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Con el cierre del Tíbet, no se sabe nada de un millar de manifestantes

Fri, 20 Jun 2008 17:06:48 +0100

Mientras la antorcha olímpica viaja a Lhasa, Amnistía Internacional ha instado al gobierno chino a que proporcione información sobre el más de un millar de personas detenidas durante las protestas del pasado marzo, y ha pedido que se permita libre acceso al Tíbet a los observadores independientes.

La petición se ha producido al tiempo que Amnistía Internacional publicaba una actualización sobre la situación en el Tíbet desde el estallido de violencia. En ella se examinan la violenta represión –que aún continúa– contra los manifestantes, la situación de las personas detenidas –incluidas las que, según los informes, han sido golpeadas y privadas de atención médica y comida adecuadas– y la fuerte censura a la que se enfrentan periodistas y residentes del Tíbet.

“Apenas sale información del Tíbet, pero la que sale dibuja una triste imagen de detenciones arbitrarias y abusos contra personas detenidas”, ha manifestado Sam Zarifi, director del Programa para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional.

“Ahora que la antorcha se aproxima a tierras tibetanas, debería aprovecharse la oportunidad para arrojar alguna luz sobre la situación que se vive allí.”

Los informes oficiales sólo incluyen datos del reducido número de personas que han sido condenadas tras juicios cuestionables.

A los periodistas extranjeros sigue bloqueándoseles la entrada en el Tíbet. Los escasos informes que amigos y familiares han podido hacer llegar a los medios de comunicación y las organizaciones tibetanas hablan de que la policía y las fuerzas de seguridad han confiscado teléfonos móviles, ordenadores y otro equipo de comunicaciones en centenares de asaltos a monasterios, conventos y domicilios privados, lo que impide físicamente a miles de personas comunicarse con el mundo exterior.

Quienes se atreven a buscar maneras de enviar información sobre las protestas y las detenciones a los medios de comunicación extranjeros o a las organizaciones de derechos humanos se exponen a la detención y el encarcelamiento.

“El cierre completo del Tíbet está permitiendo que abusos contra los derechos humanos tales como detenciones arbitrarias, malos tratos y una fuerte censura queden sin denunciar e impunes”, ha manifestado Sam Zarifi.

“Centenares de personas languidecen en prisiones chinas por expresar de forma pacífica su opinión, en condiciones espantosas y sin que sus familias sepan siquiera dónde se encuentran. El paso de la antorcha debe brindar a los periodistas la oportunidad de ver la situación real sobre el terreno y promover las ‘Olimpiadas libres y abiertas’ prometidas en el Plan de Acción Olímpico de Pekín.”

Las autoridades chinas no sólo han detenido a monjes y monjas, entre otros manifestantes, sino que también han atacado a artistas tibetanos que no han participado directamente en las protestas. Lo que estas figuras tienen en común son sus esfuerzos para proteger y conservar la cultura tibetana. Jamyang Kyi, conocida cantante, presentadora de televisión y productora, fue detenida el 1 de abril en su trabajo en la emisora de TV Qinghai y permaneció recluida en régimen de incomunicación al menos un mes antes de que, según se cree, la pusieran bajo arresto domiciliario, y eso sólo tras pagar una fuerte multa.

Información complementaria

Las protestas iniciales de después del 10 de marzo se tornaron violentas y empezaron a atacar a personas y empresas chinas de la etnia han. Sin embargo, se cree que los manifestantes, muchas veces encabezados por monjes y monjas, se han comportado de manera básicamente pacífica desde el 14 de marzo, cuando el Dalai Lama los exhortó a evitar la violencia.

El viaje de la antorcha olímpica a través de China está siendo sometido a una fuerte vigilancia, y los periodistas están sujetos a un fuerte control en zonas como la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang. El relevo originalmente previsto de la antorcha en su viaje por el Tíbet se ha cambiado de fecha y, según los informes, tendrá lugar el sábado 21 de junio.

China: Con el cierre del Tíbet, no se sabe nada de un millar de manifestantes

Fri, 20 Jun 2008 07:05:43 +0100

Mientras la antorcha olímpica viaja a Lhasa, Amnistía Internacional ha instado hoy, 18 de junio, al gobierno chino a que proporcione información sobre el más de un millar de personas detenidas durante las protestas del pasado marzo, y ha pedido que se permita libre acceso al Tíbet a los observadores independientes.

La petición se ha producido al tiempo que Amnistía Internacional publicaba una actualización sobre la situación en el Tíbet desde el estallido de violencia. En ella se examinan la violenta represión –que aún continúa– contra los manifestantes, la situación de las personas detenidas –incluidas las que, según los informes, han sido golpeadas y privadas de atención médica y comida adecuadas– y la fuerte censura a la que se enfrentan periodistas y residentes del Tíbet.

“Apenas sale información del Tíbet, pero la que sale dibuja una triste imagen de detenciones arbitrarias y abusos contra personas detenidas”, ha manifestado Sam Zarifi, director del Programa para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional.

“Ahora que la antorcha se aproxima a tierras tibetanas, debería aprovecharse la oportunidad para arrojar alguna luz sobre la situación que se vive allí.”

Los informes oficiales sólo incluyen datos del reducido número de personas que han sido condenadas tras juicios cuestionables.

A los periodistas extranjeros sigue bloqueándoseles la entrada en el Tíbet. Los escasos informes que amigos y familiares han podido hacer llegar a los medios de comunicación y las organizaciones tibetanas hablan de que la policía y las fuerzas de seguridad han confiscado teléfonos móviles, ordenadores y otro equipo de comunicaciones en centenares de asaltos a monasterios, conventos y domicilios privados, lo que impide físicamente a miles de personas comunicarse con el mundo exterior.

Quienes se atreven a buscar maneras de enviar información sobre las protestas y las detenciones a los medios de comunicación extranjeros o a las organizaciones de derechos humanos se exponen a la detención y el encarcelamiento.

