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Violaciones de derechos humanos en ciudades de todo el mundo

Mon, 06 Oct 2008 13:14:17 +0100

1.   Desalojados en nombre del 'desarrollo' (Camboya)
En febrero de 2008, un representante de los residentes en la zona de Boeung Kak, en Phnom Penh, contó a Amnistía Internacional: "Hemos visto el plan de desarrollo, y por supuesto que nos preocupa, porque es evidente que nos afectará: según el plan, hemos desaparecido". Seis meses después, el plan está en marcha y cientos de personas afectadas se manifiestan en medio de la intimidación y de la falta de información.

Unos 20.000 habitantes de Phnom Penh pueden resultar desplazados porque el lago Boeung Kak, en cuyos alrededores viven, está siendo transformado en un vertedero. El relleno del lago se inició el 26 de agosto de 2008, sin que se avisara previamente a los habitantes de la zona. Si no se lleva a cabo una acción urgente que garantice la puesta en marcha de un proceso para proteger los derechos humanos de los vecinos, este proyecto puede dar comienzo al mayor desalojo forzoso que haya tenido lugar en la Camboya de posguerra.

Muchos de los afectados son pobres y viven en precarias construcciones en las orillas del lago, cuyo nivel va subiendo a medida que se va rellenando con residuos y arena. Las comunidades afectadas temen que el desarrollo actual pueda expulsarlos de Phnom Penh hacia una zona en la que ya se han reasentado miles de personas desalojadas y que carece de saneamiento, electricidad y de otros servicios básicos, y donde las oportunidades laborales son desesperadamente escasas. Miles de personas desalojadas de otras zonas de Phnom Penh ya han sido reasentadas en este lugar, en lo que, de hecho, son nuevos barrios marginales, reconstruidos fuera del perímetro de la ciudad.

2.   Discriminados: la caza de brujas desatada contra el pueblo romaní (Italia)
Según la edición del 11 de mayo de 2008 del periódico italiano La Repubblica, el ministro del Interior, Roberto Maroni, declaró que "todos los campamentos romaníes serán desmantelados de inmediato y sus habitantes serán expulsados o encarcelados". Ese mismo día y el 13 de mayo se produjeron varios incendios intencionados en asentamientos romaníes emplazados en diferentes barrios periféricos de ciudades italianas.

Desde 2007, las comunidades y asentamientos romaníes establecidos en Italia han sido sometidos a varias medidas tomadas por las autoridades en nombre de la "seguridad" y han sufrido ataques de muchedumbres organizadas al estilo de patrullas ciudadanas, lo que ha conducido a una escalada de desalojos forzosos y de destrucción de asentamientos romaníes. Una de las medidas de "seguridad" más alarmantes que tiene como objetivo a la población romaní es la reciente iniciativa, todavía sin definir totalmente, para recopilar información, como, por ejemplo, las huellas dactilares, que ayude a identificar a todos los habitantes, tanto adultos como menores, de los asentamientos romaníes establecidos en el país.

A menudo estas medidas van acompañadas de discursos discriminatorios hacia los romaníes pronunciados por políticos tanto en el ámbito local como nacional, y de un trato despectivo por parte de los medios de comunicación locales y nacionales, lo que ha contribuido a crear un clima en el que los ataques a personas y a asentamientos romaníes se toleran cada vez más.

3.    Atrapadas por el fuego cruzado: experiencias violentas vividas por mujeres en los barrios marginales (Brasil)
"No podemos seguir viviendo en estas condiciones. Vivimos con miedo". Paola, que es costurera y tiene un hijo, vive a la entrada de la favela (barrio marginal) en Río de Janeiro. En 2005, mientras era entrevistada por Amnistía Internacional, una voz, la de los traficantes anunciando el toque de queda para esa noche, resonó a través de la calle: "¡Todo el mundo en casa a las seis de la tarde! ¡Mañana las tiendas permanecerán cerradas!

Las mujeres que viven en las 'favelas' en Brasil lo hacen en un contexto de violencia constante ejercida por la policía y las bandas criminales. Amnistía Internacional ha documentado cómo, en ausencia de protección por parte del Estado, las mujeres son vulnerables a la violencia doméstica y a la ejercida por las bandas criminales, que dominan todos los aspectos de la vida comunitaria. Las mujeres pueden ser castigadas violentamente por infringir las "normas" establecidas por las bandas o facciones o si son sus familiares los que las han infringido.

Los servicios de maternidad, las guarderías y las escuelas pueden permanecer cerradas durante largos periodos a causa de operaciones policiales o de la violencia criminal. Los trabajadores de los servicios de salud y los profesores están a menudo demasiado asustados para trabajar en las comunidades. El único contacto de las mujeres con la autoridad del gobierno se produce a través de las incursiones militarizadas que la policía realiza esporádicamente, en las que las mujeres pueden ser sometidas a registros ilegales y a abusos verbales, físicos y sexuales y son heridas o pierden la vida en el fuego cruzado.

Asimismo, las mujeres son discriminadas por la policía a causa del lugar en el que viven. Las habitantes de Nordeste Amaralina, en Salvador, estado de Bahía, han relatado cómo la policía denominaba "vagabundas" a las mujeres pertenecientes a la comunidad. También se refirieron a la actitud discriminatoria e insensible de la policía cuando acudían a informar sobre casos de violencia que habían padecido.

4.   El castigo colectivo de una población (Israel/TPO)
"El asedio israelí ha convertido Gaza en una gran prisión. No podemos salir, ni siquiera para recibir tratamiento medico o para estudiar en el extranjero, y la mayoría de lo que necesitamos no se encuentra disponible en Gaza. Realmente no vivimos, sobrevivimos apenas y las perspectivas de futuro son deprimentes". Son palabras de Fathi, un habitante de Gaza. Una crisis humanitaria está devorando Gaza y no como consecuencia de una catástrofe natural, sino que es una situación de origen humano y que se podría evitar.

