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Ocho personas heridas en ataque al “Festival gay de Sarajevo”

Fri, 26 Sep 2008 18:13:38 +0100

Varias personas fueron agredidas el miércoles 24 de septiembre, al final del primer día del “Festival gay de Sarajevo”. Según informes, ocho personas, entre ellas agentes de policía, resultaron heridas cuando decenas de jóvenes agredieron a quienes asistían a este festival. Según los organizadores del evento, de cuatro días de duración, la policía puso en peligro a los asistentes al permitir que manifestantes antigays se acercaran demasiado al lugar donde se celebraba el acto.

El festival, organizado por Udruženje Q, organización no gubernamental de personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, se inauguró en la céntrica Academia de Bellas Artes de la capital bosnia, Sarajevo. Las agresiones obligaron a los organizadores a que el resto del festival tuviera carácter privado.

Amnistía Internacional ha instado a las autoridades a iniciar sin demora una investigación exhaustiva sobre estas agresiones y a poner a los responsables a disposición judicial. La organización también pidió a las autoridades que garantizasen debidamente la seguridad de los participantes en el festival.

“El llamamiento de los activistas de los derechos gays a la igualdad ante la ley y el fin de la discriminación encontró intolerancia y violencia por respuesta” manifestó Nicola Duckworth, directora del Programa de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central.

Los organizadores del festival y quienes simpatizan con ellos han recibido y continúan recibiendo amenazas de muerte; entre esas personas figuran periodistas. Se han distribuido gran número de carteles homófobos, que se han colocado en lugares destacados de la ciudad. Algunos medios de comunicación han utilizado un lenguaje homófobo y han falseado los objetivos del festival.

En una carta enviada este mes al primer ministro de Bosnia y Herzegovina, Nikola Špiric, Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por el clima de creciente intimidación contra las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero que se vive en el país, y ha pedido que se garantice la protección de sus derechos.

Hasta la fecha, Amnistía Internacional no ha recibido ninguna respuesta. La evidente falta de medidas adecuadas de las autoridades para garantizar la celebración del festival en un clima sin violencia ni intimidaciones muestra que no se han seguido las recomendaciones de la organización.

Italia debe poner fin a la discriminación contra la población romaní

Wed, 10 Sep 2008 14:29:49 +0100

Desde 2007, las comunidades y asentamientos romaníes ubicados en Italia han sido discriminados de forma continuada. Las autoridades italianas han tomado una serie de medidas desproporcionadas y discriminatorias en nombre de la "seguridad" que discriminan de facto a la minoría romaní. Asimismo, han puesto en marcha recientemente una iniciativa para reunir las huellas dactilares de todos los habitantes, tanto adultos como menores, de los asentamientos romaníes del país.

A menudo estas medidas van acompañadas de discursos discriminatorios hacia los romaníes pronunciados por políticos tanto en el ámbito local como nacional, y de un trato despectivo por parte de los medios de comunicación locales y nacionales. La estigmatización y el miedo que se han ido sembrando han creado un clima en el que los ataques a personas se toleran cada vez más. Los romaníes han sido víctimas de varios ataques llevados a cabo por muchedumbres, en los que se los agredió física y verbalmente y se prendió fuego a los asentamientos.

El 11 de mayo de 2008 en Novara, ciudad próxima a Milán, varias personas arrojaron cócteles molotov contra un asentamiento romaní.

El 13 de mayo de 2008, después de que se detuviera a una adolescente romaní a la que se había sorprendido en el interior de un apartamento tratando, presuntamente, de secuestrar a un bebé de seis meses, una multitud enfurecida salió a las calles del barrio de Ponticelli, situado en la periferia de Nápoles, y expulsaron de tres asentamientos de la zona a todas los romaníes que encontraron. Se arrojaron cócteles molotov contra los asentamientos, que fueron arrasados por el fuego en su mayor parte, lo que obligó a más de 500 romaníes, la mitad de los cuales eran menores de edad, a abandonarlos. La imagen supra muestra lo que queda de un asentamiento romaní de Ponticelli.

En los meses de junio y julio de 2008 se produjeron ataques parecidos.

A la luz de estos sucesos, Amnistía Internacional insta a las autoridades italianas a que dejen de pronunciar discursos denigrantes contra la población romaní y a que tomen todas las medidas necesarias para proteger a esta comunidad y para garantizar su inclusión activa en la sociedad.

La organización pide a las autoridades a que pongan fin a los ataques perpetrados contra la comunidad romaní por actores no estatales y a que garanticen que se investigarán exhaustivamente todos los ataques cometidos contra asentamientos romaníes y que se llevará ante la justicia a los autores.

Las autoridades deben asegurarse, asimismo, de que la clase política, ya sea a nivel local o nacional, no justifique los ataques cometidos contra los asentamientos romaníes.

¡Escribe al ministro del Interior para manifestar tu rechazo!

Continúa la preocupación por la población civil tras el fin de las hostilidades en Georgia

Fri, 22 Aug 2008 15:06:52 +0100

Tras el acuerdo de alto el fuego firmado el 16 de agosto por Georgia y Rusia, Amnistía Internacional ha pedido a todas las partes en el conflicto que protejan a la población civil desplazada, a los refugiados que huyeron durante las hostilidades y a las personas que se quedaron en las zonas donde se produjeron enfrentamientos.

La organización les ha pedido también que garanticen la llegada de asistencia humanitaria a todas las víctimas del conflicto, tanto en Rusia como en Georgia, y procuren que a todas las personas que huyeron como consecuencia de las hostilidades se les garantice un retorno seguro y duradero a sus hogares.