“El cierre completo del Tíbet está permitiendo que abusos contra los derechos humanos tales como detenciones arbitrarias, malos tratos y una fuerte censura queden sin denunciar e impunes”, ha manifestado Sam Zarifi.

“Centenares de personas languidecen en prisiones chinas por expresar de forma pacífica su opinión, en condiciones espantosas y sin que sus familias sepan siquiera dónde se encuentran. El paso de la antorcha debe brindar a los periodistas la oportunidad de ver la situación real sobre el terreno y promover las ‘Olimpiadas libres y abiertas’ prometidas en el Plan de Acción Olímpico de Pekín.”

Las autoridades chinas no sólo han detenido a monjes y monjas, entre otros manifestantes, sino que también han atacado a artistas tibetanos que no han participado directamente en las protestas. Lo que estas figuras tienen en común son sus esfuerzos para proteger y conservar la cultura tibetana. Jamyang Kyi, conocida cantante, presentadora de televisión y productora, fue detenida el 1 de abril en su trabajo en la emisora de TV Qinghai y permaneció recluida en régimen de incomunicación al menos un mes antes de que, según se cree, la pusieran bajo arresto domiciliario, y eso sólo tras pagar una fuerte multa.

Información complementaria

Las protestas iniciales de después del 10 de marzo se tornaron violentas y empezaron a atacar a personas y empresas chinas de la etnia han. Sin embargo, se cree que los manifestantes, muchas veces encabezados por monjes y monjas, se han comportado de manera básicamente pacífica desde el 14 de marzo, cuando el Dalai Lama los exhortó a evitar la violencia.

El viaje de la antorcha olímpica a través de China está siendo sometido a una fuerte vigilancia, y los periodistas están sujetos a un fuerte control en zonas como la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang. El relevo originalmente previsto de la antorcha en su viaje por el Tíbet se ha cambiado de fecha y, según los informes, tendrá lugar el sábado 21 de junio.

Los activistas de Tiananmen deben quedar en libertad

Fri, 30 May 2008 18:53:02 +0100

El miércoles 4 de junio de 2008 se cumple el decimonoveno aniversario de la represión por el gobierno chino de las manifestaciones en favor de la democracia celebradas en la plaza de Tiananmen de Pekín y en sus alrededores.

Durante las manifestaciones que allí se celebraron en 1989 en favor de la democracia, el ejército chino mató a cientos de civiles e hirió a miles más, y decenas de miles de personas fueron detenidas. Con posterioridad, fueron muchos más los activistas a los que se encarceló por cuestionar o recordar al gobierno su actuación de aquel entonces.

Cuando faltan dos meses para que comiencen los Juegos Olímpicos de Pekín, Amnistía Internacional vuelve a pedir a las autoridades chinas que pongan en libertad a las personas que aún permanecen encarceladas por estos motivos, que lleven ante la justicia a los responsables de la represión y que permitan las muestras de duelo y los actos públicos en recuerdo de las víctimas. Esta actitud garantizaría en gran medida un legado positivo de los Juegos Olímpicos en materia de derechos humanos.

El 2 de junio, desde Londres a Tel Aviv o Ciudad de México, se manifiestan miles de simpatizantes de Amnistía Internacional. Muchos de ellos depositarán flores rojas y blancas en solidaridad con los familiares de las personas muertas y encarceladas. Muchos guardarán también un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del terremoto ocurrido recientemente en la provincia china de Sichuan.

Amnistía Internacional pide a las autoridades chinas que reaccionen con prontitud y sensibilidad a las necesidades de las numerosas víctimas de esta catástrofe natural.

En el decimonoveno aniversario de la represión de las manifestaciones en favor de la democracia, Amnistía Internacional insta a las autoridades chinas a que muestren una sensibilidad similar respecto a los familiares de las personas que murieron y de las encarceladas o silenciadas por ejercer su derecho a manifestarse.

Las estadísticas oficiales son secretas, pero según la Fundación Dui Hua, con sede en Estados Unidos, siguen en prisión entre 60 y 100 personas por estos motivos. El año pasado, en vísperas de aniversario, la Red China de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos hizo pública una lista de 13 personas privadas de libertad por estos motivos, sólo en Pekín. Las autoridades chinas pusieron en libertad a varias en 2006, pero siguen ejerciendo sobre ellas una estrecha vigilancia policial e impidiéndoles la realización de actividades consideradas políticamente delicadas, como hablar con periodistas sobre sus experiencias.

Entre las personas que permanecen en prisión se encuentran:

Miao Deshun, detenido en junio de 1989 y declarado culpable de incendio premeditado. La pena que se le impuso en un principio, condena de muerte condicional, se rebajó en 1991 a cadena perpetua y en 1998 a 20 años de cárcel. En la actualidad se encuentra recluido en la prisión de Yanqing, en los alrededores de Pekín, y está previsto que quede en libertad el 15 de septiembre de 2018.

Liu Zhihua formaba parte de un grupo de trabajadores que organizaron una huelga en la planta de maquinaria eléctrica de Xiangtan, en la provincia de Hubei. Tras ser condenado en un principio a cadena perpetua por pronunciar discursos “contra el gobierno” e incitar a la multitud a realizar “actos de violencia física, destrozos y saqueos”, le rebajaron la pena a 15 años de prisión en septiembre de 1993, pero en 1997 le impusieron otros cinco años de cárcel tras verse envuelto en una riña. Después de que en 2001 le rebajaran otros dos años de pena por buena conducta, está previsto que quede en libertad el 16 de enero de 2011.

Wang Jun, trabajador de la provincia de Shaanxi que contaba entonces 18 años, recibió una condena a muerte condicional por lanzar piedras, romper farolas y prender fuego a varios vehículos durante los “graves disturbios políticos” ocurridos en la fábrica Xincheng, en la ciudad de Xi'an, el 22 de abril de 1989. En la actualidad se encuentra en la prisión de Fuping, en la provincia de Shaanxi. Después de cuatro reducciones de la pena, está previsto que quede en libertad el 11 de diciembre de 2009.