La intensificación del bloqueo israelí desde junio de 2007 ha dejado a la población palestina, de 1,5 millones de personas, atrapada y con escasos recursos. Israel ha prohibido totalmente las exportaciones desde Gaza y ha reducido a un mero goteo la entrada de combustible y mercancías, mayoritariamente ayuda humanitaria, comestibles y suministros médicos. La escasez ha hecho que los precios de los alimentos suban en un momento en que la población no puede permitirse pagar más.

Ha aumentado el número de habitantes de Gaza que se encuentran por debajo del límite de la pobreza y que sufren de malnutrición. Aproximadamente el 80 por ciento de la población depende del goteo de ayuda internacional que el gobierno israelí permite entrar, cuando hace un decenio sólo dependía un 20 por ciento. Unos 450.000 habitantes de Gaza, el 30 por ciento de la población, no pueden acceder a agua limpia. Incluso a pacientes que tienen una necesidad extrema de recibir tratamiento médico no disponible en Gaza se les impide en muchos casos salir del territorio y han muerto decenas en estas circunstancias.

Las autoridades israelíes solían argumentar que el bloqueo de Gaza tenía lugar en respuesta a los ataques palestinos, especialmente a los cohetes disparados indiscriminadamente desde Gaza contra la vecina ciudad israelí de Sderot. Hasta mediados de este año, en este y otros ataques, murieron 25 israelíes en ataques de origen palestino, mientras que, en el mismo periodo, murieron a manos de las fuerzas israelíes 400 palestinos. Aunque desde el 19 de junio de 2008 existe un alto el fuego entre las fuerzas israelíes y los grupos armados palestinos, Israel no ha levantado el bloqueo e insiste en que lo mantendrá hasta que se ponga en libertad a Gilad Shalit, soldado israelí capturado en junio de 2006 por grupos armados palestinos y al que todavía se mantiene retenido en Gaza sin acceso al Comité Internacional de la Cruz Roja.

Actualmente se encuentran recluidos en cárceles israelíes unos 8.500 palestinos, algunos de los cuales lo han estado durante decenios, y de estos, 900 procedentes de Gaza, no están autorizados a recibir visitas de su familia. El bloqueo israelí no va dirigido a los grupos armados palestinos, responsables de los ataques o de la captura del soldado israelí, sino que es un castigo colectivo a la totalidad de la población de Gaza.

5. Vidas en ruinas – desalojos forzosos de personas que viven sumidas en la pobreza (Angola)
Amnistía Internacional calcula que, en los últimos siete años, se ha desalojado por la fuerza en torno a 10.000 familias de Luanda, Angola, sin aviso, información o consulta previa, protección legal, un alojamiento alternativo adecuado o un recurso efectivo.

Entre julio y diciembre de 2007, se desalojó por la fuerza a cientos de familias del barrio Iraque, perteneciente al municipio de Kilamba Kiaxi, en Luanda, para construir en la zona un complejo residencial de viviendas de lujo. La mayoría de los desalojos forzosos los llevaron a cabo los trabajadores de la empresa de construcción Jardim do Éden, que está a cargo de la construcción del complejo residencial, protegidos por guardias de seguridad privada y por la policía nacional.

En Luanda, miles de personas más se encuentra bajo amenaza de ser desalojadas por la fuerza y de que sus casas sean demolidas. Amnistía Internacional ha recibido informes en los que se afirma que, en una ocasión, dos niños perdieron la vida cuando las viviendas en las que dormían fueron demolidas por maquinaria pesada. Dos periodistas que se desplazaron el 28 de noviembre de 2007 hasta la zona para informar sobre los desalojos forzosos fueron detenidos por la policía, que los sometió a abusos verbales y físicos y los mantuvo detenidos durante varias horas antes de ponerlos en libertad sin cargos.

Italia debe poner fin a la discriminación contra la población romaní

Wed, 10 Sep 2008 14:29:49 +0100

Desde 2007, las comunidades y asentamientos romaníes ubicados en Italia han sido discriminados de forma continuada. Las autoridades italianas han tomado una serie de medidas desproporcionadas y discriminatorias en nombre de la "seguridad" que discriminan de facto a la minoría romaní. Asimismo, han puesto en marcha recientemente una iniciativa para reunir las huellas dactilares de todos los habitantes, tanto adultos como menores, de los asentamientos romaníes del país.

A menudo estas medidas van acompañadas de discursos discriminatorios hacia los romaníes pronunciados por políticos tanto en el ámbito local como nacional, y de un trato despectivo por parte de los medios de comunicación locales y nacionales. La estigmatización y el miedo que se han ido sembrando han creado un clima en el que los ataques a personas se toleran cada vez más. Los romaníes han sido víctimas de varios ataques llevados a cabo por muchedumbres, en los que se los agredió física y verbalmente y se prendió fuego a los asentamientos.

El 11 de mayo de 2008 en Novara, ciudad próxima a Milán, varias personas arrojaron cócteles molotov contra un asentamiento romaní.

El 13 de mayo de 2008, después de que se detuviera a una adolescente romaní a la que se había sorprendido en el interior de un apartamento tratando, presuntamente, de secuestrar a un bebé de seis meses, una multitud enfurecida salió a las calles del barrio de Ponticelli, situado en la periferia de Nápoles, y expulsaron de tres asentamientos de la zona a todas los romaníes que encontraron. Se arrojaron cócteles molotov contra los asentamientos, que fueron arrasados por el fuego en su mayor parte, lo que obligó a más de 500 romaníes, la mitad de los cuales eran menores de edad, a abandonarlos. La imagen supra muestra lo que queda de un asentamiento romaní de Ponticelli.

En los meses de junio y julio de 2008 se produjeron ataques parecidos.

