Web pages about "Extrajudicial Executions And Other Unlawful Killings"

La violencia y la coacción caracterizan las elecciones de Zimbabue

Fri, 27 Jun 2008 18:07:34 +0100

Los comicios celebrados en Zimbabue el viernes 27 de junio han estado marcados por una campaña de violencia e intimidación patrocinada por el Estado en el periodo previo a las elecciones presidenciales. Amnistía Internacional ha manifestado su profunda inquietud por la campaña, que forma parte de una estrategia deliberada con que el gobierno intenta conseguir que Robert Mugabe se alce con la victoria.

La decisión de celebrar los comicios se tomó a pesar de los llamamientos hechos por la comunidad internacional para que se aplazaran hasta que mejorara la situación de la seguridad en el país. Miles de presuntos simpatizantes del partido de oposición Movimiento por el Cambio Democrático (MDC) han sido objeto de acoso e intimidación a lo largo y ancho del país.

“Las elecciones de hoy se celebran en un entorno de homicidios, torturas y agresiones generalizadas contra presuntos partidarios de la oposición. Se ha permitido a Zimbabue actuar al margen del marco de derechos humanos de la Unión Africana y la ONU durante demasiado tiempo”, ha dicho Amnistía Internacional.

“Es hora de hacer efectiva la solidaridad africana e internacional con las víctimas de violaciones de derechos humanos de Zimbabue. No se debe dejar solas a las personas que sufren esta violencia constante.”

Se ha aprehendido y detenido de manera arbitraria a simpatizantes –o personas a quienes se considera simpatizantes– del MDC. Este partido sostiene que alrededor de 2.000 de sus miembros se encuentran bajo custodia. Uno de los detenidos políticos fue el secretario general del partido, el señor Tendai Biti, que quedó en libertad el 26 de junio; había sido detenido el 12 de junio acusado de traición.

Hasta el momento, se cuentan en más de 80 las personas que han resultado muertas en la violencia postelectoral, la mayor parte de ellas simpatizantes del MDC.

Los "veteranos de guerra" han instalado "bases" informales en zonas rurales y urbanas desde donde planean atentados contra partidarios del MDC. Llevan a cabo sesiones de "reeducación" que consisten, entre otras cosas, en agredir con gravedad a personas presuntamente partidarias del MDC para que sirva de "lección" para otros. Entre las víctimas hay mujeres, niños y niñas y personas ancianas.

Se emplea a los órganos de seguridad del Estado, como la policía y el ejército, para ejecutar una agenda partidista, lo que compromete seriamente su responsabilidad constitucional de proteger los derechos humanos de toda la población zimbabuense.

También se han dirigido ataques contra otras personas a quienes se considera opositoras al gobierno, como defensores y defensoras de los derechos humanos y profesionales del derecho. Varios abogados se han visto obligados a abandonar el país, porque temían por su vida y la seguridad de sus familias.

Se ha detenido de manera arbitraria a personas que defienden los derechos humanos, entre ellas a miembros de la organización Mujeres de Zimbabue ¡en pie! (WOZA), y se les ha denegado la libertad bajo fianza simplemente por ejercer su derecho legítimo a manifestarse de forma pacífica.

“Activistas de los derechos humanos como Jenni Williams y Magodonga Mahlangu, de WOZA, se han ido consumiendo en la situación de reclusión en la que se encuentran desde que las detuvieran el pasado 28 de mayo, debido únicamente al ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, asociación y manifestación pacífica –ha señalado Amnistía Internacional–. Mientras tanto se deja en libertad a asesinos, torturadores y autores de otros abusos, a los que se da además rienda suelta para cometer nuevas violaciones de derechos humanos con impunidad”.

La crisis de Darfur llega a la capital de Sudán

Fri, 23 May 2008 14:53:54 +0100

Amnistía Internacional ve con gran preocupación la represión que están ejerciendo las fuerzas de seguridad sudanesas tras la incursión en Jartum de un grupo armado. Las medidas represivas se han caracterizado por violaciones graves de derechos humanos, entre ellas cientos de detenciones arbitrarias, casos de malos tratos y ejecuciones extrajudiciales. Las víctimas de estas violaciones han sido mayoritariamente personas originarias de Darfur.

El sábado 10 de mayo de 2008, el Movimiento Justicia e Igualdad (JEM), grupo armado de oposición con base en Darfur, lanzó un ataque militar en las afueras de Jartum. El ataque marcó el comienzo de una nueva fase del conflicto en Darfur, al ser la primera vez que un grupo armado de oposición llegaba a las afueras de la capital desde el inicio del conflicto en 2003. Según informes, muchos miembros del JEM murieron durante el ataque y decenas fueron arrestados.

