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Zimbabue: Hallazgo de los cadáveres de 12 víctimas de tortura

Fri, 20 Jun 2008 11:04:00 +0100

Amnistía Internacional reveló el jueves 19 de junio el hallazgo de 12 cadáveres en diversas zonas de Zimbabue. La mayoría de las víctimas parecen haber muerto como consecuencia de las torturas infligidas por sus secuestradores.

Las víctimas fueron secuestradas presuntamente por simpatizantes de Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF), en algunos casos acompañados de hombres armados que al parecer eran agentes del gobierno.

Cuatro de las víctimas fueron secuestradas por jóvenes de la ZANU-PF, según los informes, el 18 de junio en el domicilio en Chitungwiza del Sr. Chipiyo, concejal electo del Movimiento por el Cambio Democrático (MDC). Uno de los fallecidos es Archford Chipiyo, hijo del concejal electo.

Cinco cadáveres se encontraron en la provincia de Masvingo, mientras que dos se hallaron en el distrito de Gokwe, provincia de Midlands, y de otro se habían deshecho en Harare.

Una mujer murió el 19 de junio en un hospital de Harare debido a las lesiones causadas por la paliza que le propinaron jóvenes de la ZANU-PF cuando asistía al funeral de un familiar en Buhera.

Amnistía Internacional también ha recibido información de testigos presenciales que afirman que grupos de soldados recorren los poblados amenazando a sus habitantes con armas de fuego y ordenándoles que voten por el presidente Mugabe el 27 de junio.

“El gobierno debe denunciar públicamente todos los actos de violencia de simpatizantes de la ZANU-PF, ‘veteranos de guerra’ y soldados, y trabajar con todos los partidos políticos para poner fin de inmediato a la violencia”, ha afirmado Amnistía Internacional.

“El gobierno también debe retirar a los soldados desplegados en zonas rurales y urbanas que están instigando ataques contra personas a las que consideran simpatizantes del MDC.”

Amnistía Internacional pide también a los dirigentes de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral que convoquen una cumbre de emergencia para abordar el deterioro de la seguridad en Zimbabue.

La crisis de Darfur llega a la capital de Sudán

Fri, 23 May 2008 14:53:54 +0100

Amnistía Internacional ve con gran preocupación la represión que están ejerciendo las fuerzas de seguridad sudanesas tras la incursión en Jartum de un grupo armado. Las medidas represivas se han caracterizado por violaciones graves de derechos humanos, entre ellas cientos de detenciones arbitrarias, casos de malos tratos y ejecuciones extrajudiciales. Las víctimas de estas violaciones han sido mayoritariamente personas originarias de Darfur.

El sábado 10 de mayo de 2008, el Movimiento Justicia e Igualdad (JEM), grupo armado de oposición con base en Darfur, lanzó un ataque militar en las afueras de Jartum. El ataque marcó el comienzo de una nueva fase del conflicto en Darfur, al ser la primera vez que un grupo armado de oposición llegaba a las afueras de la capital desde el inicio del conflicto en 2003. Según informes, muchos miembros del JEM murieron durante el ataque y decenas fueron arrestados.

Desde entonces, el gobierno ha respondido a este ataque militar con centenares de detenciones arbitrarias y algunos casos de ejecuciones extrajudiciales perpetrados por la policía sudanesa y el Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional contra personas originarias de Darfur, especialmente miembros del grupo étnico zaghawa. Desde que las fuerzas sudanesas rechazaron la ofensiva, se impuso un toque de queda en Omdurman y se establecieron puestos de control en las calles de la capital, lo que permitió el arresto y la detención de personas que viajaban en autobuses y automóviles, mientas que el Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional y la policía efectuaban registros en los domicilios de personas originarias de Darfur y de sus familias.

“Se ha detenido con métodos brutales a civiles, en su mayoría jóvenes, en las calles y en sus casas, y se les ha conducido a lugares de detención que todavía se desconocen. La mayoría de las detenciones en los lugares públicos se han basado sobre todo en el aspecto, la edad, el acento o el color de la piel.” Con estas palabras expresaba a Amnistía Internacional un destacado abogado sudanés sus motivos de preocupación en relación con la naturaleza arbitraria de las detenciones –personas detenidas por su origen étnico y edad–, los malos tratos asociados y la falta de información sobre los lugares de detención. Según declaró a Amnistía Internacional, los hombres jóvenes, incluidos los menores de edad, corrían un peligro mayor porque el gobierno sabe que el JEM se nutre parcialmente de hombres jóvenes. Algunos testigos han informado de que a las personas que corrían riesgo de detención se les pedía que pronunciaran ciertas palabras para determinar si eran originarias de Darfur o no.

