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Reino Unido: El gobierno debe facilitar información sobre las entregas, las desapariciones forzadas y las torturas

Mon, 01 Sep 2008 13:58:02 +0100

Amnistía Internacional ha pedido hoy al gobierno de Reino Unido que facilite a los abogados de Binyam Mohamed, ex residente británico encarcelado en Guantánamo, la información que obre en su poder y que pueda ayudarles a demostrar que su cliente ha sido víctima de tortura y otros malos tratos en el programa de “entregas” (eufemismo para referirse al traslado/envío/entrega de sospechosos de actos de terrorismo a lo que se ha dado en llamar lugares seguros) y detención secreta dirigido por Estados Unidos.

"Facilitar esta información sería un primer paso para que Reino Unido rindiera cuentas por su participación en el programa estadounidense de entrega y detención secreta, y en la tortura y otros malos tratos de sospechosos de actos de terrorismo”, ha dicho Halya Gowan, portavoz de Amnistía Internacional sobre Europa.
Binyam Mohamed fue detenido en el aeropuerto de Karachi en abril de 2002 y entregado a la custodia de Estados Unidos tres meses después. En julio de 2002 fue trasladado en un avión registrado por la CIA a Marruecos, donde estuvo recluido unos 18 meses y al parecer fue sometido a torturas, como cortes en el pene con una cuchilla de afeitar. En enero de 2004 fue entregado de nuevo, esta vez a la “cárcel negra” de Kabul (Afganistán), donde al parecer también fue torturado. Cinco meses después fue trasladado a la base aérea de Estados Unidos en Bagram, donde también sufrió presuntos malos tratos, y a mediados de septiembre de 2004 fue trasladado a Guantánamo, donde permanece desde entonces.
"Si Binyam Mohamed es juzgado ante una comisión militar en Guantánamo –juicio que sería injusto y en el que podría acusársele de delitos punibles con la muerte–, los cargos que se presenten contra él se basarán en las declaraciones que realizó durante su detención ilegal. Cualquier información que las autoridades británicas tengan sobre las violaciones de sus derechos humanos o que pudiera ayudar a su defensa debe ser facilitada a sus abogados sin más demora”, ha dicho Halya Gowan.
Tras el fallo emitido la semana pasada por el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales, según el cual Reino Unido tenía el deber de revelar esta información a los abogados de Binyam Mohamed, hoy este tribunal ha pospuesto su decisión sobre la petición del ministro de Asuntos Exteriores británico de no revelar esta información. El ministro de Exteriores afirmó que hacerlo afectaría a los acuerdos de colaboración de los servicios de información de Reino Unido y Estados Unidos, y por consiguiente amenazaría la seguridad nacional británica. El ministro ha conseguido otra semana para dar al Tribunal una explicación más completa para seguir reteniendo esta información.
Los abogados de Binyam Mohamed necesitan la información ya, antes de que se decida si su cliente debe ser juzgado por una comisión militar en Estados Unidos. Es fundamental para su reclamación que justifiquen que la información sobre la que se basan los cargos contra Binyam Mohamed se obtuvo de forma inadecuada.
Recientes revelaciones sobre las transferencias secretas de detenidos a través del territorio de Diego Garcia y sobre la participación de Reino Unido en la entrega y la detención secreta de los residentes británicos Bisher al-Rawi y Jamil el-Banna demuestran que Reino Unido no puede seguir ocultando su participación en estas violaciones de derechos humanos.
"El secretismo con la excusa de proteger las relaciones diplomáticas no puede seguir utilizándose para justificar que no se investigue la implicación de agentes británicos en violaciones de derechos humanos”, ha dicho Halya Gowan.
Amnistía Internacional pide a las autoridades británicas que promuevan sin más demora una investigación pública realmente independiente e imparcial sobre todas las acusaciones de implicación de Reino Unido en el programa de entregas.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Binyam Mohamed, ciudadano etíope, afirma que fue sometido a tortura y otros malos tratos en Pakistán, Marruecos, Afganistán y Guantánamo, y que sus declaraciones –que, como aceptó el Tribunal Superior, serán sobre lo que se basen los cargos contra él si es juzgado por una comisión militar– fueron el resultado de su detención ilegal, y de la tortura y los malos tratos sufridos.
En agosto de 2007, tras una sostenida campaña de activistas y abogados de derechos humanos en Reino Unido, el gobierno de este país pidió la liberación de Guantánamo y la devolución a Reino Unido de varios ex residentes británicos, entre ellos Binyam Mohamed. Aunque tres hombres fueron devueltos en diciembre de 2007, las autoridades estadounidenses denegaron la petición de puesta en libertad y devolución de Binyam Mohamed. Las autoridades británicas afirman que siguen pidiendo que Binyam Mohamed sea puesto en libertad y devuelto.
El gobierno británico ha dado a conocer la información que tiene sobre Binyam Mohamed a las autoridades estadounidenses, y éstas han prometido a Reino Unido que facilitarán esta información al abogado militar de Binyam Mohamed en caso de que sea juzgado por una comisión militar. Pero hasta la fecha ni Reino Unido ni Estados Unidos han revelado a los abogados esta información, que tiene que ver con la entrega de Binyam Mohamed y el trato que padeció posteriormente durante su detención.
Amnistía Internacional considera que los procedimientos de las comisiones militares en Guantánamo son básicamente injustos y ha pedido que se abandone el sistema de comisiones militares y que todos los que siguen recluidos en Guantánamo sean puestos en libertad o juzgados de forma realmente justa y sin demora ante tribunales civiles federales.