Desde entonces, el gobierno ha respondido a este ataque militar con centenares de detenciones arbitrarias y algunos casos de ejecuciones extrajudiciales perpetrados por la policía sudanesa y el Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional contra personas originarias de Darfur, especialmente miembros del grupo étnico zaghawa. Desde que las fuerzas sudanesas rechazaron la ofensiva, se impuso un toque de queda en Omdurman y se establecieron puestos de control en las calles de la capital, lo que permitió el arresto y la detención de personas que viajaban en autobuses y automóviles, mientas que el Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional y la policía efectuaban registros en los domicilios de personas originarias de Darfur y de sus familias.

“Se ha detenido con métodos brutales a civiles, en su mayoría jóvenes, en las calles y en sus casas, y se les ha conducido a lugares de detención que todavía se desconocen. La mayoría de las detenciones en los lugares públicos se han basado sobre todo en el aspecto, la edad, el acento o el color de la piel.” Con estas palabras expresaba a Amnistía Internacional un destacado abogado sudanés sus motivos de preocupación en relación con la naturaleza arbitraria de las detenciones –personas detenidas por su origen étnico y edad–, los malos tratos asociados y la falta de información sobre los lugares de detención. Según declaró a Amnistía Internacional, los hombres jóvenes, incluidos los menores de edad, corrían un peligro mayor porque el gobierno sabe que el JEM se nutre parcialmente de hombres jóvenes. Algunos testigos han informado de que a las personas que corrían riesgo de detención se les pedía que pronunciaran ciertas palabras para determinar si eran originarias de Darfur o no.

Entre las personas detenidas hay hombres, mujeres y familias enteras que provienen de Darfur. Amnistía Internacional también ha recibido informes que indican que la semana pasada se detuvo a profesionales de la abogacía y del periodismo y al menos a un activista de derechos humanos.

El 21 de mayo de 2008, cinco miembros del partido político de oposición Congreso Popular, permanecían detenidos después de que su líder, Hassan Al Turabi, y otros miembros fuesen liberados.

Amnistía Internacional condena la detención arbitraria de cientos de personas e insta al gobierno sudanés a liberar inmediata e incondicionalmente a todas las personas que hayan sido detenidas sólo por su origen étnico o por la expresión pacífica de su opinión. Amnistía Internacional pide al gobierno sudanés que acuse formalmente al resto de los detenidos de un delito común reconocible o los ponga en libertad de inmediato.

Algunos testigos han relatado a Amnistía Internacional los malos tratos infligidos por la policía y el Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional a varias personas en el momento de arrestarlas. Un abogado que fue liberado dos días después de su detención contó cómo los habían sacado de su casa a él y a algunos miembros de su familia y cómo le golpearon con rifles en la cabeza y en las piernas causándole lesiones graves. Otros testigos han hablado de ejecuciones extrajudiciales públicas de las que habrían sido víctimas varios hombres y al menos una mujer en Omdurman. Según varios informes, la mujer murió el 1 de mayo en las calles de Umbada, en Omdurman, cuando miembros del Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional le dispararon después de que se opusiera a la detención de su hermano menor.

Según la información facilitada por su familia, un hombre de 31 años oriundo del estado de Nilo Blanco fue detenido por miembros del Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional el 16 o el 17 de mayo y conducido a un centro de detención de este Servicio. Ya lo habían detenido y liberado el día anterior, después de acusarlo de dar cobijo a miembros del JEM en una de sus casas. El 19 de mayo, cuando un familiar acudió a preguntar por el lugar donde se encontraba detenido, en el Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional le informaron de que la persona en cuestión había fallecido bajo custodia a causa de una insuficiencia renal que le había sobrevenido el día que fue detenido. Según le dijeron al familiar, el detenido fue trasladado a un hospital de ese Servicio, donde falleció, y posteriormente el cadáver fue llevado a una morgue. El 19 de mayo los familiares solicitaron al médico de la morgue que llevara a cabo una autopsia antes de hacerse cargo del cuerpo. Los exámenes revelaron que la muerte se había debido a una grave hemorragia interna producida por varias lesiones graves, así como hematomas en distintas partes del cuerpo.

Amnistía Internacional insta al gobierno de Sudán a que condene e investigue todas las denuncias de malos tratos, tortura y ejecuciones extrajudiciales que se han producido después del ataque del JEM.

Aunque, según los informes, algunas de las personas detenidas pueden encontrarse en la prisión de Kober, en Jartum, sigue sin conocerse el paradero de la mayoría de ellas. En muchos casos, sobre todo de personas que fueron arrestadas en la calle, también se desconoce la autoridad que ordenó su detención. Las familias de las personas detenidas las consideran desaparecidas. Amnistía Internacional teme que muchas pueden haber sido víctimas de desaparición forzada.

El número de detenciones y las circunstancias en que se están produciendo, la incertidumbre acerca del paradero de los detenidos y los malos tratos asociados a las detenciones hacen temer por la suerte de estas personas. Amnistía Internacional siente gran preocupación por las personas recluidas en régimen de incomunicación, posiblemente en centros de detención no reconocidos oficialmente, sin acceso a abogados o familiares, por lo que corren aún más peligro de convertirse en víctimas de tortura y ejecución extrajudicial.

