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Indultado destacado periodista egipcio

Wed, 08 Oct 2008 15:05:44 +0100

El presidente egipcio, Hosni Mubarak, ha concedido el indulto a Ibrahim Eissa, director de un periódico, a quien se acusó de publicar información que las autoridades consideraron "perjudicial para el interés público y la estabilidad nacional de Egipto".

El 28 de septiembre de 2008, un tribunal de apelaciones redujo a dos meses la pena inicial de seis meses de prisión que se le había impuesto. Ibrahim Eissa permaneció en libertad bajo fianza a la espera de la decisión del Tribunal de Casación. El 6 de octubre se le concedió el indulto para conmemorar el Día de las Fuerzas Armadas en Egipto.

Como redactor jefe del diario Al-Dustour, Ibrahim Eissa publicó artículos en los que sugería que la salud del presidente Mubarak había empeorado. Las autoridades afirmaban que los artículos no decían la verdad y que habían provocado la retirada de inversiones extranjeras por valor de unos 350 millones de dólares, lo que había perjudicado la economía del país.

Amnistía Internacional acoge con satisfacción la decisión de conceder el indulto a Ibrahim Eissa e insiste en pedir a las autoridades egipcias que modifiquen la controvertida ley de prensa y el resto de disposiciones recogidas en el Código Penal que tipifican como delito la legítima labor de informar, y que dejen de utilizar el cargo de difamación para hostigar a los periodistas e impedir que sigan informando sobre asuntos de legítimo interés público.

“Bloguero” marroquí encarcelado por expresar sus opiniones

Thu, 11 Sep 2008 11:54:35 +0100

El pasado 8 de septiembre, el joven Mohamed Erraji se convirtió en el primer “bloguero” condenado en Marruecos a una pena de cárcel. También le han impuesto una multa de 5.000 dirhams (unos 625 dólares estadounidenses) por “faltar el debido respeto al Rey”. No ha sido el primer marroquí encarcelado por expresar pacíficamente su opinión sobre la monarquía, tema tabú en Marruecos.

El 11 de septiembre, el Tribunal de Apelación de Agadir admitió la solicitud de la defensa de Mohamed Erraji de libertad provisional para su cliente. La vista de apelación se ha fijado para el 16 de septiembre de 2008.

La condena de Mohamed Erraji al parecer ha estado relacionada con un artículo que había publicado en el sitio web independiente marroquí Hespress el 3 de septiembre bajo el título “El rey anima a la nación (a depender) de los regalos”. Un día después fue citado en la comisaría de la ciudad de Agadir, donde vive, y allí unos diez agentes lo interrogaron de nueve de la mañana a cinco de la tarde. Luego lo dejaron en libertad, con órdenes de presentarse de nuevo en comisaría al día siguiente para completar la investigación. Según la información disponible, cuando Mohamed Erraji regresó a la comisaría el 5 de septiembre lo pusieron en detención preventiva (garde à vue) y, la noche del 7 de septiembre, lo trasladaron a la prisión de Inzegaine.

Mohamed Erraji compareció ante el Tribunal de Primera Instancia de Agadir el 8 de septiembre, y fue condenado sin la presencia de un abogado. En la vista, el hecho de que Mohamed Erraji admitiera haber escrito el artículo se consideró, según los informes, prueba suficiente para condenarlo.

No se informó a su familia de su detención, lo que viola la legislación marroquí, que establece que la policía debe dar notificación a las familias de los detenidos al comienzo de la detención. Aunque el juez preguntó si disponía de abogado, su familia asegura que la velocidad con la que se llevó a cabo el juicio y el hecho de que las autoridades no les informaran de la detención les impidió en la práctica buscar asesoramiento legal.

Amnistía Internacional considera que Mohamed Erraji se encuentra en prisión únicamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión, por lo que debe ser puesto en libertad de forma inmediata e incondicional. Este abuso empaña la imagen que quieren proyectar las autoridades marroquíes de un Estado en el que, dicen, ha mejorado mucho el respeto hacia los derechos humanos.

Mohamed Erraji, que tiene 29 años de edad, comenta sucesos sociales y políticos de Marruecos en su blog, que él describe como un espacio donde expresar libremente sus pensamientos y opiniones.

En los últimos años, varias personas, entre ellas periodistas, activistas políticos y defensores y defensoras de los derechos humanos, han sido procesadas y, en algunos casos, condenadas a prisión por expresar pacíficamente críticas a la monarquía. La legislación marroquí contiene una serie de disposiciones tanto en el Código Penal como en el Código de Prensa que establecen penas de hasta cinco años de prisión y fuertes multas por “delitos” contra la persona del rey o su familia o por “socavar la monarquía”.

El año pasado, ocho miembros de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (Association Marocaine des Droits Humains, AMDH) fueron condenados a penas de cárcel de hasta cuatro años y a fuertes multas por “socavar la monarquía”: habían participado en manifestaciones del Primero de Mayo durante las que se corearon consignas críticas con el trono. En abril de este año fueron indultados por el rey.