El Ministerio de Defensa británico acuerda compensar a víctimas iraquíes de tortura

Mon, 14 Jul 2008 10:14:34 +0100

El Ministerio de Defensa británico pagará una indemnización a la familia de un hombre iraquí que trabajaba como recepcionista de hotel y que murió tras ser torturado durante 36 horas bajo custodia de las tropas británicas en Basora, Irak.

Se abonarán casi tres millones de libras esterlinas como reconocimiento de las graves violaciones de derechos humanos a las que tanto ese hombre como otros detenidos al mismo tiempo que él fueron sometidos por miembros de las fuerzas armadas británicas.

Baha Mousa, iraquí de 26 años y padre de dos hijos, murió en septiembre de 2003. La autopsia reveló que había 93 lesiones distintas en el cadáver. Varios iraquíes que estuvieron recluidos hacia la misma época también fueron torturados y maltratados.

El jueves 10 de julio se anunció que las indemnizaciones ascenderán a 2,83 millones de libras esterlinas (5,59 millones de dólares estadounidenses), a repartir entre la familia de Baha Mousa y nueve hombres más que estuvieron detenidos junto con él.

Según los abogados que actuaron en nombre de Baha Mousa en el litigio para el pago de la indemnización, Daoud Mousa, padre de Baha y ex coronel de la fuerza policial iraquí, ha manifestado en relación con la concesión de la indemnización: “Tengo presente cada día la muerte de mi hijo. El acuerdo de indemnización aliviará algo ese dolor, y servirá en parte para que sus hijos, mis nietos, puedan rehacer su vida.”

Amnistía Internacional ha afirmado que considera que la concesión de esta indemnización es un reconocimiento necesario, aunque muy tardío, de las graves violaciones de derechos humanos a las que Baha Mousa y quienes estuvieron detenidos con él fueron sometidos. La organización estima asimismo que se trata de un paso hacia la reparación de esas violaciones.

En su trabajo sobre este caso, Amnistía Internacional ha hecho campaña para conseguir que el Reino Unido lleve a cabo una investigación completa e independiente sobre todas las circunstancias de la tortura y la muerte de Baha Mousa, y de la tortura de los demás iraquíes recluidos junto con él.

En mayo de 2008, el Ministerio de Defensa anunció finalmente que se iba a abrir una investigación pública sobre este caso. Su ámbito y alcance no se han comunicado aún, pero se ha confirmado ya que la investigación se realizará dentro del marco de la Ley de Investigaciones de 2005.

Amnistía Internacional considera desde hace mucho tiempo que ninguna investigación iniciada en aplicación de esta ley sobre una denuncia de violación grave de derechos humanos será lo suficientemente independiente del gobierno que la encargue como para cumplir los criterios pertinentes establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos.

Los parlamentarios británicos votan a favor de ampliar el periodo de detención sin cargos

Wed, 11 Jun 2008 22:26:31 +0100

Los parlamentarios británicos han votado hoy, 11 de junio, a favor de ampliar el periodo máximo de detención sin cargos aplicable a personas detenidas por presunta implicación en terrorismo. Amnistía Internacional ha calificado el voto de “hecho peligroso y decepcionante”.

“Amenaza con alejar aún más la legislación británica de los principios fundamentales de justicia y de protección de los derechos humanos”, ha manifestado la organización.

Esta tarde, la Cámara de los Comunes la cámara baja del Parlamento británico, elegida por sufragio aprobó por 315 votos a favor y 306 en contra la propuesta de otorgar a un ministro del gobierno el poder de extender de 28 a 42 días el periodo de detención al que la policía británica puede someter a las personas sospechosas de implicación en terrorismo antes de acusarlas formalmente de un delito.

