Web pages about "Jordan"

La justicia cuestiona la política británica de expulsión

Wed, 09 Apr 2008 17:52:36 +0100

El Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales puso en cuestión el pasado miércoles 9 de marzo la política del gobierno británico de "expulsión con garantías" en sendas decisiones adoptadas en relación con las causas del ciudadano jordano Abu Qatada y de dos ciudadanos libios, a los que se denomina, por motivos procesales, "DD" y "AS".

Desde hace varios años, el Reino Unido busca la expulsión de varias personas de las que se presume que suponen una amenaza para la seguridad nacional, pero que se admite que no pueden ser expulsadas por los procedimientos habituales, dado el riesgo cierto de que puedan ser víctimas de violaciones graves de derechos humanos en los países a los que habrían de ser devueltas.

Consecuentemente, el gobierno británico solicitó en su momento para cada uno de estos casos de los países a los que esas personas habrían de ser devueltas lo que se denominan "garantías diplomáticas", en el sentido de que esas personas recibirán un trato acorde con las normas internacionales de derechos humanos. Ningún tribunal de justicia acepta esas promesas porque carecen de todo fundamento jurídico.

Amnistía Internacional sostiene desde hace tiempo que la política gubernamental británica de "expulsión con garantías" supone una desautorización de la prohibición absoluta de la práctica de la tortura. Concretamente, esa política es incompatible con la obligación que establece el derecho internacional de no proceder a la expulsión, devolución o extradición de una persona a un país cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser víctima de violaciones graves de derechos humanos, como ser sometida a tortura u otros malos tratos.

En ambos casos citados, si bien por fundamentos distintos, el Tribunal de Apelación ha resuelto que el Reino Unido no puede proceder legalmente a esas expulsiones.

En la causa de "DD" y "AS", el Tribunal de Apelación confirmó la decisión previa adoptada por la Comisión Especial de Apelaciones sobre Inmigración (SIAC, por sus siglas en inglés), primera instancia jurisdiccional para este tipo de casos. Conforme a la decisión de la SIAC, las garantías obtenidas de la República de Libia por el Reino Unido en forma de "Memorando de Entendimiento" no eran suficientes para proteger a esas personas contra el riesgo real de tortura u otros malos tratos si fueran devueltas a ese país, por lo que, consecuentemente, no podían ser expulsadas.

Sin embargo, en la causa de Abu Qatada, el Tribunal de Apelación resolvió que la SIAC sí podía concluir que, ocasionalmente, se puede esperar que las denominadas garantías diplomáticas protegen a las personas contra el riesgo real de violaciones muy graves de sus derechos humanos, como el riesgo de ser torturadas y el de ser sometidas a juicios manifiestamente injustos.

Amnistía Internacional ha manifestado su preocupación ante esta parte de la argumentación de la decisión judicial. La organización considera que los procedimientos de la SIAC (que adolecen de imparcialidad procesal, dado que por ejemplo en esa instancia está permitida la utilización de material secreto en vistas celebradas a puerta cerrada) plantean dificultades muy considerables frente a la posibilidad de presentar recurso efectivo contra el uso de esas garantías.

Amnistía Internacional ha manifestado: "Si el Tribunal de Apelación no está dispuesto a cuestionar la conclusión de la SIAC sobre la fiabilidad de esas garantías, se plantean serias dudas sobre si puede quedar abierta alguna vía real para que las personas que pueden ser expulsadas con el respaldo de tales garantías puedan recurrir contra su uso.”

Pese a todo, el Tribunal de Apelación reconoció que el juicio al que Abu Qatada habría de someterse si fuera devuelto a Jordania constituiría una violación flagrante del derecho a un juicio con las garantías debidas, ya que las garantías proporcionadas en este caso no ofrecen protección alguna contra esa posibilidad. El juicio sería manifiestamente injusto debido a que, conforme a las conclusiones de la SIAC, existe “una alta probabilidad” de que en contra del interesado se utilizasen pruebas en relación con las cuales había un “riesgo muy cierto” de que hubieran sido obtenidas mediante tortura. Por consiguiente, resolvió que no debía procederse a la expulsión.

