tratamiento médico urgente que no puedan obtener en Gaza consigan permiso sin demora para salir de Gaza –y que no se les deje morir por falta de atención médica–. En los últimos meses han muerto cerca de 40 pacientes después de que las autoridades israelíes les prohibieran salir de Gaza.

"Los palestinos y palestinas de Gaza deberían poder salir con normalidad y no tener que recurrir a medidas extraordinarias como derribar el muro frontera para lograr con ello su única forma de salir al exterior. No deberían correr el riesgo de que se les niegue la posibilidad de regresar a casa si se vuelve a cerrar la frontera mientras se encuentran en el extranjero recibiendo un tratamiento hospitalario que necesitan desesperadamente", ha declarado Malcolm Smart.

El muro se derribó después de que las autoridades israelíes la semana pasada hicieran aún más estricto el bloqueo –de por sí opresivo– que mantienen sobre Gaza, impidiendo el paso incluso de artículos esenciales como combustible y ayuda humanitaria. Los suministros médicos pronto comenzaron a agotarse y la única planta generadora de electricidad de Gaza se vio obligada a cerrar el 20 de enero por falta de combustible.

Con el corte de suministro eléctrico, los hospitales de Gaza sólo han podido mantenerse funcionando gracias a los generadores de reserva, viéndose obligados a suspender casi todos los servicios. Los trabajadores de la salud han tenido problemas para llegar al lugar de trabajo debido a la escasez de combustible, que limitó el transporte.

Tras el cierre de la planta eléctrica, las autoridades israelíes autorizaron la entrada en Gaza de un cargamento de combustible el martes (22 de enero), lo que permitió que la planta reanudara su funcionamiento, si bien a menor capacidad. No obstante, la situación sigue siendo crítica y está previsto que los cortes eléctricos continúen.

Los hospitales permanecen en estado de emergencia debido a la falta de combustible y la incertidumbre en cuanto a su suministro; además, el uso intensivo de los generadores de reserva durante los cortes de luz ha hecho que éstos se averíen con mayor frecuencia precisamente en un momento en que el bloqueo dificulta o no permite conseguir repuestos.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el Hospital Europeo de Gaza y en el Hospital Nasser de Khan Yunis se han visto obligados a suspender todos los tratamientos, salvo urgencias y pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos, cada vez que hay un corte eléctrico.

"Los hospitales necesitan un suministro eléctrico constante y unos planes de emergencia de reserva adecuados, no el suministro intermitente y la incertidumbre derivada de que incluso éste pueda ser suspendido arbitrariamente como represalia por hechos producidos en otros sectores no relacionados", ha afirmado Smart.

Los centros médicos de Gaza no disponen de personal especializado ni equipos para tratar una serie de dolencias, como el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. Amnistía Internacional sigue exhortando a las autoridades israelíes a que aceleren el acceso a la asistencia médica de los pacientes que necesiten tratamiento urgente no disponible en Gaza.

La organización también hace un llamamiento a la Autoridad Nacional Palestina y a los gobiernos de Egipto y Jordania para que ayuden a facilitar el acceso a la asistencia médica a estos pacientes, y a las autoridades egipcias para que garanticen que las fuerzas de seguridad de la frontera no hagan uso excesivo de la fuerza contra los habitantes de la Franja de Gaza que crucen o intenten cruzar la frontera.

La población palestina no debe volver a quedar aprisionada en la Franja de Gaza

Tue, 29 Jan 2008 12:03:15 +0000

Amnistía Internacional ha pedido hoy a las partes implicadas en la futura gestión del paso fronterizo de Rafah, en la frontera de Gaza con Egipto, que garanticen los derechos fundamentales de la población de Gaza. Los gobiernos de Israel y Egipto, la Autoridad Palestina y el gobierno de facto de Hamás en Gaza deben garantizar el derecho de la población local a la salud y a un nivel de vida adecuado, así como a no sufrir un castigo colectivo, como las restricciones arbitrarias de la libertad de circulación.