"Ningún ministro del gobierno debería poder invocar un poder que permita que la policía mantenga detenida a una persona durante seis semanas sin acusarla de un delito ha declarado Amnistía Internacional.”

“Las personas detenidas tienen derecho a que se las acuse sin dilación o se las ponga en libertad: la legislación británica se está alejando más y más de este principio fundamental y, al hacerlo, está haciendo más posible la detención arbitraria y otras violaciones de los derechos humanos.”

Por el voto de hoy miércoles parecería que el gobierno persuadió a miembros del Parlamento con concesiones de última hora que aseguraba proporcionarían salvaguardias en el ejercicio de este poder. Amnistía Internacional ha señalado que estas concesiones no resuelven la injusticia básica de permitir que una persona esté privada de libertad hasta seis semanas basándose en una mera sospecha, sin que se la acuse de ningún delito.

La ley será considerada ahora por la Cámara de los Lores, la cámara alta del Parlamento. Amnistía Internacional ha dicho que la organización pedirá a los miembros de la Cámara de los Lores que rechacen esta propuesta, y que examinen muy cuidadosamente otros aspectos preocupantes del proyecto de Ley Antiterrorista.

Amnistía Internacional renovó su llamamiento al gobierno del Reino Unido para que escuche al gran número de diputados parlamentarios que votaron en contra de esta medida tan peligrosa y mal concebida, y a la gran gama de expertos que han manifestado su temor de la forma más apremiante, y a que la abandone de una vez por todas.

Según Amnistía Internacional, “lo que debe hacer el gobierno británico, en lugar de permitir que se prive de libertad a las personas durante más y más tiempo cada vez sin formularles cargos, es comprometerse a realizar una revisión radical de la legislación antiterrorista del Reino Unido, a fin de ajustarla a las normas internacionales fundamentales de derechos humanos normas que protegen los derechos de los individuos, incluidos el derecho a recibir un trato justo y el derecho a no ser sometido a detención arbitraria prolongada.”

“La idea de que combatir el terrorismo requiere de alguna forma la eliminación o erosión de las garantías fundamentales de libertad individual y de seguridad física, es peligrosa y está desacreditada; el gobierno debe rechazarla de una vez por todas.”

La investigación de Reino Unido sobre la tortura y muerte de un ciudadano iraquí bajo custodia británica debe ser independiente

Fri, 16 May 2008 16:01:04 +0100

Amnistía Internacional ha acogido con satisfacción la investigación pública sobre el caso de un recepcionista de hotel iraquí que murió después de ser torturado durante 36 horas mientras estaba bajo custodia de las tropas británicas en Basora.

Baha Mousa, de 26 años y padre de dos hijos, murió en septiembre de 2003. La autopsia reveló 93 lesiones distintas en el cadáver.

Amnistía Internacional ha afirmado: "Este reconocimiento por parte de las autoridades británicas de la necesidad de llevar a cabo una investigación pública completa sobre el caso hace tiempo que debía haberse producido. La familia de Baha Mousa, sus representantes legales y distintas ONG, entre ellas Amnistía Internacional, llevan años haciendo campaña para que se abra tal investigación”.

"Las autoridades británicas no deberían haber tardado tanto en reconocer que es necesario abrirla, dados los terribles hechos de este caso y las manifiestas irregularidades de las investigaciones realizadas inicialmente sobre él”, ha dicho la organización.

“Ahora se necesita –como mínimo– una investigación verdaderamente completa, independiente, imparcial y exhaustiva sobre todas las circunstancias de la tortura y la muerte de Baha Mousa y de la tortura de los iraquíes recluidos aproximadamente al mismo tiempo que él”, ha dicho Amnistía Internacional.

La organización ha pedido que el ámbito y alcance de la investigación sean lo bastante amplios como para que se esclarezca por completo cómo, cuándo, dónde, por qué y por quién fue notificado que era legal que los miembros de las fuerzas armadas recurrieran, para “condicionar” a los detenidos, a técnicas como taparles la cabeza con una capucha, impedirles dormir y colocarlos en posturas de tensión.

Estas técnicas llevaban mucho tiempo prohibidas en el Reino Unido, pero, como dijo el juez que presidía el tribunal en el consejo de guerra formado sobre este caso en 2007, se habían convertido en un “procedimiento normal” entre los soldados encargados de la custodia de Baha Mousa. En el consejo de guerra, el juez lo describió como “un grave error en la cadena de mando hasta llegar al responsable de la brigada e incluso más arriba”.