Más recientemente se ha acosado, detenido y encarcelado a periodistas y a otros activistas que trataban de que la represión no cayera en el olvido. Entre ellos se encuentran:

Las Madres de Tiananmen, grupo de activistas de derechos humanos con hijos y otros parientes cercanos muertos durante la represión, que desde hace tiempo vienen pidiendo a las autoridades chinas que concedan a los familiares de las víctimas el derecho a recordarlas en público, dejen de perseguir a las víctimas y a sus familiares, pongan en libertad a todas las personas que siguen encarceladas por haber participado en manifestaciones pacíficas y lleven a cabo una investigación completa y pública sobre los sucesos ocurridos en junio de 1989. Las autoridades siguen hostigándolas, discriminándolas y deteniéndolas de forma arbitraria.

Yang Tongyan, escritor independiente que utiliza el pseudónimo de Yan Tianshui, continúa cumpliendo 12 años de cárcel en la prisión municipal de Nanquín, en la provincia de Jiangsu, por “actos subversivos” relacionados con varios cargos, como escribir en apoyo de cambios democráticos y políticos en China. Anteriormente había cumplido diez años de cárcel por haber criticado la represión del movimiento en favor de la democracia registrado en 1989 y por el presunto intento de formar un partido político de oposición. En 2007, según los informes, lo obligaron a trabajar en la confección de pelotas de fútbol y baloncesto en un entorno manifiestamente tóxico entre 8 y 10 horas diarias, pero a finales de año le asignaron un trabajo más ligero, el de bibliotecario de la prisión.

Shi Tao sigue cumpliendo 10 años de cárcel por haber enviado en un mensaje de correo electrónico el resumen de un comunicado del Departamento Central de Propaganda sobre el modo como debían tratar los periodistas el decimoquinto aniversario de la represión del movimiento en favor de la democracia registrado en 1989. A finales de junio de 2007 fue trasladado a la prisión de Deshan, en la ciudad de Changde (provincia de Hunan), donde al parecer sus condiciones de reclusión son mejores, y ahora le permiten recibir visitas de su madre con regularidad. Según los informes, el Tribunal Supremo Popular ha aceptado a trámite una petición para que se revise su causa, pero hasta el momento no se han producido más reacciones.

En septiembre de 2004, el ex activista sindical Kong Youping fue condenado a 15 años de cárcel por haber publicado artículos y poemas en Internet en los que pedía que se examinara de nuevo el movimiento en favor de la democracia registrado en 1989. Está cumpliendo su condena en la prisión de Lingyuan, en la provincia de Liaoning.

Secretismo en torno a la pena de muerte

Mon, 14 Apr 2008 16:08:25 +0100

Al menos 1.200 personas fueron ejecutadas en 2007, y muchas más fueron víctimas de homicidios cometidos en secreto por el Estado, en países como China, Mongolia y Vietnam.

Las cifras proceden de Condenas a muerte y ejecuciones en el año 2007, la estadística anual de Amnistía Internacional publicada el martes en la que se afirma que al menos 1.252 personas fueron ejecutadas en 24 países y no menos de 3.347 fueron condenadas a muerte en 51 países. Se calcula que en todo el mundo hay hasta 27.500 personas pendientes de ejecución.

Las cifras también muestran un aumento de las ejecuciones en algunos países. Irán ejecutó a no menos de 317 personas, Arabia Saudí a 143 y Pakistán a 135, frente a las 177, 39 y 82 ejecuciones llevadas a cabo respectivamente en esos países en 2006.

El 88 por ciento de todas las ejecuciones conocidas se produjeron en cinco países: Arabia Saudí, China, Estados Unidos, Irán y Pakistán. Arabia Saudí tenía el índice más alto de ejecuciones per cápita, seguido de Irán y Libia. Amnistía Internacional ha podido confirmar un mínimo de 470 ejecuciones en China, la cifra global más elevada. Sin embargo, la organización ha manifestado que la cifra real de ejecuciones en ese país es sin duda muy superior.

China, a la que en el informe se califica como el país en donde se llevan a cabo más ejecuciones, considera la pena de muerte como secreto de Estado. Sólo las autoridades chinas saben exactamente a cuántas personas se ha matado con autorización del Estado, mientras que el resto del mundo y quienes asistan a los Juegos Olímpicos no pueden hacer más que conjeturas.

“Debe ponerse fin a la ocultación del uso de la pena de muerte: hay que levantar el velo de misterio en torno a la pena capital. Muchos gobiernos afirman que las ejecuciones cuentan con el apoyo de la opinión pública; por lo tanto, la gente tiene derecho a saber qué se está haciendo en su nombre”, ha afirmado Amnistía Internacional.

Durante 2007, muchos países continuaron ejecutando a personas por delitos que en general no se consideran graves, o tras someterlas a juicios sin las debidas garantías, como ocurrió en los casos siguientes:

En julio, Ja'Far Kiani, padre de dos hijos, fue lapidado por adulterio en Irán.
En octubre, el gerente de una fábrica de Corea del Norte, de 75 años, fue fusilado por no comunicar el origen de su familia, invertir su propio dinero en la fábrica, nombrar a sus hijos directores de la misma y hacer llamadas internacionales.
En noviembre, Mustafa Ibrahim, ciudadano egipcio, fue decapitado en Arabia Saudí por practicas de hechicería.
El 25 de septiembre, Michael Richard fue ejecutado en Texas, Estados Unidos, tras negarse un juzgado estatal a permanecer abierto 15 minutos más para permitir la presentación de un recurso basado en la constitucionalidad de la inyección letal. Los abogados de Richard no habían podido presentar el recurso a tiempo a causa de un problema informático, que ya habían comunicado al juzgado. Posteriormente, la Corte Suprema estadounidense se negó a suspender la ejecución. Ese mismo día, sin embargo, en relación con un caso de Kentucky, había accedido a revisar la cuestión de la inyección letal, una decisión que de hecho significó la suspensión de todas las demás ejecuciones por inyección letal pendientes en todo el país. Se espera que la Corte Suprema tome una decisión a finales de este año.