Las personas que huyeron a otras zonas de Georgia y a la región rusa de Osetia del Norte siguen precisando ayuda humanitaria. También continúan necesitándola las que se quedaron en Osetia del Sur y en otras zonas del oeste de Georgia en las que se registraron combates. Asimismo, todas estas personas siguen corriendo peligro de sufrir ataques por motivos étnicos.

El 19 de agosto, según cálculos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el número de personas desplazadas como consecuencia de las hostilidades ascendía a más de 158.700. Alrededor de 98.000 eran personas desplazadas dentro de Georgia. Esta cifra incluía la mayor parte de la población de la ciudad de Gori y de las localidades vecinas del oeste del país.

Las personas desplazadas dentro de Georgia se alojan en edificios municipales, como escuelas, y en campos situados en la capital, Tiflis, y en sus alrededores. Las condiciones en estos centros varían mucho entre sí. El 20 de agosto, una delegación de Amnistía Internacional visitó un antiguo edificio del Ministerio de Defensa en el que se alojan actualmente 1.600 personas desplazadas procedentes de Osetia del Sur. El edificio carecía de agua corriente, electricidad y sistema de tratamiento de aguas residuales.

Organizaciones de ayuda humanitaria han señalado que es difícil acceder a la población civil que se ha quedado en las zonas donde se produjeron las hostilidades. El primer convoy humanitario de la ONU no pudo llegar a Gori hasta el 17 de agosto.

En Osetia del Norte, funcionarios rusos han indicado que las 30.000 personas que huyeron aproximadamente de Osetia del Sur siguen en la Federación Rusa, la mayoría de ellas en Osetia del Norte. Equipos de ayuda rusos han señalado que se necesitaba asistencia humanitaria en Tskhinvali, la capital de Osetia del Sur, debido a la destrucción de las infraestructuras y del hospital local. Sin embargo, hasta el 20 de agosto las autoridades rusas no permitieron al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) el acceso a la región. Su presidente, Jakob Kellenberger, declaró: “[hay] indicios de que todavía quedan por cubrir necesidades importantes en la región”.

Deben investigarse los ataques aparentemente indiscriminados contra la población civil
A Amnistía Internacional le preocupa que algunos de los bombardeos realizados durante el conflicto en Osetia del Sur y en otras zonas de Georgia pudieran equivaler a ataques directos o indiscriminados contra la población civil, es decir, a acciones tipificadas como crímenes de guerra. No se sabe todavía con exactitud el número de civiles muertos durante el conflicto. El 20 de agosto, las autoridades rusas informaron de que habían muerto 133 civiles sudosetos, y al día siguiente las autoridades georgianas indicaron que las víctimas civiles de nacionalidad georgiana ascendían a 69.

Amnistía Internacional pide a todas las partes en el conflicto que emprendan de inmediato investigaciones exhaustivas, imparciales e independientes sobre las denuncias de violaciones del derecho internacional humanitario y de las normas internacionales de derechos humanos y lleven a los responsables ante la justicia.

Posibles ataques por motivos étnicos
Ciudadanos civiles de Georgia y la Federación Rusa siguen corriendo peligro de sufrir ataques por motivos étnicos. Grupos armados irregulares –constituidos, según los informes, en Osetia del Sur y en sus alrededores– han perpetrado abusos contra los derechos humanos.

En Osetia del Sur se han incendiado y saqueado casas de localidades étnicamente georgianas, y se han recibido informes sobre la muerte de civiles. En la región de Gori, en el oeste de Georgia, también se han saqueado y quemado viviendas.

Amnistía Internacional ha pedido a todas las partes implicadas en el conflicto que proporcionen protección a los civiles que pudieran ser objeto de represalias interétnicas.

La organización les ha pedido también que emprendan con prontitud investigaciones exhaustivas, imparciales e independientes sobre todas las denuncias de abusos perpetrados por motivos étnicos y que pongan a los responsables a disposición judicial.

Información complementaria
El 12 de agosto, Georgia y Rusia aceptaron de forma provisional un alto el fuego propuesto por Francia, en espera de seguir negociando. El alto el fuego se produjo tras cinco días de hostilidades militares en las disputadas regiones de Osetia del Sur y Abjasia y en otras zonas de Georgia.

El acuerdo de alto el fuego lo firmaron los presidentes de Georgia y Rusia el 15 y el 16 de agosto, respectivamente. Sin embargo, hasta el 20 de agosto Rusia no empezó a retirar sus tropas de Georgia, afirmando que las replegaría todas a posiciones fijadas en el acuerdo.

El 19 de agosto tuvo lugar el primer intercambio de prisioneros, pero sigue sin saberse con exactitud el número de prisioneros en poder de cada bando.

Una población atrapada: castigo colectivo en Gaza

Tue, 12 Aug 2008 14:52:48 +0100

El sitio israelí ha convertido Gaza en una enorme prisión. No podemos salir, ni siquiera para recibir atención médica ni para estudiar en el extranjero, y en Gaza no hay casi nada de lo que necesitamos. En realidad no vivimos; apenas sobrevivimos, y las perspectivas para el futuro son desoladoras. – Fathi, habitante de Gaza

El bloqueo impuesto por Israel a la Franja de Gaza desde hace más de un año ha dejado a la totalidad del millón y medio de palestinos y palestinas que componen la población atrapados, con recursos cada vez más limitados y una economía en ruinas. Alrededor del 80 por ciento de la población depende ya de la ayuda internacional que el ejército israelí permite pasar en cantidades mínimas. Esta crisis humanitaria es una situación de origen humano y totalmente evitable.