Recientemente se ha suspendido el juicio de Ahmed Benchemsi, editor de los semanarios Nichane y Tel Quel, contra quien en agosto de 2007 se presentaron cargos por “socavar la monarquía” tras la publicación de un editorial en el que se comentaba un discurso pronunciado por el soberano.

En opinión de Amnistía Internacional, ya va siendo hora de que las autoridades marroquíes reformen las leyes que conculcan el derecho fundamental a la libertad de expresión, consagrado por lo demás en la Constitución marroquí y en el derecho internacional. La organización concluye que, como medida inmediata, las autoridades deben suspender todo procesamiento en curso contra quienes expresan pacíficamente sus opiniones, y poner en libertad a quienes hayan sido encarcelados únicamente por ello.

El Parlamento de Malaisia debe derogar la Ley de Seguridad Interna

Fri, 05 Sep 2008 11:33:01 +0100

Nueva información obtenida por investigadores de Amnistía Internacional sobre la detención arbitraria de cinco detractores del gobierno malaisio pone de relieve la necesidad de que el Parlamento de ese país derogue de inmediato la Ley de Seguridad Interna, ha manifestado Amnistía Internacional el 4 de septiembre de 2008.

Según pudo establecer una delegación de Amnistía Internacional que visitó Malaisia recientemente para investigar la situación de los derechos humanos allí, la única razón para detener a los cinco miembros del partido Fuerza de Acción Hindú por los Derechos Humanos (Hindu Rights Action Force, HINDRAF), grupo dedicado a la defensa de los derechos de las personas de etnias surasiáticas en Malaisia, era que habían expresado su preocupación por la marginación de las personas surasiáticas en la sociedad malaisia y, en concreto, haber organizado concentraciones.

“Estas detenciones ilustran con precisión los defectos de la Ley de Seguridad Interna –afirmó Donna Guest, directora adjunta del Programa Regional de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía–. Se está tratando a estos hombres como delincuentes y sin embargo nunca han sido acusados de ningún delito, y menos condenados. Deben ponerlos de inmediato en libertad.”

El gobierno ha acusado a cinco de ellas de “liderar y asesorar jurídicamente a una organización que afecta a la seguridad nacional de Malaisia celebrando asambleas ilegales, enviando informes y organizando foros cuyas actividades incitan a la exaltación y el odio racial hacia el gobierno entre los indígenas”.

La organización HINDRAF había organizado varias reuniones y concentraciones que culminaron en una manifestación de protesta en la que participaron unas 20.000 personas, celebrada en Kuala Lumpur el 25 de noviembre de 2007. Los cinco hombres –Ganabathirau Veraman, Kenghadharan Ramasamy, Manoharan Malayalam, Uthayakumar Ponnusamy y Vasantha Kumar Krishnan– se encuentran actualmente recluidos en el centro de detención de Kamunting, en el estado de Perak.

“Si los partidos de oposición malaisios pretenden realmente reformar el sistema político del país, tienen que empezar por abolir esta legislación draconiana –señaló Donna Guest–. La Ley de Seguridad Interna se utiliza desde hace demasiado tiempo para acallar las críticas legítimas contra el gobierno.”

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En 2007, el gobierno demolió varios templos hindúes para dar paso a proyectos de desarrollo, a pesar de las peticiones en contra de las comunidades hindúes locales. HINDRAF organizó varias reuniones y concentraciones, que culminaron en una manifestación de protesta en la que participaron unas 20.000 personas, celebrada en Kuala Lumpur el 25 de noviembre de 2007.

En octubre de ese año, las autoridades destruyeron un templo hindú con 80 años de antigüedad en Taman Karuppiah, Shah Alam, la víspera del festival hindú Deepavali (festival de las luces). La policía disparó contra los fieles que trataban de evitar la demolición, hirió a varios de ellos y detuvo al menos a 14. Cuando los abogados Ganabathirau, Manoharan y Uthayakumar y el dirigente de HINDRAF Waytha Moorthy se presentaron en la comisaría de policía para solicitar la libertad bajo fianza de las 14 personas detenidas, la policía los detuvo a ellos también. Quedaron en libertad al día siguiente.

Dos días antes de una manifestación prevista en el templo hindú de las Cuevas de Batu, en Uthayakumar, se detuvo y puso bajo custodia a Ganabathirau y Waytha Moorthy acusados de sedición. Más tarde quedaron en libertad. Cuando los fieles hindúes se reunieron en el templo la madrugada del 25 de noviembre, la policía los dispersó utilizando agua tratada con productos químicos y gas lacrimógeno. A continuación la policía detuvo a varios fieles, la mayoría de los cuales fueron puestos en libertad posteriormente.