A la luz de estos sucesos, Amnistía Internacional insta a las autoridades italianas a que dejen de pronunciar discursos denigrantes contra la población romaní y a que tomen todas las medidas necesarias para proteger a esta comunidad y para garantizar su inclusión activa en la sociedad.

La organización pide a las autoridades a que pongan fin a los ataques perpetrados contra la comunidad romaní por actores no estatales y a que garanticen que se investigarán exhaustivamente todos los ataques cometidos contra asentamientos romaníes y que se llevará ante la justicia a los autores.

Las autoridades deben asegurarse, asimismo, de que la clase política, ya sea a nivel local o nacional, no justifique los ataques cometidos contra los asentamientos romaníes.

¡Escribe al ministro del Interior para manifestar tu rechazo!

Quince personas declaradas culpables de maltratar a manifestantes en la cumbre del G-8 en Génova

Thu, 17 Jul 2008 12:11:08 +0100

Amnistía Internacional ha recibido con satisfacción el hecho de que los magistrados italianos hayan hecho responsables a individuos concretos de las brutalidades ocurridas en el centro de detención de Bolzaneto, en Génova, Italia.

“Es un buen primer paso hacia la rendición de cuentas por los abusos contra los derechos humanos que tuvieron lugar durante la cumbre del G-8 en Génova, pero es preciso hacer más para garantizar que emerge toda la verdad y que los responsables responden plenamente de sus actos”, ha manifestado Amnistía Internacional.

El 14 de julio de 2008, 15 personas fueron declaradas culpables de, entre otras cosas, infligir malos tratos a manifestantes recluidos en el centro de detención de Bolzaneto durante la cumbre del G-8 celebrada en Génova en julio de 2001. También fueron declaradas culpables de abuso de poder. Las condenas impuestas por el tribunal italiano oscilan entre los cinco meses y los cinco años. Entre los condenados se encuentran agentes de policía, guardias de prisiones y médicos. Se espera que apelen contra sus sentencias condenatorias. Es poco probable que cualquiera de los condenados llegue a cumplir su pena de prisión, ya que, en virtud de las leyes de prescripción italianas, la responsabilidad penal por sus delitos habrá expirado cuando se complete el proceso de apelación. Otros 30 acusados fueron absueltos de cargos tales como agresión.

A Amnistía Internacional le preocupa, no obstante, el hecho de que la tortura no esté tipificada como delito en el Código Penal italiano. Esto significa que no se puede procesar a nadie por tortura en relación con aquellos hechos ni siquiera aunque los malos tratos sufridos por los manifestantes puedan haber constituido tortura.

Desde los sucesos de Génova de 2001, Amnistía Internacional ha recibido varios informes de malos tratos policiales y uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en Italia. La organización, junto con varios órganos de la ONU, entre ellos el Comité contra la Tortura, ha pedido reiteradamente al gobierno italiano que ponga en marcha mecanismos efectivos de rendición de cuentas por los abusos contra los derechos humanos presuntamente cometidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

“El rendimiento de cuentas por los abusos cometidos por agentes estatales, incluidos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, debe ser la norma. Las autoridades italianas deben poner en práctica las recomendaciones de los órganos y organizaciones internacionales pertinentes a este respecto para impedir que hechos así se repitan en el futuro”, ha manifestado Amnistía Internacional.

Información complementaria

Del 20 al 22 de julio de 2001, la ciudad italiana de Génova albergó la cumbre del G-8. Se calcula que más de 200.000 personas participaron en manifestaciones antiglobalización en las calles de la ciudad. Al concluir la cumbre, un manifestante, Carlo Giuliani, había muerto por arma de fuego y centenares de personas habían resultado heridas durante los enfrentamientos con funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Italia: Una sentencia largamente esperada

Wed, 16 Jul 2008 12:46:32 +0100

“Es un buen primer paso hacia la rendición de cuentas por los abusos contra los derechos humanos que tuvieron lugar durante la cumbre del G8 en Génova, pero es preciso hacer más para garantizar que emerge toda la verdad y que los responsables responden plenamente de sus actos”, ha manifestado Amnistía Internacional.

El 14 de julio de 2008, 15 personas fueron declaradas culpables de, entre otras cosas, infligir malos tratos a manifestantes recluidos en el centro de detención de Bolzaneto durante la cumbre del G8 celebrada en Génova en julio de 2001. También fueron declaradas culpables de abuso de poder. Las condenas impuestas por el tribunal italiano oscilan entre los cinco meses y los cinco años. Entre los condenados se encuentran agentes de policía, guardias de prisiones y médicos. Se espera que apelen contra sus sentencias condenatorias. Es poco probable que cualquiera de los condenados llegue a cumplir su pena de prisión, ya que, en virtud de las leyes de prescripción italianas, la responsabilidad penal por sus delitos habrá expirado cuando se complete el proceso de apelación. Otros 30 acusados fueron absueltos de cargos tales como agresión.

A Amnistía Internacional le preocupa, no obstante, el hecho de que la tortura no esté tipificada como delito en el Código Penal italiano. Esto significa que no se puede procesar a nadie por tortura en relación con aquellos hechos ni siquiera aunque los malos tratos sufridos por los manifestantes puedan haber constituido tortura.

Desde los sucesos de Génova de 2001, Amnistía Internacional ha recibido varios informes de malos tratos policiales y uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en Italia. La organización, junto con varios órganos de la ONU, entre ellos el Comité contra la Tortura, ha pedido reiteradamente al gobierno italiano que ponga en marcha mecanismos efectivos de rendición de cuentas por los abusos contra los derechos humanos presuntamente cometidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

“El rendimiento de cuentas por los abusos cometidos por agentes estatales, incluidos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, debe ser la norma. Las autoridades italianas deben poner en práctica las recomendaciones de los órganos y organizaciones internacionales pertinentes a este respecto para impedir que hechos así se repitan en el futuro”, ha manifestado Amnistía Internacional.