Amnistía Internacional también siente preocupación por la suerte de las personas sin documentos de identidad que viven en la capital. Las detenciones se han generalizado en toda la ciudad y en los transportes públicos, aumentando el peligro que corren las personas que no pueden probar su identidad.

Amnistía Internacional ha recibido informes sin confirmar de fosas comunes tras el ataque lanzado por el JEM el 10 de mayo, al parecer una de ellas en Omdurman Oeste. Amnistía Internacional exige que se identifiquen y se protejan estos posibles lugares para que investigadores independientes con la capacitación necesaria puedan examinarlos.

Amnistía Internacional insta además a las autoridades a derogar el artículo 31 de la Ley de las Fuerzas de Seguridad Nacional, que autoriza la detención durante periodos de hasta nueve meses sin acceso a revisión judicial.

Amnistía Internacional recuerda al gobierno de Sudán el compromiso que contrajo en el pasado de garantizar a los responsables de derechos humanos de la Misión de la ONU en Sudán el acceso a los lugares de detención; también insta al gobierno sudanés a que haga público de inmediato el paradero de todas las personas bajo custodia y a que permita el acceso sin restricciones a los lugares de detención a los responsables de derechos humanos, familiares, abogados y médicos.

El homicidio de civiles, algo habitual en Somalia

Tue, 06 May 2008 16:44:30 +0100

La grave crisis humanitaria y de derechos humanos que sufre la población en Somalia ha quedado de manifiesto en un innovador informe que Amnistía Internacional acaba de publicar.

El informe contiene testimonios directos de decenas de supervivientes traumatizados del conflicto, y saca a la luz los abusos y violaciones de derechos humanos de que han sido objeto a manos de una compleja mezcla de agentes, a saber, las tropas etíopes y del Gobierno Federal de Transición por un lado, y los grupos armados, por el otro.

“En Somalia, la población sufre homicidios, violaciones y torturas; los saqueos son un fenómeno generalizado, y se destruyen vecindarios enteros”, ha manifestado Michelle Kagari, subdirectora del Programa Regional para África de Amnistía Internacional.

Algunos testigos relataron a Amnistía Internacional que cada vez hay más casos de lo que localmente se conoce como “masacrar” o “matar como a cabras”, es decir, degollamientos, perpetrados por las tropas etíopes. Es frecuente que las víctimas de estos homicidios queden tiradas en la calle, en medio de un charco de sangre, hasta que los combatientes armados, incluidos los francotiradores, se retiran de la zona y sus familiares pueden recoger los cadáveres.

“Los testimonios que recibimos indican convincentemente que todas las partes en el conflicto de Somalia han cometido crímenes de guerra y, posiblemente, crímenes de lesa humanidad –ha señalado Michelle Kagari-. Pero no se hace rendir cuentas a nadie.”

“La situación de los derechos humanos y humanitaria empeora día a día en Somalia. Este informe da voz a los somalíes de a pie, que piden a la comunidad internacional que tome medidas para poner fin a las agresiones de que son objeto, incluidas las cometidas por las fuerzas etíopes y del Gobierno Federal de Transición, que reciben apoyo internacional”.

La seguridad es inexistente en muchas partes de Mogadiscio, y la población entera de la ciudad está marcada por las atroces violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario que ha presenciado o sufrido.

“Dondequiera que vayan, no hay seguridad para los civiles. Los que huyen de la violencia en Mogadiscio son atacados en el camino, y los que tienen la suerte de llegar a un asentamiento o un campo de acogida sufren allí más violencia y terribles condiciones de vida.”

Como gobierno reconocido de Somalia, el Gobierno Federal de Transición es el principal encargado de la protección de los derechos humanos de la población somalí. Sin embargo, el ejército etíope, que está jugando un papel principal al respaldarlo, también tiene que hacerse cargo de ella.

“Los ataques contra civiles que llevan a cabo todas las partes deben acabar de inmediato. Asimismo, la comunidad internacional debe asumir su propia responsabilidad por no ejercer presión constante sobre el Gobierno Federal de Transición y el gobierno etíope para que impidan a sus fuerzas armadas cometer violaciones atroces de derechos humanos.”

Amnistía Internacional ha instado a que se refuerce la capacidad de la Oficina Política de las Naciones Unidas para Somalia y a que se asigne a la AMISOM y a toda misión de la ONU para el mantenimiento de la paz que la suceda el mandado de proteger a los civiles y se le añada un fuerte componente de derechos humanos con capacidad para investigar las violaciones de derechos humanos.

La organización ha pedido también que se refuerce el embargo de armas de la ONU a Somalia.

Aumentan los homicidios de sindicalistas en Colombia

Wed, 30 Apr 2008 17:30:12 +0100

No queremos marchas llorando los muertos ni protestas para el 1 de mayo. –Fragmento de una amenaza de muerte paramilitar enviada a sindicalistas del departamento de Santander, 22 de abril de 2008

En gran parte del mundo, el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, brinda a trabajadores y trabajadoras la oportunidad de celebrar sus derechos y manifestar su solidaridad. Ese día se celebran concentraciones y actos en todo el mundo, de Londres a Moscú, pasando por Yakarta, Caracas o Ciudad del Cabo.