El 11 de diciembre, Uthayakumar fue detenido por sedición y multado con 50.000 ringgits malaisios (7.400 libras esterlinas), a pesar de que la multa máxima por sedición es de 5.000 ringgits (740 libras). Uthayakumar depositó la fianza pero volvieron a detenerlo inmediatamente. Al día siguiente lo pusieron en libertad. El 13 de diciembre la policía detuvo a Ganabathirau, Kenghadharan, Manoharan, Uthayakumar y Vasantha Kumar. Waytha Moorthy, que en el momento de las detenciones estaba en Reino Unido, ha solicitado asilo allí.

Los representantes letrados de los detenidos de HINDRAF presentaron un recurso de hábeas corpus, pero el Tribunal Federal lo desestimó el 15 de mayo de 2008. Basándose en motivos de otra índole, los abogados presentaron otro recurso de hábeas corpus el 4 de agosto. Se espera que el Tribunal Superior de Ipoh adopte una decisión el 8 de septiembre.

Al menos 65 personas están recluidas en el centro de detención de Kamunting en aplicación de las disposiciones sobre detención administrativa de la Ley de Seguridad Interna, que permite a la policía detener a personas de quienes sospeche que han actuado –o que “se disponían” a actuar, o que “era probable” que actuaran– poniendo en peligro la seguridad, “servicios imprescindibles” o la “vida económica” de Malaisia (artículo 73.1.b).

Los detenidos pueden permanecer hasta 60 días privados de libertad bajo custodia de la policía con fines de investigación. Transcurrido ese tiempo, el ministro del Interior puede cursar una orden de detención por dos años en aplicación de la Ley de Seguridad Interna. Esta orden de detención por dos años se puede renovar indefinidamente sin que el detenido esté siquiera acusado de algún delito ni haya sido juzgado ante un tribunal de justicia. Así pues, la Ley de Seguridad Interna es contraria a los principios fundamentales del derecho internacional, entre ellos el derecho de la persona a su libertad, el derecho a no sufrir detención arbitraria, el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a un juicio público y con las debidas garantías ante un tribunal de justicia.

Los “desaparecidos”: 25 años de recuerdo

Fri, 29 Aug 2008 11:39:18 +0100

Jorge Alberto Rosal Paz "desapareció" en Guatemala el 12 de agosto de 1983. Este ingeniero agrónomo de 28 años de edad fue secuestrado por personal militar armado que circulaba en un jeep cuando viajaba de Teculutan a Zacapa. Jamás se le volvió a ver.

En el momento de su "desaparición", Jorge Rosal estaba casado y tenía una hija. Su esposa estaba embarazada de su segundo hijo. No se cree que tuviera afiliación política o religiosa alguna. Pese a las numerosas ocasiones en que se informó de que había sido visto en situación de detención, las autoridades guatemaltecas negaron en todo momento tener conocimiento de lo que le había sucedido.

La familia de Jorge llevó su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Estado de Guatemala emitió en el año 2000 una declaración de reconocimiento de su responsabilidad institucional en el caso de Jorge Rosal y de otras personas. En 2004 se llegó a un acuerdo de solución amistosa entre el Estado y la familia de Jorge Rosal.

Jorge Rosal no es más que una de los cientos de miles de personas que han sido víctimas de desaparición forzada en el mundo durante los últimos 25 años. Y hay centenares de miles de familiares y amigos de desaparecidos que siguen sin tener noticia sobre la suerte que han corrido sus seres queridos. El sábado 30 de agosto es su día para el recuerdo, día en que se conmemora el 25 aniversario del Día del Desaparecido.

El primer Día del Desaparecido lo organizó la ONG Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM) en 1983, en unos momentos en que las desapariciones se producían en el contexto de regímenes autoritarios.

Poco es lo que se ha avanzado desde entonces. La práctica gubernamental del secuestro, rapto o detención de personas y de recluirlas en secreto ha persistido y se ha propagado a medida que un número creciente de países acepta y justifica este crimen.

En todas las regiones del mundo se producen desapariciones forzadas, en países como Argelia, Colombia, Nepal, Federación Rusa, El Salvador, Sri Lanka, Túnez y algunos de los países sucesores de la antigua Yugoslavia... por nombrar sólo unos cuantos.

El 6 de septiembre de 2006, el presidente de Estados Unidos, George W Bush, confirmó el secreto a voces de que la CIA operaba un programa de detención prolongada en régimen de incomunicación en lugares secretos. En esta práctica están implicados, en mayor o menor grado, gobiernos de todo el mundo.

Las personas recluidas en el contexto de ese programa son víctimas de desaparición forzada. Están privadas de libertad sin que nadie sepa dónde están y corren peligro de ser torturadas o de que las maten. El presidente Bush volvió a autorizar el programa en 2007.

Desde que Pakistán se unió a la "guerra contra el terror" dirigida por Estados Unidos ha pasado también a formar parte de la lista de países en los que se practica la desaparición forzada de personas. Entre las personas que han desaparecido hay ciudadano paquistaníes y extranjeros de quienes se sospechaba que tenían algún tipo de relación con grupos terroristas, así como opositores políticos del gobierno paquistaní que ejercían presión para logar mayores derechos para sus comunidades, como los baloches y sindis.