"Los 1,5 millones de palestinos que viven en la Franja de Gaza prácticamente viven confinados allí desde junio, la mayoría en situación de extrema pobreza debido a que se han agotado las existencias de combustible, alimentos y medicamentos a causa del bloqueo israelí -explicó Malcolm Smart, director del Programa Regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África-. No debe permitirse que vivan en las mismas condiciones tras el nuevo cierre de la frontera."

"En los últimos meses se han producido más de 40 muertes debido a la prohibición de cruzar el paso fronterizo a pacientes que necesitaban tratamiento médico urgente y no podían recibirlo en Gaza -asegura Malcolm Smart-. Los hospitales de Gaza carecen de personal y material especializados, dependen de generadores debido a los cortes de suministro eléctrico y tienen serias dificultades para conseguir piezas de repuesto si se averían, cuando no les resulta absolutamente imposible. Mientras tanto los habitantes de Gaza siguen muriendo, algo absolutamente inaceptable."

Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades israelíes que permitan acceder sin demora a la asistencia médica a los habitantes de Gaza que necesitan tratamiento urgente no disponible en la franja. Además, la organización ha pedido a la Autoridad Palestina y a los gobiernos de Egipto y Jordania que faciliten el acceso de estos pacientes a la asistencia médica.

Esta misma semana, la única central eléctrica de Gaza se vio obligada a cerrar al agotarse el combustible. Aunque las autoridades israelíes permitieron el martes la entrada de combustible en la franja, la situación sigue siendo desesperada y se espera que continúen las interrupciones de suministro eléctrico.

"Egipto tiene derecho a asegurar su frontera, pero a los habitantes de Gaza debe permitírseles salir por los medios habituales, sin tener que recurrir a una medida tan extraordinaria como la apertura de una brecha en el muro fronterizo como única vía de salida" ha manifestado Malcolm Smart.

Amnistía Internacional ha pedido garantías a las autoridades egipcias de que las fuerzas de seguridad desplegadas en la frontera no emplean fuerza excesiva contra los habitantes de la Franja de Gaza que cruzan o intentan cruzar la frontera.

Israel bloquea el suministro de electricidad y alimentos a Gaza

Mon, 21 Jan 2008 16:05:35 +0000

Israel ha bloqueado todo suministro de electricidad, combustible y ayuda humanitaria a la población de Gaza, medida que Amnistía Internacional ha calificado de castigo colectivo.

El bloqueo con toda probabilidad conducirá a una situación de emergencia de salud pública, y Amnistía Internacional ha pedido que se levante de inmediato el bloqueo de combustible y las demás restricciones que han impedido en la práctica la entrada y salida de personas y bienes de la Franja de Gaza desde que Hamás se hizo con el control del territorio en junio de 2007.

“Más de 40 pacientes gravemente enfermos han muerto desde que las autoridades israelíes cerraron las fronteras de Gaza y con ello los privaron de acceso a tratamiento hospitalario en el exterior –manifestó Malcolm Smart, director del Programa Regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África–, pero ahora toda la población de Gaza corre peligro, ya que se están agotando la electricidad y el combustible.”

Aunque Amnistía Internacional ha reconocido que Israel tiene derecho a tomar medidas para proteger a su población de los ataques con cohetes y de otra índole cometidos por grupos armados palestinos de Gaza, ha condenado la decisión de las autoridades israelíes de interrumpir los suministros básicos a los 1,5 millones de habitantes de Gaza.

“Parece una medida calculada para agravar una situación humanitaria que ya era alarmante, en la que serán las personas más indefensas (enfermos, ancianos, mujeres y menores) quienes sufran las peores consecuencias, no los violentos que perpetran los ataques contra Israel”, aseguró Malcolm Smart.