Entre las personas detenidas hay hombres, mujeres y familias enteras que provienen de Darfur. Amnistía Internacional también ha recibido informes que indican que la semana pasada se detuvo a profesionales de la abogacía y del periodismo y al menos a un activista de derechos humanos.

El 21 de mayo de 2008, cinco miembros del partido político de oposición Congreso Popular, permanecían detenidos después de que su líder, Hassan Al Turabi, y otros miembros fuesen liberados.

Amnistía Internacional condena la detención arbitraria de cientos de personas e insta al gobierno sudanés a liberar inmediata e incondicionalmente a todas las personas que hayan sido detenidas sólo por su origen étnico o por la expresión pacífica de su opinión. Amnistía Internacional pide al gobierno sudanés que acuse formalmente al resto de los detenidos de un delito común reconocible o los ponga en libertad de inmediato.

Algunos testigos han relatado a Amnistía Internacional los malos tratos infligidos por la policía y el Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional a varias personas en el momento de arrestarlas. Un abogado que fue liberado dos días después de su detención contó cómo los habían sacado de su casa a él y a algunos miembros de su familia y cómo le golpearon con rifles en la cabeza y en las piernas causándole lesiones graves. Otros testigos han hablado de ejecuciones extrajudiciales públicas de las que habrían sido víctimas varios hombres y al menos una mujer en Omdurman. Según varios informes, la mujer murió el 1 de mayo en las calles de Umbada, en Omdurman, cuando miembros del Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional le dispararon después de que se opusiera a la detención de su hermano menor.

Según la información facilitada por su familia, un hombre de 31 años oriundo del estado de Nilo Blanco fue detenido por miembros del Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional el 16 o el 17 de mayo y conducido a un centro de detención de este Servicio. Ya lo habían detenido y liberado el día anterior, después de acusarlo de dar cobijo a miembros del JEM en una de sus casas. El 19 de mayo, cuando un familiar acudió a preguntar por el lugar donde se encontraba detenido, en el Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional le informaron de que la persona en cuestión había fallecido bajo custodia a causa de una insuficiencia renal que le había sobrevenido el día que fue detenido. Según le dijeron al familiar, el detenido fue trasladado a un hospital de ese Servicio, donde falleció, y posteriormente el cadáver fue llevado a una morgue. El 19 de mayo los familiares solicitaron al médico de la morgue que llevara a cabo una autopsia antes de hacerse cargo del cuerpo. Los exámenes revelaron que la muerte se había debido a una grave hemorragia interna producida por varias lesiones graves, así como hematomas en distintas partes del cuerpo.

Amnistía Internacional insta al gobierno de Sudán a que condene e investigue todas las denuncias de malos tratos, tortura y ejecuciones extrajudiciales que se han producido después del ataque del JEM.

Aunque, según los informes, algunas de las personas detenidas pueden encontrarse en la prisión de Kober, en Jartum, sigue sin conocerse el paradero de la mayoría de ellas. En muchos casos, sobre todo de personas que fueron arrestadas en la calle, también se desconoce la autoridad que ordenó su detención. Las familias de las personas detenidas las consideran desaparecidas. Amnistía Internacional teme que muchas pueden haber sido víctimas de desaparición forzada.

El número de detenciones y las circunstancias en que se están produciendo, la incertidumbre acerca del paradero de los detenidos y los malos tratos asociados a las detenciones hacen temer por la suerte de estas personas. Amnistía Internacional siente gran preocupación por las personas recluidas en régimen de incomunicación, posiblemente en centros de detención no reconocidos oficialmente, sin acceso a abogados o familiares, por lo que corren aún más peligro de convertirse en víctimas de tortura y ejecución extrajudicial.

Amnistía Internacional también siente preocupación por la suerte de las personas sin documentos de identidad que viven en la capital. Las detenciones se han generalizado en toda la ciudad y en los transportes públicos, aumentando el peligro que corren las personas que no pueden probar su identidad.