En el 25 aniversario, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias informó sobre 41.257 casos pendientes en 78 países. En el primer año del Día del Desaparecido, el Grupo de Trabajo había informado sobre 1.733 casos de desaparición en 11 países.

En el último año, las peores estadísticas nacionales remitidas al Grupo de Trabajo fueron las de Sri Lanka, donde actualmente hay 5.516 personas registradas como desaparecidas y se identificaron 30 nuevos casos de acción urgente en relación con presuntas desapariciones.

Las tendencias en la práctica de la desaparición de personas han cambiado a lo largo de los últimos 25 años. El Grupo de Trabajo y el Día del Desaparecido se crearon en unos momentos en que las desapariciones se producían en el contexto de los regímenes autoritarios de Latinoamérica.

En la actualidad, las desapariciones suelen producirse en países que padecen un conflicto interno, como Colombia, Sri Lanka, Nepal, Filipinas y Federación Rusa.

El 8 de agosto de 2007, Ibragim Gazdiev conducía el automóvil de su hermano cuando, según los informes, hombres armados que vestían uniforme de camuflaje lo capturaron en Karabulak, en la república rusa de Ingushetia. Lo rodearon, lo obligaron a entrar en otro vehículo y se lo llevaron. Desde entonces nadie ha vuelto a verlo.

Se cree que el servicio secreto federal ruso lo tiene recluido en régimen de incomunicación. Las autoridades, sin embargo, niegan tenerlo bajo su custodia.

Amnistía Internacional sigue trabajando para poner fin al crimen de desaparición forzada.

La Asamblea General de la ONU adoptó el 20 de diciembre de 2006 la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (Convención contra la Desaparición Forzada).

Esta Convención, uno de los más enérgicos tratados en materia de derechos humanos que jamás había aprobado la ONU, fue la culminación de años de intenso trabajo por parte de asociaciones de familiares de víctimas, ONG como Amnistía Internacional y gobiernos clave.

Elementos clave de la Convención son su definición de lo que es la desaparición forzada, el alcance de la jurisdicción extraterritorial que los Estados deben ejercer, sus disposiciones en materia de reparación y la constitución, para la aplicación de las disposiciones de la Convención, del Comité contra la Desaparición Forzada.

La Convención define del siguiente modo la desaparición forzada: "El arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley."

Amnistía Internacional pide a todos los Estados que ratifiquen sin demora la Convención contra la Desaparición Forzada, y que promulguen leyes efectivas para su aplicación conforme a sus obligaciones internacionales, trabajando de esta forma unidos para acabar con la desaparición forzada de personas, que es una de las peores violaciones de derechos humanos.

Hasta la fecha, Albania, Argentina, México y Honduras son los únicos Estados que han ratificado la Convención. Otros 73 la han firmado. Uno de los Estados que más recientemente la ha firmado ha sido Países Bajos, el 29 de abril de 2008.

La Coalición Internacional contra las Desapariciones Forzadas (ICAED, por sus siglas en inglés) se constituyó en septiembre de 2007 con el objeto de promover la ratificación y aplicación de la Convención.

El sábado 30 de agosto, miembros de la ICAED en todos los continentes, organizaciones no gubernamentales, asociaciones de familiares de víctimas y grupos de base celebraron eventos conmemorativos del Día del Desaparecido.

Amnistía Internacional presta su apoyo a la Coalición Internacional contra las Desapariciones Forzadas. Puedes sumar tu firma a la carta abierta enviada a todos los gobiernos pidiendo que acaben con este crimen y garanticen justicia a las víctimas de desaparición y a sus familiares.

Participa y apoya nuestro esfuerzo para asegurar que víctimas y familiares tienen acceso a la justicia y que no caen en el olvido los crímenes cometidos en el pasado. Visita el sitio web de la ICAED en www.icaed.org

Argentina: Amnistía Internacional acoge con satisfacción la condena de Menéndez y Bussi

Wed, 03 Sep 2008 08:38:18 +0100

Amnistía Internacional ha manifestado hoy, 29 de agosto, que las condenas impuestas al ex general Luciano Benjamín Menéndez y a su subordinado Antonio Bussi son un testimonio más de que los crímenes como la tortura y la desaparición forzada no tienen cabida en el mundo de hoy.

"Las penas impuestas a Bussi y Menéndez son prueba de los pasos que está dando Argentina para enfrentarse a su pasado", ha afirmado Susan Lee, directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional.

Antonio Bussi y Luciano Benjamín Menéndez fueron condenados a cadena perpetua por el secuestro, tortura y desaparición del ex senador Guillermo Vargas Aignasse en abril de 1976.

