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Brasil: El sistema de justicia penal vuelve a arremeter contra los activistas en favor del derecho a la tierra

Mon, 14 Jul 2008 13:53:18 +0100

A Amnistía Internacional le preocupan los intentos de algunos sectores del sistema de justicia penal de Brasil de criminalizar a los activistas en favor del derecho a la tierra, socavando su lucha en favor de la reforma agraria y violando sus derechos humanos fundamentales.

El origen de esta preocupación es una serie de medidas judiciales inventadas contra activistas en favor del derecho a la tierra en varios estados. En Rio Grande do Sul, fiscales y policía militar han arremetido contra el Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST), presentando cargos penales falsos contra ellos y llevando a cabo desalojos de tierras irregulares y abusivos. En el estado de Pará, unas sentencias jurídicamente impugnables, que pretendían socavar su trabajo, han puesto en peligro a los activistas en favor del derecho a la tierra, mientras quienes los amenazan y los matan continúan impunes.

“El boom agrícola de Brasil no debe producirse a costa de los derechos de las personas más vulnerables o de quienes las defienden”, ha dicho Tim Cahill, investigador sobre Brasil de Amnistía Internacional.

“Las autoridades federales y estatales de Brasil tienen la obligación de proteger los derechos de todos los brasileños, incluido el derecho a alimentación, agua y vivienda adecuadas.”

En Rio Grande do Sul, fiscales estatales y federales con el apoyo de la policía militar se han embarcado en una campaña cuya intención declarada es ilegalizar el Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra. La campaña se ha caracterizado por la presentación de cargos penales contra miembros del MST, impugnaciones legales cuestionables y desalojos irregulares de los campamentos del Movimiento.

La policía militar estatal y los fiscales de Rio Grande do Sul han efectuado reiteradamente denuncias sin fundamento contra el MST, acusándolo, entre otras cosas, de ser una banda criminal, una organización paramilitar y una amenaza para la seguridad nacional. Sin embargo, no han presentado ninguna prueba creíble que sustente estas acusaciones. Es más, una investigación previa de la policía federal sobre acusaciones similares vertidas por terratenientes contra el MST no encontró pruebas que las apoyaran.

Los desalojos de los campamentos del MST, aunque se han basado en órdenes judiciales, a menudo han se han efectuado con uso excesivo de la fuerza, violando así las normas mínimas que establecen el derecho a una vivienda adecuada y a no ser víctima de desalojo forzoso (como dispone el artículo 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDESC). El Estado tampoco ha tomado todas las medidas adecuadas para garantizar que las familias desalojadas no quedan sin techo ni son vulnerables a la violación de otros derechos humanos y que disponen de un lugar alternativo donde vivir y de acceso a tierras productivas (como dispone el párrafo 16 de la Observación general número 7 del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales).

El 17 de junio, la policía militar desalojó a varias familias del MST que llevaban tres años instaladas en tierras que les habían cedido terratenientes locales en el municipio de Carazinho. Los agentes obligaron a varias familias a dejar el campamento y destruyeron cosechas, viviendas, una escuela, una iglesia y una guardería, además de dispersar el ganado. Las familias han tenido que acampar al lado de una gran carretera.

En el estado amazónico de Pará un tribunal federal condenó el 12 de junio a José Batista Gonçalves Afonso, abogado de la Comisión Pastoral de la Tierra de la Iglesia Católica, a dos años y cinco meses de cárcel por organizar la ocupación por parte del MST de un edificio oficial y retener a unos funcionarios contra su voluntad, aunque se encontraba en el edificio negociando con los funcionarios en el momento en que el lugar fue invadido.

Los otros acusados en este mismo caso fueron multados o condenados a realizar trabajos comunitarios. Sólo en el caso de José Batista la condena fue de cárcel, aunque el juez reconoció en la sentencia que el abogado no controlaba a los manifestantes. Esto incrementa la sospecha de que el fallo pretendía socavar la labor de los defensores y defensoras de los derechos humanos en el estado. El abogado ha recurrido la sentencia en libertad.

En los últimos meses se han producido varios incidentes más que ponen de manifiesto la presión a la que se ven sometidos quienes luchan en favor de los derechos de las personas sin tierra en todo Brasil. En mayo, un tribunal del estado de Pará anuló la condena de un campesino acusado de ordenar el asesinato de la hermana Dorothy Stang, destacada defensora del medio ambiente y de los sin tierra. Varios destacados expertos legales y miembros del gobierno federal cuestionaron el fundamento legal del fallo.