Amnistía Internacional ha recibido informes sin confirmar de fosas comunes tras el ataque lanzado por el JEM el 10 de mayo, al parecer una de ellas en Omdurman Oeste. Amnistía Internacional exige que se identifiquen y se protejan estos posibles lugares para que investigadores independientes con la capacitación necesaria puedan examinarlos.

Amnistía Internacional insta además a las autoridades a derogar el artículo 31 de la Ley de las Fuerzas de Seguridad Nacional, que autoriza la detención durante periodos de hasta nueve meses sin acceso a revisión judicial.

Amnistía Internacional recuerda al gobierno de Sudán el compromiso que contrajo en el pasado de garantizar a los responsables de derechos humanos de la Misión de la ONU en Sudán el acceso a los lugares de detención; también insta al gobierno sudanés a que haga público de inmediato el paradero de todas las personas bajo custodia y a que permita el acceso sin restricciones a los lugares de detención a los responsables de derechos humanos, familiares, abogados y médicos.

El homicidio de civiles, algo habitual en Somalia

Tue, 06 May 2008 16:44:30 +0100

La grave crisis humanitaria y de derechos humanos que sufre la población en Somalia ha quedado de manifiesto en un innovador informe que Amnistía Internacional acaba de publicar.

El informe contiene testimonios directos de decenas de supervivientes traumatizados del conflicto, y saca a la luz los abusos y violaciones de derechos humanos de que han sido objeto a manos de una compleja mezcla de agentes, a saber, las tropas etíopes y del Gobierno Federal de Transición por un lado, y los grupos armados, por el otro.

“En Somalia, la población sufre homicidios, violaciones y torturas; los saqueos son un fenómeno generalizado, y se destruyen vecindarios enteros”, ha manifestado Michelle Kagari, subdirectora del Programa Regional para África de Amnistía Internacional.

Algunos testigos relataron a Amnistía Internacional que cada vez hay más casos de lo que localmente se conoce como “masacrar” o “matar como a cabras”, es decir, degollamientos, perpetrados por las tropas etíopes. Es frecuente que las víctimas de estos homicidios queden tiradas en la calle, en medio de un charco de sangre, hasta que los combatientes armados, incluidos los francotiradores, se retiran de la zona y sus familiares pueden recoger los cadáveres.

“Los testimonios que recibimos indican convincentemente que todas las partes en el conflicto de Somalia han cometido crímenes de guerra y, posiblemente, crímenes de lesa humanidad –ha señalado Michelle Kagari-. Pero no se hace rendir cuentas a nadie.”

“La situación de los derechos humanos y humanitaria empeora día a día en Somalia. Este informe da voz a los somalíes de a pie, que piden a la comunidad internacional que tome medidas para poner fin a las agresiones de que son objeto, incluidas las cometidas por las fuerzas etíopes y del Gobierno Federal de Transición, que reciben apoyo internacional”.

La seguridad es inexistente en muchas partes de Mogadiscio, y la población entera de la ciudad está marcada por las atroces violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario que ha presenciado o sufrido.

“Dondequiera que vayan, no hay seguridad para los civiles. Los que huyen de la violencia en Mogadiscio son atacados en el camino, y los que tienen la suerte de llegar a un asentamiento o un campo de acogida sufren allí más violencia y terribles condiciones de vida.”

Como gobierno reconocido de Somalia, el Gobierno Federal de Transición es el principal encargado de la protección de los derechos humanos de la población somalí. Sin embargo, el ejército etíope, que está jugando un papel principal al respaldarlo, también tiene que hacerse cargo de ella.

“Los ataques contra civiles que llevan a cabo todas las partes deben acabar de inmediato. Asimismo, la comunidad internacional debe asumir su propia responsabilidad por no ejercer presión constante sobre el Gobierno Federal de Transición y el gobierno etíope para que impidan a sus fuerzas armadas cometer violaciones atroces de derechos humanos.”

Amnistía Internacional ha instado a que se refuerce la capacidad de la Oficina Política de las Naciones Unidas para Somalia y a que se asigne a la AMISOM y a toda misión de la ONU para el mantenimiento de la paz que la suceda el mandado de proteger a los civiles y se le añada un fuerte componente de derechos humanos con capacidad para investigar las violaciones de derechos humanos.

La organización ha pedido también que se refuerce el embargo de armas de la ONU a Somalia.

