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Guatemala: Congreso debe rechazar la pena de muerte

Mon, 28 Apr 2008 08:32:05 +0100

La Comisión de Gobernación del Congreso debe rechazar la pena de muerte, dijo hoy Amnistía
Internacional en una carta enviada a ese órgano. La organización envió la carta mientras la Comisión
analiza un decreto que podría reactivar la pena capital en el país.

"La pena de muerte no contribuirá a resolver la crisis de seguridad pública que afecta a miles de
personas en Guatemala porque esta pena no aborda temas claves como la calidad de las investigaciones
criminales y la apropiada persecución penal," dijo Susan Lee, Directora del Programa para las Americas
de Amnistía Internacional.

Si el Congreso insiste en aprobar el Decreto, éste se convertirá en ley, dejando sin efecto la suspensión
de la pena capital y abriendo las puertas a nuevas ejecuciones en Guatemala. Por otra parte, el decreto
omite establecer claros criterios para conceder indultos e introduce la figura del “silencio administrativo
negativo” a través del cual si el Presidente no emitiese decisión sobre un indulto en un lapso de 30 días,
se entenderá tácitamente denegada la solicitud y se procederá a la ejecución.

“La única forma de disuadir el crimen es mediante la implementación de un sistema de justicia serio,
eficaz y capaz de enfrentar la impunidad ante delitos, sea quienes fueren los responsables," dijo Susan
Lee.

"La pena de muerte es un castigo intrínsecamente cruel, inhumano y degradante tanto para el ejecutado
como para la sociedad que la impone."

Comenzó en Guatemala juicio por desapariciones

Tue, 18 Mar 2008 11:03:48 +0000

En la segunda semana de marzo de 2008 comenzó en Guatemala el primer juicio celebrado hasta la fecha por presunta desaparición forzada de personas. El ex paramilitar Felipe Cusanero fue acusado formalmente el lunes 10 de marzo de haber participado, con la complicidad del ejército, en la desaparición forzada de seis civiles.

Felipe Cusanero está acusado de la desaparición forzada de Lorenzo Ávila, Alejo Culajay, Filomena López, Encarnación López, Santiago Sutuj y Mario Tay entre noviembre de 1982 y octubre de 1984.

El proceso se inició en 2003, cuando seis residentes de Choatalum denunciaron formalmente a Cusanero ante la fiscalía distrital de Chimaltenango. Según informó en 1999 la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, auspiciada por la ONU, en la aldea de Choatalum, municipio de San Martín Jilotepeque, se produjeron un gran número de violaciones contra los derechos humanos durante el conflicto armado interno.

El término “desaparición forzada” hace referencia a secuestros patrocionados por el Estado en los que se desconoce el paradero y la suerte que han corrido las víctimas. El conflicto armado interno de Guatemala, que comenzó en 1960 y concluyó en 1996 con un Acuerdo de Paz, se saldó con aproximadamente 200.000 personas muertas, entre ellas alrededor de 45.000 víctimas de desaparición forzada.

Guatemala: La apertura de los archivos militares es sólo un primer paso

Wed, 27 Feb 2008 11:16:20 +0000

"La apertura de los archivos militares de Guatemala es un avance largamente esperado que Amnistía Internacional recibe con satisfacción. No obstante, la prueba real será ver si se procesa a alguien por los cientos de miles de homicidios, torturas y desapariciones perpetrados durante el conflicto interno del país", ha manifestado Sebastián Elgueta, investigador sobre Guatemala de Amnistía Internacional.

Esta declaración de Amnistía Internacional se ha producido en respuesta al anuncio realizado por el presidente guatemalteco, Álvaro Colom, de que se abrirán al público los archivos militares que abarcan los casi cuarenta años de guerra civil de Guatemala.

Guatemala: La pena de muerte no va a resolver la crisis de seguridad pública

Thu, 14 Feb 2008 13:21:09 +0000

En una carta abierta enviada hoy, 13 de febrero de 2008, Amnistía Internacional ha instado al presidente guatemalteco Álvaro Colom a que no reinstaure la pena de muerte y busque, por el contrario, soluciones más eficaces y duraderas para la crisis de seguridad pública que afecta al país.

Hace precisamente dos meses, Guatemala votó en las Naciones Unidas a favor de una suspensión mundial de las ejecuciones. "El presidente Álvaro Colom debe respetar ahora este compromiso -ha declarado Sebastián Elgueta, investigador de Guatemala en Amnistía Internacional-. Guatemala debe dar la espalda a esta arcaica práctica y unirse a la abrumadora mayoría de países que ya lo han hecho."

