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Sudáfrica se compromete a hacer del VIH y el sida una prioridad

Mon, 01 Dec 2008 10:41:50 +0000

Como conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, que se celebra el lunes 1 de diciembre de 2008, Amnistía Internacional ha aplaudido el cambio de orientación de la respuesta del gobierno sudafricano a la epidemia de VIH que azota el país.

Sudáfrica tiene la tasa de seropositivos más alta del mundo. La ausencia de un liderazgo político en este aspecto ha sido uno de los principales obstáculos para lograr que las personas que viven con el VIH y el sida tengan derecho a un acceso no discriminatorio a los servicios de salud.

Sin embargo, la recién designada ministra de Salud sudafricana, Barbara Hogan, ha afirmado su determinación de fortalecer la respuesta del sistema de atención médica a la epidemia.

En octubre declaró: “Junto con todos nuestros socios del Consejo Nacional del Sida de Sudáfrica [...] el país se compromete a poner en práctica el Plan Estratégico Nacional para el VIH y el Sida”.

La ministra manifestó que el compromiso incluye reducir a la mitad la tasa de nuevas infecciones a lo largo de los tres próximos años, pero advirtió: “Tenemos que organizarnos y actuar con urgencia”.

Con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, se han organizado en Sudáfrica una serie de actos para lanzar una campaña unida destinada a hacer frente a las nuevas infecciones de VIH y las muertes relacionadas con el VIH y la tuberculosis.

Esta colaboración, encabezada por el Consejo Nacional del Sida de Sudáfrica y en la que participan dirigentes gubernamentales y representantes de empresas, sindicatos, iglesias y una amplia diversidad de organizaciones de la sociedad civil, ilustra un renovado compromiso de avanzar en la lucha contra el VIH y el sida.

Amnistía Internacional ha presentado recientemente sus recomendaciones a la ministra de Salud para abordar algunas de las necesidades acuciantes de un grupo especialmente vulnerable de Sudáfrica: las mujeres rurales que viven con el VIH y sufren violaciones de sus derechos humanos internacionalmente reconocidos.

Estas recomendaciones forman parte de un informe que Amnistía Internacional publicó en marzo de este año titulado “I am at the lowest end of all” – Rural women living with HIV face human rights abuses in South Africa.

En él se documenta el impacto que la discriminación de género, incluidas la violencia y la marginación económica, tiene sobre las vidas de las mujeres rurales que viven con el VIH. El informe explora cómo estos factores actúan como barrera para la capacidad de las mujeres de hacer realidad su derecho al máximo nivel de salud posible.

El informe reconoce además el amplio trabajo realizado por las organizaciones de la sociedad civil y los profesionales de la salud para promover y proteger los derechos humanos de las personas afectadas por el VIH y el sida en Sudáfrica.

Amnistía Internacional ha manifestado su confianza en que los renovados esfuerzos del gobierno sudafricano conduzcan a la realización del derecho a la salud, la vida y la dignidad de todas las personas afectadas por la epidemia.

Sudáfrica: Las personas desplazadas, en peligro al cerrarse los campos

Wed, 08 Oct 2008 11:51:59 +0000

Amnistía Internacional ha manifestado hoy, 7 de octubre, que las personas desplazadas por la violencia xenófoba que tuvo lugar en mayo en Sudáfrica se enfrentan a graves amenazas contra su seguridad, ahora que los últimos campos de desplazados se han cerrado y las solicitudes de asilo de estas personas se han denegado en su mayoría.

El aviso se produjo cuando el gobierno sudafricano, en la reunión anual de Estados miembros del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), celebrada en Ginebra, declaró que estaba manejando bien las secuelas de la violencia.

“La delegación sudafricana presentó una imagen sumamente embellecida de su respuesta a la crisis de desplazamiento”, ha manifestado Louise Moor, experta en derechos de refugiados de Amnistía Internacional, quien visitó los campos de desplazados el mes pasado.