Ese mismo mes, familias sin tierra del estado de Paraná fueron atacadas por unos hombres armados contratados que utilizaban un camión acorazado especialmente adaptado. Varios de estos hombres, empleados de la empresa de seguridad privada NF Segurança, ya habían sido acusados de participar en el asesinato de un dirigente del MST en una finca propiedad de la multinacional Syngenta en octubre de 2007. Más de un año después, una investigación de la policía federal concluyó que el personal y los directivos habían cometido diversas irregularidades. Sin embargo, NF Segurança sigue operando como empresa de seguridad, ya que ni el organismo regulador de la policía federal ni los fiscales federales han llevado a cabo el seguimiento de estas acusaciones.

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Documento público
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Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de
Amnistía Internacional en Londres llamando al número + 44 20 7413 5566, o visiten http://www.amnesty.org/es/features-news-and-updates. Para los documentos y
comunicados de prensa traducidos al español consulten
http://www.amnesty.org/es/research.

Brasil: La libertad de expresión y el Estado, bajo amenaza. Una banda parapolicial tortura a periodistas

Fri, 06 Jun 2008 11:53:19 +0100

La libertad de prensa y la protección de los derechos humanos están en peligro debido a las brutales acciones de bandas delictivas integradas por agentes de policía fuera de servicio en Río de Janeiro, ha dicho Amnistía Internacional ante los informes sobre el secuestro y la tortura de un equipo de periodistas por un grupo parapolicial conocido localmente como milicias.

"Amnistía Internacional acoge con satisfacción las garantías dadas por el Secretario de Estado de Seguridad Pública, José Beltrame, de que se investigarán estos terribles delitos. Los responsables deben responder de estos abusos y es preciso tomar medidas urgentes para desmantelar a las milicias", ha dicho Tim Cahill, investigador sobre Brasil de Amnistía Internacional.

"Hasta ahora, el gobierno de Río de Janeiro ha distado mucho de cumplir con su responsabilidad de combatir estos grupos delictivos parapoliciales, y esto refuerza su sensación de legitimidad."

El 14 de mayo, en la comunidad de Batan (Río de Janeiro), miembros de la milicia local retuvieron y torturaron durante varias horas a tres periodistas del diario local O Dia y un residente. Batan es una de las comunidades en las que estos grupos delictivos parapoliciales han arrebatado el control a las bandas de narcotraficantes.

Los tres miembros de O Dia, dos hombres y una mujer, vivían de incógnito en Batan para investigar la actuación de las milicias.

"Las torturas que sufrieron y el valor que demostraron han servido para destrozar por fin el mito, perpetuado por ciertos políticos y expertos de los medios de comunicación, de que las milicias proporcionan una verdadera protección contra el delito y la violencia", ha dicho Tim Cahill.

"El trabajo de los periodistas es fundamental para sacar a la luz las violaciones de derechos humanos sufridas por las comunidades más vulnerables de Río de Janeiro y de todo el mundo"."

Información complementaria
Los miembros de las milicias son policías y bomberos fuera de servicio. Muchos residentes de las favelas han descrito cómo controlan las comunidades con violencia, mientras extorsionan a sus habitantes para que paguen a cambio de seguridad, además de otros servicios, como gas, transportes o televisión por cable. Se las acusa de ejercer el poder político garantizando mediante la intimidación el voto para ciertos diputados estatales.

Aunque llevan existiendo desde hace algún tiempo en Río de Janeiro, su súbita expansión se remonta a diciembre de 2006, cuando los grupos de milicias invadieron más de un centenar de favelas. Parece bastante claro que el crecimiento de estos grupos es atribuible a décadas en las que se siguió una política de seguridad pública basada en la negligencia, las violaciones de derechos humanos y la impunidad de los perpetradores, que permitió que agentes de policía delincuentes y corruptos prosperaren a costa de otros que trabajan sin descanso para servir a la comunidad.

La política de mano dura en la actuación policial, defendida aún la pasada semana por el gobernador Sergio Cabral y basada en un elevado número de homicidios y operaciones de corte militar, ha demostrado graves deficiencias. En un reciente informe resumido presentado al Consejo de Derechos Humanos sobre su visita a Brasil, el relator especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias afirmó que la estrategia del gobernador tiene "se guía por la política y equivale a determinar la actuación policial según las encuestas de opinión", subrayando que es "contraproducente".