Aún no se han hecho públicos el ámbito y alcance de la investigación sobre este caso, pero se ha confirmado que la intención es llevarla a cabo en el marco de la controvertida Ley de Comisiones de Investigación de 2005. Amnistía Internacional cree que ello perjudicaría a la independencia, imparcialidad y exhaustividad de la investigación, ya que en estos casos la Ley de Comisiones de Investigación otorga al ministro de Defensa –bajo cuyo mando están las fuerzas armadas, que son las fuerzas cuya conducta se somete a investigación– considerables poderes para imponer restricciones a la realización de la investigación si lo considera apropiado para “el interés público”.

Entre estas facultades figura la de establecer el ámbito y alcance de la investigación y de modificarlos en el curso de ella; de nombrar al presidente de la comisión de investigación y, en consulta con él, a todos los demás miembros; de poner fin a la investigación en cualquier momento; de imponer las restricciones que considere necesarias al acceso público a la vistas y a la revelación pública de datos examinados en la investigación, y de retirar del informe final público el material que desee.

Amnistía Internacional teme que las investigaciones sobre presuntas violaciones graves de derechos humanos que se lleven a cabo en el marco de esta legislación no sean lo suficientemente independientes respecto del gobierno como para cumplir las disposiciones pertinentes del derecho internacional de los derechos humanos.

Parlamentarios extranjeros se reúnen con autoridades de EE.UU. sobre detenciones ilegales

Wed, 14 May 2008 09:49:40 +0100

Parlamentarios internacionales mantendrán reuniones con funcionarios del gobierno estadounidense del 14 al 16 de mayo de 2008, y en ellas se debatirá el marco de Amnistía Internacional para poner fin a las detenciones ilegales de Estados Unidos.

Sir Menzies Campbell, miembro del Parlamento británico, y Christophe Strasser, miembro del Parlamento alemán (Bundestag), representarán a los 1.236 parlamentarios y parlamentarias de 30 países que ya se han unido al llamamiento dirigido a las autoridades estadounidenses para que pongan fin a las detenciones ilegales en Guantánamo y otros lugares, de acuerdo con el marco de Amnistía Internacional.

Sir Menzies Campbell y Christophe Strasser se reunirán con funcionarios del Departamento de Estado, del Subcomité de la Cámara de Representantes para Asuntos Internacionales, del Comité Judicial del Senado, de la Oficina del senador McCain y de la marina estadounidense, entre otras autoridades.

Una reproducción a tamaño real de una celda de Guantánamo recorre Estados Unidos

Desde el 8 de mayo, una reproducción a tamaño real de una celda de máxima seguridad de Guantánamo recorre Estados Unidos. La gira, organizada por Amnistía Internacional, permitirá a la población estadounidense entrever la dura realidad de la detención ilegal en régimen de aislamiento prolongado.

El 10 de mayo, Mary Robinson, ex presidenta de Irlanda, ex alta comisionada de la ONU para los derechos humanos y representante del grupo de personalidades mundiales conocido como “Global Elders”, visitó la celda en Miami y dirigió unas palabras a los activistas de Amnistía Internacional que se habían reunido para celebrar un acto y presenciar un concierto.

La justicia cuestiona la política británica de expulsión

Wed, 09 Apr 2008 17:52:36 +0100

El Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales puso en cuestión el pasado miércoles 9 de marzo la política del gobierno británico de "expulsión con garantías" en sendas decisiones adoptadas en relación con las causas del ciudadano jordano Abu Qatada y de dos ciudadanos libios, a los que se denomina, por motivos procesales, "DD" y "AS".

Desde hace varios años, el Reino Unido busca la expulsión de varias personas de las que se presume que suponen una amenaza para la seguridad nacional, pero que se admite que no pueden ser expulsadas por los procedimientos habituales, dado el riesgo cierto de que puedan ser víctimas de violaciones graves de derechos humanos en los países a los que habrían de ser devueltas.

Consecuentemente, el gobierno británico solicitó en su momento para cada uno de estos casos de los países a los que esas personas habrían de ser devueltas lo que se denominan "garantías diplomáticas", en el sentido de que esas personas recibirán un trato acorde con las normas internacionales de derechos humanos. Ningún tribunal de justicia acepta esas promesas porque carecen de todo fundamento jurídico.

Amnistía Internacional sostiene desde hace tiempo que la política gubernamental británica de "expulsión con garantías" supone una desautorización de la prohibición absoluta de la práctica de la tortura. Concretamente, esa política es incompatible con la obligación que establece el derecho internacional de no proceder a la expulsión, devolución o extradición de una persona a un país cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser víctima de violaciones graves de derechos humanos, como ser sometida a tortura u otros malos tratos.