En el mundo entero, los sindicalistas sufren violencia y opresión. Pese a los casi 60 años transcurridos desde la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo artículo 23 garantiza a todas las personas el derecho “a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses”, ese derecho sigue violándose de forma generalizada.

Año tras año, Colombia simboliza los abusos más graves y constantes contra este derecho humano. En este país no se puede dar por sentada la posibilidad de participar en actos del 1 de mayo ni en otras actividades sindicales legítimas.

En lo que va de año, unos 22 sindicalistas han sido víctimas de homicidio en Colombia, una cifra considerablemente superior a la del mismo periodo del año pasado. Pese a que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha establecido una oficina permanente en el país, y pese a que se ha creado una unidad especializada para investigar los abusos contra los derechos humanos de sindicalistas, la seguridad de quienes defienden los derechos sindicales sigue siendo precaria.

El 17 de abril de 2008 se encontró en el municipio de Sabanalarga, departamento de Atlántico, el cadáver de Jesús Heberto Caballero Ariza, dirigente del Sindicato de Empleados Públicos del Servicio Nacional de Aprendizaje (SINDESENA). Según los informes, presentaba señales de tortura. Al parecer, antes de su muerte, Jesús Heberto Caballero había recibido amenazas de muerte del grupo paramilitar “Águilas Negras”.

El homicidio se produjo unos días antes de que sindicatos y organizaciones de derechos humanos recibieran por correo electrónico una amenaza de muerte firmada por “Águilas Negras”, fechada el 21 de abril de 2008. Según los informes, Jesús Heberto Caballero estaba sacando a la luz prácticas corruptas dentro del Servicio Nacional de Aprendizaje.

Adolfo González Montes, miembro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Carbón (SINTRACARBON), fue torturado y asesinado en su casa de la localidad de Riohacha, departamento de La Guajira, el 22 de marzo de 2008. Su homicidio coincidió con las amenazas de muerte telefónicas recibidas por otros dirigentes de SINTRACARBON.

Algunos de estos dirigentes han denunciado también que sus casas estaban siendo vigiladas por individuos no identificados. La muerte de Adolfo González ha tenido lugar mientras el sindicato se disponía a iniciar negociaciones sobre las condiciones de trabajo con las empresas propietarias de la explotación minera de Cerrojón, en el departamento de La Guajira.

La mayoría de los homicidios de sindicalistas han sido obra de grupos paramilitares, a menudo en connivencia con las fuerzas de seguridad o con la conformidad de éstas. Las fuerzas de seguridad y la guerrilla también han sido responsables directos de homicidios y amenazas contra sindicalistas, unos homicidios y amenazas que tienen un objetivo claro: minar y desacreditar el trabajo de estos activistas.

Desde que, en julio de 2007, Amnistía Internacional publicó su informe Sindicalismo en Colombia: Homicidios, detenciones arbitrarias y amenazas de muerte, el gobierno colombiano ha alegado que la situación de los sindicalistas ha mejorado de forma espectacular.

En dicho informe, Amnistía Internacional reconoció que, efectivamente, se había producido un descenso del número de sindicalistas víctimas de homicidio, frente a las cifras de principios de la década de 2000. Sin embargo, la organización conmemora este año el 1 de mayo pidiendo al gobierno colombiano que ponga más empeño en defender a los sindicalistas, especialmente teniendo en cuenta el aumento del número de homicidios experimentado en 2008.

Tanto las autoridades gubernamentales como las fuerzas de seguridad y los paramilitares han tachado a los sindicatos, al igual que a las organizaciones de derechos humanos y a otras organizaciones sociales, de colaboradores o simpatizantes de la guerrilla. Estas acusaciones han venido muchas veces seguidas de amenazas o ataques contra estos activistas.

Amnistía Internacional ha destacado cómo, en los dos últimos decenios, el número de homicidios de sindicalistas ha experimentado bruscos descensos seguidos de fuertes aumentos. La organización ha insistido en que la ausencia de medidas enérgicas por parte de los sucesivos gobiernos colombianos para poner fin a la impunidad –superior al 90 por ciento– que rodea estos casos impide garantizar que la reducción de las cifras un determinado año se traduzca necesariamente en una mejora sostenible de la situación de los derechos humanos.

El fuerte incremento del número de sindicalistas asesinados en los cuatro primeros meses del año ilustra claramente este problema.

El gobierno colombiano ha alegado también que los abusos sufridos por sindicalistas no son consecuencia de su labor sindical. Sin embargo, Amnistía Internacional recibe incesante información que indica que las amenazas de muerte y los homicidios contra sindicalistas coinciden con periodos de disputas laborales.