Tres países —Arabia Saudí, Irán y Yemen— llevaron a cabo ejecuciones por delitos cometidos por personas menores de 18 años, lo que vulnera el derecho internacional.

Sin embargo, en 2007 también hubo buenas noticias sobre la pena de muerte. La Asamblea General de las Naciones Unidas votó a favor —por 104 votos frente a 54 y 29 abstenciones— de poner fin al uso de la pena de muerte.

“La Asamblea General de la ONU tomó la decisión histórica de pedir a todos los países del mundo que dejen de ejecutar a personas. Que la resolución se aprobase en diciembre con una mayoría tan clara demuestra que la abolición mundial de la pena de muerte es posible”, ha manifestado Amnistía Internacional.

“La muerte a manos del Estado es uno de los actos más drásticos que un gobierno puede llevar a cabo. Instamos a todos los gobiernos a que cumplan con las obligaciones contraídas en la ONU y eliminen la pena de muerte de una vez por todas.”

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Decisiva resolución de la ONU para una moratoria universal de las ejecuciones (Artículo, 15 noviembre 2007)

Hu Jia, condenado a tres años y medio de cárcel

Fri, 04 Apr 2008 10:37:13 +0100

El activista de derechos humanos chino Hu Jia ha sido condenado a tres años y medio de cárcel por “incitar a la subversión del poder del Estado”.

Tras pasar meses bajo arresto domiciliario, Hu Jia fue detenido el 27 de diciembre de 2007. El 28 de enero de 2008 se presentaron formalmente cargos contra él, y el 18 de marzo fue juzgado en el Tribunal Popular Municipal Intermedio núm. 1 de Pekín.

"Esta sentencia es un castigo contra Hu Jia por criticar públicamente las violaciones de derechos humanos en China, y una advertencia a cualquier otro activista de China que se atreva a plantear públicamente cuestiones de derechos humanos”, ha dicho Amnistía Internacional.

“También convierte en una burla las promesas de las autoridades chinas de mejorar la situación de los derechos humanos en el periodo previo a los Juegos Olímpicos.”

Antes de su detención oficial, Hu Jia había expresado públicamente su preocupación por los abusos contra los derechos humanos cometidos por la policía en Pekín, como la detención de activistas sin ajustarse al debido procedimiento legal. Esto fue lo que ocurrió con el activista en favor de los derechos a la tierra Yang Chunlin y el defensor de los derechos humanos Lu Gengsong, ambos detenidos también por cargos de subversión.

Durante su detención, Hu fue sometido a 47 interrogatorios largos y reiterados. No pudo acceder a su abogado, ver a sus familiares ni recibir tratamiento médico, ni siquiera la medicación que necesita tomar diariamente para la enfermedad hepática que padece a consecuencia de una infección por hepatitis B. Su esposa, Zeng Jinyan, sigue bajo arresto domiciliario junto con su hija de meses.

Amnistía Internacional considera a Hu Jia preso de conciencia y ha exigido su puesta en libertad inmediata e incondicional. La organización insta al Comité Olímpico Internacional y a los dirigentes mundiales que han apostado por las Olimpiadas a que expresen públicamente su preocupación por la difícil situación que atraviesan tanto él como otros muchos activistas pacíficos en China que han sido silenciados en el periodo previo a las Olimpiadas. De no denunciar la situación, se produciría una “conspiración de silencio” que las autoridades percibirían como apoyo tácito de tal represión.

Hu comenzó como activista sobre cuestiones relacionadas con el sida en 2001. Es cofundador del Instituto Aizhixing de Educación sobre Salud de Pekín y de Loving Source, organización de base dedicada a ayudar a niños y niñas procedentes de familias con sida.

Sin embargo, debido a sus actividades y a su franqueza al exponer sus opiniones, Hu Jia ha sido hostigado y golpeado reiteradamente por la policía. Según su esposa, Zeng Jinyan: “Sin contar una vez, en 2002, en que la policía detuvo a Hu mientras entrevistaba a unos habitantes de un pueblo en el que había un gran número de casos de sida, el 3 de abril de 2008 habrá pasado exactamente cuatro años bajo diversas formas de encarcelamiento”.

Hu amplió su campo de acción y comenzó a informar sobre una gama más amplia de violaciones de derechos humanos y a dar entrevistas a los medios de comunicación extranjeros. En noviembre de 2007 participó mediante una webcam en una sesión parlamentaria de la Unión Europea en Bruselas, en la que afirmó que China no había cumplido sus promesas de mejorar la situación de los derechos humanos antes de las Olimpiadas.

En un artículo publicado el 10 de septiembre de 2007 en su blog, Hu Jia afirmaba: "Todo el mundo debe saber que el país que está a punto de ser anfitrión de los Juegos Olímpicos no tiene elecciones democráticas, libertad de culto ni tribunales o sindicatos independientes. Prohíbe las manifestaciones y las huelgas. Es un Estado donde la tortura y la discriminación son prácticas muy extendidas, y que emplea un enorme sistema de policía secreta. Se trata de una nación que viola las normas de derechos humanos y la dignidad humana, y no está dispuesta a cumplir sus obligaciones internacionales”.

En una conferencia de prensa conjunta con el ministro de Asuntos Exteriores británico, David Miliband, celebrada en Pekín el 28 de febrero de 2008, el ministro de Asuntos Exteriores chino, Yang Jiechi, afirmó: “Nadie será detenido por decir que los derechos humanos son más importantes que los Juegos Olímpicos. Eso es imposible”.