A menudo se impide salir incluso a personas enfermas que necesitan desesperadamente recibir tratamiento médico, por lo que han muerto decenas. Y también se encuentran atrapados en Gaza estudiantes con becas en el extranjero, a quienes se niega la oportunidad de labrarse un futuro.

Las autoridades israelíes sostienen que el bloqueo de Gaza es una respuesta a los ataques palestinos, en especial a los cohetes lanzados indiscriminadamente desde Gaza contra la cercana ciudad israelí de Sderot. Estos y otros ataques palestinos se saldaron con la muerte de 25 israelíes en la primera mitad de este año. En el mismo periodo, las fuerzas israelíes mataron a 400 palestinos.

Sin embargo, el bloqueo israelí no va dirigido específicamente contra los grupos armados palestinos responsables de los ataques, sino que castiga colectivamente a la población entera de Gaza.

En abril de 2008, Robert Serry, coordinador especial de la ONU para el proceso de paz de Oriente Medio y representante personal del secretario general de la organización, pidió a Israel que restableciera el suministro de combustible a Gaza y permitiera el paso de asistencia humanitaria y de productos comerciales.

“El castigo colectivo de la población de Gaza, que se instituyó hace ya meses, ha fracasado”, señaló el coordinador.

Aunque desde el 19 de junio de 2008 se mantiene en Gaza un alto el fuego entre las fuerzas israelíes y los grupos armados palestinos, el bloqueo continúa.

Ruina económica y pobreza
Israel ha prohibido totalmente las exportaciones desde Gaza y ha reducido la entrada de combustible y de mercancías a una cantidad mínima, compuesta en su mayor parte de ayuda humanitaria, comestibles y material médico. Los artículos de primera necesidad escasean o no están disponibles en absoluto en Gaza. La escasez ha hecho subir los precios de los alimentos en un momento en que la población puede menos que nunca pagar más. Un creciente número de habitantes de Gaza acaban sumidos en la extrema pobreza y sufren malnutrición.

Alrededor del 80 por ciento de la población depende ya de la ayuda internacional, frente al 10 por ciento de hace un decenio. Las restricciones impuestas por Israel han acarreado mayores costes operativos a los organismos de ayuda de la ONU y las organizaciones humanitarias. La asistencia alimentaria le cuesta a la Agencia de la ONU para la Ayuda a los Refugiados Palestinos (UNRWA) 20 dólares estadounidenses por persona al día, cuando en 2004 eran menos de 8 dólares.

La frágil economía de Gaza, maltrecha ya por años de restricciones y destrucción, se ha venido abajo. Incapaz de importar materias primas y exportar productos, y sin combustible para hacer funcionar la maquinaria y los generadores eléctricos, aproximadamente el 90 por ciento de la industria ha cerrado.

Servicios esenciales en peligro
La escasez de combustible ha afectado a todos los aspectos de la vida en Gaza. La asistencia hospitalaria a personas enfermas se ha reducido como consecuencia de la falta de transporte, y las universidades se vieron obligadas a cerrar antes de que acabara el curso, porque ni estudiantes ni profesorado podían seguir desplazándose hasta ellas. Las bombas de combustible para sacar agua de los pozos y las redes de distribución de agua están a menudo paradas.

Los centros médicos de Gaza carecen de personal y equipo especializados para tratar diversas enfermedades, como el cáncer y las dolencias cardiovasculares. Asimismo, los hospitales soportan ahora una presión cada vez mayor debido a la escasez de equipo, repuestos y otros artículos necesarios provocada por el bloqueo.

Con al alto el fuego vigente, el sufrimiento de Gaza ha quedado fuera de la agenda informativa internacional. Sin embargo, la membresía de Amnistía Internacional continúa haciendo campaña para pedir:

a las autoridades israelíes, que levanten de inmediato el bloqueo; permitan la entrada sin restricciones en Gaza de cantidades suficientes de combustible, electricidad y otros artículos de primera necesidad, y permitan salir del territorio, así como regresar después a él, a quienes deseen hacerlo, en especial a las personas enfermas que necesiten tratamiento médico no disponible en Gaza y a los estudiantes matriculados en universidades extranjeras;
a los grupos armados palestinos, que no reanuden el lanzamiento de cohetes ni otros ataques contra civiles israelíes.

Se intensifica la desenfrenada discriminación contra los iraníes kurdos

Thu, 31 Jul 2008 14:40:34 +0100

El gobierno iraní no está cumpliendo con su obligación de impedir la discriminación y los abusos contra los derechos humanos de sus ciudadanos kurdos, según un nuevo informe de Amnistía Internacional.

La organización teme de que la represión de los iraníes kurdos, especialmente los defensores y defensoras de los derechos humanos, se esté intensificando, según el informe Iran: Human rights abuses against the Kurdish minority.

En el informe se afirma también que las mujeres kurdas se enfrentan a una doble dificultad para que sus derechos sean reconocidos: como miembros de una minoría étnica marginada y como mujeres en una sociedad predominantemente patriarcal.

En Irán viven aproximadamente 12 millones de kurdos, lo que supone el 15 por ciento de la población. Las expresiones de la cultura kurda, como la indumentaria y la música, suelen respetarse y el idioma kurdo se emplea en algunos programas y publicaciones.