Información complementaria

Del 20 al 22 de julio de 2001, la ciudad italiana de Génova albergó la cumbre del G8. Se calcula que más de 200.000 personas participaron en manifestaciones antiglobalización en las calles de la ciudad. Al concluir la cumbre, un manifestante, Carlo Giuliani, había muerto por arma de fuego y centenares de personas habían resultado heridas durante los enfrentamientos con funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
FIN/
Documento público
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Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en Londres llamando al número + 44 20 7413 5566, o visiten http://www.amnesty.org/es/features-news-and-updates. Para los documentos y comunicados de prensa traducidos al español consulten http://www.amnesty.org/es/research.

Vídeo: Abu Omar, víctima de entrega extraordinaria y detención secreta

Tue, 24 Jun 2008 12:57:10 +0100

Video placeholder

Unos agentes de EE. UU. e Italia secuestraron a Abu Omar en las calles de Milán en febrero de 2003.

Abu Omar fue “entregado” por agentes estadounidenses, vía Alemania, a Egipto, donde permaneció recluido casi cuatro años, incluidos 14 meses en detención secreta.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos reafirma la prohibición de la tortura

Thu, 28 Feb 2008 17:15:37 +0000

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reafirmado la prohibición absoluta de la tortura y otros tratos o castigos inhumanos o degradantes. En su decisión del jueves pasado con respecto al caso Saadi vs. Italia el Tribunal, basándose en gran medida en los informes de Amnistía Internacional y Human Rights Watch, declaró que "se habían aportado motivos suficientes para creer que existe un riesgo real" de que Nassim Saadi sería sometido a tortura u otros malos tratos si fuese expulsado.

Las autoridades italianas pretendían expulsar a Nassim Saadi a Túnez en virtud de la "Ley Pisanu" que fue aprobada inicialmente en 2005 como "medida urgente para combatir el terrorismo". Las autoridades italianas alegaron que Saadi representaba un peligro para la seguridad pública de Italia.

El Tribunal dio credibilidad a los informes de Amnistía Internacional y Human Rights Watch, y los consideró coherentes y corroborados por muchas otras fuentes. La investigación de Amnistía Internacional indica que la tortura y otros malos tratos a manos de las fuerzas de seguridad son generalizadas en Túnez.

Entre las prácticas denunciadas, incluidas aquellas contra personas acusadas de delitos de terrorismo, se encuentra la suspensión del techo, amenazas de violación, aplicación de descargas eléctricas, inmersión de la cabeza en agua, palizas y quemaduras con cigarrillos. Las autoridades tunecinas no investigan las denuncias de tortura y otros malos tratos bajo custodia policial.

Las "confesiones" extraídas bajo tortura pueden ser utilizadas como prueba principal en juicios cuyo resultado son largas condenas de prisión o la pena de muerte. Por consiguiente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estableció que enviar a Nassim Saadi de vuelta a Túnez violaría las obligaciones del gobierno italiano en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

"Esta decisión debería constituir un recordatorio para todos los Estados no sólo de que no pueden permitir la tortura en su territorio sino que también tienen prohibido devolver a ninguna persona a países en los que correrían peligro de sufrir tortura u otros malos tratos", dijo Ian Seiderman, asesor jurídico de Amnistía Internacional.

El caso cobró aún más importancia cuando el Reino Unido intervino en un intento de persuadir al Tribunal Europeo para que éste modificase su ya establecido derecho jurisprudencial de una manera que habría debilitado considerablemente la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos. El Tribunal rechazó los argumentos del Reino Unido, con los que el gobierno italiano se había mostrado de acuerdo, por considerarlos "desacertados".

Si bien el Tribunal reconoció la inmensa dificultad que afrontan los Estados a la hora de proteger a sus comunidades contra la violencia terrorista, afirmó que el peligro de terrorismo "no debe, sin embargo, poner en duda la naturaleza absoluta de [la prohibición de tortura y otros tratos o castigos inhumanos o degradantes]".

El mundo grita “¡Cerremos Guantánamo!”

Sat, 12 Jan 2008 12:55:25 +0000

Miles de personas, entre ellas miembros y simpatizantes de Amnistía Internacional de todo el mundo, han emprendido iniciativas para conmemorar el sexto aniversario de los primeros traslados de detenidos a Guantánamo. El viernes 11 de enero, Amnistía Internacional llevó a cabo protestas en 30 países.

Una vez más, Amnistía Internacional no se limitó a pedir el cierre de Guantánamo, sino que además presentó al gobierno estadounidense el marco de acción necesario para poner fin a las detenciones ilegales, tanto en Guantánamo como en cualquier otro lugar. En esta ocasión, las peticiones de la organización contaron con el apoyo de más de 1.200 parlamentarios y parlamentarias de todo el mundo.

En varios países, como Bélgica e Irlanda, algunos de los representantes parlamentarios acompañaron a los activistas de Amnistía Internacional en los diferentes actos y manifestaciones.

Los tristemente conocidos monos naranjas, íntimamente asociados con la crueldad y la ilegalidad de Guantánamo, se convirtieron una vez más en el símbolo de este aniversario. También hubo teatro de calle, recitales de poesía, réplicas de celdas de Guantánamo en los centros de las ciudades, discursos, concentraciones y ciberactivismo.

El jefe de las fuerzas armadas estadounidenses quiere cerrar Guantánamo

El domingo 13 de enero, dos días después del aniversario, el almirante de Marina Michael Mullen, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, se sumó a la lista de altos cargos estadounidenses que han manifestado que debe cerrarse Guantánamo.

“Sobre todo, creo que lo más preocupante es la imagen de Estados Unidos que Guantánamo ha proyectado en todo el mundo. Desde ese punto de vista, pienso que Guantánamo ha sido muy perjudicial.”