Etiopía debe poner en libertad a los menores detenidos en el asalto a una mezquita

Thu, 24 Apr 2008 15:11:14 +0100

Se ha acusado a fuerzas de Etiopía y del gobierno federal de transición de Somalia de haber atacado a civiles en el asalto a una mezquita de Mogadiscio llevado a cabo el sábado 19 de abril. Durante el asalto –que según Amnistía Internacional podría constituir un crimen de guerra– resultaron muertas 21 personas.

De los 21 fallecidos, 11 murieron dentro de la mezquita, entre ellos el imán Sheik Saiid Yahya, Sheik Abdullah Mohamud y varios ulemas tabliq. Al menos otras 10 personas resultaron muertas en los alrededores de la mezquita. Vecinos de la zona trasladaron después sus cadáveres al interior del edificio.

Según los informes, 7 de los 21 murieron degollados, forma de ejecución extrajudicial que practican las fuerzas etíopes en Somalia.

El asalto a la mezquita se produjo durante los combates generalizados habidos en la zona nordeste de Mogadiscio, en los que, según los informes, han muerto varios soldados etíopes. Según testigos presenciales, las 11 personas que perdieron la vida dentro de la mezquita eran civiles desarmados que no participaban activamente en las hostilidades. Un portavoz del gobierno etíope ha negado la implicación de tropas etíopes en estas muertes.

A Amnistía Internacional le preocupa también el hecho de que las tropas etíopes sacaran a unos 41 menores, al parecer con edades comprendidas entre los 9 y los 18 años, de la mezquita de Al Hidya, en donde asistían a clases de religión. Según los informes, los menores se encuentran detenidos en la base militar que el ejército etíope tiene cerca de una fábrica de pasta en Mogadiscio. No fueron detenidos otros menores más pequeños que se encontraban también en la mezquita.

Algunos testigos han manifestado a Amnistía Internacional que las fuerzas etíopes señalaron que pondrán en libertad a los menores “cuando los hayan investigado” y “si no son terroristas”.

Fuerzas de Etiopía y del gobierno federal de transición de Somalia llevan dos días luchando contra grupos armados de oposición. La organización de derechos humanos Elman ha documentado 81 muertos y más de 100 heridos durante los combates. Se desconoce cuántas de estas personas eran civiles.

El asalto a la mezquita estuvo precedido de un número creciente de ataques de grupos armados contrarios al gobierno federal de transición contra localidades del sur y el centro de Somalia. Vecinos de Beledweyne han señalado que miembros de la milicia Al-Shabab mataron a cuatro profesores en un ataque lanzado el 13 de abril. Un dirigente de la milicia declaró que los profesores habían muerto como consecuencia del fuego cruzado.

Los ataques contra civiles constituyen crímenes de guerra. Amnistía Internacional ha pedido la intervención de la comunidad internacional para que se ponga fin a estos crímenes, perpetrados en muchas zonas de Somalia. La organización ha señalado que el gobierno etíope y el gobierno federal de transición de Somalia deben garantizar una investigación independiente de estos homicidios.

“Todos los soldados etíopes a los que se halle responsables deben ser enjuiciados con arreglo a las normas internacionales sobre imparcialidad procesal y sin recurso a la pena de muerte”, ha indicado Amnistía Internacional.

La organización ha pedido también que el Consejo de Seguridad de la ONU intervenga para poner fin a la impunidad en toda Somalia, creando una comisión internacional de investigación u otro mecanismo similar que investigue las violaciones y los abusos contra los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado que se desarrolla en el país.

Centenares secuestrados en África Central

Tue, 22 Apr 2008 14:09:43 +0100

Se ha instado a la ONU y a los gobiernos de África Central a que garanticen la liberación de más de 350 hombres, mujeres y niños y niñas que al parecer han sido secuestrados por el Ejército de Resistencia del Señor en las últimas semanas.

Los secuestros tuvieron lugar en la República Centroafricana, la República Democrática del Congo y Sudán del Sur mientras el Ejército de Resistencia del Señor parecía estar preparándose para firmar un acuerdo de paz con el gobierno de Uganda. El tratado iba a terminar con más de 20 años de una guerra civil caracterizada por crímenes de guerra, incluidos secuestros y numerosos homicidios ilegítimos y mutilaciones de no combatientes.

“Como en Uganda, probablemente estas personas –incluidas decenas de mujeres y menores– serán utilizadas como niños y niñas soldados y esclavos sexuales, a pesar de lo cual ninguno de los gobiernos de la región ha hecho nada para tratar de conseguir su liberación”, ha dicho Amnistía Internacional.