Sin embargo, la minoría kurda sigue sufriendo una discriminación muy arraigada. En Irán se reprimen los derechos sociales, políticos y culturales de los kurdos, además de sus aspiraciones económicas.

Los progenitores no pueden inscribir en el registro a sus recién nacidos con determinados nombres kurdos, y se reprime a las minorías religiosas integradas principal o parcialmente por personas de origen kurdo con medidas concebidas para estigmatizarlas y aislarlas.

Discriminadas en su acceso al empleo y a una vivienda adecuada, el abandono económico de las regiones kurdas se ha saldado con una arraigada pobreza que ha marginado aún más a la población kurda.

El colectivo de defensores kurdos de los derechos humanos, entre ellos activistas comunitarios y periodistas, se enfrenta a detenciones arbitrarias, malos tratos y procesamientos si protestan contra el incumplimiento del gobierno de las normas internacionales de derechos humanos.

Si además vinculan su trabajo en defensa de los derechos humanos con su identidad kurda se arriesgan a sufrir violaciones adicionales de sus derechos. Algunos, incluidas las activistas en favor de los derechos humanos de las mujeres, acaban convirtiéndose en presos de conciencia. A otros se los somete a tortura, a juicios manifiestamente injustos ante Tribunales Revolucionarios o se les impone la pena de muerte.

Farzad Kamangar, Ali Heydariyan y Farhad Vakili, todos de etnia kurda, fueron condenados a muerte en febrero de 2008 tras ser declarados culpables de “moharebeh” (enemistad contra Dios), después de un proceso lleno de irregularidades que distó mucho de cumplir las normas internacionales sobre juicios justos.

El de “moharebeh” es un cargo que se presenta contra las personas acusadas de alzarse en armas contra el Estado, al parecer en relación con su presunta pertenencia al grupo armado Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK), que comete atentados en Turquía. Ali Heydariyan y Farhad Vakili también fueron condenados a 10 años de cárcel, al parecer por falsificación de documentos. Según las leyes iraníes, deben cumplir sus penas de prisión antes de ser ejecutados.

En mayo de este año, Mohammad Sadiq Kabudvand fue condenado a 11 años de cárcel por la Sala número 15 del Tribunal Revolucionario de Teherán. Al parecer, la condena incluye 10 años de cárcel por “actuar contra la seguridad del Estado creando la Organización de Derechos Humanos de Kurdistán (HROK)” y un año por “propaganda contra el sistema”.

La sentencia se dictó tras un juicio a puerta cerrada. Amnistía Internacional considera que Mohammad Sadiq Kabudvand es preso de conciencia, recluido únicamente por ejercer pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión y asociación durante su actividad como presidente de la HROK y su labor como periodista. Estos derechos están expresamente reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que Irán es Estado Parte.

Malcolm Smart, director del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional, ha declarado: “La Constitución iraní garantiza la igualdad de todos los iraníes ante la ley. Pero, como muestra nuestro informe, ésta no es la realidad de los kurdos en Irán.”

“El gobierno iraní no ha tomado medidas suficientes para eliminar la discriminación ni poner fin al ciclo de violencia contra las mujeres y castigar a los responsables.”

Aunque las mujeres y las niñas son el eje de la actividad económica en las zonas kurdas, se utilizan estrictos códigos sociales para negar sus derechos humanos.

Debido a estos códigos, puede resultar muy difícil para los agentes oficiales investigar las desigualdades en la educación de las niñas, los matrimonios forzados y a edades tempranas y la violencia doméstica contra las mujeres y las niñas kurdas, así como las graves consecuencias de algunos de estos abusos, como los “homicidios por motivos de honor” y el suicidio.

“Las mujeres kurdas son víctimas de violencia diariamente y se enfrentan a la discriminación de agentes oficiales, grupos o particulares, incluidos sus familiares, ha manifestado Malcolm Smart.

Irán: Acabar con la discriminación contra la minoría kurda

Wed, 30 Jul 2008 07:35:33 +0100

El gobierno iraní no está cumpliendo con su obligación de impedir la discriminación y los abusos contra los derechos humanos de sus ciudadanos kurdos, especialmente de las mujeres, dice Amnistía Internacional en un nuevo informe que se publica hoy, 30 de julio. La organización expresa su temor de que la represión de los iraníes kurdos, especialmente los defensores y defensoras de los derechos humanos, se esté intensificando.

En el informe aparecen ejemplos de discriminación religiosa y cultural contra los 12 millones de kurdos que se calcula que viven en Irán, y que suponen aproximadamente el 15 por ciento de la población.

Se centra en asuntos relacionados con la vivienda, la educación y el empleo. Los defensores de los derechos humanos y los trabajadores de los medios de comunicación también están siendo objetivo de abusos por expresar sus opiniones.

"La Constitución iraní garantiza la igualdad de todos los iraníes ante la ley. Pero, como muestra nuestro informe, ésta no es la realidad de los kurdos en Irán. El gobierno iraní no ha tomado medidas suficientes para eliminar la discriminación ni poner fin al círculo vicioso de la violencia contra las mujeres y castigar a los responsables", ha dicho Amnistía Internacional.

El informe afirma que las mujeres kurdas se enfrentan a una doble dificultad para que sus derechos sean reconocidos: como miembros de una minoría étnica marginada y como mujeres en una sociedad predominantemente patriarcal.