El gobierno estatal ha tratado siempre de defender su falta de actuación frente a las milicias con tecnicismos legales y excusas operativas, justificando las operaciones discriminatorias y represivas contra las facciones de narcotraficantes. Y no ha proporcionado la seguridad que millones de habitantes de las favelas anhelan desesperadamente mientras comunidades de todo Río de Janeiro siguen dominadas por las facciones de narcotraficantes y las milicias.

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Brasil: La vida de las mujeres destrozada en las zonas pobres de las ciudades

Thu, 17 Apr 2008 08:52:09 +0100

En un nuevo informe publicado hoy, 17 de abril de 2008, Amnistía Internacional desvela la situación
de las mujeres que se ven obligadas a vivir, a criar a sus hijos y a luchar por la justicia en las
barriadas pobres de las ciudades de Brasil.

“Para las mujeres de los barrios marginados de Brasil la realidad es catastrófica –ha manifestado Tim
Cahill, investigador sobre Brasil de Amnistía Internacional–. Son víctimas ocultas de la violencia
criminal y policial que asuela sus comunidades desde hace decenios.”

El Estado brasileño prácticamente brilla por su ausencia en las comunidades marginadas, por lo que
en muchos casos el único contacto que tiene la gente con el gobierno son las incursiones policiales
militarizadas que se producen esporádicamente.

Aunque el gobierno federal ha puesto en marcha un nuevo proyecto que promete ocuparse de tantos
años de negligencia que han contribuido a que exista esa realidad, apenas se ha hecho nada por
analizar y abordar las necesidades específicas de las mujeres que viven en esas comunidades.

“En vez de brindarles protección, la policía suele someter a las mujeres a cacheos ilegales, que
realizan agentes varones, así como a un lenguaje insultante y discriminatorio y a intimidaciones,
especialmente si intentan interceder ante ella para proteger a algún pariente”, ha explicado Tim
Cahill.

Las mujeres que luchan por conseguir justicia para sus hijos o esposos acaban en primera línea de
fuego, expuestas a sufrir nuevas amenazas y hostigamiento de la policía.

“Sin la presencia del Estado, en la mayoría de las barriadas pobres, los señores de la droga y los jefes
de las bandas son la ley. Dispensan castigos y protección y utilizan a las mujeres como trofeos o como
objetos de intercambio en sus negociaciones”, ha señalado Tim Cahill.

Utilizadas como “camellos” o como señuelos por las bandas de narcotraficantes, las mujeres son
consideradas objetos de usar y tirar tanto por los delincuentes como por los agentes de policía
corruptos.

Amnistía Internacional conoce casos de mujeres a las que han afeitado la cabeza por haber sido
infieles y han obligado a brindar favores sexuales para pagar deudas. Un creciente número de
mujeres acaban en el superpoblado e insalubre sistema de prisiones de Brasil, sometidas a abusos
físicos y psicológicos, incluida, en algunos casos, la violación.

Los efectos de la delincuencia y la violencia se hacen sentir en la comunidad entera, menoscabando
considerablemente la prestación de servicios básicos, como la atención de la salud y la educación. Si
en una comunidad, las clínicas están dentro del territorio de una banda rival, las mujeres pueden
verse obligadas a recorrer kilómetros para ir al médico. Los servicios de maternidad, las guarderías y
las escuelas pueden estar mucho tiempo cerrados debido a operaciones de la policía o a la violencia
criminal. Los trabajadores de la salud y los profesores no se atreven a veces a trabajar en estas
barriadas asoladas por la delincuencia.

Las mujeres de las comunidades pobres soportan una tensión increíble. Una de ellas contó: “Vivo
dopada. Tomo diazepam de ése para dormir. Porque si estoy lúcida no puedo dormir. Dopada, agarro
mi hija, me tiro en el suelo para protegerme de los disparos y duermo toda la noche. Si mi hija pierde
la muñeca, ya puede llorar toda la noche, porque en cuanto dan la ocho no salgo de casa para nada”.

“El Estado viola los derechos de estas mujeres de tres maneras –ha afirmado Tim Cahill–. Apoya
prácticas de mantenimiento del orden público que son causa de homicidios, perpetúa un sistema en
el que el acceso a la justicia es sumamente difícil, si no imposible, y condena a las mujeres a pasar
grandes apuros.”