“Los gobiernos de Sudán, República Centroafricana y República Democrática del Congo, con la ayuda de la ONU, deben unir sus fuerzas para conseguir inmediatamente la seguridad y la liberación de las personas secuestradas y poner a los responsables a disposición judicial.”

En el pasado, las mujeres y las niñas secuestradas por el Ejército de Liberación del Señor han sido utilizadas como esclavas sexuales, mientras que los niños y los hombres han sido obligados a combatir y a perpetrar atrocidades, y utilizados como porteadores de los productos de los saqueos. Los secuestros más recientes se produjeron cerca de Obo, localidad del sudeste de la República Centroafricana, en la frontera con la República Democrática del Congo y Sudán.

El Ejército de Resistencia del Señor parece haber desplazado sus operaciones al sur de la República Centroafricana tratando de evitar que se detenga a sus altos mandos y se los traslade a la Corte Penal Internacional en La Haya. Se les busca por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Informaciones recientes indican que los combatientes han cruzado la frontera de la República Democrática del Congo llevando con ellos a los secuestrados.

En 2005, la Corte Penal Internacional acusó a varios dirigentes del Ejército de Resistencia del Señor de haber llevado a cabo secuestros en masa y haber cometido otros crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.

Actualmente hay cinco fuerzas de seguridad operando en la República Centroafricana: el ejército de la República Centroafricana, las fuerzas de la UE (EUFOR), las de la ONU (Misión de la ONU en la República Centroafricana y el Chad, MINURCAT), la Fuerza multinacional en la República Centroafricana (FOMUC), y las fuerzas del gobierno francés.

Amnistía Internacional pide a las fuerzas de la ONU y demás fuerzas que operan en la zona, incluida la Misión de la ONU en Sudán (UNMIS) en Sudán del Sur y la Misión de la ONU en la República Democrática del Congo (MONUC), que ayuden a los gobiernos regionales a conseguir la liberación de las personas secuestradas.

La organización también ha pedido a las fuerzas internacionales de mantenimiento de la paz y gubernamentales desplegadas en la región que cooperen para detener y entregar a cualquier persona contra quien la Corte Penal Internacional haya dictado una orden de detención, entre ellas los dirigentes del Ejército de Resistencia del Señor.

Llamamiento para que se investigue el homicidio de un cámara y otros civiles

Fri, 18 Apr 2008 14:01:51 +0100

Fuerzas israelíes mataron el miércoles 16 de abril a al menos 18 palestinos, entre los que había menores y otros civiles desarmados, en la Franja de Gaza, en donde más de 30 personas resultaron heridas en ataques de aviones israelíes y fuerzas terrestres que utilizaron tanques.

Entre las personas muertas se encontraba Fadel Shana, cámara de la agencia de noticias Reuters que fue alcanzado por un proyectil de un tanque israelí. Había viajado a a la zona en un vehículo claramente señalizado con el texto “TV-Press”. Lo mataron cuando comenzaba a filmar el tanque.

Amnistía Internacional ha pedido al gobierno israelí que ordene de inmediato una investigación independiente y exhaustiva sobre los homicidios de civiles palestinos por parte de fuerzas israelíes en la Franja de Gaza.

“Los ataques lanzados por el ejército israelí tras las muerte en combate de tres de sus soldados, parecieron llevarse cabo con absoluta indiferencia hacia la vida de los civiles”, ha manifestado Amnistía Internacional. “En las fuerzas israelíes parece existir una cultura de impunidad que contribuye a un uso rutinario, imprudente y desproporcionado de la fuerza.”

El informe de la autopsia de Fadel Shana y la investigación que la organización de derechos humanos israelí B’Tselem realizó en el lugar de su muerte mostraron que a Fadel Shana lo había matado un proyectil tipo flechette procedente de una bomba disparada por el tanque.

En 2003, el Tribunal Supremo israelí rechazó una petición que solicitaba la prohibición de su uso en la Franja de Gaza. Amnistía Internacional considera que estas bombas de fragmentación, que albergan en su interior hasta 5.000 dardos de acero de cinco centímetros de longitud conocidos como flechettes, cada uno de ellos potencialmente mortal, nunca deben utilizarse en zonas pobladas.