En ambos casos citados, si bien por fundamentos distintos, el Tribunal de Apelación ha resuelto que el Reino Unido no puede proceder legalmente a esas expulsiones.

En la causa de "DD" y "AS", el Tribunal de Apelación confirmó la decisión previa adoptada por la Comisión Especial de Apelaciones sobre Inmigración (SIAC, por sus siglas en inglés), primera instancia jurisdiccional para este tipo de casos. Conforme a la decisión de la SIAC, las garantías obtenidas de la República de Libia por el Reino Unido en forma de "Memorando de Entendimiento" no eran suficientes para proteger a esas personas contra el riesgo real de tortura u otros malos tratos si fueran devueltas a ese país, por lo que, consecuentemente, no podían ser expulsadas.

Sin embargo, en la causa de Abu Qatada, el Tribunal de Apelación resolvió que la SIAC sí podía concluir que, ocasionalmente, se puede esperar que las denominadas garantías diplomáticas protegen a las personas contra el riesgo real de violaciones muy graves de sus derechos humanos, como el riesgo de ser torturadas y el de ser sometidas a juicios manifiestamente injustos.

Amnistía Internacional ha manifestado su preocupación ante esta parte de la argumentación de la decisión judicial. La organización considera que los procedimientos de la SIAC (que adolecen de imparcialidad procesal, dado que por ejemplo en esa instancia está permitida la utilización de material secreto en vistas celebradas a puerta cerrada) plantean dificultades muy considerables frente a la posibilidad de presentar recurso efectivo contra el uso de esas garantías.

Amnistía Internacional ha manifestado: "Si el Tribunal de Apelación no está dispuesto a cuestionar la conclusión de la SIAC sobre la fiabilidad de esas garantías, se plantean serias dudas sobre si puede quedar abierta alguna vía real para que las personas que pueden ser expulsadas con el respaldo de tales garantías puedan recurrir contra su uso.”

Pese a todo, el Tribunal de Apelación reconoció que el juicio al que Abu Qatada habría de someterse si fuera devuelto a Jordania constituiría una violación flagrante del derecho a un juicio con las garantías debidas, ya que las garantías proporcionadas en este caso no ofrecen protección alguna contra esa posibilidad. El juicio sería manifiestamente injusto debido a que, conforme a las conclusiones de la SIAC, existe “una alta probabilidad” de que en contra del interesado se utilizasen pruebas en relación con las cuales había un “riesgo muy cierto” de que hubieran sido obtenidas mediante tortura. Por consiguiente, resolvió que no debía procederse a la expulsión.

En vista de estas decisiones de la justicia británica, Amnistía Internacional ha pedido al gobierno del Reino Unido que abandone la peligrosa y desacreditada política de confiar en promesas que no pueden cumplirse para eludir la obligación que tiene de no proceder a la expulsión de personas a un país cuando haya razones fundadas para creer que estarían en peligro de ser víctimas de violaciones graves de derechos humanos.

La ONU examina la situación de los derechos humanos en los países miembros

Mon, 07 Apr 2008 17:59:20 +0100

Todos los Estados miembros de la ONU se enfrentan a un riguroso examen de su historial en materia de derechos humanos. El lunes 7 de abril inició sus sesiones el Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que se encarga del Examen Periódico Universal.

En virtud del Examen Periódico Universal, nuevo mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se examinarán con regularidad, a lo largo de los próximos cuatros años, las obligaciones y los compromisos de los 192 Estados miembros de la organización. Los propios gobiernos serán los que lleven a cabo este examen periódico y sistemático.

Con el nuevo procedimiento se tratará de poner a fin a las críticas recibidas por el órgano predecesor del Consejo, la Comisión de Derechos Humanos, acusado de examinar sólo un número reducido de países y de evitar a menudo las situaciones de presión por motivos políticos.

Hasta el 18 de abril, el Grupo de Trabajo encargado del Examen Periódico Universal analizará el historial de derechos humanos de 16 países: Argelia, Argentina, Bahréin, Brasil, Ecuador, Finlandia, Filipinas, India, Indonesia, Marruecos, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, República Checa, Sudáfrica y Túnez.

A este primer periodo de sesiones le seguirán otros dos en 2008, de modo que, al concluir el año, se habrá sometido a examen a 48 países elegidos por sorteo.

El hecho de que esté previsto que los gobiernos de los países objeto de examen lleven a cabo un amplio proceso de consultas con la sociedad civil es un importante aspecto del nuevo procedimiento. Amnistía Internacional ha trabajado con ahínco para garantizar que se escuche a todas las voces pertinentes.