"La pena de muerte es la pena cruel, inhumana y degradante por excelencia. Es arbitraria, su ineficacia para reducir la delincuencia está demostrada y perpetúa un clima de violencia en el que nunca se puede alcanzar realmente la justicia", añadió Elgueta.

En su carta, Amnistía Internacional pide también al presidente Colom que adopte medidas concretas sobre algunas de las cuestiones de derechos humanos más apremiantes para Guatemala, como la inexistencia de investigaciones efectivas sobre violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado, el número creciente de casos de violencia contra las mujeres -y, en concreto, el número de homicidios denunciados cada año-, el elevado número de ataques contra defensores y defensoras de derechos humanos y los desalojos forzosos de comunidades rurales.

"Los desafíos para los derechos humanos en Guatemala siguen siendo enormes. Durante los cuarenta años que lleva observando la situación en el país, Amnistía Internacional ha sido testigo de cómo los sucesivos gobiernos no han introducido mejoras reales en la administración de la justicia o en la erradicación de la impunidad- ha afirmado Sebastián Elgueta-. Precisamente el pasado mes de diciembre, la decisión de la Corte de Constitucionalidad de resolver en contra de la detención de las personas acusadas de genocidio cometido durante el conflicto armado interno fue otro revés más en la lucha contra la impunidad."

Amnistía Internacional ha solicitado también al nuevo presidente que autorice que se dé a conocer material de archivo en manos del Ministerio de Defensa que podría ayudar a la investigación de los homicidios y desapariciones forzadas de más de 200.000 personas durante el conflicto armado interno de Guatemala.

"El nuevo gobierno de Guatemala debe a los ciudadanos de ese país la adopción de medidas concretas para investigar y hacer comparecer ante la justicia a las personas que han violado los derechos humanos y para garantizar que en el futuro se salvaguardan plenamente los derechos de la población", añadió Sebastián Elgueta.

Los crímenes de guerra no se castigan en Guatemala

Fri, 01 Feb 2008 14:57:21 +0000

El 31 de enero de 1980, fuerzas policiales guatemaltecas asaltaron la Embajada española de la ciudad de Guatemala, en la que se había refugiado un grupo des manifestantes. Como consecuencia del ataque murieron 37 personas que se encontraban en el edificio. Veintiocho años después, nadie ha rendido cuentas de lo sucedido.

Más de diez años después de finalizar el conflicto armado en Guatemala, muchos de los responsables de sus crímenes más brutales siguen evadiendo la justicia.

Un fallo que deja en libertad a dos ex militares recluidos en régimen de detención previa a la extradición en Guatemala es el último obstáculo a la justicia para las víctimas del conflicto de 36 años de duración, que acabó en 1996.

El pasado mes de diciembre, el ex general del ejército Ángel Aníbal Guevara Rodríguez y el ex jefe de policía Pedro García Arredondo ganaron un recurso que les permite quedar en libertad de la detención provisional en espera de la extradición. España ha pedido la extradición para ellos y otras cinco personas (entre ellas el ex presidente Efraín Ríos Montt), y quiere que se los investigue en relación con los crímenes de derecho internacional cometidos en Guatemala entre 1978 y 1986.

El 31 de enero se cumple el 28º aniversario de uno de estos crímenes: la masacre de 37 personas en el incendio de la Embajada española constituye un acto brutal por el que nadie ha sido castigado.

La decisión del tribunal guatemalteco en favor de los militares retirados cuestiona erróneamente el principio consagrado de jurisdicción universal para los crímenes de lesa humanidad. También indica que los crímenes en cuestión constituyen delitos políticos y que por tanto no ha lugar exigir responsabilidad penal.

Amnistía Internacional hace un llamamiento a la nueva administración –encabezada por el presidente Álvaro Colom– para que ponga fin a la constante de impunidad para los crímenes de derecho internacional cometidos durante el conflicto armado.

El gobierno del presidente Colom debe ofrecer garantías de que estos crímenes serán investigados y enjuiciados. Ninguna de las causas abiertas contra el régimen militar entonces gobernante ha prosperado, al tiempo que los testigos y las víctimas que han tenido el valor de participar en ellas sufren intimidación, amenazas y ataques.

La decisión de liberar a dos de los ex militares hace peligrar la posibilidad de una extradición futura y fortalece la impunidad reinante en Guatemala.

Mientras no se haga rendir cuentas a los responsables de las 200.000 desapariciones y ejecuciones extrajudiciales cometidas durante el conflicto armado, seguirá sin hacerse justicia a las víctimas de Guatemala.

Fotogalería: historias de todo el mundo sobre la pena capital, con la voz de Colin Firth

Mon, 10 Dec 2007 16:40:37 +0000

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Fotogalería: historias de todo el mundo sobre la pena capital, con la voz de Colin Firth