“A Fadel Shana parecen haberlo matado deliberadamente, a pesar de que era civil y no participaba en los ataques contra las fuerzas israelíes”, ha señalado Amnistía Internacional.

“Condenamos todos los ataques contra civiles, incluido el cometido por la Yihad Islámica que causó la muerte de dos civiles israelíes en la terminal de combustible de Nahal Oz el 9 de abril. El persistente conflicto entre fuerzas israelíes y palestinas está teniendo consecuencias desproporcionadas y totalmente inaceptables sobre la población civil, especialmente la población palestina de la Franja de Gaza.”

Amnistía Internacional ha condenado reiteradamente el lanzamiento de cohetes y demás ataques de los grupos armados palestinos contra civiles israelíes, y ha pedido que se les ponga fin y que sus responsables sean procesados.

Desde comienzos de este año, las fuerzas israelíes han matado a 312 palestinos, la mayor parte de ellos en la Franja de Gaza. Durante ese mismo periodo, grupos armados palestinos han matado a 21 israelíes.

Los combates se intensifican en Basora

Fri, 28 Mar 2008 17:45:54 +0000

El viernes 28 de marzo, por primera vez desde que las autoridades iraquíes emprendieron su ofensiva contra el Ejército Mahdi, compuesto por seguidores del clérigo chií Moqtada al Sadr, las fuerzas armadas estadounidenses lanzaron ataques aéreos en Basora. La intensificación de los combates coincide con las advertencias formuladas por algunos organismos de ayuda humanitaria según los cuales la ofensiva militar está interrumpiendo el suministro de alimento y ayuda médica y poniendo en peligro a la población civil.

Dichos organismos señalaron que la situación en Basora y en la ciudad Al Sadr (Bagdad) era “crítica”. La portavoz de UNICEF Veronique Taveau dijo que “la situación en relación con el agua potable era especialmente crítica. Calculamos que la población sólo tiene agua para dos días”.

El Comité Internacional de la Cruz Roja señaló que no ponía acceder a los hospitales de Basora con ayuda médica de urgencia.

El comandante de las fuerzas terrestres iraquíes estacionadas en Basora, el general de división Ali Zaidan, indicó a la agencia de noticias Reuters que sus fuerzas habían matado a 120 combatientes “enemigos” y herido a unos 450 desde el comienzo de la ofensiva.

Sin embargo, las fuerzas del primer ministro Nuri al Maliki no han podido expulsar a los combatientes de las calles de Basora. Las autoridades impusieron un toque de queda muy estricto en Bagdad, pero no han logrado tampoco el cese de los ataques con granadas ni los enfrentamientos en la capital.

El Parlamento iraquí convocó una reunión de urgencia para poner fin al estancamiento de la situación, pero sólo 54 de los 275 parlamentarios consiguieron acceder al recinto fortificado de la “zona verde”, que fue bombardeo con granadas durante la reunión.

Un proyectil alcanzó la oficina del vicepresidente Tareq al Hashemi en la zona verde, causando la muerte de un guardia de seguridad. La embajada estadounidense ordenó a su personal en la zona que permaneciera a cubierto siempre que fuera posible y llevara chalecos antibalas y cascos cuando estuvieran al aire libre.

El primer ministro Al Maliki, que había dado a los combatientes de Basora 72 horas para rendirse, prolongó el plazo, dándoles hasta el 8 de abril para que entregaran sus armas a cambio de dinero en metálico.

El gobierno dice que está luchando contra “proscritos”, pero, según los informes, los seguidores de Moqtada al Sadr han acusado a los partidos políticos presentes en el gobierno de mayoría chií de estar utilizando la fuerza militar para marginar a sus rivales antes de las elecciones locales previstas para octubre.

Amnistía Internacional ha advertido de que los constantes combates ponen en peligro a la población civil. El miércoles, la organización instó a todas las partes a que se abstengan de lanzar ataques indiscriminados o desproporcionados.

“Los constantes combates están produciendo una crisis creciente en el seno de la población civil –señaló el viernes Malcom Smart–. El persistente conflicto que desgarra Irak está separando cada vez más a unas comunidades que antes vivían en una relativa armonía.”

Los enfrentamientos ponen en peligro a la población civil en Irak

Wed, 26 Mar 2008 10:42:24 +0000

Se ha sabido que al menos 12 personas han perdido la vida en Basora durante los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales iraquíes y las milicias armadas.