El Estado brasileño ha tomado iniciativas positivas, como reforzar la protección de las mujeres que
sufren violencia doméstica mediante la introducción de la ley de Maria da Penha –que todavía no se
aplica en su totalidad–.

A fin de abordar la violencia contra las mujeres, hacen falta con urgencia medidas a largo plazo y de
largo alcance, dirigidas a mejorar la vida de las mujeres de las comunidades marginadas. Amnistía
Internacional pide al gobierno federal brasileño que, como primer paso, integre las necesidades de las
mujeres en el nuevo plan de seguridad pública, el Programa Nacional de Seguridad Pública con la
Ciudadanía (Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, PRONASCI).

Información complementaria

El informe de Amnistía Internacional está basado en entrevistas realizadas a mujeres en seis estados –
Bahia, Sergipe, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo y Rio Grande do Sul– entre 2006 y 2007.

El informe, Nosotras recogemos los platos rotos – La experiencia de la violencia urbana para las
mujeres de Brasil, estará disponible a partir de la 00:01 horas GMT del 17 de abril en
http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR19/001/2008/es

Brasil: La vida de las mujeres, destrozada por la crisis de seguridad pública

Fri, 18 Apr 2008 13:11:02 +0100

Las historias sobre violencia urbana en Brasil suelen girar en torno a jóvenes varones. Y aunque entre víctimas y agresores su número es siempre el más elevado, quedan invisibles las mujeres, que son quienes al final han de vivir, criar a los hijos e hijas y luchar por la justicia en los barrios marginados de las ciudades de Brasil.

Las ciudades brasileñas padecen desde hace mucho elevados índices de violencia criminal y policial. Algunas de las comunidades más pobres y vulnerables de Brasil están frecuentemente sometidas por organizaciones de narcotraficantes. La respuesta del gobierno ha sido una represión creciente y frontal mediante operaciones policiales que han puesto en su punto de mira no sólo a las bandas sino a comunidades enteras.

Entorno de violencia
Las mujeres de estas comunidades viven en un clima de inseguridad constante. Lejos de aportarles protección, la policía, policías varones, a menudo las someten a cacheos ilegales, así como a un lenguaje insultante y discriminatorio y a intimidaciones, especialmente cuando intentan interceder ante la fuerza policial para proteger a algún pariente.

Las mujeres que luchan por conseguir justicia para sus hijos o esposos acaban en primera línea de fuego, expuestas a sufrir nuevas amenazas y hostigamiento. Esto es lo que una mujer le dijo a Amnistía Internacional: “No podemos seguir viviendo así. Vivimos con miedo.”

Las mujeres viven también expuestas a los designios de los señores de la droga y los jefes de las bandas, que dispensan castigos y protección y utilizan a las mujeres como trofeos o como objetos de intercambio en sus negociaciones. En el narcotráfico se van viendo implicadas un creciente número de mujeres. Muchas de ellas acaban en el sistema penitenciario brasileño, caracterizado por el hacinamiento y las condiciones de insalubridad, y siendo objeto de abusos físicos y psicológicos y, en algunos casos, violadas.

Impacto
Las repercusiones de la delincuencia y la violencia se hacen sentir en comunidades enteras, menoscabando considerablemente la prestación de servicios básicos, como la atención a la salud y la educación. Si, en una comunidad, las clínicas están dentro del territorio de una banda rival, las mujeres pueden verse obligadas a recorrer kilómetros para ir al médico. Los servicios de maternidad, las guarderías infantiles y las escuelas pueden estar mucho tiempo cerrados debido a operaciones de la policía o a la violencia criminal. Los trabajadores de la salud y los profesores no se atreven a veces a trabajar en estas barriadas asoladas por la delincuencia.

Parar la violencia
Las mujeres que hablaron con Amnistía Internacional transmitieron unos mensajes muy claros sobre lo que hace falta:

Una fuerza policial que las proteja a ellas y a sus familias y les proporcione una seguridad real
Acceso equitativo a la justicia, independientemente de la clase social
Protección para poder seguir su lucha en defensa de los derechos humanos
Apoyo social y económico cuando un familiar resulta herido o muerto por la policía o la violencia delictiva

El Estado brasileño ha introducido algunas iniciativas positivas, como el fortalecimiento de la protección a las mujeres víctimas de la violencia doméstica. Pero se precisan con urgencia políticas a largo plazo mediante las que atajar cuestiones de más profundo calado, como el impacto de la violencia sobre las mujeres en las comunidades excluidas.