En vista de estas decisiones de la justicia británica, Amnistía Internacional ha pedido al gobierno del Reino Unido que abandone la peligrosa y desacreditada política de confiar en promesas que no pueden cumplirse para eludir la obligación que tiene de no proceder a la expulsión de personas a un país cuando haya razones fundadas para creer que estarían en peligro de ser víctimas de violaciones graves de derechos humanos.

Jordania: “¡Sus confesiones ya están preparadas para que las firmen!”

Mon, 12 Nov 2007 17:01:37 +0000

"Apagaron sus cigarrillos en una de mis manos, me golpearon el cuerpo con palos [...] después me golpearon los pies durante tres horas seguidas [...]. Le dije que estaba dispuesto a decir lo que quisiera; entonces me llevaron de nuevo en una camilla, porque no podía andar, a las salas de interrogatorio." - Usama Abu Hazeem

En Jordania se detiene y tortura a presuntos autores de delitos políticos y contra la seguridad. El organismo encargado de la seguridad militar –el Departamento de Información General– utiliza métodos de tortura como la falaqa, que consiste en golpear las plantas de los pies con un palo, y el shabeb (fantasma), en el que se golpea a la víctima después de esposarle las manos y de tenerla colgada durante varias horas de las muñecas.

Al parecer, las “confesiones” así obtenidas se utilizan de forma regular como prueba ante un Tribunal Especial de Seguridad, que hasta ahora no ha investigado de manera adecuada ninguna de las 100 denuncias de tortura presentadas durante los últimos 10 años. Algunos presuntos culpables han sido incluso ejecutados sobre la base de “confesiones” obtenidas bajo tortura.

Por ello, quizá no resulte sorprendente que Jordania se haya convertido al parecer en uno de los ejes centrales del sistema mundial de centros de detención secretos, administrados en colaboración con organismos de información extranjeros en el contexto de la “guerra contra el terror”. Al parecer, al menos 10 personas que han sufrido tortura u otros malos tratos han sido víctimas del programa de “entregas extraordinarias” dirigido por Estados Unidos.

El Reino Unido ha firmado un “memorando de entendimiento” con las autoridades jordanas en el que supuestamente se dan “garantías diplomáticas” de que determinados ciudadanos jordanos no serán torturados si el Reino Unido los devuelve a Jordania. Sin embargo, dada la complicidad de las autoridades jordanas en la práctica de la tortura, todo acuerdo de este tipo es evidentemente papel mojado.

El gobierno jordano tiene la responsabilidad de mantener la seguridad pública y llevar ante la justicia a los autores de atentados contra civiles, pero tiene la obligación legal de hacerlo sin recurrir a la tortura ni a otros malos tratos.

El programa secreto e ilegal de las 'entregas extraordinarias'

Mon, 19 Nov 2007 17:36:54 +0000

"Estados Unidos no ha transportado a nadie, y no transportará a nadie, a un país donde pensamos que va a sufrir tortura. Estados Unidos no utiliza el espacio aéreo ni los aeropuertos de ningún país a los efectos de transportar a una persona detenida a un país donde van a torturarla." Condoleezza Rice, secretaria de Estado estadounidense, 5 de diciembre de 2005

"Jamás, jamás se me pasó por la cabeza que acabaría siendo arrastrado por los estadounidenses a través de medio mundo para ser torturado en un lugar donde nunca había estado: Marruecos." Benyam Mohammed al Habashi, ciudadano etíope residente en Reino Unido, detenido en Pakistán y actualmente recluido en la bahía de Guantánamo.

Salah 'Ali Qaru finalmente fue puesto en libertad en torno a la media noche del 27 de marzo. A lo largo de cerca de tres años, este yemení de 27 años ha sido torturado en Jordania, trasladado en avión de un país a otro, recluido durante más de un año en un lugar desconocido y privado de todo contacto con el exterior.