Amnistía Internacional ha pedido que cesen de inmediato las expulsiones de personas desplazadas de Sudáfrica, en espera de que se lleve a cabo un proceso efectivo de apelación con plenas salvaguardias de procedimiento.

“Las autoridades están cerrando campos pese a que no cuentan con ningún plan para la reintegración segura de las personas en peligro de sufrir violencia, y están denegando casi todas las solicitudes de asilo, utilizando procedimientos gravemente defectuosos, en contra de lo establecido por el derecho internacional”, ha manifestado Louise Moor.

“Estas personas no sólo corren peligro en Sudáfrica, sino que además se enfrentan al riesgo de ser devueltas a países con problemas graves de derechos humanos, como Somalia, la República Democrática del Congo y Zimbabue. No tienen ningún lugar seguro al que ir.”

La organización insta al gobierno de Sudáfrica a cumplir con su obligación respecto a las personas desplazadas por la violencia xenófoba del pasado mayo, y ha pedido al ACNUR que intervenga.

La violencia de mayo obligó a miles de personas a huir de sus casas para escapar de las palizas, las agresiones sexuales, los saqueos y la destrucción de bienes.

“Aunque es cierto que las personas desplazadas por la violencia de mayo inicialmente recibieron protección temporal y acceso a servicios básicos en los campos, ahora corren grave peligro de sufrir nuevos abusos contra los derechos humanos”, ha manifestado Louise Moor.

El Departamento del Interior puso en marcha procedimientos de asilo acelerados y sin garantías procesales en la zona de Ciudad del Cabo a finales de septiembre y en los campos de la provincia de Gauteng en agosto. Amnistía Internacional ha manifestado que estos procedimientos se caracterizaron principalmente por:
* la falta de información sobre el proceso;
* la falta de interpretación adecuada durante la toma de declaraciones;
* la falta de confidencialidad del proceso de entrevista;
* la ausencia de asesoramiento letrado adecuado;
* los errores de hecho en las decisiones de los funcionarios encargados de determinar la condición de refugiado;
* el hecho de que no se tuvo en cuenta información relevante sobre el país de origen.

“La velocidad con la que se tomaron las declaraciones y, en algunos casos, la conducta abusiva de los funcionarios agravaron la confusión y la angustia de los solicitantes”, ha manifestado Louise Moor.

Nota a periodistas:
El índice de rechazo de las determinaciones de asilo en Ciudad del Cabo parece haber sido incluso más alto que en Gauteng: más del 98 por ciento. Entre las personas cuya solicitud se denegó se encontraban somalíes, congoleses del este de la República Democrática del Congo y zimbabuenses.
El lunes, las autoridades provinciales cerraron el campo de Akasia, el último campo para personas desplazadas en Gauteng, sin que existiera un plan gubernamental a disposición pública para la reintegración segura y sostenible de las personas desplazadas en las comunidades locales.
Las organizaciones de la sociedad civil no han recibido apoyo adecuado o un compromiso de las autoridades de la provincia de Gauteng en sus esfuerzos por hacer participar a las comunidades locales en el retorno seguro de las personas desplazadas. La ayuda económica ofrecida por los organismos internacionales a las personas desplazadas es francamente insuficiente para que estas personas puedan encontrar un acomodo seguro y hacer frente a otros aspectos de un retorno sostenible.
La violencia contra las personas desplazadas que tratan de regresar a las comunidades locales sudafricanas continúa, en especial contra las personas de nacionalidad somalí, pues la policía no acepta que estos delitos forman parte de un patrón constante de ataques xenófobos.
Si desean más información sobre las preocupaciones de Amnistía Internacional en torno a las personas desplazadas por la violencia xenófoba en Sudáfrica, hagan clic aquí.

Solidaridad con Zimbabue ante la reunión de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral

Fri, 15 Aug 2008 14:03:15 +0000

Cerca de 80 organizaciones, entre ellas varias Secciones africanas de Amnistía Internacional, han aunado sus voces para mostrar su solidaridad con el pueblo de Zimbabue. En una declaración dirigida a la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral, que se reúne este fin de semana en Sudáfrica, las organizaciones han expresado su preocupación por las continuas violaciones de derechos humanos que sufre la población zimbabuense.