Aún puedes ayudar

Visita el sitio web tearitdown.org (“¡Echémoslo abajo!”) y súmate al compromiso de Amnistía Internacional para poner fin a las detenciones ilegales de Estados Unidos.

Cuelga un banner de la campaña “¡echémoslo abajo!” en tu sitio web o blog.

Italia - Informe 2007 Amnistía Internacional

Wed, 08 Oct 2008 01:23:39 +0100

Italia carecía de una ley integral sobre asilo. El gobierno no cursó a Estados Unidos las solicitudes de extradición contra 26 ciudadanos estadounidenses en el caso de la entrega extraordinaria de Abu Omar. Varias personas migrantes recibieron orden de expulsión y algunas fueron devueltas a sus países de origen en virtud de la legislación antiterrorista en vigor desde 2005. La legislación italiana no incluía el delito específico de tortura.

Migración

Italia seguía careciendo de una ley específica e integral sobre asilo y continuaba aplicando la ley Bossi-Fini sobre migración, que incluía disposiciones contrarias al derecho y las normas internacionales de derechos humanos.

Detención y expulsión de menores migrantes

Se seguía deteniendo de forma habitual a los migrantes menores de edad a su llegada a la frontera marítima italiana, lo que contravenía el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho de refugiados. En muchos casos no se respetó el derecho de los menores a ser recluidos separados de adultos que no fuesen miembros de su familia. Era frecuente que los menores no recibiesen asistencia legal ni fuesen informados acerca de sus derechos, y en ocasiones corrían el riesgo de ser devueltos a sus países de origen debido a que se estimaba de manera inexacta su edad. En algunos casos los menores no acompañados también fueron sometidos a registros corporales, inspecciones y confiscación de sus pertenencias. A algunos no se les facilitó el acceso inmediato a los procedimientos de asilo, mientras que a otros se los consideró solicitantes de asilo sin su conocimiento y recibieron permisos de residencia que no entendían.En enero, tres hermanos de origen somalí y menores de edad fueron devueltos a Ghana, de donde habían llegado el día anterior, según los informes con pasaportes falsos. Al parecer, durante el tiempo que permanecieron retenidos en el aeropuerto de Malpensa, en Milán, no se les preguntó su edad o nacionalidad, no se les informó de la posibilidad de solicitar asilo y tampoco se les permitió ponerse en contacto con sus familiares en Europa. Finalmente los tres huyeron a Costa de Marfil.

Corrupción y abusos en centros de detención

Las condiciones en muchos centros de detención seguían siendo problemáticas. Hubo informes de guardias que aceptaban sobornos a cambio de suministrar a los migrantes productos a precios excesivamente elevados y se recibieron denuncias sobre la calidad de la asistencia legal, médica y psicológica disponible.En octubre se informó de que grupos de migrantes habían escapado del centro de detención de Caltanissetta, en Sicilia, después de sobornar a los guardias. El Ministerio del Interior y la Fiscalía de Caltanissetta iniciaron investigaciones sobre abusos y delitos cometidos en ese mismo centro.

Acceso a centros de detención para migrantes

Después de que el ministro del Interior declarase que debía permitirse el acceso de Amnistía Internacional a los centros de detención de migrantes, se iniciaron los procedimientos para autorizar dicho acceso. Anteriormente se había negado a Amnistía Internacional y otras ONG la autorización para visitar estos centros.

Cooperación con Libia

Se iniciaron conversaciones de alto nivel con las autoridades libias sobre la posibilidad de organizar acciones conjuntas destinadas a contener la migración a Italia. Entre otras cosas, las autoridades italianas prometieron ayuda económica a Libia para construir centros de detención para migrantes y para que Libia patrullase su frontera sur. Se llegó a este compromiso a pesar de que Libia no había ratificado la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados ni tampoco su Protocolo, y no había establecido procedimientos nacionales de asilo.

Medidas antiterroristas

Secuestro y «entrega» de Abu Omar

Concluyeron las investigaciones judiciales preliminares en el caso de Abu Omar, ciudadano egipcio con un permiso de residencia italiano, que había sido secuestrado en una calle de Milán en 2003 como parte del programa estadounidense de detenciones secretas y entregas extraordinarias, es decir, el traslado ilegal de personas entre Estados al margen de cualquier proceso judicial. Abu Omar fue trasladado en avión por agentes estadounidenses a Egipto, donde, según los informes, fue torturado bajo custodia. Al parecer el secuestro había sido llevado a cabo por agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense y miembros del Servicio para la Información y la Seguridad Militar (SISMI) italiano. Aunque el ministro de Justicia autorizó que magistrados italianos entrevistasen a sospechosos en Estados Unidos, al finalizar 2006 el Ministerio no había cursado las solicitudes de extradición a las autoridades estadounidenses. Al finalizar el año se habían dictado un total de 26 órdenes de detención contra presuntos agentes estadounidenses, incluido el director de la oficina de la CIA en Italia en el momento del secuestro. También se emitieron órdenes de detención contra dos agentes del SISMI.En diciembre, la fiscalía solicitó a un juez que dictase acta de acusación formal contra los 26 agentes estadounidenses y 9 ciudadanos italianos, entre ellos el director del SISMI en el momento del secuestro.