La electricidad y el combustible, que ya escaseaban en Gaza desde hace algún tiempo debido a los bloqueos israelíes, se utilizan para bombear agua, y su escasez ha tenido consecuencias desastrosas para la salud y el bienestar de una población que ya se enfrentaba a un suministro deficiente de agua potable y limpia para consumo e higiene personal y al tratamiento inadecuado de aguas residuales y basuras.

Alimentos y medicamentos ya de por sí escasos se están echando a perder al no poder ser refrigerados por falta de electricidad. A las personas en estado de salud crítico que necesitan con carácter urgente un tratamiento médico que no pueden recibir en Gaza se les prohíbe abandonar la Franja, y unas 40 ya han muerto por esta razón.

Las autoridades israelíes aducen motivos de “seguridad” sin especificar pero no proponen medios alternativos y proporcionados para abordar los problemas de seguridad. El cierre de la frontera de Gaza con Egipto –único paso fronterizo de Gaza– por parte de Israel desde principios de junio en la práctica ha dejado a la población atrapada y aislada del mundo exterior.

Se impide a pacientes desplazarse a otros países para recibir asistencia médica y se niega a comerciantes y estudiantes la posibilidad de salir de Gaza para aprovechar oportunidades de empleo y educación en otros lugares.

El estricto bloqueo ya impuesto por Israel a la circulación de bienes hacia y desde Gaza ha obligado a la mayoría de la población a vivir por debajo del umbral de pobreza y depender de la ayuda internacional. Amnistía Internacional afirma que este nuevo endurecimiento del bloqueo no hará sino prolongar y agravar la paralización de la economía de Gaza.

“Ahora ni siquiera se permite la llegada de ayuda humanitaria indispensable a quienes más la necesitan en Gaza. Estas medidas deben suspenderse, tiene que permitirse la reanudación inmediata de la circulación de ayuda humanitaria, combustible, electricidad y otras necesidades básicas” afirmó Malcolm Smart.

Hay que empoderar a la población pobre de Bangladesh

Tue, 08 Jan 2008 18:53:13 +0000

Amnistía Internacional se ha reunido en Bangladesh con una destacada ONG con objeto de examinar de qué modo se organizan los sectores pobres de la población para superar la pobreza, la desigualdad de género y el analfabetismo.

La delegación de AI visitó el domingo los proyectos que la organización internacional Comité para el Desarrollo Rural de Bangladesh (BRAC) lleva a cabo en Tangail y Rajshahi, en el norte del país. Sus componentes hablaron con mujeres participantes en una reunión sobre microfinanciación rural, asistieron en calidad de observadores a una clase de educación en derechos humanos para mujeres y visitaron una escuela primaria y un centro de salud materna. La delegación pudo comprobar sobre el terreno cómo la participación activa de las personas pobres contribuye a consolidar los derechos económicos y sociales de la población rural marginada.

En Rajshahi, Amnistía Internacional se reunió con víctimas de la violencia del grupo islamista Yama'atul Muyahideen. Muchas de ellas explicaron que no habían recibido ninguna indemnización ni podían regresar a sus hogares, destruidos en algunos casos. A pesar de las medidas adoptadas por las autoridades contra algunos dirigentes de dicho grupo, las víctimas afirmaban que continuaban temiendo por su seguridad, pues los cuadros del grupo, así como funcionarios que habían colaborado con ellos, vagaban libremente por la zona.

La delegación se reunió también con profesores de la Universidad de Rajshahi que, aunque indultados posteriormente por el presidente, habían sido procesados y condenados tras su detención a finales de agosto. Los habían acusado de incitar a los estudiantes a protestar contra el gobierno.

Amnistía Internacional cree que los procesamientos se llevaron a cabo por motivos políticos y sin pruebas suficientes ni adecuadas. Los afectados dijeron que iban interponer un recurso, porque el indulto no era suficiente.

Amnistía Internacional cree que sería más justo absolverlos, por lo que pide al gobierno que no se oponga a ningún recurso que puedan presentar.