Aunque las mujeres y las niñas son el eje de la actividad económica en las zonas kurdas, se utilizan estrictos códigos sociales para justificar la negación de sus derechos humanos. Debido a estos códigos, puede resultar muy difícil para los agentes oficiales investigar las desigualdades en la educación de las niñas, los matrimonios forzados y a edades tempranas y la violencia doméstica contra las mujeres y las niñas kurdas, así como las graves consecuencias de algunos de estos abusos, como los "homicidios por motivos de honor" y el suicidio.

"Las mujeres kurdas son víctimas de violencia diariamente y se enfrentan a la discriminación de agentes oficiales, grupos o particulares, incluidos sus familiares. Las autoridades iraníes tienen la obligación de ejercer la diligencia debida para erradicar la violencia contra las mujeres en el hogar y en la comunidad, algo que no están haciendo", ha manifestado Amnistía Internacional.

El informe, titulado *Iran: Human rights abuses against the Kurdish minority (Irán: Abusos contra los derechos humanos de la minoría kurda), reconoce que, sin bien las expresiones de la cultura kurda, como la indumentaria y la música, suelen respetarse y el idioma kurdo se emplea en algunos programas y publicaciones, la minoría kurda sigue sufriendo una discriminación muy arraigada.

He aquí algunos casos recientes que han puesto de manifiesto violaciones de derechos humanos concretas contra kurdos:

* Farzad Kamangar, Ali Heydariyan y Farhad Vakili, todos de etnia kurda, fueron condenados a muerte en febrero de 2008 tras ser declarados culpables de ser "mohareb", (enemigos de Dios), después de un proceso lleno de irregularidades que distó mucho de cumplir las normas internacionales sobre juicios justos. El de mohareb es un cargo que se presenta contra las personas acusadas de alzarse en armas contra el Estado, al parecer en relación con su presunta pertenencia al grupo armado Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK), que comete atentados en Turquía. Ali Heydariyan y Farhad Vakili también fueron condenados a 10 años de cárcel, al parecer por falsificación de documentos. Según las leyes iraníes, deben cumplir sus penas de prisión antes de ser ejecutados.

Los activistas de derechos humanos en Irán han informado que, cuando las autoridades penitenciarias de la cárcel de Raja'i Shahr de la provincia de Teherán informaron a Farzad Kamangar, maestro de 32 años, de la decisión del Tribunal Supremo, le pidieron que escribiera una carta solicitando el indulto. Farzad Kamangar se negó a hacerlo, pues habría supuesto reconocerse culpable, algo que siempre ha negado. El 11 de julio, el Supremo confirmó su condena a muerte, que puede cumplirse en cualquier momento.

* En mayo de este año, Mohammad Sadiq Kabudvand fue condenado a 11 años de cárcel por la Sala número 15 del Tribunal Revolucionario de Teherán. Al parecer, la condena incluye 10 años de cárcel por "actuar contra la seguridad del Estado creando la Organización de Derechos Humanos de Kurdistán (HROK)" y un año por "propaganda contra el sistema". La sentencia se dictó tras un juicio a puerta cerrada. Amnistía Internacional considera que Mohammad Sadiq Kabudvand es preso de conciencia, recluido únicamente por ejercer pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión y asociación durante su actividad como presidente de la HROK y su labor como periodista. Estos derechos están expresamente reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que Irán es Estado Parte.

* La estudiante de psicología Hana Abdi fue detenida el 4 de noviembre de 2007 en la casa de su abuelo en Sanandaj. La mantuvieron en régimen de incomunicación durante tres meses. En junio de 2008 fue condenada a cinco años de cárcel, que cumplirá en el exilio de la provincia de Azerbaiyán Occidental, en la pequeña localidad de Germi, en la frontera con la República de Azerbaiyán. Según su abogado, la Sala número 2 del Tribunal Revolucionario de Sanandaj la declaró culpable de "reunión y colusión para la comisión de un delito contra la seguridad nacional". Hana Abdi es miembro de la Campaña por la Igualdad, una iniciativa en favor de los derechos de las mujeres iraníes que trata de poner fin a la discriminación legal contra las mujeres en Irán. Amnistía Internacional considera a Hana Abdi presa de conciencia, detenida únicamente por ejercer pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión y asociación, y opina que los cargos presentados contra ella tuvieron motivación política.

"Instamos a las autoridades iraníes a que tomen medidas concretas para poner fin a las discriminaciones y otras violaciones de derechos humanos relacionadas con ellas que sufren en Irán los kurdos y cualquier otra minoría", ha declarado Amnistía Internacional.

"Los kurdos y el resto de las personas integrantes de comunidades minoritarias en Irán, sean hombres, mujeres o menores, tienen derecho a disfrutar de todos los derechos humanos. Las autoridades iraníes deben promover y proteger los derechos de los defensores de los derechos humanos, incluidas las activistas en favor de los derechos humanos de las mujeres, y cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos".

Información general
El informe, titulado *Iran: Human rights abuses against the Kurdish minority (Índice AI: MDE 13/088/2008) es el último de una serie de informes de Amnistía Internacional sobre abusos contra los derechos humanos contra minorías étnicas y culturales en Irán. Los anteriores trataron de los abusos contra los árabes ahwazíes y los baluchis.

Amnistía Internacional ha planteado en anteriores ocasiones a las autoridades iraníes muchos de los motivos de preocupación y los casos que aparecen en este informe, sin obtener una respuesta adecuada. Las autoridades iraníes rara vez responden a la organización y desde hace más de 28 años no permiten que Amnistía Internacional acceda a Irán para investigar los derechos humanos.