Expulsiones sumarias

Varios migrantes recibieron órdenes de expulsión y algunos fueron enviados a sus países de origen en aplicación de la legislación antiterrorista en vigor desde 2005 (Ley 155/05, conocida como Ley Pisanu). No se efectuó ningún control judicial para verificar si los expulsados estaban implicados en actividades delictivas, si la expulsión era legal o si las personas contra las que se habían dictado las órdenes de expulsión corrían peligro de sufrir violaciones de derechos humanos en sus países de origen. Entre las personas expulsadas a lo largo del año había ciudadanos de Egipto, Marruecos, Siria y Túnez.Se expulsó sumariamente a un hombre a Siria a pesar de que tenía un permiso de residencia para permanecer legalmente en Italia. Según los informes, las autoridades sirias lo detuvieron durante varios días antes de ponerlo en libertad.La Ley Pisanu permitía dictar y ejecutar órdenes de expulsión contra migrantes tanto regulares como irregulares cuando hubiera «razones fundadas para creer que su estancia en el territorio podría favorecer de alguna manera a organizaciones y actividades terroristas». La ley no exigía que la persona expulsada hubiera sido declarada culpable o acusada de un delito relacionado con el terrorismo y tampoco exigía la confirmación o autorización judicial de la decisión y de su aplicación. Sí preveía la posibilidad de recurrir judicialmente contra la decisión, pero no la suspensión efectiva de la expulsión mientras estuviera pendiente la apelación. El procedimiento carecía de protección efectiva contra la devolución (refoulement) de personas que pudieran correr riesgo de sufrir persecución u otras violaciones graves de derechos humanos en el país de origen. En noviembre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos suspendió la expulsión inminente de tres personas en aplicación de la Ley Pisanu. El Tribunal basó su decisión en los riesgos que correrían estas personas en sus países de origen en caso de ser expulsadas, incluido el riesgo de tortura y malos tratos.El Tribunal Constitucional italiano estaba investigando si algunas disposiciones de la Ley Pisanu violaban el derecho a recurso judicial, a la defensa y a un juicio justo.Durante la segunda mitad del año salieron a la luz indicios sobre la existencia de una lista confeccionada por el gobierno de migrantes que debían ser expulsados por sospecharse su relación con el terrorismo. Al menos una de las personas expulsadas en 2006 en aplicación de la legislación antiterrorista formaba parte de la lista.

Motivos de preocupación en relación con la policía

Italia seguía sin tipificar específicamente como delito en su Código Penal la tortura tal como se define en la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Tampoco existía un organismo independiente de rendición de cuentas y presentación de quejas contra la policía. Las operaciones policiales no se ajustaban al Código Europeo de Ética de la Policía; por ejemplo, no se exigía a los agentes que portasen en lugar visible alguna forma de identificación, tal como el número de placa, para poder exigirles responsabilidades.Continuaba la investigación sobre una operación policial realizada en Val di Susa en diciembre de 2005, en el curso de la cual varios cientos de agentes encargados de hacer cumplir la ley intentaron dispersar a un centenar de personas que se manifestaban contra una línea de tren de alta velocidad. Según los informes, los manifestantes fueron agredidos y golpeados, muchos de ellos mientras dormían.

Actualizaciones: actuación policial durante las manifestaciones de 2001

Continuaban los juicios contra agentes de policía en relación con las operaciones policiales llevadas a cabo con motivo de las manifestaciones multitudinarias celebradas en Nápoles en marzo de 2001 y durante la Cumbre del G-8, en Génova, en julio de 2001.En noviembre, un tribunal de Génova declaró que no reabriría las investigaciones sobre la muerte de Carlo Giuliani, un joven que murió por disparos de un agente encargado de hacer cumplir la ley durante las manifestaciones de 2001 en la ciudad. El descubrimiento de posibles nuevas pruebas había motivado las peticiones para que se reabriesen las investigaciones.

Escrutinio internacional

En abril, el Comité de Derechos Humanos de la ONU aprobó sus observaciones finales sobre Italia después de examinar el informe periódico de este país. El Comité recomendó, entre otras cosas, que Italia estableciese un organismo nacional independiente de derechos humanos, de conformidad con los Principios de París. También recomendó que se intensificasen los esfuerzos para garantizar la investigación inmediata e imparcial de las denuncias de malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.El Comité recomendó asimismo que se redujera a menos de los cinco días actuales el plazo máximo durante el cual una persona podía permanecer bajo custodia tras ser detenida por un delito común, incluso en circunstancias excepcionales, y que la persona detenida tuviese derecho a ponerse en contacto con un abogado independiente tan pronto como fuese detenida. También recomendó a Italia que garantizase que el poder judicial conservaba su independencia frente al poder ejecutivo, y que velase por que la reforma judicial en curso no pusiera en peligro esta independencia.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

Informes

Italia: Niños invisibles. Los derechos humanos de menores migrantes y solicitantes de asilo detenidos a su llegada a las fronteras marítimas italianas (Índice AI: EUR 30/001/2006) Italia: Cinco años después de las operaciones policiales de la cumbre del G-8 de Génova, las autoridades italianas deben tomar medidas concretas para prevenir y castigar la brutalidad policial en todas las circunstancias (Índice AI: EUR 30/005/2006) Italia: Abu Omar. Las autoridades italianas deben cooperar plenamente en todas las investigaciones (Índice AI: EUR 30/006/2006)

Italia - Informe 2008 Amnistia Internacional

Wed, 08 Oct 2008 01:41:04 +0100

Varias personas recibieron órdenes de expulsión que, en caso de llevarse a efecto, constituirían refoulement (devolución a un país donde la persona afectada podía correr riesgo de sufrir violaciones graves de derechos humanos), y al menos una persona sufrió malos tratos bajo custodia después de ser expulsada desde Italia. Siguieron recibiéndose informes de malos tratos a manos de agentes de la policía, y las autoridades italianas no introdujeron mecanismos efectivos de rendición de cuentas policial. Las autoridades discriminaban a las personas de etnia romaní y el Comité de la ONU contra la Tortura criticó varios aspectos del historial de derechos humanos de Italia. La tortura seguía sin tipificarse como delito en el Código Penal. Italia todavía no contaba con una legislación exhaustiva en materia de asilo.