Amnistía Internacional cree que esta sentencia invalida la idea de que los ciudadanos chinos son libres de tener opiniones y decir lo que piensan sin sufrir represalias de las autoridades, y es una advertencia para otros activistas de China que podrían atreverse a plantear públicamente motivos de preocupación con respecto a los derechos humanos.

Hu Jia en su domicilio tras haber sido detenido en régimen de incomunicación, Pekín, julio de 2006.

China: Los líderes mundiales y el COI deben pedir la liberación del activista de los derechos humanos Hu Jia

Fri, 04 Apr 2008 09:47:18 +0100

Amnistía Internacional ha condenado hoy, 3 de abril de 2008, la decisión de las autoridades chinas de declarar al defensor de los derechos humanos Hu Jia culpable del cargo de “incitar a la subversión del poder del Estado”, pues se le castiga por ejercer su derecho a la libertad de expresión y denunciar las violaciones de derechos humanos que se cometen en China. La organización considera a Hu Jia preso de conciencia, y se ha opuesto desde el primer momento a su detención y al “arresto domiciliario” de su esposa y su hija de corta edad.

"Debe ponerse a Hu Jia en libertad de inmediato y sin condiciones y anularse la sentencia condenatoria dictada contra él –ha manifestado Amnistía Internacional –Esta sentencia convierte en una farsa la idea de que los ciudadanos chinos son libres de mantener sus opiniones y expresarlas sin sufrir represalias de las autoridades y sirve de advertencia a otros activistas de China que puedan atreverse a exponer públicamente motivos de preocupación en materia de derechos humanos."

La sentencia dictada contra Hu Jia demuestra que las autoridades chinas siguen sin cumplir su promesa de mejorar la situación de los derechos humanos durante los preparativos de los Juegos Olímpicos.

Amnistía Internacional hace un llamamiento a los líderes mundiales y al Comité Olímpico Internacional (COI) para que pidan la liberación incondicional de Hu Jia y de otros activistas de China a los que se ha silenciado y encarcelado por el simple hecho de ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión y asociación en el periodo previo a los Juegos Olímpicos. El silencio de otros gobiernos del mundo podría animar a las autoridades chinas a cometer nuevos actos de represión durante los preparativos de los Juegos.

Información complementaria

Como cofundador del Instituto Aizhixing de Educación sobre Salud de Pekín, Hu Jia comenzó haciendo activismo sobre cuestiones de VIH/sida, pero pronto amplió sus intereses para abarcar diversos problemas de derechos humanos. En septiembre de 2007 publicó un articulo, junto con otro activista, Teng Biao, sobre violaciones de derechos humanos cometidas durante los preparativos de los Juegos Olímpicos. El 28 de enero de 2008, la policía lo acusó formalmente de “incitar a la subversión”, cargo que se utiliza habitualmente en China para silenciar y encarcelar a activistas pacíficos.

Véanse el último informe de Amnistía Internacional sobre este asunto, La cuenta atrás para los Juegos Olímpicos: La represión de activistas amenaza el legado olímpico, y su actualización especial sobre el Tíbet

Nota para periodistas:

Amnistía Internacional ha conseguido los derechos de emision del documental de Hu
Jia,”'Prisoners in Freedom City” (Prisioneros en la Ciudad de la Libertad), que rodó
desde la ventana de su casa cuando se encontraba bajo arresto domiciliario. El
documental muestra la reclusion y el acoso que sufrieron él y su familia, con imágenes
de policías vestidos de civil en la puerta de su casa y comentarios de Hu Jia sobre el
transcurso de la vida cotidiana. Su duración es de 30 minutos y puede difundirse. Tiene
subtítulos en ingles y en chino y está disponible en formato DVCAM (PAL). Si alguna
emisora desea recibirlo, AI puede enviarlo por servicio de mensajería (la película no
se puede descargar). Llamen a David Whitbourn de Producción Audiovisual, Londres,
Reino Unido, al +44 (0)7778 472 107.

¡Permiso denegado! Activista en favor del derecho a la vivienda encarcelado

Tue, 01 Apr 2008 11:54:35 +0100

Ye Guozhu, activista a favor del derecho a una vivienda, cumple una condena de cuatro años de prisión que le fue impuesta por solicitar permiso para celebrar una manifestación en contra de los desalojos forzosos en Pekín.

En diciembre de 2004, Ye Guozhu, que entonces tenía 49 años, fue declarado culpable de “buscar pelea y armar líos” tras oponerse a la expropiación y demolición de propiedades para dejar sitio a nuevos proyectos de construcción para los Juegos Olímpicos que tendrán lugar este año.

El restaurante y la vivienda de Ye Guozhu se encontraban entre las numerosas propiedades expropiadas cuando autoridades del distrito pekinés de Xuanwu se pusieron de acuerdo con algunos promotores inmobiliarios para obligar a un gran número de personas residentes en la ciudad a trasladarse de lugar. No recibió ninguna indemnización.

Según los informes ha sido torturado bajo custodia. Agentes de policía lo colgaron del techo por los brazos y lo golpearon repetidas veces mientras permanecía detenido de forma preventiva, y hacia finales de 2006 fue golpeado con porras eléctricas en la prisión pekinesa de Chaobai.

Lo han trasladado dos veces a la prisión de Qingyuan para someterlo a periodos de “disciplina”, la última en febrero de 2007 por un periodo de 10 meses, al parecer porque había intentado recurrir contra su sentencia.

Las autoridades chinas no han confirmado ni han desmentido estos informes, aunque fuentes oficiales han confirmado que estaba recibido tratamiento por “hipertensión” arterial. También han confirmado que se encontraba recluido en la prisión de Chaobai y que su liberación estaba prevista para el 26 de julio de 2008.

Según los informes recibidos por la organización, las autoridades penitenciarias le facilitan sólo medicación básica contra la hipertensión y no permiten a sus familiares llevarle medicinas. Al parecer, Ye Guozhu permanece encarcelado en régimen de incomunicación durante su reclusión “disciplinaria” en la prisión de Qingyuan.