FIN/

Menores romaníes segregados en escuelas eslovacas

Tue, 29 Jul 2008 13:49:02 +0100

Según un nuevo informe de Amnistía Internacional, en el sistema de enseñanza pública de Eslovaquia se sigue segregando a un gran número de niños y niñas romaníes.

Mediante el estudio de la situación en Pavlovce nad Uhom, una localidad del este de Eslovaquia, en el informe A tale of two schools: Segregating Roma into special education in Slovakia se documentan las violaciones del derecho humano a la educación que sufren los menores romaníes en dicho país.

Como se demuestra en el informe, la escuela especial de Pavlovce nad Uhom, con un alumnado compuesto casi en su totalidad por romaníes, se ha convertido de hecho en un centro segregado para niños y niñas romaníes exclusivamente y en los que en ocasiones se escolariza indebidamente a menores de esta etnia.

El informe es continuación del titulado Aún separados, aún desiguales. Violaciones del derecho a la educación de niños y niñas romaníes en Eslovaquia, publicado por Amnistía Internacional en noviembre de 2007.

Estudios independientes indican que nada menos que el 80 por ciento de los niños y niñas enviados a escuelas especiales en Eslovaquia son romaníes. Estos centros están destinados a menores con discapacidad mental. Por consiguiente, los niños y niñas romaníes reciben una educación inferior y después tienen muy pocas oportunidades de encontrar trabajo o de proseguir sus estudios.

La localidad de Pavlovce nad Uhom se encuentra situada a 10 km de la frontera con Ucrania. Según las autoridades municipales, 2.600 de los 4.500 habitantes del pueblo son romaníes.

En Pavlovce nad Uhom hay dos escuelas de educación primaria: una escuela normal de grado elemental, dotada de parvulario, y otra especial –también de grado elemental– para menores “con discapacidad mental”.

En marzo de 2008, casi el 70 por ciento de los menores romaníes escolarizados en el pueblo acudían a la escuela especial. El 99,5 por ciento de los alrededor de 200 alumnos de la escuela especial son romaníes.

Después de una serie de inspecciones promovidas en 2007 por el alcalde de la localidad, se reconoció de manera oficial que 17 de estos alumnos no debían estar en la escuela especial. Amnistía Internacional ha indicado que cree que su número es muy superior.

Oficialmente, sólo se puede enviar a un menor a una escuela especial después de que se le haya diagnosticado formalmente una discapacidad mental y con el pleno consentimiento de sus progenitores.

Sin embargo, Amnistía Internacional concluyó que a muchos menores no se les había realizado ninguna evaluación y que el propio proceso de evaluación estaba viciado de raíz. Además, con frecuencia los progenitores no habían dado su consentimiento de forma voluntaria ni con conocimiento de causa.

Las escuelas especiales –destinadas oficialmente a menores con discapacidad mental– siguen un programa de estudios muy simplificado, lo que reduce enormemente las perspectivas y oportunidades de unos menores cuyo lugar apropiado sería la escuela normal.

La segregación de hecho de menores romaníes en escuelas en las que se imparte una educación inferior agrava su marginación y refuerza los prejuicios raciales.

En mayo de 2008 se adoptó en Eslovaquia una nueva Ley Escolar que prohíbe de manera expresa la discriminación y la segregación en la educación. A pesar de este hecho, el gobierno sigue sin reconocer el alcance real del problema y por consiguiente no ha adoptado medidas en profundidad capaces de solucionarlo.

Las violaciones de derechos humanos registradas en Pavlovce nad Uhom no se deben sólo a errores humanos, sino a una deficiencia más profunda, consistente en no eliminar la discriminación de la concepción y aplicación del sistema educativo eslovaco.

En el informe, Amnistía Internacional pide a todas las autoridades pertinentes que adopten las medidas necesarias para respetar, proteger y hacer realidad el derecho a la educación de los menores romaníes sin que sufran discriminación, y poner fin a la segregación racial en la educación eslovaca.

En el caso concreto de Pavlovce nad Uhom, la organización insta a las autoridades a que garanticen la adopción de todas las medidas necesarias con el fin de identificar a todos los menores enviados a la escuela especial de manera indebida y facilitarles un recurso efectivo.

Eslovaquia debe poner fin a la segregación de los menores romaníes en la escuela especial de Pavlovce nad Uhom

Tue, 29 Jul 2008 14:06:21 +0100

“En el séptimo curso de la escuela especial aprendí lo mismo que en el tercer curso de la escuela normal”.

Muchacho romaní de 14 años enviado por error a una escuela especial

En Eslovaquia se envía de forma indebida a un elevado número de niños y niñas romaníes a “escuelas especiales” destinadas a menores con discapacidad mental, en donde reciben una educación inferior, por lo que después tienen muy pocas oportunidades de encontrar trabajo o de proseguir sus estudios. Estudios independientes indican que nada menos que un 80 por ciento de los menores ingresados en Eslovaquia en escuelas especiales son romaníes.

Una vez que se manda a un menor a una escuela especial, las puertas del sistema general educativo, destinado a los niños y niñas con una capacidad media o superior a la media, quedan cerradas para él de manera definitiva.

La localidad de Pavlovce nad Uhom se encuentra situada en el este de Eslovaquia, a 10 km de la frontera con Ucrania. Más de la mitad de sus 4.500 habitantes son romaníes. El pueblo cuenta con dos escuelas de grado elemental: una normal y otra especial para menores con discapacidad mental.