En el texto, las organizaciones reconocen que los partidos políticos zimbabuenses, la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral, la Unión Africana y las Naciones Unidas están haciendo esfuerzos para solucionar la situación política y económica del país.

Sin embargo, los firmantes de la declaración –entre los que están HURINET, con sede en Uganda; la Red de ONG de Derechos Humanos del África Austral (SAHRiNGON), con sede en Tanzania; y el Centro de Asistencia Jurídica, de Namibia– han señalado que siguen cometiéndose violaciones de derechos aun después de que los partidos políticos hayan firmado el Memorando de Entendimiento el 21 de julio. Han hecho hincapié en que continúan la tortura, los malos tratos, el hostigamiento y la intimidación de activistas políticos y de derechos humanos.

“También nos preocupa que el Memorando de Entendimiento no haya abordado expresamente ciertas cuestiones importantes sobre justicia e impunidad, lo cual indica que esos asuntos no se tratarán en las conversaciones que tengan lugar entre los partidos políticos”, expone la declaración.

“Sumamos nuestras voces al creciente número de líderes cívicos y políticos, activistas y personas de a pie que condenan los acontecimientos de Zimbabue, que han causado indecibles sufrimientos a su población. Deben buscarse de una vez soluciones a la persistente violencia política, la supresión de derechos humanos fundamentales y la ausencia de gobernanza, que han contribuido de forma directa al empobrecimiento del pueblo zimbabuense.”

“El actual gobierno ha reprimido brutalmente la disidencia democrática y ha perseguido a activistas políticos y de derechos humanos, despreciando sin miramientos los derechos consagrados en la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.”

La declaración hace un llamamiento a los líderes africanos de todas las esferas –panafricana, regional y nacional– y a sus instituciones para que insten al gobierno de Zimbabue a poner fin de inmediato a las violaciones graves de derechos humanos que se cometen en el país, a condenar públicamente toda violencia política y a pedir el cese de dicha violencia.

Sudáfrica: Las personas desplazadas no deben ser trasladadas forzosamente de los campos temporales

Thu, 24 Jul 2008 11:16:49 +0000

Amnistía Internacional ha condenado hoy (23 de julio de 2008) el traslado forzoso por la policía de más de 700 personas, entre las que había refugiados y solicitantes de asilo, del campo para desplazados de Glenanda ("Rifle Range Road"), situado en las proximidades de Johannesburgo, hasta el Centro de Repatriación de Lindela.

Los traslados, que se efectuaron ayer, 22 de julio, ponen a los afectados en riesgo inminente de ser expulsados de Sudáfrica.

Estos hechos se han producido después de que, el 17 de julio, la policía hiciera uso excesivo de la fuerza contra los residentes de Glenanda e hiriera a 23 personas que recibieron disparos de balas de caucho a corta distancia. Amnistía Internacional ha pedido una investigación completa sobre este incidente.

Los traslados del martes ocurrieron después de que los funcionarios comenzaran a poner en práctica un sistema de inscripción y permisos temporales de residencia para las miles de personas que siguen desplazadas por la oleada de violencia contra los extranjeros que estalló en mayo en Gauteng, Cabo Occidental, Durban y otros lugares del país. Al parecer, las personas trasladadas del campo de Glenanda no estaban inscritas, por lo que carecían de los nuevos documentos de identidad.

"El nuevo proceso de inscripción ha provocado confusión, ha aumentado la tensión y ha hecho que algunas personas de los campos de desplazados se muestren reticentes a inscribirse. No se ha facilitado información fidedigna y clara sobre el proceso y sus repercusiones", ha declarado Amnistía Internacional.