La organización ha presentado información sobre 14 de los 16 países mencionados y sus miembros y simpatizantes están colaborando con la sociedad civil de estos países para sensibilizar a la población sobre el nuevo mecanismo.

En una declaración publicada el lunes 7 de abril, Amnistía Internacional dijo que este primer periodo de sesiones del Grupo de Trabajo encargado del Examen Periódico Universal será clave en el establecimiento de criterios para futuros exámenes, tanto en términos de procedimiento como de fundamento.

"Tanto los países examinados como los encargados del examen van a desempeñar una importante función. Amnistía Internacional confía en que todos los Estados miembros contribuyan a presentar el Examen Periódico Universal como un mecanismo de derechos humanos efectivo", manifestó Martin Macpherson, Director del Programa de Derecho Internacional y Organizaciones Internacionales de la organización.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos reafirma la prohibición de la tortura

Thu, 28 Feb 2008 17:15:37 +0000

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reafirmado la prohibición absoluta de la tortura y otros tratos o castigos inhumanos o degradantes. En su decisión del jueves pasado con respecto al caso Saadi vs. Italia el Tribunal, basándose en gran medida en los informes de Amnistía Internacional y Human Rights Watch, declaró que "se habían aportado motivos suficientes para creer que existe un riesgo real" de que Nassim Saadi sería sometido a tortura u otros malos tratos si fuese expulsado.

Las autoridades italianas pretendían expulsar a Nassim Saadi a Túnez en virtud de la "Ley Pisanu" que fue aprobada inicialmente en 2005 como "medida urgente para combatir el terrorismo". Las autoridades italianas alegaron que Saadi representaba un peligro para la seguridad pública de Italia.

El Tribunal dio credibilidad a los informes de Amnistía Internacional y Human Rights Watch, y los consideró coherentes y corroborados por muchas otras fuentes. La investigación de Amnistía Internacional indica que la tortura y otros malos tratos a manos de las fuerzas de seguridad son generalizadas en Túnez.

Entre las prácticas denunciadas, incluidas aquellas contra personas acusadas de delitos de terrorismo, se encuentra la suspensión del techo, amenazas de violación, aplicación de descargas eléctricas, inmersión de la cabeza en agua, palizas y quemaduras con cigarrillos. Las autoridades tunecinas no investigan las denuncias de tortura y otros malos tratos bajo custodia policial.

Las "confesiones" extraídas bajo tortura pueden ser utilizadas como prueba principal en juicios cuyo resultado son largas condenas de prisión o la pena de muerte. Por consiguiente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estableció que enviar a Nassim Saadi de vuelta a Túnez violaría las obligaciones del gobierno italiano en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

"Esta decisión debería constituir un recordatorio para todos los Estados no sólo de que no pueden permitir la tortura en su territorio sino que también tienen prohibido devolver a ninguna persona a países en los que correrían peligro de sufrir tortura u otros malos tratos", dijo Ian Seiderman, asesor jurídico de Amnistía Internacional.

El caso cobró aún más importancia cuando el Reino Unido intervino en un intento de persuadir al Tribunal Europeo para que éste modificase su ya establecido derecho jurisprudencial de una manera que habría debilitado considerablemente la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos. El Tribunal rechazó los argumentos del Reino Unido, con los que el gobierno italiano se había mostrado de acuerdo, por considerarlos "desacertados".

Si bien el Tribunal reconoció la inmensa dificultad que afrontan los Estados a la hora de proteger a sus comunidades contra la violencia terrorista, afirmó que el peligro de terrorismo "no debe, sin embargo, poner en duda la naturaleza absoluta de [la prohibición de tortura y otros tratos o castigos inhumanos o degradantes]".

El Reino Unido debe investigar de forma independiente las “entregas extraordinarias” de Estados Unidos

Sat, 23 Feb 2008 19:18:31 +0000

Amnistía Internacional ha pedido que se realice una investigación exhaustiva e independiente sobre cualquier participación adicional del Reino Unido en entregas extraordinarias. La petición se deriva de la admisión por parte de los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido de que dos vuelos para entregas extraordinarias aterrizaron en el aeropuerto de Diego García en 2002.

Claudio Cordone, director general de Amnistía Internacional, ha declarado: “Como ha reconocido el gobierno británico, la revelación de que aviones estadounidenses implicados en las transferencias de detenidos aterrizaron en Diego García contradice de pleno sus propias garantías y desmentidos públicos y reiterados en los que sostenía lo contrario.”