A casi un 70 por ciento de los menores romaníes que cursan la enseñanza primaria en Pavlovce nad Uhom se los segrega de hecho en la escuela especial. El 99,5 por ciento de los alrededor de 200 alumnos de la escuela especial son de esta etnia.

Oficialmente, sólo se puede enviar a un menor a una escuela especial después de que se le haya diagnosticado formalmente una discapacidad mental y con el pleno consentimiento de sus progenitores. En Pavlovce nad Uhom, sin embargo, a muchos menores no se les había realizado ninguna evaluación y el propio proceso de evaluación estaba viciado de raíz. Además, con frecuencia los progenitores no habían dado su consentimiento de forma voluntaria ni con conocimiento de causa.

Después de una serie de inspecciones promovidas en 2007 por el alcalde de la localidad, se reconoció de manera oficial que 17 de estos alumnos no debían estar en la escuela especial y que se los había enviado allí por equivocación. Amnistía Internacional considera que su número es muy superior y que en Pavlovce nad Uhom se sigue negando el derecho a la educación a más menores romaníes cuyo lugar apropiado sería la escuela normal.

Las graves violaciones de derechos humanos registradas en esta localidad no se deben sólo a errores humanos, sino a una deficiencia más profunda, consistente en no eliminar la discriminación de la concepción y aplicación del sistema educativo eslovaco.

Amnistía Internacional pide a las autoridades eslovacas que reconozcan estas deficiencias y pongan en marcha las reformas estructurales necesarias. En concreto, Amnistía Internacional pide al director del Departamento de Educación de la región de Košice, promotor de la creación de la escuela especial de Pavlovce nad Uhom y responsable directo de su funcionamiento:

que garantice la revisión de todas las decisiones sobre el envío de menores a escuelas especiales y la revaluación de todos los niños y niñas que acuden actualmente a la escuela especial de Pavlovce nad Uhom con el fin determinar a qué alumnos se ha podido enviar por error a dicho centro, así como la reincorporación inmediata de éstos al sistema general educativo en la forma que corresponda; en estos casos, el Departamento Regional de Educación debe facilitar un recurso efectivo a los menores afectados, incluidas reparaciones;
que adopte las medidas adecuadas contra los funcionarios del Estado a quienes se considere responsables de haber infringido la legislación eslovaca en detrimento de la educación de los menores romaníes en Pavlovce nad Uhom;
que garantice que la escuela especial no acepte en ningún caso la matriculación de un alumno a menos que se le haya diagnosticado una discapacidad mental de una manera clara, inequívoca y objetiva; dicho diagnóstico debe realizarse antes de su ingreso en el centro educativo y la petición o el consentimiento de los progenitores no debe ser un factor decisivo en este sentido.

En Pavlovce nad Uhom, el curso escolar comienza el 1 de septiembre. Es preciso actuar ya para garantizar que todos los niños y niñas reciban la educación de calidad a que tienen derecho.

Ucrania: El racismo va en aumento

Thu, 10 Jul 2008 12:00:46 +0100

Cuatro extranjeros han sido asesinados en Kiev en lo que va de año debido al color de su piel, según un nuevo informe de Amnistía Internacional.

El informe, titulado Ucrania: El gobierno debe actuar para acabar con la discriminación racial, pone de manifiesto el alarmante aumento de las agresiones contra extranjeros y miembros de minorías étnicas y religiosas en Ucrania.

El informe, que fue presentado el 10 de julio, también documenta el incumplimiento de las obligaciones nacionales e internacionales por parte de las autoridades ucranianas de garantizar el derecho a no sufrir discriminación de todas las personas que residen en el país.

Según las organizaciones no gubernamentales, en 2007 hubo 60 ataques racistas en Ucrania, y en seis de ellos se produjo la muerte de las víctimas. Este año ha habido más de 30 casos de racismo, de los cuales cuatro han sido asesinatos.

La mayoría de las víctimas eran de origen africano o asiático. También persisten los prejuicios y los ataques violentos contra personas y propiedades judías. La policía ha tomado las huellas y fotografiado a los miembros de ciertas comunidades romaníes, al parecer por motivo de su identidad étnica.

A pesar de los ataques racistas y la aplicación de criterios raciales por parte de la policía, las autoridades son reacias a reconocer el problema de la intolerancia y la discriminación racial en la sociedad ucraniana.

Muchas veces, la policía no ha respondido con la diligencia necesaria a las peticiones de ayuda de las víctimas de ataques racistas. Otras, se ha negado a tomar medidas. Cuando se detiene a los autores de ataques racistas, se los califica de "vándalos" y casi nunca se aplican las leyes contra los crímenes racistas.

"Es preocupante el hecho de que las autoridades ucranianas no reconozcan la existencia del racismo en todas sus manifestaciones", ha afirmado Nicola Duckworth, directora del Programa Regional de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central. "Esto no hará sino fomentar los ataques racistas y la impunidad de los perpetradores."

Daniel Osaemor, nigeriano que regentaba un puesto en un mercado, fue agredido el 19 de febrero de 2008 por un grupo de jóvenes cuando salía de un supermercado de Kiev. Según informes, lo rodearon y lo acuchillaron en el pecho.

Osaemor llevaba en el bolsillo una pata de mesa metálica que había utilizado para reparar su puesto y, según informes, golpeó con ella a su agresor en la cabeza. Daniel Osaemor fue condenado por vandalismo, pero los tres agresores que lo habían acuchillado no fueron acusados. El responsable de la investigación negó que hubiera existido algún motivo racial en la agresión dirigida contra Daniel Osaemor.