"Hemos comunicado al gobierno nuestra preocupación por el modo en que se ha introducido este nuevo sistema, incluida la falta de claridad sobre el efecto del nuevo permiso en la condición jurídica existente de las personas afectadas. Esto es especialmente crucial para quienes ya tienen derechos legales como refugiados o de residencia."

La organización ha condenado también la forma en que los funcionarios habían negado el acceso a alimentos adecuados a quienes no se sometieron al proceso de inscripción en el campo para desplazados de Glenanda ("Rifle Range Road"), lo que constituye una violación de las obligaciones contraídas por Sudáfrica en virtud del derecho internacional.

Amnistía Internacional ha pedido al gobierno de Sudáfrica que cumpla sus obligaciones en materia de derechos humanos y no devuelva a solicitantes de asilo ni a otras personas que necesitan protección internacional a los países de los que han huido.

A principios de julio los delegados de Amnistía Internacional visitaron algunos de los campos para desplazados internos, en los que tuvieron conocimiento de casos de personas que habían intentado regresar a sus casas y habían sido objeto de amenazas o agresiones físicas por parte de la policía.

"Pedimos al gobierno que no clausure de forma precipitada estos campos. Existe una presión creciente sobre los residentes de estos campos para que se reintegren en las comunidades locales sin que se haya implantado un plan para una reintegración sin riesgos y sostenible”, ha afirmado Amnistía Internacional.

“Muchas de estas personas siguen sufriendo traumas por los ataques violentos y la destrucción de propiedades de mayo. El gobierno debe explicarles de forma más exhaustiva las implicaciones del proceso de inscripción y garantizar que no se violan sus derechos humanos.”

Información complementaria
El 23 de mayo de 2008, Amnistía Internacional pidió al gobierno sudafricano que adoptase todas las medidas necesarias para proteger los derechos humanos de las personas que seguían corriendo el riesgo de sufrir ataques violentos y el desplazamiento de sus hogares debido a su origen étnico percibido o a su condición de “extranjeros” o solicitantes de asilo.

Véase AFR 53/007/2008, en http://www.amnesty.org/es/library/info/AFR53/007/2008/es

FIN/

Documento público
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Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en Londres por teléfono, en el +44 20 7413 5566, o por correo electrónico: press@amnesty.org
Amnistía Internacional, Secretariado Internacional, 1 Easton St., London WC1X 0DW (Reino Unido)
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Sudáfrica debe proteger a las personas en peligro de ataques “xenófobos”

Fri, 30 May 2008 16:28:34 +0000

Amnistía Internacional ha pedido al gobierno de Sudáfrica que adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos humanos de aquellas personas que siguen estando expuestas a sufrir ataques violentos y desplazamiento de sus hogares debido al origen étnico o la condición de “extranjeras” o solicitantes de asilo que se les atribuye.

La organización ha instado al gobierno a garantizar ayuda humanitaria, recursos legales y apoyo psicosocial a las personas que han sido objeto de tales ataques y desplazamientos. No se debe llevar a cabo ninguna expulsión sin que la persona tenga acceso a unos procedimientos de concesión de asilo completos y justos y otras garantías procesales plenas. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley deben adoptar medidas efectivas para investigar los ataques y llevar a los responsables ante la justicia.

Amnistía Internacional condena los abusos contra los derechos humanos que se han cometido y siguen cometiéndose contra personas individuales, familias y grupos definidos en función de su supuesta identidad o condición.

En esta ola de homicidios, palizas, agresiones sexuales, saqueos y destrucción de propiedades, los perpetradores señalan a las víctimas en función de su presunta identidad o condición. Esta clase de violencia ha tenido lugar ya en al menos cinco provincias, actualmente también en las zonas de Durban y Ciudad del Cabo.

Amnistía Internacional reconoce que miembros del gobierno han denunciado públicamente la violencia y están tomando algunas medidas para mejorar la coordinación y el grado de seguridad en la respuesta de las autoridades. Todos los miembros de las fuerzas de seguridad que velan por el cumplimiento de la ley, incluidos los pertenecientes a las fuerzas armadas, deben acatar el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, de la ONU. Junto a la encomiable labor de ONG proveedoras de servicios, también ha habido una mejora en la respuesta oficial a las necesidades humanitarias de muchos miles de personas desplazadas a causa de la violencia.