“También pone de manifiesto la necesidad de que se lleven a cabo investigaciones completas sobre las prácticas de detención y entrega extraordinaria de Estados Unidos y sobre la participación o complicidad de Estados europeos.”

Las entregas extraordinarias han supuesto el secuestro de personas, el traslado ilegal de detenidos, su desaparición forzada, tortura y detención secreta. Todo esto son violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y de las legislaciones de los países implicados.

Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente a las autoridades británicas que lleven a cabo una investigación independiente sobre la participación del Reino Unido en la práctica de las entregas extraordinarias.

Claudio Cordone ha manifestado: “Los gobiernos europeos deben reconocer ya que confiar en las garantías de Estados Unidos respecto a las entregas extraordinarias ha sido una respuesta inadecuada a una práctica ilícita. La admisión de lo ocurrido en Diego García debe incitar a actuar a todos los países europeos iniciando investigaciones minuciosas e independientes.”

“Los gobiernos deben prestar atención a los llamamientos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y del Parlamento Europeo. También deben tomar medidas de inmediato para asegurarse de que no vuelve a permitirse la práctica de las entregas extraordinarias.”

Desde febrero de 2007, Amnistía Internacional mantiene correspondencia con el actual ministro de Asuntos Exteriores británico y con su antecesora en el cargo, tratando de lograr que se investiguen los informes de vuelo que demostraron el aterrizaje de aviones operados por la CIA en el aeropuerto de Diego García en 2002. La organización también ha expresado su honda preocupación por que las autoridades británicas no mantengan registros del aterrizaje y despegue de vuelos en Diego García.

La anterior ministra de Asuntos Exteriores, Margaret Beckett, dijo a Amnistía Internacional que el gobierno británico había recibido garantías firmes de funcionarios estadounidenses en octubre de 2006 de que ni el aeropuerto de Diego García ni su espacio aéreo se habían utilizado EN NINGÚN MOMENTO (subrayado) para el traslado de presos.

Margaret Beckett informó asimismo a la organización de que el Reino Unido no mantiene habitualmente el registro de los aviones que despegan y aterrizan en Diego García. El actual ministro de Asuntos Exteriores, David Miliband, repitió esta afirmación a la organización en octubre de 2007, y dijo que al gobierno británico le bastó con las garantías de Estados Unidos.

El informe de junio de 2007 del Comité de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del Consejo de Europa sobre las entregas extraordinarias señaló que las denuncias respecto a los informes del uso por parte de Estados Unidos del aeropuerto de Diego García para su programa de entregas extraordinarias eran “lo suficientemente graves como para exigir más investigación”.

Sin embargo, el Comité dijo no estar “en condiciones de llevar a cabo un análisis adecuado para llegar a conclusiones definitivas”, en parte debido al hecho de que el gobierno británico había “aceptado inmediatamente las ‘garantías’ de las autoridades estadounidenses [...] sin efectuar nunca una averiguación independiente ni transparente sobre las denuncias en sí, ni rendir cuentas ante la opinión pública de una forma suficientemente exhaustiva”.

Claudio Cordone concluye: “Hace tiempo que es hora de ponerlo todo en claro. El constante goteo de información sobre la existencia de las prácticas de detención secreta y entrega extraordinaria de Estados Unidos, así como las constantes revelaciones sobre la posible implicación de otros gobiernos piden a gritos una actitud de transparencia y rendición de cuentas.”

REINO UNIDO/ESTADOS UNIDOS: Las revelaciones sobre los vuelos para entregas extraordinarias en Diego García ponen de manifiesto

Mon, 25 Feb 2008 12:46:58 +0000

Las nuevas averiguaciones que van a realizarse sobre las denuncias de vuelos para entregas extraordinarias, según ha anunciado el gobierno británico, no deben reemplazar a una investigación completa e independiente sobre cualquier otra participación del Reino Unido en entregas extraordinarias, ha dicho Amnistía Internacional tras admitir los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido que dos vuelos para entregas extraordinarias aterrizaron en el aeropuerto de Diego García en 2002.

"Como ha reconocido el gobierno británico, la revelación de que aviones estadounidenses implicados en las transferencias de detenidos aterrizaron en Diego García contradice de pleno sus propias garantías y desmentidos públicos reiterados, en los que sostenía lo contrario. También pone de manifiesto la necesidad de que se lleven a cabo investigaciones completas sobre las prácticas de detención y entrega extraordinaria de Estados Unidos y la participación o complicidad de los estados europeos", ha dicho hoy, 22 de febrero, Claudio Cordone, director general de Amnistía Internacional.