Amnistía Internacional también ha exhortado a las autoridades argentinas a tomas medidas más efectivas para proteger a los testigos, así como a asignar los recursos necesarios a la investigación sobre la suerte corrida por Jorge Julio López, desaparecido el 17 de septiembre de 2006, tras declarar como testigo de cargo en el juicio contra el ex director de Investigaciones de la policía de la provincia de Buenos Aires, Miguel Etchecolatz.

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Durante el gobierno militar que rigió Argentina desde 1976 hasta 1983, millares de personas fueron víctimas de "desaparición", ejecución extrajudicial y tortura. Más de 9.000 personas están registradas oficialmente como desaparecidas durante la persecución sistemática desatada por el gobierno militar contra opositores de izquierda; sin embargo, algunos grupos de derechos humanos han calculado que hubo 30.000 víctimas. La Ley de Punto Final de 1986 y la Ley de Obediencia Debida de 1987, que eximían a las fuerzas de seguridad del procesamiento, fueron derogadas en junio de 2005.

Luciano Benjamín Menéndez, de 81 años, fue jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, unidad regional con sede en Córdoba, y tuvo bajo su control uno de los centros de tortura más tristemente célebres del régimen militar. Antonio Bussi, de 82 años, encabezó las operaciones militares en Tucumán y posteriormente fue gobernador de la provincia tras el golpe de Estado militar de 1976. Córdoba y Tucumán figuraron entre las zonas más afectadas por las violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen militar.

Menéndez, otros seis oficiales de las fuerzas armadas y un civil fueron condenados también en julio de 2008 por el secuestro, tortura y ejecución extrajudicial de otras cuatro personas, delitos cometidos en 1977.

Para conmemorar el 25 Día Internacional de los Desaparecidos, el 30 de agosto, Amnistía Internacional ha preparado una serie de materiales de prensa que incluyen artículos de análisis, documentos de datos y cifras y estudios de caso sobre desapariciones que abarcan desde casos ocurridos en América Latina en la década de 1970 hasta casos actuales documentados en Pakistán y Sri Lanka. Para más información, sírvanse visitar el sitio www.amnesty.org. Si desean concertar una entrevista con un experto/a de Amnistía Internacional, sírvanse llamar al teléfono +44 7778 472 116.

Bielorrusia debe respetar la libertad de reunión, asociación y expresión

Wed, 20 Aug 2008 14:45:34 +0100

Video placeholder

Durante 2007, la membresía, los grupos de jóvenes y los simpatizantes de Amnistía Internacional enviaron más de 11.000 grullas de papel a las autoridades bielorrusas.

Además, se envió al Ministerio del Interior bielorruso una grulla gigante creada por jóvenes de Amnistía Internacional México.

Estas grullas formaban parte de una campaña internacional en favor de la liberación de un joven activista, Zmitser Dashkevich, condenado a un año y medio de prisión por “organizar o participar en las actividades de una organización no inscrita”.

Zmitser Dashkevich, líder del movimiento de oposición Frente Juvenil, fue condenado en noviembre de 2006 en virtud del artículo 193.1 del Código Penal bielorruso. Amnistía Internacional lo consideró preso de conciencia.

Tras la campaña de las grullas de papel (véase el vídeo), Zmitser Dashkevich (en la foto) quedó en libertad anticipadamente, el 23 de enero de 2008.

Desde su entrada en vigor en diciembre de 2005 por decreto presidencial, el artículo 193.1 ha permitido sancionar a organizaciones de la sociedad civil y a otros grupos no inscritos por sus actividades. La organización de actividades de ONG no inscritas, o la participación en ellas, se han convertido en delitos punibles con penas de hasta dos años de prisión.

En virtud del artículo 193.1, las autoridades bielorrusas han detenido, recluido y condenado a activistas y miembros de ONG, en su mayoría jóvenes, por haber ejercido sus derechos a la libertad de reunión, asociación y expresión. Desde entonces se ha amonestado, multado y encarcelado a numerosos activistas.

Las personas condenadas pasan a tener antecedentes penales, que se cancelan una vez transcurridos dos años. Esta circunstancia puede ser fuente de nuevos problemas, como la expulsión de instituciones académicas, la discriminación en el ámbito laboral o la prohibición de salir del país.

En Bielorrusia es extremadamente dificultoso registrar una ONG. Por ejemplo, los activistas del Frente Juvenil han intentado en repetidas ocasiones legalizar su organización, nacida hace más de diez años, pero el Ministerio de Justicia ha rechazado todas sus solicitudes.

En esas circunstancias, las ONG se ven obligadas a llevar a cabo sus labores legítimas en condiciones adversas, bajo la amenaza constante del hostigamiento de las autoridades. El artículo 193.1 ha venido a reforzar la capacidad de las autoridades de entorpecer, hostigar e intimidar a los activistas de la sociedad civil que ejercen pacíficamente sus derechos humanos.

Sin embargo, desde que Amnistía Internacional empezó a organizar actividades de campaña contra el artículo 193.1, las autoridades bielorrusas han dejado de imponer penas de prisión.