Salah 'Ali Qaru se convirtió en una de las muchas personas –probablemente varios centenares– atrapadas en el programa secreto e ilegal de "entregas extraordinarias" de Estados Unidos. La Agencia Central de Información (CIA) ha utilizado compañías aéreas privadas y empresas fachada para preservar el secreto de los vuelos de entrega extraordinaria, pero cerca de un millar de vuelos directamente relacionados con la CIA han sido identificados.

Posteriormente Salah 'Ali Qaru fue trasladado en avión desde ese lugar secreto de detención hasta Yemen, donde estuvo más de nueve meses privado de libertad sin cargos; finalmente fue acusado de falsificar documentos y quedó en libertad. En ningún momento le ha sido imputado un solo delito relacionado con el terrorismo.

Su vida ha quedado destrozada. La terrible experiencia lo ha traumatizado. Tiene una hija de dos años que no ha visto nunca. Su esposa quedó en la indigencia, vive en Indonesia y no ha conocido el paradero de su esposo durante la mayor parte de su detención. Salah’ Ali Qaru no sabe si podrá disponer del dinero o el permiso necesario para regresar con su mujer y su hija a Indonesia.

La historia de Salah Qaru y la de sus compatriotas Muhammad Bashmilah y Muhammad al-Assad, recluidos en el mismo centro secreto, son sólo tres de los casos que se conocen; es posible que haya varios cientos más que permanecen en absoluto secreto. La entrega extraordinaria conlleva el traslado de personas de un país a otro por medios que soslayan el debido proceso judicial y administrativo.

Las políticas del gobierno del Reino Unido en la 'guerra contra el terror' entrañan riesgo de tortura

Wed, 14 Nov 2007 15:23:11 +0000

"Señor Tony Blair… ¿Querría usted responder a mi pregunta? ¿Por qué está mi padre encarcelado? ¿Por qué está en esa bahía de Guantánamo, que está tan lejos?" Anas al-Banna, hijo de Jamil al-Banna, en una carta al Primer Ministro británico.

Dos personas residentes en el Reino Unido, el jordano Jamil al-Banna y el iraquí Bisher al-Rawi, fueron detenidas en Gambia en 2002, trasladadas a una base estadounidense en Afganistán y conducidas luego a Guantánamo. Las autoridades británicas estuvieron implicadas en su transferencia ilegal a las fuerzas de EEUU para dejarlas bajo su custodia.

El gobierno británico se ha negado hasta la fecha a elevar una protesta formal en favor de estos dos hombres y de un tercer residente del Reino Unido, el libio Omar Deghayes. Un examen judicial completo de esta negativa está pendiente.

El gobierno británico se ha negado igualmente a presentar una protesta en favor de al menos otros cinco residentes del Reino Unido que también permanecen recluidas en Guantánamo.

A pesar de que Tony Blair ha declarado que Guantánamo es "una anomalía a la que en algún momento habrá que poner fin", su gobierno no ha acompañado estas palabras de hechos firmes. El Reino Unido debe oponerse al ultraje que las instalaciones de la base naval estadounidense de Guantánamo representa para los derechos humanos y pedir su cierre.

Asimismo, el gobierno británico está intentado menoscabar la prohibición absoluta de la tortura mediante la expulsión de personas a las que califica de "presuntos terroristas internacionales " y de "amenaza para la seguridad" a lugares donde están claramente expuestas a sufrir tortura u otros malos tratos.

Para ello, negocia "garantías diplomáticas" - en acuerdos bilaterales denominados memorandos de entendimiento - con gobiernos de países donde la tortura y otros malos tratos constituyen un persistente problema. El gobierno del Reino Unido ha firmado memorandos de entendimiento con Jordania, Libia y Líbano, y está negociando acuerdos similares con Argelia y Egipto.

De hecho, con su política y su actuación, el gobierno del Reino Unido está transmitiendo a otros gobiernos un mensaje de aprobación para que cometan abusos contra los derechos humanos. El informe Reino Unido - Los derechos humanos, una promesa incumplida examina los perjudiciales efectos que la política antiterrorista británica está teniendo dentro y fuera del Reino Unido.