"Los gobiernos europeos deben reconocer ya que confiar en las garantías de Estados Unidos respecto a las entregas extraordinarias ha sido una respuesta inadecuada a una práctica ilícita. La admisión de lo ocurrido en Diego García debe incitar a actuar a todos los países europeos iniciando investigaciones minuciosas e independientes. Los gobiernos deben prestar atención a los llamamientos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y del Parlamento Europeo. También deben tomar medidas de inmediato para asegurarse de que no vuelve a permitirse la práctica de las entregas extraordinarias."

Las entregas extraordinarias han supuesto el secuestro de personas, el traslado ilegal de detenidos, su desaparición forzada, su tortura y su detención secreta. Todo esto son violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y de las legislaciones de los países implicados. Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente a las autoridades británicas que lleven a cabo una investigación independiente sobre la participación del Reino Unido en la práctica de las entregas extraordinarias.

El hecho de que las autoridades británicas hayan admitido que engañaron al Parlamento, a los organismos internacionales y a la opinión pública, así como la intención declarada del gobierno de llevar a cabo investigaciones sobre otros presuntos vuelos para entregas extraordinarias es un paso positivo.

Las autoridades británicas deben ahora llevar a cabo una investigación minuciosa, detallada e independiente sobre todos los informes de vuelos de aviones operados por la CIA que aterrizaron en territorio británico o usaron el espacio aéreo británico. También deben investigar cualquier otra participación oficial en las entregas extraordinarias, incluido el suministro de información a servicios de información de otros países.

Las autoridades también deben solicitar a Estados Unidos información completa sobre el trato que han recibido y las circunstancias en que se encuentran actualmente los dos detenidos que volaban en los aviones que repostaron en Diego García en 2002, y reconsiderar su postura de no mantener un registro de los vuelos que aterrizan en Diego García.

"Hace tiempo que es hora de ponerlo todo en claro. El goteo de información que continúa existiendo sobre las prácticas de detención secreta y entrega extraordinaria de Estados Unidos, así como las constantes revelaciones sobre la posible implicación de otros gobiernos piden a gritos una actitud de transparencia y rendición de cuentas", ha dicho Claudio Cordone.

La organización pide asimismo a los gobiernos británico y de otros países europeos cuyos funcionarios han estado implicados en entregas extraordinarias que procesen a toda persona sobre la cual haya dudas razonables de responsabilidad en violaciones de derechos humanos, incluidos crímenes tipificados por el derecho internacional, como la tortura y la desaparición forzada; que se aseguren de que los servicios de información nacionales y extranjeros rinden plenamente cuentas; que se aseguren de que las víctimas obtienen una reparación adecuada sin demora y que tomen medidas eficaces para evitar toda futura implicación en entregas extraordinarias.

Información complementaria

Desde febrero de 2007, Amnistía Internacional mantiene correspondencia con el actual ministro de Asuntos Exteriores británico y con su antecesora en el cargo, tratando de lograr que se investiguen los informes de vuelo que demostraron el aterrizaje de aviones operados por la CIA en el aeropuerto de Diego García en 2002. La organización también ha expresado su honda preocupación por que las autoridades británicas no mantengan registros del aterrizaje y el despegue de vuelos en Diego García.

La anterior ministra de Asuntos Exteriores, Margaret Beckett, dijo a Amnistía Internacional que el gobierno británico había recibido garantías firmes de funcionarios estadounidenses en octubre de 2006 de que ni el aeropuerto de Diego García ni su espacio aéreo se habían utilizado EN NINGÚN MOMENTO (subrayado) para el traslado de presos. Margaret Beckett informó asimismo a la organización que el Reino Unido no mantiene habitualmente el registro de los aviones que aterrizan y despegan en Diego García. El actual ministro de Asuntos Exteriores, David Miliband, repitió esta afirmación a la organización en octubre de 2007, y dijo que al gobierno británico le bastó con las garantías de Estados Unidos.

El informe de junio de 2007 del Comité de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del Consejo de Europa sobre las entregas extraordinarias señaló que las denuncias respecto a los informes del uso por parte de Estados Unidos del aeropuerto de Diego García para su programa de entregas extraordinarias eran "lo suficientemente graves como para exigir más investigación". Sin embargo, el Comité dijo no estar "en condiciones de llevar a cabo un análisis adecuado para llegar a conclusiones definitivas", en parte debido al hecho de que el gobierno británico había "aceptado inmediatamente las 'garantías' de las autoridades estadounidenses [...] sin efectuar nunca una averiguación independiente ni transparente sobre las denuncias en sí, ni rendir cuentas ante la opinión pública de una forma suficientemente exhaustiva".