Durante su campaña por la liberación de Zmitser Dashkevich, la organización ha observado que, si bien las autoridades siguen deteniendo a personas y presentando cargos en su contra en virtud del artículo 193.1, los procesos judiciales desembocan en multas o amonestaciones, y no en penas de prisión.

Esto indica un cambio por parte de las autoridades bielorrusas, posiblemente debido a la presión internacional. Para aprovechar esa presión, Amnistía Internacional está instando al gobierno bielorruso a dar un paso más y abolir inmediatamente el artículo 193.1.

Asimismo, la organización pide al gobierno bielorruso que revise otras leyes, normativas y prácticas relacionadas con el registro y las actividades de las ONG, que deje de entorpecer, hostigar e intimidar a los activistas de la sociedad civil que ejercen pacíficamente sus derechos humanos en Bielorrusia, y que cese en la práctica de expulsar a estudiantes, de forma temporal o permanente, de las instituciones académicas exclusivamente por haber ejercido pacíficamente sus derechos humanos.

Sudán recluye sin cargos a cientos de personas por el ataque del 10 de mayo

Wed, 20 Aug 2008 17:41:31 +0100

El gobierno sudanés mantiene recluidas a cientos de personas sin cargos ni acceso a asistencia letrada tras el ataque armado lanzado contra Jartum el 10 de mayo por el Movimiento Justicia e Igualdad. El gobierno se prepara para juzgar a otras 109 personas detenidas en relación con este ataque.

Siguen sin conocerse la suerte y el paradero de la mayoría de las personas que continúan recluidas. Se han recibido informes de tortura y malos tratos de personas que fueron puestas en libertad. Amnistía Internacional teme que quienes siguen detenidos corran grave peligro de sufrir torturas. Según los informes que ha recibido la organización, entre los recluidos hay mujeres y un bebé de nueve meses.

Los temores de Amnistía Internacional han sido suscitados por las condenas a muerte en la horca dictadas el domingo 17 de agosto por los Tribunales Especiales Antiterroristas de Sudán contra 8 presuntos miembros del Movimiento Justicia e Igualdad. Entre ellos se encuentra un jefe militar del grupo. Otros doce presuntos miembros del mismo grupo fueron condenados a la horca el 20 de agosto de 2008. La condena eleva a 50 el número de personas condenadas a muerte en relación con el ataque del 10 de mayo.

"Los Tribunales Especiales Antiterroristas de Sudán no son más que una parodia de justicia", ha dicho Tawanda Hondora, director adjunto del Programa Regional para África de Amnistía Internacional. "Algunas de las personas condenadas ayer vieron a sus abogados por primera vez durante el juicio, mientras que varias afirmaron que las torturaron mientras estaban recluidas en régimen de incomunicación y las obligaron a confesarse culpables."

"Esos juicios fueron claramente injustos y ahora Sudán se prepara para juzgar a más personas con este sistema. ¿Es eso justicia?", ha dicho Tawanda Hondora.

Uno de los abogados de los condenados el 17 de agosto dijo a Amnistía Internacional que el tribunal había rechazado su petición de que se examinaran las denuncias de tortura y malos tratos de su cliente, incluida la petición para que se le realizara un examen médico, a pesar de que, cuando comparecieron ante el juez, los acusados presentaban claras señales de malos tratos en sus cuerpos.

Los abogados defensores han recurrido las 38 sentencias en el limitado plazo que permiten los Tribunales Especiales. La decisión final, que se espera para las próximas semanas, deberá ser tomada por un Tribunal Especial de Apelaciones. A partir de entonces, el presidente tendrá que sancionar con su firma la decisión para que se lleven a cabo las ejecuciones.

"El gobierno sudanés tiene la obligación de investigar los delitos y poner a sus autores a disposición judicial, pero debe hacerlo de acuerdo con el derecho internacional y su propia Constitución, que garantiza juicios justos", ha manifestado Tawanda Hondora.

"Instamos a las autoridades sudanesas a que no ejecuten a estos hombres y revisen de inmediato sus causas."

Amnistía Internacional ha instado también a las autoridades sudanesas a que revelen el paradero de todas las personas recluidas en el marco de la investigación de los sucesos del 10 de mayo y a que presenten cargos contra ellas sin demora o las pongan en libertad de inmediato.

La organización también pide que a todos los detenidos se les permita acceder de forma regular a sus abogados y familiares y que se les facilite la atención médica adecuada.

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Con el ataque del 10 de mayo, un grupo armado de oposición con base en Darfur alcanzó por primera vez la capital desde el comienzo conflicto en 2003.

En las semanas siguientes al ataque cientos de personas fueron detenidas por la policía y las fuerzas de seguridad sudanesas. La mayoría de los detenidos eran naturales de Darfur. Amnistía Internacional recibió informes de ejecuciones extrajudiciales durante las oleadas de detenciones.