Autoridades nacionales y provinciales y destacados representantes del Congreso Nacional Africano (ANC) han afirmado públicamente que esta violencia posiblemente tiene su origen en causas políticas, es organizada y procede de “terceras fuerzas”. Con independencia de que estas opiniones puedan estar basadas en datos objetivos, Amnistía Internacional ha pedido que toda investigación oficial sobre los actos de violencia sea independiente e imparcial y examine, entre otras cosas, cualquier indicio de negligencia por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, bien por no haber actuado tras recibir información sobre amenazas o ataques planeados, bien por haber mirado hacia otro lado cuando sucedían los ataques.

Además, la investigación debería examinar los posibles factores que contribuyen a la violencia, como un arraigado patrón de actitudes y prácticas discriminatorias hacia personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo por parte de las autoridades, desde el Departamento del Interior hasta los servicios policiales, pasando por la magistratura.

Organizaciones jurídicas y de defensa, entre ellas Amnistía Internacional, han planteado al gobierno en repetidas ocasiones su preocupación por el hecho de que tales prácticas y actitudes tienen como consecuencia la negación efectiva del acceso a los procedimientos de concesión de asilo, además de poner a las personas en peligro de detención arbitraria, expulsión ilegítima o devolución a países de origen donde podrían sufrir más violaciones de derechos humanos. Además, cabe la posibilidad de que la negación oficial implícita de que los zimbabuenses presentes en Sudáfrica puedan necesitar protección internacional también haya contribuido a la hostilidad hacia este grupo, blanco de los ataques en el marco de la violencia actual.

Amnistía Internacional también considera motivo de preocupación que los responsables de anteriores ataques contra personas o negocios pertenecientes a personas no sudafricanas, como el último perpetrado en marzo de 2008, no hayan comparecido aparentemente ante la justicia, lo cual no hace sino fomentar el clima de impunidad por estos abusos. Además, parece ser que no se han adoptado medidas disciplinarias o de otro tipo contra los agentes de policía que participaron el 31 de enero de este año en una redada policial en gran escala en la Iglesia Central Metodista de Johannesburgo, durante la cual se detuvo arbitrariamente a cientos de personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo que se refugiaban en la iglesia y, en algunos casos, la policía hizo uso excesivo de la fuerza contra ellos. Además, no recibieron tratamiento médico inmediato para sus enfermedades crónicas ni las lesiones sufridas a manos de la policía. Algunos de los detenidos, además, fueron puestos bajo custodia de manera ilegítima debido a la conducta indebida y prejuiciosa del juez que presidió las vistas para conceder la libertad bajo fianza.

Aunque el ministro del Interior afirmó públicamente que ninguna de las personas afectadas por la violencia debía ser objeto de expulsión, Amnistía Internacional ha recibido informes según los cuales se están llevando a cabo expulsiones, algunas de ellas presuntamente involuntarias. Amnistía Internacional pide garantías al ministro y al Departamento del Interior de que, en cooperación con otros departamentos y proveedores de servicios pertinentes, cualquier persona desplazada o afectada directamente por la violencia debe recibir apoyo orientativo y jurídico, así como asesoramiento para poder tomar una decisión informada sobre su regreso al país de origen. Esta medida es especialmente importante en el caso de aquellas personas que ya hubieran solicitado asilo, estuvieran en trámites de hacerlo o ya tuvieran reconocida la condición de refugiadas.

Por último, Amnistía Internacional pide al ministro de Desarrollo Social que ejerza la discrecionalidad en aplicación del artículo 5 de la Ley de Asistencia Social de 2004 para garantizar que todas las personas desplazadas por la violencia, con independencia de su condición de ciudadanas, pueden recibir subvenciones de ayuda de emergencia.