Los combates estallaron el martes 25 de marzo entre fuerzas iraquíes y miembros del Ejército Mahdi, integrado por seguidores del clérigo musulmán chií Muqtada al Sadr. Al extenderse los combates, las autoridades iraquíes impusieron el toque de queda en Basora y otras ciudades del sur como Al Nasiriya, Kut, Al Hilla y Samawa. Se desconoce si había civiles entre las víctimas.

Amnistía Internacional ha advertido de que la violencia está creando un grave riesgo para la población civil, y ha instado a todas las partes del conflicto a no lanzar ataques indiscriminados o desproporcionados.

“La población civil ha soportado la carga más pesada durante los cinco años de conflicto en Irak”, ha manifestado Amnistía Internacional. “No cabe duda de que esta nueva oleada de combates agravará aún más esa terrible situación”.

El Ejército Mahdi había declarado un alto el fuego a finales de agosto de 2007, y a finales de febrero de 2008 anunció que lo renovaba por otros seis meses. Había estado luchando con otras milicias chiíes por el control político de Basora, y se habían producido frecuentes enfrentamientos armados entre él y la Organización Badr, brazo armado del Consejo Supremo de la Revolución Islámica en Irak. Los combates del 25 de marzo parecen haber estallado como respuesta a un intento de las fuerzas de seguridad iraquíes de reprimir las milicias armadas.

Amnistía Internacional pide al gobierno iraquí que garantice que las fuerzas de seguridad cumplen con las obligaciones contraídas por Irak en virtud del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, y en especial que garantice que la población y los bienes civiles están protegidos en todo momento.

La organización pide asimismo a los grupos armados de Basora y otras ciudades que cumplan las normas del derecho internacional y respeten la vida de la población civil.

Irak: La protección de la población civil es primordial

Wed, 26 Mar 2008 12:19:06 +0000

Los violentos combates entre las fuerzas del gobierno iraquí y las milicias armadas en Basora y otras ciudades iraquíes están creando un grave riesgo para la población civil, según ha manifestado hoy, 25 de marzo, Amnistía internacional, mientras instaba a todas las partes del conflicto a no lanzar ataques indiscriminados o desproporcionados y a respetar la vida de los civiles.

"La población civil ha soportado la carga más pesada durante los cinco años de conflicto en Irak", ha manifestado Amnistía Internacional. "No cabe duda de que esta nueva oleada de combates agravará aún más esa terrible situación".

Los combates estallaron el martes 25 de marzo en Basora, y enfrentaron a fuerzas iraquíes y miembros del Ejército Mahdi, integrado por seguidores del clérigo radical chií Muqtada al Sadr. Según la información aparecida en la prensa, al menos 12 personas murieron en la ciudad. En este momento se desconoce si había civiles entre ellas. Al extenderse los combates, las autoridades iraquíes impusieron el toque de queda en Basora y otras ciudades del sur como Al Nasiriya, Kut, Al Hilla y Samawa.

El Ejército Mahdi había declarado un alto el fuego a finales de agosto de 2007, y a finales de febrero de 2008 anunció que lo renovaba por otros seis meses. Había estado luchando con otras milicias chiíes por el control político de Basora, y se habían producido frecuentes enfrentamientos armados entre él y la Organización Badr, brazo armado del Consejo Supremo de la Revolución Islámica en Irak. Los combates del 25 de marzo parecen haber estallado como respuesta a un intento de las fuerzas de seguridad iraquíes de reprimir las milicias armadas.

Amnistía Internacional pide al gobierno iraquí que garantice que las fuerzas de seguridad cumplen con las obligaciones contraídas por Irak en virtud del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, y en especial que garantice que la población y los bienes civiles están protegidos en todo momento.

La organización pide asimismo a los grupos armados de Basora y otras ciudades que cumplan las normas del derecho internacional y respeten la vida de la población civil.

Irak: Matanza y desesperación

Fri, 14 Mar 2008 11:14:10 +0000

Cinco años después de la invasión de Irak por parte de fuerzas encabezadas por Estados Unidos, el país sigue sumido en el caos. La situación de los derechos humanos es desastrosa, predomina un clima de impunidad, la economía está por los suelos y la crisis de refugiados no para de crecer.

En un nuevo informe titulado Irak: Cinco años de matanza y desesperación, Amnistía Internacional afirma que, pese a la numerosísima presencia de fuerzas de seguridad estadounidenses e iraquíes, Irak es uno de los países más peligrosos del mundo, en el que cada mes pierden la vida de forma violenta centenares de civiles.