En julio, el presidente de Sudán, Omar Hasán al Bashir, anunció que pondría en libertad a 87 presuntos niños soldados acusados de participar en el ataque.

A finales de julio, los Tribunales Especiales condenaron a muerte a otras 30 personas, tras declararlas culpables de delitos relacionados con los ataques del 10 de mayo.

Los Tribunales Especiales Antiterroristas se crearon el 29 de mayo expresamente para juzgar a personas acusadas de participar en el ataque del 10 de mayo.

Se ha acusado y condenado a personas en virtud de artículos como los del Código Penal de 1991, la Ley Antiterrorista de 2001 y la Ordenanza sobre Armas y Municiones de 1993.

La sentencia del 17 de agosto es la cuarta dictada por estos tribunales.

Ocho ciudadanos bahreiníes liberados

Wed, 13 Aug 2008 17:48:56 +0100

El 12 de julio de 2008 quedaron en libertad sin cargos en Arabia Saudí ocho ciudadanos bahreiníes tras haber pasado más de cuatro meses detenidos.

Habían viajado de Bahréin a Riad, en Arabia Saudí, y fueron detenidos por fuerzas de seguridad a su llegada, el 28 de febrero. Durante semanas sus familias no tuvieron contacto con ellos ni supieron cuál era su paradero exacto.

Siete de los ocho hombres son profesores –Sayyid Ahmad ‘Alawi, Majeed al-Ghasra, Muhammad ‘Abdullah al-Mu’man, ‘Abbas Ahmad Ibrahim, ‘Isa ‘Abdul-Hassan Ahmad, Muhammad Hassan ‘Ali Marhoun y Ibrahim Marzam al-Haddad– y uno ingeniero –Muhammad Mahdi Khalil–. Los ocho estuvieron recluidos en régimen de aislamiento durante todo el tiempo que permanecieron detenidos sin que se presentaran cargos contra ellos o fueran juzgados.

Amnistía Internacional acoge con satisfacción su liberación y el regreso a su hogar. No obstante, las autoridades saudíes siguen manteniendo a personas detenidas en régimen de incomunicación, y siguen sometiéndolas a tortura y otros malos tratos.

En 2007, el Ministerio del Interior anunció que había al menos 3.000 presuntos opositores políticos retenidos sin cargos ni juicio. Según informes, el Ministerio reveló que entre 2003 y 2007 detuvo a 9.000 personas en el contexto de la “guerra contra el terror”.

Una población atrapada: castigo colectivo en Gaza

Tue, 12 Aug 2008 14:52:48 +0100

El sitio israelí ha convertido Gaza en una enorme prisión. No podemos salir, ni siquiera para recibir atención médica ni para estudiar en el extranjero, y en Gaza no hay casi nada de lo que necesitamos. En realidad no vivimos; apenas sobrevivimos, y las perspectivas para el futuro son desoladoras. – Fathi, habitante de Gaza

El bloqueo impuesto por Israel a la Franja de Gaza desde hace más de un año ha dejado a la totalidad del millón y medio de palestinos y palestinas que componen la población atrapados, con recursos cada vez más limitados y una economía en ruinas. Alrededor del 80 por ciento de la población depende ya de la ayuda internacional que el ejército israelí permite pasar en cantidades mínimas. Esta crisis humanitaria es una situación de origen humano y totalmente evitable.

A menudo se impide salir incluso a personas enfermas que necesitan desesperadamente recibir tratamiento médico, por lo que han muerto decenas. Y también se encuentran atrapados en Gaza estudiantes con becas en el extranjero, a quienes se niega la oportunidad de labrarse un futuro.

Las autoridades israelíes sostienen que el bloqueo de Gaza es una respuesta a los ataques palestinos, en especial a los cohetes lanzados indiscriminadamente desde Gaza contra la cercana ciudad israelí de Sderot. Estos y otros ataques palestinos se saldaron con la muerte de 25 israelíes en la primera mitad de este año. En el mismo periodo, las fuerzas israelíes mataron a 400 palestinos.

Sin embargo, el bloqueo israelí no va dirigido específicamente contra los grupos armados palestinos responsables de los ataques, sino que castiga colectivamente a la población entera de Gaza.

En abril de 2008, Robert Serry, coordinador especial de la ONU para el proceso de paz de Oriente Medio y representante personal del secretario general de la organización, pidió a Israel que restableciera el suministro de combustible a Gaza y permitiera el paso de asistencia humanitaria y de productos comerciales.

“El castigo colectivo de la población de Gaza, que se instituyó hace ya meses, ha fracasado”, señaló el coordinador.

Aunque desde el 19 de junio de 2008 se mantiene en Gaza un alto el fuego entre las fuerzas israelíes y los grupos armados palestinos, el bloqueo continúa.