El 1 de mayo de 2008, Amnistía Internacional ha pedido al gobierno colombiano que tome medidas enérgicas para poner fin a la crisis de derechos humanos a la que se enfrentan los sindicalistas en Colombia. La organización ha pedido a la comunidad internacional que insista ante el gobierno colombiano a este respecto.

Otros gobiernos pueden garantizar que la oficina permanente de la OIT en Colombia cuenta con recursos adecuados para poner en práctica un mandato que incluye la vigilancia activa y la información sobre la situación de derechos humanos a que se enfrentan los sindicalistas.

Y pueden asimismo emprender acciones para garantizar que se dota de recursos adecuados a las unidades especializadas creadas para investigar los abusos contra los derechos humanos de sindicalistas.

Etiopía debe poner en libertad a los menores detenidos en el asalto a una mezquita

Thu, 24 Apr 2008 15:11:14 +0100

Se ha acusado a fuerzas de Etiopía y del gobierno federal de transición de Somalia de haber atacado a civiles en el asalto a una mezquita de Mogadiscio llevado a cabo el sábado 19 de abril. Durante el asalto –que según Amnistía Internacional podría constituir un crimen de guerra– resultaron muertas 21 personas.

De los 21 fallecidos, 11 murieron dentro de la mezquita, entre ellos el imán Sheik Saiid Yahya, Sheik Abdullah Mohamud y varios ulemas tabliq. Al menos otras 10 personas resultaron muertas en los alrededores de la mezquita. Vecinos de la zona trasladaron después sus cadáveres al interior del edificio.

Según los informes, 7 de los 21 murieron degollados, forma de ejecución extrajudicial que practican las fuerzas etíopes en Somalia.

El asalto a la mezquita se produjo durante los combates generalizados habidos en la zona nordeste de Mogadiscio, en los que, según los informes, han muerto varios soldados etíopes. Según testigos presenciales, las 11 personas que perdieron la vida dentro de la mezquita eran civiles desarmados que no participaban activamente en las hostilidades. Un portavoz del gobierno etíope ha negado la implicación de tropas etíopes en estas muertes.

A Amnistía Internacional le preocupa también el hecho de que las tropas etíopes sacaran a unos 41 menores, al parecer con edades comprendidas entre los 9 y los 18 años, de la mezquita de Al Hidya, en donde asistían a clases de religión. Según los informes, los menores se encuentran detenidos en la base militar que el ejército etíope tiene cerca de una fábrica de pasta en Mogadiscio. No fueron detenidos otros menores más pequeños que se encontraban también en la mezquita.

Algunos testigos han manifestado a Amnistía Internacional que las fuerzas etíopes señalaron que pondrán en libertad a los menores “cuando los hayan investigado” y “si no son terroristas”.

Fuerzas de Etiopía y del gobierno federal de transición de Somalia llevan dos días luchando contra grupos armados de oposición. La organización de derechos humanos Elman ha documentado 81 muertos y más de 100 heridos durante los combates. Se desconoce cuántas de estas personas eran civiles.

El asalto a la mezquita estuvo precedido de un número creciente de ataques de grupos armados contrarios al gobierno federal de transición contra localidades del sur y el centro de Somalia. Vecinos de Beledweyne han señalado que miembros de la milicia Al-Shabab mataron a cuatro profesores en un ataque lanzado el 13 de abril. Un dirigente de la milicia declaró que los profesores habían muerto como consecuencia del fuego cruzado.

Los ataques contra civiles constituyen crímenes de guerra. Amnistía Internacional ha pedido la intervención de la comunidad internacional para que se ponga fin a estos crímenes, perpetrados en muchas zonas de Somalia. La organización ha señalado que el gobierno etíope y el gobierno federal de transición de Somalia deben garantizar una investigación independiente de estos homicidios.

“Todos los soldados etíopes a los que se halle responsables deben ser enjuiciados con arreglo a las normas internacionales sobre imparcialidad procesal y sin recurso a la pena de muerte”, ha indicado Amnistía Internacional.

La organización ha pedido también que el Consejo de Seguridad de la ONU intervenga para poner fin a la impunidad en toda Somalia, creando una comisión internacional de investigación u otro mecanismo similar que investigue las violaciones y los abusos contra los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado que se desarrolla en el país.

Descubiertos miles de cadáveres en fosas comunes de Cachemira

Fri, 18 Apr 2008 12:28:23 +0100

En la zona de Jammu y Cachemira administrada por India se han encontrado cientos de fosas sin identificar que se cree que contienen cadáveres de víctimas de homicidios ilícitos, desapariciones forzadas, tortura y otros abusos.

Amnistía Internacional ha instado al gobierno indio a emprender investigaciones urgentes sobre las fosas comunes, en las que se sospecha que yacen los restos de víctimas de abusos contra los derechos humanos cometidos en el contexto del conflicto armado que asola la región desde 1989.