Desde los atentados de EEUU del 11 de septiembre de 2001, las autoridades británicas han aprobado una serie de nuevas leyes que contravienen en algunas de sus disposiciones el derecho de los derechos humanos y cuya aplicación ha sido causa de graves abusos contra los derechos humanos y ha puesto en peligro la independencia del poder judicial. Entre ellas figura una nueva ley antiterrorista, actualmente en el Parlamento, que, si se promulga, menoscabará el derecho a la libertad de expresión y asociación, a no ser privado de libertad y a un juicio justo.

Resúmes de la conferencia de Amnistía Internacional y Reprieve

Mon, 26 Nov 2007 16:40:45 +0000

La tortura no pone fin al terror, la tortura es terror. 19/11/2005

Los sobrevivientes de la tortura y otros malos tratos infligidos en la bahía de Guantánamo tomaron hoy la palabra en una conferencia patrocinada por Amnistía Internacional (AI) y Reprieve. Para algunos de ellos, era la primera vez que se veían desde su puesta en libertad. Dos no se habían visto nunca, pese a haber estado recluidos en jaulas vecinas.

Ocho ex detenidos de nacionalidad británica explicaron cómo acabaron recluidos en Guantánamo y los horrores que padecieron allí. En marcado contraste con la declaración del presidente estadounidense George Bush de que “Estados Unidos no tortura”, Moazzam Begg, ciudadano británico que estuvo recluido en este centro dirigido por Estados Unidos, manifestó “sí hay tortura, y sigue habiendo, y destruye vidas”.

Tanto él como otros ex detenidos contaron que habían estado esposados en posturas dolorosas y tensas, hablaron del miedo y agotamiento extremos que padecieron, de la falta de atención médica, de las palizas y los huesos fracturados. Pusieron de relieve cómo se negaba el estado de Derecho a las personas recluidas en Guantánamo. Uno de ellos mencionó que, a su llegada a este lugar, un soldado estadounidense le dijo "no tienes derecho a telefonear a nadie, ni a pedir abogado, ni a hacer nada excepto lo que te ordenemos".

La tortura prospera en secreto y el gobierno estadounidense sigue bloqueando cualquier acceso verdadero a Guantánamo. "Si abrimos Guantánamo, tendrán que cerrarlo", dijo Clive Stafford Smith, director jurídico de Reprieve.

Un grupo de expertos examinó cómo impugnar la práctica de “subcontratar” la tortura y el uso de “pruebas” obtenidas mediante tortura en el extranjero. Los gobiernos que quieren ignorar la prohibición de enviar personas a países donde corren peligro de ser sometidas a tortura o malos tratos han tratado de obtener "garantías diplomáticas” de que la persona en cuestión no será maltratada a su llegada, garantías que, según se dijo, “no valían la tinta con que estaban escritas”.

Los delegados compartieron sus estrategias de campaña y jurídicas para combatir la tortura.

El primer día finalizó con los relatos de los familiares de personas recluidas en Guantánamo, algunos de los cuales no pudieron contener las lágrimas al hablar de sus seres queridos.

La conferencia sigue su curso, y los ex detenidos, familiares, abogados y otros activistas no sólo están intercambiando historias sino, como dijo Irene Khan, secretaria general de AI, "reuniendo las voces de todas las personas que saben que la tortura no pone fin al terror. La tortura es terror".

Torturar es matar a una persona sin que muera. 20/11/2005

"No quería hacer ningún gran discurso. Simplemente decir que me han hecho un daño muy profundo”, dijo la madre de un joven encarcelado en la bahía de Guantánamo al acabar de hablar sobre su hijo. Igual que hicieron ayer, los familiares que participaron en la conferencia patrocinada por Amnistía Internacional y Reprieve expresaron sus dificultades y la desesperación de no saber si sus seres queridos están siendo torturados y si volverán a verlos algún día.