A finales de septiembre de 2007 la policía de Pekín detuvo a Ye Mingjun y Ye Guoqiang, hijo y hermano de Ye Guozhu respectivamente, por "incitar a la subversión”. Habían protestado contra los desalojos forzosos que, según los informes, se han llevado a cabo para dejar sitio a nuevas construcciones para las Olimpiadas de Pekín.

Ye Mingjun fue puesto en libertad bajo fianza en octubre de 2007, pero le advirtieron de que no hablara con los medios de comunicación ya que ello podría tener un “impacto negativo” sobre su situación y la de su padre. Ye Guoqiang fue liberado bajo fianza en enero de 2008, pero a condición de que no se pusiera en contacto con ninguna persona en el extranjero ni continuase con sus actividades reivindicativas.

El desarrollo de Pekín con motivo de los preparativos para las Olimpiadas ha conllevado el derribo de numerosas viviendas. Según Jiang Yu, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, 6.037 familias se han visto desplazadas como consecuencia de los preparativos de los Juegos Olímpicos desde 2002 hasta junio de 2007.

El Centro por el Derecho a la Vivienda contra los Desalojos, con sede en Ginebra, calcula que más de 1.250.000 personas se han visto desplazadas en Pekín como consecuencia de los proyectos de remodelación urbana, algunos de ellos directamente relacionados con los proyectos de construcción para las Olimpiadas de Pekín, y que esa cifra se elevará probablemente a un millón y medio en agosto de 2008. Según los informes, muchas personas han sido desalojadas sin plenas garantías procedimentales ni el debido proceso y sin indemnizaciones adecuadas.

A los vecinos se les realoja por lo general en viviendas situadas en la periferia que, según los informes, suelen ser de mala calidad. En ocasiones, las empresas inmobiliarias –a menudo propiedad de las mismas autoridades locales que desalojaron a los inquilinos o asociadas con ellas– venden después los terrenos a promotores inmobiliarios con pingües beneficios.

Los desalojos forzosos constituyen una violación de los derechos humanos, incluido el derecho a una vivienda adecuada establecido en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que China ha ratificado. Aunque el gobierno chino ha adoptado algunas medidas para garantizar que no se lleven a cabo desalojos forzosos, la aplicación de estas leyes y normativas sigue siendo muy limitada.

Amnistía Internacional considera a Ye Guozhu preso de conciencia, encarcelado únicamente por sus convicciones pacíficas, y pide su liberación inmediata e incondicional.

Asimismo, la organización pide al gobierno chino que ponga fin a los desalojos forzosos llevados a cabo sin las garantías jurídicas apropiadas, sin el debido proceso, sin garantías de un alojamiento alternativo adecuado proporcionado por el gobierno a las personas que no puedan procurárselo por sí mismas y sin indemnización adecuada para cada propiedad afectada.

China - La cuenta atrás para los Juegos Olímpicos: Se acaba el tiempo para mejorar la situación de los derechos humanos

Wed, 02 Apr 2008 08:24:47 +0100

Con motivo del lanzamiento de su informe República Popular de China. La cuenta atrás para los Juegos Olímpicos: La represión de activistas amenaza el legado olímpico, Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades chinas que pongan fin de inmediato a las medidas represivas contra los defensores y defensoras de los derechos humanos en Pekín y en otras partes de China, así como contra las personas que protestan en Tíbet y regiones circundantes.

"La represión de activistas ha aumentado, no disminuido, a causa de los Juegos", ha dicho Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional.

En Pekín y sus alrededores, las autoridades chinas han silenciado y encarcelado a activistas de derechos humanos pacíficos en la "limpieza" previa a los Juegos Olímpicos. En Tíbet y zonas circundantes, la represión policial y militar de los manifestantes ha dado lugar a graves violaciones de derechos humanos en los últimos días.

"Estas actuaciones hacen dudar de que las autoridades chinas se tomen realmente en serio su compromiso de mejorar los derechos humanos antes de las Olimpiadas", ha dicho Irene Khan.

"Hasta ahora, los Juegos Olímpicos no han actuado como catalizador de reformas. Si no se toman medidas urgentes para corregir la situación, cada vez parece más difícil de lograr que las Olimpiadas de Pekín dejen un legado positivo de derechos humanos", ha añadido Khan.

"A falta de sólo cuatro meses, el COI y los dirigentes mundiales deberían expresar su postura enérgicamente: el hecho de que no expresen preocupación ni exijan cambios en público puede interpretarse como un apoyo tácito a las violaciones de derechos humanos perpetradas por las autoridades chinas en la preparación de los Juegos."

Amnistía Internacional pide a las autoridades chinas que:

permitan acceder de inmediato a Tíbet y zonas circundantes a investigadores de las Naciones Unidas y otros observadores independientes;
pongan fin a la detención arbitraria, la intimidación y el hostigamiento de los activistas;
terminen con la detención administrativa punitiva;
permitan que todos los periodistas informen plena y libremente en toda China;
pongan en libertad a todos los presos de conciencia;
reduzcan el número de delitos castigados con la pena capital como paso hacia la abolición de este castigo.

Puntos destacados del informe

Las autoridades han hecho un uso excesivo y en ocasiones letal de la fuerza para dispersar a los manifestantes en Tíbet y zonas circundantes. Amnistía Internacional reconoce la obligación de las autoridades de proteger a personas y propiedades frente a los actos de violencia, incluidos los ataques contra los chinos han, cuyos motivos son aparentemente étnicos, pero su actuación debe seguir los principios de necesidad y proporcionalidad señalados en las normas internacionales de derechos humanos.

A la luz del panorama, largo tiempo documentado, de tortura y otros malos tratos en Tíbet, Amnistía Internacional teme que sea probable que las personas tibetanas detenidas sufran palizas u otros abusos. Algunas corren peligro de ser condenadas a muerte tras juicios injustos. La organización pide a las autoridades que den a conocer los nombres, el paradero y la situación legal de todos los detenidos, y que pongan en libertad a quienes lo estén únicamente por protestar pacíficamente.