Los grupos armados, entre ellos los que se oponen al gobierno iraquí y a la fuerza multinacional dirigida por Estados Unidos, han sido responsables de ataques indiscriminados con bombas, ataques suicidas, secuestros y torturas.

Desde principios de 2006, la violencia se ha intensificado y se ha vuelto más sectaria: grupos armados sunníes y chiíes han atacado a los seguidores de distinto credo y han obligado a marcharse a comunidades enteras de barrios de población mixta. Esta situación ha sido uno de los factores que han contribuido al desplazamiento interno de más de cuatro millones de personas. Dos millones de ellas están ahora en Siria y Jordania en calidad de población refugiada.

La población civil corre también peligro ante las prácticas de la fuerza multinacional y de las fuerzas de seguridad iraquíes. Son muchas las personas que han perecido a causa de la aplicación excesiva de la fuerza, y decenas de miles las que están privadas de libertad sin que en su contra se hayan presentado cargos y sin haber sido sometidas a juicio. Desde que en 2004 se volvió a aplicar la pena capital, centenares de personas han sido condenadas a muerte. En 2007 fueron ejecutadas no menos de 33, muchas de ellas tras haber sido condenadas en juicios sin las garantías procesales mínimas.

Con el auge de grupos religiosos fundamentalistas, también han empeorado las condiciones de vida de las mujeres. Se ha obligado a muchas a vestir indumentaria islámica, o han sido objeto de secuestro, violación u homicidio. En un estudio realizado en Irak por la Organización Mundial de la Salud entre los años 2006 y 2007 se concluía que el 21,2 por ciento de las mujeres iraquíes había experimentado alguna forma de violencia física.

A la mejora de la situación en Irak no ha contribuido el gobierno, incapaz de investigar eficazmente los numerosos incidentes de abuso contra los derechos humanos, ya sean cometidos por fuerzas de seguridad o grupos de milicianos, y de enjuiciar a los responsables.

La situación económica sigue siendo muy mala: la mayoría de los iraquíes sufren carencias alimentarias, de alojamiento, de suministro de agua, de servicios sanitarios, de educación, atención médica y empleo.

Según informó en julio de 2007 la ONG Oxfam, el 70 por ciento de los iraquíes no tenían acceso a agua potable segura, y el 43 por ciento vivían con el equivalente de menos de un dólar al día. Ocho millones de iraquíes precisan ayuda de emergencia, situación en la que los niños y niñas se llevan la peor parte. El índice de desnutrición infantil ha aumentado del 19 por ciento durante el periodo 1991-2003 (cuando estaban en vigor las sanciones internacionales impuestas al país bajo el régimen de Sadam Husein) hasta el 28 por ciento en 2007.

La región del norte de Irak, de población predominantemente kurda, permanece algo más estable, con menos actos de violencia, y ha experimentado cierta prosperidad económica y recibido inversiones extranjeras. Sin embargo, también aquí han seguido cometiéndose violaciones graves de derechos humanos, como detenciones por disidencia política pacífica, torturas, malos tratos, la pena de muerte y el homicidio de mujeres por “motivos de honor”.

La invasión de Irak dio comienzo el 19 de marzo de 2003 con ataques aéreos estadounidenses sobre Bagdad. El presidente estadounidense, George Bush, declaró en el mes de mayo de ese mismo año que la guerra había terminado y, el 8 de junio de 2004, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptó la resolución 1546 en la que se declaraba que “también para el 30 de junio de 2004, se pondrá fin a la ocupación”.

En la resolución se decía que la fuerza multinacional permanecería en Irak hasta el final de 2005. Desde entonces, el Consejo de Seguridad y el gobierno iraquí han prorrogado la presencia de la fuerza multinacional cada año.

El poder ejecutivo le fue devuelto al gobierno local iraquí en junio de 2004, pero las sucesivas administraciones han sido incapaces de poner fin a la violencia y de construir una paz duradera. Según un estudio realizado en enero de 2008 por la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de la Salud de Irak, entre marzo de 2003 y junio de 2006 habían muerto de forma violenta 151.000 personas. Según la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para el Iraq (UNAMI) 34.452 personas habían perdido la vida durante 2006, además de las miles que resultaron heridas.