Así lo denuncia el informe Facts under Ground (“Hechos enterrados”), publicado el 29 de marzo por la Asociación de Padres y Madres de Personas Desaparecidas, que tiene su sede en Srinagar. El informe expone la existencia de numerosas fosas comunes a las que no se puede acceder sin autorización específica de las fuerzas de seguridad debido a su proximidad a zonas controladas por Pakistán. Según la información recibida, sólo en el distrito de Uri se han descubierto desde 2006 los restos de al menos 940 personas en 18 pueblos diferentes.

El ejército indio ha alegado que los cadáveres encontrados corresponden a rebeldes armados y a “extremistas extranjeros” a quienes se dio muerte de forma legítima en enfrentamientos armados. Sin embargo, el informe recoge testimonios de habitantes de la zona, según los cuales la mayoría de los cuerpos enterrados pertenecen a personas procedentes del estado.

Asimismo, el informe denuncia que desde 1989 han desaparecido más de 8.000 personas en Jammu y Cachemira. Las autoridades indias rebajan esta cifra a menos de 4.000, y afirman que la mayoría de ellas han ido a Pakistán para unirse a grupos armados de oposición.

En 2006, un informe de la policía estatal confirmó que desde 1989 habían muerto bajo custodia 331 personas y otras 111 habían sido sometidas a desaparición forzada tras su detención.

Los homicidios ilegítimos, las desapariciones forzadas y la tortura violan el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario –cuyos principios se reflejan en tratados en los que India es Estado Parte– y también constituyen crímenes de carácter internacional.

Amnistía Internacional ha pedido al gobierno de India que condene de forma inequívoca las desapariciones forzadas que han tenido lugar en Jammu y Cachemira y que garantice que personal experto forense emprenda de inmediato investigaciones prontas, exhaustivas, independientes e imparciales en todos los lugares de la región en los que han aparecido fosas comunes, de conformidad con el Protocolo Modelo de la ONU de Exhumación y Análisis de Restos Óseos.

Deben investigarse todas las denuncias de desapariciones forzadas, tanto cometidas en el pasado como en el presente, y, cuando haya pruebas suficientes, todo presunto responsable de tales delitos deberá ser procesado en un juicio con las debidas garantías y todas las víctimas deberán obtener plena reparación.

Las bandas y la policía causan estragos en las zonas pobres de las ciudades de Jamaica

Tue, 01 Apr 2008 15:07:01 +0100

Los jamaicanos y jamaicanas que viven en las zonas pobres de las ciudades están a merced de las bandas y de agentes de policía abusivos que en contadas ocasiones comparecen ante la justicia, si es que llegan a comparecer, para responder de abusos contra los derechos humanos.

Amnistía Internacional revela en un nuevo informe cómo las autoridades jamaicanas desatienden deliberadamente a las comunidades más pobres al no ocuparse de la violencia –y sus causas– que está destrozando las zonas deprimidas de las ciudades. Esto incluye en particular métodos abusivos de actuación policial que propician cientos de incidentes con arma de fuego y resultado de muerte y de ejecuciones extrajudiciales.

“La población jamaicana que vive en las zonas pobres de las ciudades está pagando con su vida el precio de esta crisis de seguridad pública. Son rehenes del interminable enfrentamiento entre bandas de delincuentes y agentes de policía que matan con impunidad”, manifestó Kerrie Howard, directora adjunta del Programa Regional para América de Amnistía Internacional.

Jamaica cuenta con uno de los índices de violencia y homicidios a manos de la policía más elevados de América, con unos 1.500 homicidios y la policía dio muerte a 272 personas en 2007. Los líderes de las bandas se sirven del vacío que deja la ausencia del Estado para controlar amplísimos aspectos de las vidas de las personas que viven en las zonas urbanas deprimidas, como la recaudación de “impuestos”, la asignación de empleos, la distribución de alimentos y el castigo a quienes infringen las normas de la banda.

“Las bandas de delincuentes constituyen una pequeña proporción de la población de las comunidades, pero sus actividades son devastadoras: tienen a miles de personas viviendo con un miedo constante, y ofrecen una excusa a las autoridades gubernamentales y a la sociedad en general para calificar de delincuentes a todos los miembros de la comunidad”, declaró Kerrie Howard.

A pesar de la violencia, los miembros de las comunidades se muestran reacios a denunciar los abusos por el temor a las represalias de los dirigentes de las bandas, la falta de confianza en el sistema judicial y el recelo que sienten hacia los agentes de policía que trabajan en sus comunidades.

En julio de 2007, policías y soldados dispararon contra Ravin Thompson, de 18 años de edad, mientras conversaba con su tía en la casa de ésta. Los agentes perseguían a otro joven que entró en la casa.

La tía de Ravin insistió en acompañarlo al hospital en el jeep de los agentes, pero cuando ya estaban en camino, ella afirma que un soldado la echó a empujones. Cuando por fin llegó, Ravin había muerto. La autopsia reveló que tenía cuatro heridas de bala. Sin embargo, la tía de Ravin y otras personas que estaban presentes cuando se efectuaron los disparos tenían la certeza de que sólo había resultado herido en un brazo y un hombro. Afirman que fue asesinado en el vehículo, antes de llegar al hospital.