«Guerra contra el terror»

Las autoridades italianas no cooperaron plenamente con las investigaciones acerca de las violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de la «guerra contra el terror» y recibieron críticas del Parlamento Europeo por su participación en entregas extraordinarias.

Entregas extraordinarias

El 16 de febrero, un juez italiano dictó acta de acusación formal contra siete ciudadanos italianos, principalmente agentes del Servicio parala Información y la Seguridad Militar(SISMI) italiano, en relación con el secuestro de Abu Omar. Este ciudadano egipcio, residente en Italia, había sido secuestrado en una calle de Milán en 2003 y enviado a Egipto como parte del programa de entregas extraordinarias encabezado por Estados Unidos. A su llegada a Egipto lo detuvieron de inmediato y presuntamente lo sometieron a tortura; el 11 de febrero de 2007 quedó en libertad sin cargos. Un tribunal de Milán expidió solicitudes de extradición en julio de 2006 y dictó actas de acusación formal en febrero de 2007 contra 26 ciudadanos estadounidenses sospechosos de participar en la entrega de Abu Omar. Al final del año, el ministro de Justicia no había cursado las solicitudes de extradición de los 26 ciudadanos a las autoridades de Estados Unidos. Se creía que la mayor parte de ellos eran agentes de la CIA estadounidense.

En abril, el Tribunal Constitucional admitió a trámite un recurso del gobierno italiano en el que alegaba «conflicto de competencias». El ejecutivo sostenía que el poder judicial había asumido competencias que no le correspondían constitucionalmente al recoger parte de las pruebas en los procedimientos contra las personas acusadas de tener responsabilidad en la entrega de Abu Omar. El juicio se suspendió el 18 de junio en espera del pronunciamiento del Tribunal Constitucional, y al terminar el año continuaba suspendido.

En febrero, el Parlamento Europeo condenó la entrega extraordinaria del ciudadano italiano Abou Elkassim Britel en una resolución sobre el presunto uso de países europeos por parte de la CIA para el traslado y detención ilegales de presos. Abou Elkassim Britel había sido detenido en Pakistán en marzo de 2002 por la policía paquistaní e interrogado por funcionarios estadounidenses y paquistaníes, antes de ser entregado a las autoridades marroquíes. Según los informes, el Ministerio del Interior italiano colaboró con servicios secretos extranjeros en el caso de Abou Elkassim Britel, después de su detención en Pakistán.

Ley Pisanu

Italia mantuvo una legislación –la llamada Ley Pisanu– sobre medidas urgentes para combatir el terrorismo que permitía dictar y ejecutar órdenes de expulsión contra migrantes, tanto regulares como irregulares, y carecía de protección efectiva contra la devolución de personas a países donde pudieran correr riesgo de sufrir persecución u otras violaciones graves de derechos humanos. La ley no exigía que la persona expulsada hubiera sido declarada culpable o acusada de un delito relacionado con el terrorismo. La expulsión podía ser ordenada por el ministro del Interior o, por delegación, por un prefecto (Prefetto). La Ley no exigía la confirmación o autorización judicial de la decisión de expulsión ni de su aplicación. Sí preveía la posibilidad de recurrir judicialmente contra la decisión, pero la apelación no suspendía automáticamente la expulsión. En sus observaciones finales, publicadas el 18 de mayo, el Comité de la ONU contra la Tortura recomendó a Italia que cumpliese plenamente el artículo 3 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en relación con la devolución. El Comité mostró una preocupación especial por la Ley Pisanu.

El 4 de enero, Cherif Foued Ben Fitouri fue expulsado de Italia a Túnez en virtud de las disposiciones de la Ley Pisanu. Según la orden, se le expulsaba por conocer a personas relacionadas con grupos islámicos que presuntamente planeaban actos terroristas. En Túnez lo recluyeron en régimen de aislamiento en dependencias del Ministerio del Interior. El 16 de enero lo trasladaron a una prisión bajo la jurisdicción militar. Según los informes recibidos por Amnistía Internacional, mientras permaneció detenido en Túnez lo sometieron a tortura y otras formas de malos tratos. Al final del año seguía recluido en Túnez.
El 29 de mayo, las autoridades italianas solicitaron al gobierno tunecino garantías diplomáticas de que, si Nassim Saadi era expulsado de Italia a Túnez, no recibiría un trato contrario al artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe la tortura y los tratos inhumanos o degradantes. El 8 de agosto de 2006, el ministro del Interior había ordenado la expulsión de Nassim a Túnez. El 14 de septiembre de 2006, Nassim Saadi presentó una petición ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para que suspendiese su expulsión. El Tribunal dictó una medida provisional en virtud de la cual se suspendía la expulsión hasta nueva orden.

Fuerzas de seguridad y policiales

Italia seguía sin contar con un mecanismo efectivo de rendición de cuentas policial. Se registraron irregularidades en los procesos judiciales contra funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, acusados de cometer violaciones de derechos humanos. Una persona murió por los disparos de un agente encargado de hacer cumplir la ley y otra murió bajo custodia policial en circunstancias que al final del año estaban siendo objeto de investigaciones judiciales. Se dictaron las primeras condenas por malos tratos policiales durante la Cumbre del G-8 celebrada en Génova.