Hay que actuar ya
El gobierno federal de Brasil tiene que actuar ya para integrar las necesidades de las mujeres en el nuevo plan de seguridad pública, el Programa Nacional de Seguridad Pública con la Ciudadanía (Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, PRONASCI).

Brasil: “De los autobuses en llamas a los caveirões”: la búsqueda de seguridad humana

Brasil: “Entran disparando”: La actuación policial en las comunidades socialmente excluidas

La ONU examina la situación de los derechos humanos en los países miembros

Mon, 07 Apr 2008 17:59:20 +0100

Todos los Estados miembros de la ONU se enfrentan a un riguroso examen de su historial en materia de derechos humanos. El lunes 7 de abril inició sus sesiones el Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que se encarga del Examen Periódico Universal.

En virtud del Examen Periódico Universal, nuevo mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se examinarán con regularidad, a lo largo de los próximos cuatros años, las obligaciones y los compromisos de los 192 Estados miembros de la organización. Los propios gobiernos serán los que lleven a cabo este examen periódico y sistemático.

Con el nuevo procedimiento se tratará de poner a fin a las críticas recibidas por el órgano predecesor del Consejo, la Comisión de Derechos Humanos, acusado de examinar sólo un número reducido de países y de evitar a menudo las situaciones de presión por motivos políticos.

Hasta el 18 de abril, el Grupo de Trabajo encargado del Examen Periódico Universal analizará el historial de derechos humanos de 16 países: Argelia, Argentina, Bahréin, Brasil, Ecuador, Finlandia, Filipinas, India, Indonesia, Marruecos, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, República Checa, Sudáfrica y Túnez.

A este primer periodo de sesiones le seguirán otros dos en 2008, de modo que, al concluir el año, se habrá sometido a examen a 48 países elegidos por sorteo.

El hecho de que esté previsto que los gobiernos de los países objeto de examen lleven a cabo un amplio proceso de consultas con la sociedad civil es un importante aspecto del nuevo procedimiento. Amnistía Internacional ha trabajado con ahínco para garantizar que se escuche a todas las voces pertinentes.

La organización ha presentado información sobre 14 de los 16 países mencionados y sus miembros y simpatizantes están colaborando con la sociedad civil de estos países para sensibilizar a la población sobre el nuevo mecanismo.

En una declaración publicada el lunes 7 de abril, Amnistía Internacional dijo que este primer periodo de sesiones del Grupo de Trabajo encargado del Examen Periódico Universal será clave en el establecimiento de criterios para futuros exámenes, tanto en términos de procedimiento como de fundamento.

"Tanto los países examinados como los encargados del examen van a desempeñar una importante función. Amnistía Internacional confía en que todos los Estados miembros contribuyan a presentar el Examen Periódico Universal como un mecanismo de derechos humanos efectivo", manifestó Martin Macpherson, Director del Programa de Derecho Internacional y Organizaciones Internacionales de la organización.

Nosotras recogemos los platos rotos

Fri, 18 Apr 2008 10:21:47 +0100

La experiencia de la violencia urbana para las mujeres de Brasil
Fecha: 19/04/2008

Número de páginas: 40

Índice de AI: AMR 19/001/2008

ISBN 13: 978 - 84 - 96462 - 19 - 9

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Las mujeres de Brasil llevan mucho tiempo en primera línea de la lucha por la justicia. Sin embargo, se ha prestado escasa atención a los efectos que sobre las propias mujeres han tenido la violencia y esta lucha.

El informe Nosotras recogemos los platos rotos se centra en los relatos casi nunca contados de mujeres que se esfuerzan por vivir sus vidas y luchar por la justicia en medio de la constante violencia policial y delictiva.

Las mujeres con las que Amnistía Internacional habló expresaron muy claramente lo que necesitaban: seguridad auténtica; una fuerza policial que las proteja a ellas y a sus familias; igualdad de acceso a la justicia, sin tener en cuenta la clase social; protección para poder continuar con su lucha en defensa de los derechos humanos; y apoyo social y económico cuando un familiar resulta herido o muere a manos de la policía o de la violencia delictiva.

Un dinámico movimiento de mujeres ha causado ya impacto en la política del gobierno federal de Brasil. Sin embargo, es necesario introducir reformas radicales y de gran alcance para afrontar el problema de la violencia contra las mujeres en la comunidad.

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