La policía registró el incidente como un “tiroteo”. Abrió investigaciones, pero según los datos de que dispone Amnistía Internacional, ningún agente ha sido acusado formalmente en relación con la muerte de Ravin.

“En Jamaica hay muchos agentes de policía que cumplen con sus obligaciones y arriesgan su vida a diario para ayudar a mejorar la seguridad de las ciudadanas y los ciudadanos jamaicanos. Sin embargo, mientras los responsables de abusos contra los derechos humanos no sean llevados ante la justicia y se purgue la corrupción, no podrán hacer cambios”, declaró Kerrie Howard.

Amnistía Internacional ha hecho un llamamiento a las autoridades de Jamaica para que adopten medidas urgentes y efectivas destinadas a abordar las causas que subyacen a esta crisis de seguridad pública y derechos humanos, medidas como la reducción del índice de homicidios en las zonas urbanas pobres, la introducción de una actuación policial basada en los derechos humanos y la reforma del sistema judicial para mejorar el acceso a la justicia.

“El debate en Jamaica no debe ser ya acerca de ‘si’ o ‘cómo’ se llevarán a cabo, sino sobre ‘cuándo’ se llevarán a cabo los cambios urgentes que son necesarios para impedir que la crisis siga cobrándose vidas, y la respuesta debe ser ‘hoy’.”

Otros dos migrantes abatidos en la frontera entre Egipto e Israel

Fri, 28 Mar 2008 15:54:38 +0000

El jueves 27 de marzo, las fuerzas de seguridad egipcias mataron a tiros a dos hombres, al parecer de Costa de Marfil, cuando intentaban cruzar a Israel. Con estas muertes se eleva a 10 el número de migrantes africanos que han sido objeto de homicidio este año.

Un hombre sudanés y una mujer eritrea resultaron muertos en circunstancias similares el 10 y el 18 de marzo, respectivamente. En febrero y enero se dio muerte a otras seis personas, entre ellas dos mujeres de Eritrea.

Morir por contar la verdad

Mon, 03 Mar 2008 12:16:25 +0000

"Son los periodistas los que están informando al mundo de lo que está pasando […] Por eso todos quieren silenciarnos. Siempre he pensado que moriré haciendo este trabajo: aunque tenga miedo no puedo callarme, porque si no cuento estas noticias, nadie protegerá a los civiles. Nosotros somos sus únicos defensores." – Periodista somalí

Según las investigaciones de Amnistía Internacional, en Somalia se mata a periodistas por informar con veracidad sobre el sangriento conflicto armado que asuela el país.

Al menos nueve periodistas somalíes han perdido la vida desde febrero de 2007, cinco de ellos en ataques claramente dirigidos contra ellos. Muchos más han sido víctimas de amenazas, acoso y detenciones arbitrarias. Más de 50 periodistas han huido del país. La represión contra los medios de comunicación independientes ha incluido el cierre de periódicos y emisoras de radio.

Entre los periodistas muertos se encuentra Ali Iman Sharmarke, director de la agencia de medios de comunicación HornAfrik, que murió en un ataque con coche bomba en agosto, cuando regresaba a su domicilio después de asistir al funeral de un colega asesinado.

Amenazas de muerte
Los combates entre las fuerzas del Gobierno Federal de Transición, apoyadas por el gobierno etíope, y los grupos armados de oposición en Somalia se han intensificado desde noviembre de 2007. Los periodistas afirman que han recibido amenazas de muerte de ambas partes en el conflicto, como un intento de impedir que se denuncien las violaciones de derechos humanos.

Periodistas que han huido de la capital, Mogadiscio, han informado a Amnistía Internacional de que recibían regularmente llamadas en sus teléfonos móviles en las que se los amenazaba de muerte, especialmente cuando informaban sobre el conflicto.

En muchos casos, las personas que llamaban se identificaban como agentes del Departamento de Seguridad Nacional del Gobierno Federal de Transición, y preguntaban al periodista por qué había informado de los incidentes o de las operaciones militares. Amnistía Internacional también recibió informes de amenazas por parte de los grupos armados.

Un periodista contó lo siguiente: "Escribí un artículo para informar del homicidio de dos insurgentes y recibí en el móvil una llamada de una persona que me dijo: '¿Por qué has escrito eso?'. Respondí: 'Es la verdad. Tengo que contarla'. Y me dijo: 'Vas a estar en la lista de los que vamos a matar'”.

Censura y cierre de medios de comunicación
En varias ocasiones, las fuerzas del Gobierno Federal de Transición han cerrado medios de comunicación, en especial emisoras de radio con base en Mogadiscio, después de que emitiesen noticias que ofrecían una imagen negativa del Gobierno Federal de Transición o entrevistas con miembros de los grupos de oposición armados.

A lo largo de 2007 la duración de estos cierres se fue prolongando; por ejemplo, Radio Shabelle y Radio Simba permanecieron cerradas desde el 12 de noviembre hasta el 3 de diciembre por orden del gobernador de la Región de Banadir y alcalde de Mogadiscio, Mohamed Dheere.