Ruina económica y pobreza
Israel ha prohibido totalmente las exportaciones desde Gaza y ha reducido la entrada de combustible y de mercancías a una cantidad mínima, compuesta en su mayor parte de ayuda humanitaria, comestibles y material médico. Los artículos de primera necesidad escasean o no están disponibles en absoluto en Gaza. La escasez ha hecho subir los precios de los alimentos en un momento en que la población puede menos que nunca pagar más. Un creciente número de habitantes de Gaza acaban sumidos en la extrema pobreza y sufren malnutrición.

Alrededor del 80 por ciento de la población depende ya de la ayuda internacional, frente al 10 por ciento de hace un decenio. Las restricciones impuestas por Israel han acarreado mayores costes operativos a los organismos de ayuda de la ONU y las organizaciones humanitarias. La asistencia alimentaria le cuesta a la Agencia de la ONU para la Ayuda a los Refugiados Palestinos (UNRWA) 20 dólares estadounidenses por persona al día, cuando en 2004 eran menos de 8 dólares.

La frágil economía de Gaza, maltrecha ya por años de restricciones y destrucción, se ha venido abajo. Incapaz de importar materias primas y exportar productos, y sin combustible para hacer funcionar la maquinaria y los generadores eléctricos, aproximadamente el 90 por ciento de la industria ha cerrado.

Servicios esenciales en peligro
La escasez de combustible ha afectado a todos los aspectos de la vida en Gaza. La asistencia hospitalaria a personas enfermas se ha reducido como consecuencia de la falta de transporte, y las universidades se vieron obligadas a cerrar antes de que acabara el curso, porque ni estudiantes ni profesorado podían seguir desplazándose hasta ellas. Las bombas de combustible para sacar agua de los pozos y las redes de distribución de agua están a menudo paradas.

Los centros médicos de Gaza carecen de personal y equipo especializados para tratar diversas enfermedades, como el cáncer y las dolencias cardiovasculares. Asimismo, los hospitales soportan ahora una presión cada vez mayor debido a la escasez de equipo, repuestos y otros artículos necesarios provocada por el bloqueo.

Con al alto el fuego vigente, el sufrimiento de Gaza ha quedado fuera de la agenda informativa internacional. Sin embargo, la membresía de Amnistía Internacional continúa haciendo campaña para pedir:

a las autoridades israelíes, que levanten de inmediato el bloqueo; permitan la entrada sin restricciones en Gaza de cantidades suficientes de combustible, electricidad y otros artículos de primera necesidad, y permitan salir del territorio, así como regresar después a él, a quienes deseen hacerlo, en especial a las personas enfermas que necesiten tratamiento médico no disponible en Gaza y a los estudiantes matriculados en universidades extranjeras;
a los grupos armados palestinos, que no reanuden el lanzamiento de cohetes ni otros ataques contra civiles israelíes.

Salim Hamdan, condenado por una comisión militar

Tue, 12 Aug 2008 08:37:24 +0100

Salim Hamdan fue condenado el 7 de agosto a cinco años y medio de prisión en el primer juicio ante una comisión militar estadounidense de Guantánamo. El fiscal había pedido una condena de al menos 30 años.

El día anterior, un grupo de seis militares estadounidenses habían declarado a Hamdan culpable de "prestar apoyo material al terrorismo" y lo habían absuelto del cargo de "conspiración".

Se considera cumplida la parte de la condena correspondiente a los 61 meses y 8 días que ha pasado bajo custodia en Guantánamo desde que se consideró por primera vez que reunía los requisitos necesarios para ser sometido a juicio, en 2003. Esta decisión se tomó con el sistema anterior de comisiones militares, autorizado por orden presidencial pero declarado ilegal posteriormente, en 2006, por la Corte Suprema de Estados Unidos.

En un sistema ordinario de justicia, esto significaría que sería puesto en libertad en menos de cinco meses. Sin embargo, el 5 de agosto el Pentágono sugirió que Salim Hamdan quedara sometido a detención indefinida como "combatiente enemigo", con independencia de la sentencia dictada contra él.

Matt Pollard, asesor jurídico de Amnistía Internacional, ha manifestado que la sentencia condenatoria de Hamdan ha estado basada en un procedimiento que ha "incumplido fundamentalmente las normas internacionales sobre juicios justos".

"Imponer así una pena no puede, por tanto, más que agravar la injusticia del juicio y las demás violaciones de derechos humanos cometidas durante sus muchos años de detención ilegal", ha añadido Pollard.

El marco de leyes y normas en que actúan las comisiones militares es básicamente incompatible con el derecho internacional y ha recibido críticas en todo el mundo. Sin embargo, parece que las autoridades estadounidenses tienen pensado seguir con él y someter a muchos más detenidos de Guantánamo a estos procedimientos ilegales.

Amnistía Internacional considera que el sistema de comisiones militares adolece de deficiencias fundamentales y debe suprimirse. La organización continúa haciendo campaña para que todo juicio de detenidos de Guantánamo se celebre ante tribunales civiles ordinarios de Estados Unidos, sin que se recurra a la pena de muerte, y para que el centro de detención de Guantánamo se cierre.