Un grupo de investigación estadounidense estima que existen entre 8 y 15 centros de reclusión secretos repartidos por el mundo, por lo menos en ocho países distintos. Se cree que las personas aprehendidas están siendo trasladadas de un centro a otro para evitar que el mundo se entere y para eludir el escrutinio público, y que se está empleando a agentes de los servicios de inteligencia extranjeros para obtener información, por lo general mediante tortura y malos tratos.

La reclusión prolongada en régimen de incomunicación puede constituir tortura. Un canadiense, aprehendido en un aeropuerto de Estados Unidos y seguidamente enviado a Jordania y a Siria, concuerda con esto: los 10 meses y 10 días que estuvo recluido en solitario en una celda oscura de 1,80 metros de largo, 90 centímetros de ancho y 2,1 metros de altura, constituyó tortura, igual que las palizas que le dieron.

Cuando se mantiene a una persona recluida en secreto y las autoridades se niegan a revelar su paradero o la suerte que ha corrido, se dice que esa persona ha “desaparecido”. Estas “desapariciones” a menudo van acompañadas de tortura y malos tratos.

A los familiares de las personas “desaparecidas” también se los maltrata cuando están desesperados por conseguir noticias y se los priva deliberadamente de información. Como observó una de las personas que intervinieron en la conferencia, “la práctica gubernamental de la ‘desaparición’ puede eliminar a una persona de la sociedad por algún tiempo, pero no elimina la memoria de esa persona: es esa memoria lo que empuja a familiares, amigos y activistas en su búsqueda, a toda costa. Al final, la verdad siempre sale a la luz.”
La conferencia debatió el impacto médico de la tortura, y sus secuelas. Un especialista describió la tortura como “matar a una persona sin que se muera”. Los ex detenidos, los familiares, abogados y activistas abordaron la cuestión de la detención de menores y los problemas que presenta la repatriación de ex detenidos, así como las estrategias de recurso al litigio y el papel de la ONU en la defensa de los derechos de los individuos.

Pese a la inmensidad del desafío, los participantes están formando nuevos contactos, intercambiando ideas y estrategias, y explorando nuevas formas de combatir, juntos, la tortura.

La conferencia finalizó hoy con una nota enardecedora: el rap improvisado de un hombre que recobró la libertad este año, después de pasar más de dos años y medio recluido en Guantánamo.

Guantánamo, la punta de un iceberg de abusos. 21/11/2005

“¿Dónde está la indignación pública?", preguntó Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional, el último día de la conferencia que la organización ha patrocinado conjuntamente con Reprieve.

Durante los últimos tres días, la conferencia ha puesto el foco de atención sobre Guantánamo, donde muchos de los delegados de la conferencia han pasado tiempo recluidos y que hoy se ha convertido en el rostro público de la autoridad que abandona el estado de Derecho en nombre de la “guerra contra el terror”.

Sin embargo, Guantánamo sólo es la punta de un iceberg de abuso. Las reclusiones secretas, las entregas, los juicios injustos y las “desapariciones” son prácticas que fomentan la tortura y crean división, y acaban poniéndonos en peligro a todos.

“Nos obligan a enfrentarnos con la traición de los valores comunes, con el doble rasero y el doble sentido”, dijo Irene Khan. “Sólo si continuamos trabajando juntos –ex detenidos, familiares, abogados y activistas–, y utilizamos diversidad de tácticas –los medios de comunicación y los tribunales, las manifestaciones y las cartas–, sólo así podremos poner fin a los abusos e impedir que las torturas y los malos tratos queden impunes.”

"A través de la red mundial de activistas que posee AI en 74 países, debemos atraer a la opinión pública y trabajar en pos de la consecución de la seguridad a través del respeto de la dignidad y los derechos humanos. Todos y cada uno de nosotros debe asumir la responsabilidad de hacer añicos la apatía pública.”

Como dijo Clive Stafford-Smith, el director jurídico de Reprieve: “¿Qué vas a hacer TÚ?”