El bloqueo informativo casi total de noticias sobre el Tíbet y zonas circundantes no sólo ha dificultado confirmar los informes, sino que traiciona las promesas oficiales de garantizar una "completa libertad de los medios de comunicación" antes de las Olimpiadas.

El informe de AI entra en detalles sobre casos de procesamiento de activistas de derechos humanos por informar sobre abusos o relacionar sus motivos de preocupación respecto a los derechos humanos con la organización de los Juegos por Pekín. Amnistía Internacional pide que sean puestos inmediatamente en libertad incondicional los activistas pacíficos detenidos únicamente por expresar sus opiniones, como:

El activista en favor de los derechos a la tierra Yang Chunlin, condenado a cinco años de cárcel el 25 de marzo por "incitación a la subversión" tras encabezar una campaña bajo el lema "No queremos Olimpiadas, queremos derechos humanos". Según los informes, Yang Chunlin fue torturado por la policía bajo custodia, pero no le dieron oportunidad de denunciar estas torturas ante el tribunal.
El activista de Pekín Hu Jia, juzgado el 18 de marzo por "incitación a la subversión" en relación con sus actividades de derechos humanos, tras haber pasado ya muchos meses bajo una invasiva "detención domiciliaria". Su esposa, Zeng Jinyan, sigue recluida bajo estrecha vigilancia policial en su domicilio junto con su hija recién nacida.

La "limpieza" previa a los Juegos también ha provocado la detención de miles de personas que presentan peticiones ante las autoridades en Pekín, muchas de las cuales han sido enviadas a sus provincias de origen. Estas prácticas recuerdan el sistema de "custodia y repatriación", un sistema de detención hasta la repatriación para migrantes internos que fue suprimido en 2003 a bombo y platillo y anunciado en China como un importante paso adelante para los derechos humanos. Algunos de estos peticionarios también han sido asignados a "reeducación por el trabajo", otro sistema abusivo de detención sin juicio que ha permanecido estancado en la agenda de reformas de China durante muchos años.

La nueva normativa introducida el año pasado y encaminada a aumentar la libertad para informar de los periodistas extranjeros en China no se ha aplicado en Tíbet, y son varios los periodistas a los que se ha impedido informar sobre cuestiones delicadas en Pekín y en otras zonas de China. Entretanto, los medios de comunicación nacionales continúan sometidos a estrictas restricciones y la censura de Internet se ha endurecido, siendo varios sitios web de Pekín de noticias sobre VIH/sida los últimos en sentir sus embates. Los informes indican que los controles informativos también se están extendiendo al servicio de mensajes cortos de texto (SMS) en Pekín.

En el informe se acogen con satisfacción las afirmaciones oficiales según las cuales el año pasado se redujeron significativamente las condenas a muerte y las ejecuciones como consecuencia de la reintroducción de la revisión de estas condenas por el Tribunal Supremo Popular, pero se pide de nuevo a las autoridades que publiquen estadísticas nacionales completas sobre la pena capital para apoyar estas afirmaciones.

¿Qué legado dejarán las Olimpiadas de Pekín para los derechos humanos?

Tue, 01 Apr 2008 18:14:38 +0100

En abril de 2001, Liu Jingmin, vicepresidente del Comité para la Candidatura de Beijing a las Olimpiadas de 2008, afirmó lo siguiente: “Permitiendo que Pekín sea sede de los Juegos, contribuirán ustedes al desarrollo de los derechos humanos”. Siete años después, el historial de China en materia de derechos humanos muestra pocos signos de mejora, según un informe publicado por Amnistía Internacional.

Se esperaba que los Juegos sirvieran de catalizador para llevar a cabo reformas, pero gran parte de la intensa represión de que están siendo objeto actualmente los activistas y periodistas se está produciendo no a pesar de las Olimpiadas, sino debido a ellas en realidad, según el informe República Popular de China. La cuenta atrás para los Juegos Olímpicos: La represión de activistas amenaza el legado olímpico.

Los cambios positivos, como una reforma del sistema de pena de muerte y mayor libertad de información para los periodistas extranjeros, se han visto ensombrecidos por la paralización de la reforma del sistema de detención sin juicio, la represión de los defensores y defensoras de los derechos humanos y la censura en Internet.

En el informe se pone también de relieve la reciente represión ejercida por las autoridades chinas contra manifestantes en el Tíbet, que ha sido causa de graves violaciones de derechos humanos desde el 10 de marzo de 2008. Las autoridades chinas han recurrido, según informes, a medidas como uso excesivo e innecesario de la fuerza, incluso con medios letales; detenciones arbitrarias, e intimidación.

En respuesta a los disturbios se ha detenido a centenares de personas, que están expuestas a sufrir tortura y otros malos tratos a manos de las fuerzas de seguridad chinas, especialmente las acusadas de actividades “separatistas”.

El bloqueo casi total impuesto a los medios de comunicación en el Tíbet y las zonas circundantes no sólo hace que resulte difícil confirmar los informes que se reciben, sino que constituye también un incumplimiento de la promesa oficial de garantizar “plena libertad a los medios de comunicación” durante los preparativos de las Olimpiadas.

En China también se encuentran recluidos muchos activistas, que han sido llevados a juicio por motivos políticos y a los que Amnistía Internacional considera presos de conciencia. Un creciente número de personas están sometidas a arresto domiciliario. Se imputan delitos muy generales y de definición poco precisa, como “separatismo”, “subversión” y “robo de secretos de Estado” para procesar a personas que desarrollan actividades legítimas y pacíficas en favor de los derechos humanos.