Información general

Fri, 05 Oct 2007 18:31:22 +0100

Los abusos contra los derechos humanos pueden afectar a la salud individual y pública.

Amnistía Internacional hace trabajo de investigación y campaña para prevenir y erradicar los abusos más graves contra unos derechos humanos que son fundamentales para gozar de una buena salud física y mental.

Las violaciones de derechos humanos pueden provocar problemas de salud o ser consecuencia de problemas de salud.

El trabajo que Amnistía Internacional realiza en este ámbito incluye:

campaña de oposición a la tortura y los malos tratos;
trabajo para prevenir la negación de la asistencia médica;
campaña contra las violaciones de los derechos de las personas;
trabajo sobre la necesidad de cambios legislativos o políticos para garantizar que no existe discriminación en torno a la provisión de servicios médicos;
promoción del papel de los profesionales de la salud en la defensa de los derechos humanos.

Todo el mundo tiene un papel que desempeñar en la oposición a las violaciones de los derechos relacionados con la salud, tanto los profesionales de la salud como las personas con un interés general en cuestiones médicas y de salud.

¿Qué es el derecho a la salud?

“El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social.” Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

El derecho al “grado máximo de salud que se pueda lograr” es lo que se conoce habitualmente como el “derecho a la salud”.

Este derecho engloba la atención médica y las condiciones esenciales para gozar de buena salud, como agua potable, alimento adecuado, instalaciones higiénicas y cobijo.

También incluye el acceso a servicios de salud de buena calidad, asequibles y culturalmente aceptables, así como a información relacionada con la salud.

Al igual que sucede con todos los demás derechos, la no discriminación ocupa el lugar central del “derecho a la salud”, al igual que lo hace la noción de “participación”: es decir, el derecho a participar en la toma de decisiones en torno a las cuestiones relativas a la salud.

Publicaciones más recientes de Amnistía Internacional relacionadas con la salud.

Cómo puedes participar

Los profesionales de la salud ocupan una posición única para documentar y vigilar los abusos contra el derecho a la salud y otras violaciones relacionadas con la salud y hacer campaña al respecto.

La Red de Profesionales de la Salud de Amnistía Internacional, mediante diversas actividades de campaña, responde a casos que suscitan preocupación. Entre sus miembros se pueden encontrar:

médicos
dentistas
enfermeros y enfermeras
fisioterapeutas
psicólogos y psicólogas
estudiantes de medicina

Estos grupos trabajan en colaboración para dar fuerza a la misión de Amnistía Internacional de oponerse a las violaciones graves de derechos humanos y hacer rendir cuentas a los responsables.

Los profesionales de la salud también han participado en las campañas globales de Amnistía Internacional, por ejemplo en proyectos de la Campaña para Combatir la Violencia contra las Mujeres, y lo seguirán haciendo en la próxima campaña global sobre pobreza y derechos humanos.

Amnistía Internacional emite acciones de profesionales de la salud y numerosas acciones urgentes sobre casos relacionados con la salud a las que todos los activistas están invitados a responder.

Para más información, visita la Red de Profesionales de la Salud.

Si no eres un profesional de la salud pero deseas responder a acciones urgentes relacionadas con cuestiones de salud, ponte en contacto con tu Sección de Amnistía Internacional o visita la página de inicio de las acciones urgentes.

Contacto

El Equipo de Salud y Derechos Humanos de Amnistía Internacional se encuentra en el Secretariado Internacional de la organización, 1 Easton Street, London, WC1X 0DW, Reino Unido.

Forma parte de un programa centrado en cuestiones temáticas y de política, y lo componen James Welsh (coordinador), una persona encargada de tareas de asesoramiento y acción y una persona voluntaria.

Tel.: +44 20 7413 5500
Fax: +44 20 7956 1157
Correo-E.: health@amnesty.org

Ethics and Human Rights

Fri, 05 Oct 2007 18:55:21 +0100

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