A Jeong Kwon Kang, ciudadano surcoreano, lo mataron cuatro jóvenes en abril de 2007 cuando salía de un supermercado próximo a su domicilio en Kiev. Los agresores le dieron patadas hasta que cayó al suelo. Sus agresores llevaban botas con clavos y le dieron patadas en la cabeza.

Jeong Kwon Kang murió más tarde como consecuencia de un traumatismo craneal. Cuatro jóvenes fueron detenidos y se los acusó inicialmente de causar lesiones graves y vandalismo. Según la declaración del fiscal, uno del grupo afirmó que había querido matar a Jeong Kwon Kang debido a su nacionalidad.

En una reunión con Amnistía Internacional en febrero de 2008, el cónsul de la Embajada de la República de Corea expresó la opinión de que juzgar como vandalismo un delito tan grave demuestra "una actitud muy relajada hacia el racismo que resulta muy peligrosa para la reputación de Ucrania."

En noviembre de 2007, tras la intensa presión ejercida por la embajada surcoreana, los cuatro jóvenes fueron acusados, en virtud del artículo 161, de asesinato y de "actos de odio con el objetivo de menospreciar el honor nacional y la dignidad de una persona."

"Las autoridades ucranianas no pueden permitirse ignorar la xenofobia y el prejuicio social. Tales actitudes pueden impregnar las estructuras oficiales y consolidarse como racismo institucional, dando lugar a un entorno en el que se perpetran y toleran abusos más graves contra los derechos humanos", ha afirmado Nicola Duckworth.

"El gobierno de Ucrania debe esforzarse por crear una sociedad en que la diversidad no se considere una amenaza sino una fuente de enriquecimiento. Las medidas gubernamentales dirigidas a realizar esta aspiración no harán sino reforzar la posición de Ucrania y el papel que este país puede desempeñar en todos los aspectos de la escena mundial".

Entre el 8 y el 10 de julio, una delegación de Amnistía Internacional expuso las conclusiones y recomendaciones del informe a las autoridades ucranianas pertinentes, instándolas a que reconocieran públicamente la existencia de la discriminación racial y a que adoptaran medidas efectivas para abordarla y proteger a las víctimas en potencia.

"Aunque apreciamos que las autoridades estuvieran dispuestas a reunirse con nosotros y que en ciertos círculos se reconociera la existencia del problema del racismo y la discriminación, lamentamos la ausencia de consenso en torno a la opinión de que el racismo está aumentando y ha de ser atajado", añadió Nicola Duckworth.

Turquía debe respetar el derecho a la libertad de asociación de las personas LGBT

Thu, 03 Jul 2008 12:50:11 +0100

Un tribunal de Estambul ha ordenado el cierre de Lambda Istanbul, organización turca de solidaridad con las personas lesbianas, gay, bisexuales y transgénero. El 29 de mayo, el tribunal admitió una queja presentada por la Oficina del Gobernador de Estambul acusando a Lambda Istanbul de tener objetivos contrarios a “los valores morales y la estructura de familia” turcos. Está pendiente una apelación contra este fallo.

En años recientes también han sido perseguidas por las gobernaciones provinciales de Turquía otras organizaciones que trabajan para promover los derechos de las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género. Por ejemplo, en septiembre del 2005, la Oficina del Gobernador de Ankara acusó al grupo KAOS GL de esa ciudad, una organización de solidaridad e investigación cultural gay y lesbiana, de “establecer una organización que se opone a las leyes y principios morales”.

Igualmente, en agosto del 2006, la Oficina del Gobernador de Ankara intentó clausurar el grupo de derechos humanos Pembe Hayat (Vida Rosa), que trabaja con personas transgénero, alegando que la asociación se oponía a “las leyes y la moralidad”. La fiscalía, no obstante, retiró los cargos en ambos casos.

Amnistía Internacional considera que el cierre, o el intento de cierre, de organizaciones porque propugnan los derechos de personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género, viola el derecho a la libertad de asociación y es discriminatorio.

Amnistía Internacional pide que escriban al ministro del Interior, Beşir Atalay:

recordándole su deber de asegurar el respeto y la protección del derecho de todas las personas a la libertad de asociación, sin discriminación, incluida la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, y en particular, como se expresa en el principio 20 de los Principios de Yogyakarta, su deber de “asegurar los derechos a la organización, asociación, reunión y defensa pacíficas en torno a asuntos relacionados con la orientación sexual y la identidad de género, así como el derecho a obtener reconocimiento legal para tales asociaciones y grupos”;
exhortándolo a garantizar que no se recurre a conceptos de orden público, moralidad pública, salud pública ni seguridad pública para restringir ningún ejercicio del derecho de asociación pacífica por el solo hecho de que la asociación afirma diversas orientaciones sexuales o identidades de género;
pidiéndole que dé su apoyo a una ley general contra la discriminación que incluya protecciones concretas contra el trato desigual basado en la orientación sexual y la identidad de género en todos los aspectos de la vida;
pidiéndole que recuerde a las gobernaciones provinciales y a los departamentos responsables de asociaciones su obligación de respetar y proteger los derechos de todas las personas a la libertad de asociación, sin discriminación, incluida la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, y de tomar medidas para eliminar todas las formas de discriminación basadas en la orientación sexual y la identidad de género.