El 25 de marzo, el activista en favor de los derechos a la tierra Yang Chunlin fue condenado a cinco años de prisión, tras ser declarado culpable de “incitar a la subversión” por haber encabezado una campaña de peticiones con el lema “No queremos Olimpiadas, queremos derechos humanos”. Al principio se le negó el acceso a abogados por considerarse que su caso parecía guardar relación con “secretos de Estado”. Según informes, también fue torturado bajo custodia de la policía, pero se le negó la oportunidad de denunciarlo ante el tribunal.

El activista del derecho a la vivienda Ye Guozhu cumple una pena de cuatro años de cárcel por haber solicitado permiso para celebrar una manifestación contra los desalojos forzosos en Pekín. En diciembre de 2004 fue declarado culpable de “buscar pelea y causar disturbios” por su oposición a la confiscación y demolición de edificios para hacer sitio a nuevos proyectos de construcción relacionados con los Juegos Olímpicos de este año.

En mayo de 2006, Pekín amplió el uso de una forma de detención sin juicio denominada “reeducación por el trabajo” para “limpiar” la imagen de la ciudad antes de las Olimpiadas. Este sistema se aplica a quienes cometen delitos menores, pero no están considerados jurídicamente delincuentes. A estas personas, se las obliga a trabajar muchas horas, y pueden estar privadas de libertad hasta cuatro años.

El sistema es muy criticado en China. Su reforma, anunciada hace mucho tiempo, pero ahora detenida, representaría una importante mejora en materia de derechos humanos.

Wang Ling, activista del derecho a la vivienda de Pekín, fue condenada, según informes, a 15 meses de “reeducación por el trabajo” en octubre de 2007 por firmar peticiones y hacer pancartas para protestar por la demolición de su propiedad con objeto de hacer sitio a construcciones olímpicas. Se cree que se encuentra recluida en el centro de “reeducación por el trabajo” de Daxing, en Pekín.

A pesar de la promesa oficial de garantizar “plena libertad a los medios de comunicación”, hecha en julio de 2001, las autoridades continúan valiéndose del cargo de “incitación a la subversión” y otros delitos contra la seguridad del Estado para procesar y encarcelar a escritores y periodistas que ejercen su derecho fundamental a la libertad de expresión.

Hay también una fuerte censura en Internet. Ahora, unas imágenes que representan a agentes de policía advierten a muchos de los 210 millones de usuarios de Internet que hay en China de que no visiten “sitios web ilegales”. Esta policía virtual parece fomentar la autocensura, recordando a los usuarios que las autoridades vigilan atentamente la actividad en la web. Asimismo, se cree que China tiene el sistema de filtro y censura de Internet más amplio, con mejor tecnología y de mayor alcance del mundo.

También se controla el envío de mensajes de texto. En diciembre de 2007, las autoridades municipales de Pekín emitieron un aviso para advertir que quienes utilizaran esta forma de comunicación para “poner en peligro la seguridad pública” o “propagar rumores” serían investigados.

China es líder mundial en lo que al uso de la pena de muerte ser refiere, a pesar de declaraciones oficiales según las cuales el restablecimiento de la revisión de las condenas de muerte por el Tribunal Supremo Popular hizo posible una considerable reducción del número de ejecuciones en 2007. De todos modos, para confirmar este tipo de afirmaciones es esencial publicar estadísticas nacionales completas y otra información detallada sobre la pena de muerte en China. La disminución de las ejecuciones pudo deberse en parte al creciente número de ellas que hay “atrasadas” por estar los condenados a la espera de que el Tribunal Supremo Popular revise sus casos.

En el informe de Amnistía Internacional se insta a las autoridades chinas a que proporcionen de inmediato acceso al Tíbet y las zonas circundantes a investigadores de la ONU y observadores independientes; pongan fin a la detención arbitraria, intimidación y hostigamiento de activistas; dejen de utilizar la detención administrativa con fines punitivos; permitan informar completa y libremente a todos los periodistas en toda China; dejen en libertad a todos los presos de conciencia, y reduzcan el número de delitos por los que pueda imponerse la pena de muerte, con miras a su abolición.

El Tíbet excluido del orden del día del Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Wed, 26 Mar 2008 12:39:53 +0000

En la reunión celebrada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el martes 25 de marzo en Ginebra se impidió que se debatiera la situación en el Tíbet.

Tras las reiteradas protestas de China, el presidente dijo a las ONG que no podían limitar sus observaciones al Consejo –previstas en virtud del correspondiente punto del orden del día– a la situación en un solo país.

Amnistía Internacional había preparado una declaración oral centrada en los graves incumplimientos del compromiso asumido por China en la Declaración de Viena de garantizar a los miembros de la minoría tibetana el ejercicio pleno y efectivo de todos los derechos humanos y libertades fundamentales sin ningún tipo de discriminación.

Debido a las objeciones planteadas por China, la organización se vio obligada a cortar en seco su declaración cuando la estaba formulando. La delegada de Amnistía Internacional ante el Consejo, Patrizia Scanella, concluyó recordando que en la Declaración y Programa de Acción de Viena se afirma que “la promoción y protección de todos los derechos humanos es una preocupación legítima de la comunidad internacional.”.

Otras organizaciones no gubernamentales vieron también frustrados sus esfuerzos por examinar la situación en el Tíbet.

En la declaración de Amnistía Internacional ante el Consejo se expresaba una honda preocupación por las violaciones de derechos humanos cometidas durante los recientes acontecimientos en la Región Autónoma del Tíbet y en regiones vecinas. La organización tenía la intención de pedir al Consejo que abordara la situación.

"Aunque las restricciones impuestas por China en el debate de hoy han causado una gran decepción, Amnistía Internacional acoge con satisfacción que la delegación china, en las observaciones formuladas en el día de hoy, haya aceptado que el examen de la situación en el Tíbet se ajustaba al punto 4 del orden del día [“Situaciones de derechos humanos que requieren la atención del Consejo”], señaló Patrizia Scanella, representante adjunta de Amnistía Internacional ante las Naciones Unidas en Ginebra.