El 19 de octubre comenzó el juicio contra cuatro agentes de policía acusados del homicidio voluntario de Federico Aldrovandi, que falleció en Ferrara el 25 de septiembre de 2005 después de que cuatro agentes de policía le dieran el alto. Durante las investigaciones prejudiciales, las muestras de sangre tomadas en el lugar donde murió Federico Aldrovandi se perdieron y volvieron a aparecer; también se manipularon los registros de las llamadas telefónicas que se realizaron a los servicios de emergencia la noche en que murió Federico Aldrovandi.
El 4 de abril, según los informes, agentes encargados de hacer cumplir la ley utilizaron fuerza excesiva para controlar un enfrentamiento potencialmente violento entre seguidores de los equipos de fútbol AS Roma y Manchester United, durante un partido en el Estadio Olímpico de Roma. Imágenes y declaraciones de testigos a Amnistía Internacional mostraron que entre 60 y 100 agentes de policía italianos irrumpieron en la zona del estadio donde se encontraban los seguidores del Manchester y los golpearon severamente con porras. Varias víctimas contaron que los agentes de policía las habían golpeado repetidamente cuando se encontraban tendidas en el suelo, y en la cabeza y en la espalda desde atrás. Al final del año algunos de los agredidos todavía no se habían recuperado de las lesiones y a otros les habían dicho que quedarían parcialmente incapacitados para el resto de sus vidas.

Juicios relacionados con los incidentes durante la Cumbre del G-8

Continuaron los juicios contra los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley implicados en las operaciones policiales llevadas a cabo con motivo de la Cumbre del G-8 en Génova en 2001. Se calculaba que unas 200.000 personas participaron en las manifestaciones antiglobalización que recorrieron las calles de Génova en los días inmediatamente anteriores y durante la Cumbre.

El 17 de enero se supo que habían desaparecido pruebas clave durante una vista del juicio contra 29 agentes de policía procesados por varios cargos, entre ellos violencia y simulación de hecho punible en relación con el asalto policial a la escuela Díaz. La comisaría de policía (Questura) de Génova declaró que podían haber sido «destruidas por error».
En mayo se impuso la primera condena relacionada con los incidentes ocurridos durante la Cumbre del G-8. El Ministerio del Interior fue condenado a indemnizar con 5.000 euros a Marina Spaccini y con 18.000 euros a Simona Zabetta Coda, que habían sido golpeadas por agentes de policía en Génova.
En marzo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos admitió la petición presentada en el caso de Carlo Giuliani, que murió por los disparos de un agente encargado de hacer cumplir la ley durante la Cumbre del G-8.

Comité de la ONU contra la Tortura

El 18 de mayo, el Comité contra la Tortura publicó sus observaciones finales sobre Italia. El Comité recomendó a Italia que incorporase en su derecho interno el delito de tortura y adoptase una definición de tortura que abarcase todos los elementos contenidos en el artículo 1 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. También recomendó que todos los agentes encargados de cumplir la ley contasen con el equipo y la formación adecuados para emplear medios no violentos y para no recurrir a la fuerza y a las armas de fuego más que cuando ello fuera estrictamente necesario, y de forma proporcional. El Comité observó con preocupación la persistencia de denuncias de uso excesivo de la fuerza y de malos tratos por parte de agentes de las fuerzas del orden. En relación con la rendición de cuentas de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que empleaban violencia innecesaria y desproporcionada, el Comité contra la Tortura recomendó que Italia «ref[orzase] sus medidas para garantizar una investigación pronta, imparcial y efectiva de todas las denuncias de tortura y malos tratos cometidos por agentes de las fuerzas del orden».

Derechos de las personas migrantes y refugiadas

Italia seguía sin contar con una legislación específica y exhaustiva en materia de asilo, acorde con la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados.El 24 de abril, el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley del gobierno que contenía nuevas propuestas para la detención de personas migrantes. El proyecto de ley establecía directrices para enmendar la Ley Integral sobre Inmigración 286/98 (Testo Unico Immigrazione, conocida como ley turco-napolitana), modificada por la Ley 189/02 (conocida como ley Bossi-Fini). Estas directrices incluían normas sobre personas menores de edad no acompañadas, detención y expulsión. El Ministerio del Interior emitió una directiva en la que solicitaba que las prefecturas correspondientes permitiesen el acceso del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), «organizaciones humanitarias e internacionales», ONG locales y profesionales del periodismo a los centros de detención de personas solicitantes de asilo y de migrantes en situación irregular.En sus observaciones finales publicadas el 18 de mayo, el Comité contra la Tortura afirmó que Italia debía tomar medidas efectivas para garantizar que no se utilizaba la detención de solicitantes de asilo y otros no nacionales más que en circunstancias excepcionales o como último recurso, y en tales casos sólo durante el periodo más breve posible. El Comité también afirmó que Italia debía velar por que los tribunales llevasen a cabo un examen judicial más eficaz de la detención de estas personas.

Discriminación contra personas de etnia romaní

El 2 de noviembre entró en vigor un decreto ley urgente que permitía a las autoridades italianas expulsar a ciudadanos de la Unión Europea por motivos de seguridad pública. El decreto ley incumplía la Directiva 2004/38/CE de la Unión Europea y parecía dirigirse a los ciudadanos rumanos de origen romaní, como reacción ante el presunto asesinato en Roma de una mujer italiana a manos de un hombre al que se describió como un romaní procedente de Rumania. Al cumplirse dos semanas de la entrada en vigor del decreto ley se había expulsado a 177 personas.En mayo, los alcaldes de Roma y Milán firmaron «pactos de seguridad» que preveían el desalojo forzoso de hasta 10.000 personas de etnia romaní. A lo largo del año, las autoridades italianas llevaron a cabo desalojos a gran escala de comunidades romaníes, lo que contravenía las normas internacionales de derechos humanos. Varias personalidades políticas utilizaron lenguaje discriminatorio, entre ellas el prefecto de Roma, Carlo Mosca, que, según los informes, a principios de noviembre se refirió a los romaníes de origen rumano como «bestias» (bestie).

Informes y visitas de Amnistía Internacional

Delegaciones de Amnistía Internacional visitaron Italia en abril y octubre.
Europe and Central Asia: Summary of Amnesty International’s concerns in the region January-June 2007 (EUR 01/010/2007)
Italy: A briefing to the UN Committee against Torture (EUR 30/03/2007)