Al parecer, el alcalde ordenó a las agencias de medios que dejasen de informar sobre operaciones militares si no contaban previamente con una autorización por escrito, y también lanzó una advertencia: "Entrevistar a miembros de la oposición al gobierno dentro y fuera del país está prohibido y todo periodista de una emisora radio [que] transmita las opiniones de aquéllos […] será considerado un criminal”.

Ataques contra las oficinas de algunos medios de comunicación
Tropas del Gobierno Federal de Transición atacaron la sede de Radio Shabelle en Mogadiscio el 18 de octubre de 2007, después de haber sido objeto de un ataque con granada en las cercanías. Durante más de cinco horas realizaron disparos con armas automáticas contra las ventanas del segundo y tercer piso del edificio, en cuyo interior quedaron atrapados varios periodistas y un guardia de seguridad resultó herido.

Los periodistas contaron a Amnistía Internacional que estaban seguros de que iban a morir y que habían llamado a sus familiares para despedirse de ellos.

“Nos metimos debajo de las mesas. Ellos disparaban con una ametralladora montada sobre un vehículo. Las balas rompían todos los cristales. Dispararon durante horas. Finalmente pudimos escapar de uno en uno a través de una de las puertas traseras. Después de eso las tropas se instalaron en nuestras oficinas y no pudimos volver a trabajar hasta el 1 de noviembre.”

Dos semanas más tarde, un guardia de seguridad de las oficinas de HornAfrik murió degollado durante un asalto perpetrado por las tropas etíopes. El brutal acto provocó la huida de Mogadiscio de muchos periodistas, que temían por su seguridad.

"Cuando vimos que las tropas etíopes habían asesinado a uno de los nuestros, tuvimos miedo de que hicieran lo mismo con nosotros”, afirmó uno de los periodistas.

Los periodistas que informan sobre el conflicto en Somalia son vitales para la defensa de los derechos humanos. Michelle Kagari, directora adjunta del Programa Regional para África de Amnistía Internacional, ha afirmado que la organización cree que los ataques contra los medios de comunicación pretenden ocultar las violaciones de derechos humanos.

"La organización pide a las autoridades de Somalia que respeten y defiendan la libertad de expresión y que protejan a los periodistas de los ataques sistemáticos. También pide a las fuerzas etíopes en Somalia y a los grupos armados de oposición que pongan fin a la intimidación y los ataques contra los periodistas y los medios de comunicación”, ha dicho Michelle Kagari.

Llamamiento a los dirigentes de Kenia para que respeten y protejan los derechos humanos

Thu, 14 Feb 2008 13:35:37 +0000

Amnistía Internacional insta a los dirigentes de Kenia a garantizar que se respetan y se protegen los derechos humanos de la población del país.

Este mes se celebrará un día internacional de acción pública y en la web para mostrar solidaridad con el pueblo de Kenia y para pedir al gobierno keniano que proteja a las personas frente a la violencia étnica y de motivación política.

El 27 de febrero, en una serie de acciones organizadas por Amnistía Internacional, la gente podrá manifestar su indignación por los constantes abusos contra los derechos humanos perpetrados en Kenia: entre otras cosas, habrá una acción web en Facebook y manifestaciones callejeras en ciudades de todo el mundo.

Las controvertidas elecciones del 27 de diciembre de 2007 desataron una oleada de enfrentamientos y dieron comienzo a una serie de violaciones graves de derechos humanos. Al menos un millar de personas han muerto hasta el momento, y más de 300.000 se han convertido en desplazadas internas.

La visita que recientemente realizó Amnistía Internacional a Kenia descubrió indicios de homicidios ilegítimos, reasentamientos forzosos y quema de casas por motivos étnicos a manos de milicias armadas. También documentó uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de seguridad, violencia sexual contra mujeres y niñas, violaciones del derecho a la libertad de expresión y reunión, y amenazas de muerte contra activistas y personas que defienden los derechos humanos.

Entre los fallecidos se encuentran centenares de personas muertas por disparos de la policía, que se desplegó para sofocar la violencia postelectoral y disolver las grandes manifestaciones que, en protesta por las elecciones, convocó el opositor Movimiento Democrático Naranja.

La violencia que se desató a partir de entonces ha ido adoptando la forma de ataques cada vez más organizados por parte de milicias étnicas y bandas juveniles contra personas de etnia kikuyu, a los que se ha respondido con ataques de represalia de las milicias y bandas juveniles kikuyus.

Existe especial preocupación por la dimensión étnica de la violencia política y por las consecuencias a largo plazo que puede tener para la sociedad keniana.

Amnistía Internacional pide al gobierno de Kenia que proteja a su población, gran parte de la cual lleva dos meses soportando un sufrimiento implacable. Los dirigentes kenianos deben poner fin al círculo de impunidad que perpetúa la violencia de motivación política en el país.

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