La ONU examina la situación de los derechos humanos en los países miembros

Mon, 07 Apr 2008 16:59:20 +0000

Todos los Estados miembros de la ONU se enfrentan a un riguroso examen de su historial en materia de derechos humanos. El lunes 7 de abril inició sus sesiones el Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que se encarga del Examen Periódico Universal.

En virtud del Examen Periódico Universal, nuevo mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se examinarán con regularidad, a lo largo de los próximos cuatros años, las obligaciones y los compromisos de los 192 Estados miembros de la organización. Los propios gobiernos serán los que lleven a cabo este examen periódico y sistemático.

Con el nuevo procedimiento se tratará de poner a fin a las críticas recibidas por el órgano predecesor del Consejo, la Comisión de Derechos Humanos, acusado de examinar sólo un número reducido de países y de evitar a menudo las situaciones de presión por motivos políticos.

Hasta el 18 de abril, el Grupo de Trabajo encargado del Examen Periódico Universal analizará el historial de derechos humanos de 16 países: Argelia, Argentina, Bahréin, Brasil, Ecuador, Finlandia, Filipinas, India, Indonesia, Marruecos, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, República Checa, Sudáfrica y Túnez.

A este primer periodo de sesiones le seguirán otros dos en 2008, de modo que, al concluir el año, se habrá sometido a examen a 48 países elegidos por sorteo.

El hecho de que esté previsto que los gobiernos de los países objeto de examen lleven a cabo un amplio proceso de consultas con la sociedad civil es un importante aspecto del nuevo procedimiento. Amnistía Internacional ha trabajado con ahínco para garantizar que se escuche a todas las voces pertinentes.

La organización ha presentado información sobre 14 de los 16 países mencionados y sus miembros y simpatizantes están colaborando con la sociedad civil de estos países para sensibilizar a la población sobre el nuevo mecanismo.

En una declaración publicada el lunes 7 de abril, Amnistía Internacional dijo que este primer periodo de sesiones del Grupo de Trabajo encargado del Examen Periódico Universal será clave en el establecimiento de criterios para futuros exámenes, tanto en términos de procedimiento como de fundamento.

"Tanto los países examinados como los encargados del examen van a desempeñar una importante función. Amnistía Internacional confía en que todos los Estados miembros contribuyan a presentar el Examen Periódico Universal como un mecanismo de derechos humanos efectivo", manifestó Martin Macpherson, Director del Programa de Derecho Internacional y Organizaciones Internacionales de la organización.

Sudáfrica: Las mujeres del medio rural, perdedoras en la respuesta ante el VIH

Tue, 18 Mar 2008 12:19:13 +0000

Amnistía Internacional ha revelado hoy la magnitud del efecto del VIH y el sida sobre las mujeres pobres del medio rural de Sudáfrica con un nuevo informe sobre las abrumadoras dificultades a las que se enfrentan estas mujeres en medio de la grave epidemia de VIH que afecta al país.

El informe, basado en entrevistas con mujeres del medio rural que viven con VIH, describe la opresión a la que se enfrentan las mujeres del campo sudafricano en sus relaciones con sus parejas masculinas y dentro de la comunidad en general debido a su género, su condición de seropositivas y su marginación económica.

"La pobreza y el desempleo afectan desproporcionadamente a las mujeres del medio rural en Sudáfrica", ha afirmado Mary Rayner, investigadora de Amnistía Internacional sobre Sudáfrica.

"Siguen siendo víctimas de actitudes y prácticas discriminatorias -especialmente por parte de sus parejas masculinas-, y en el entorno en el que viven hay un elevado nivel de violencia sexual y de género."

A pesar de las mejoras graduales de la respuesta del gobierno a la epidemia de VIH, y de la adopción de un plan quinquenal muy bien acogido, en Sudáfrica hay cinco millones y medio de personas seropositivas, una de las cifras más elevadas del mundo. El 55 por ciento de estas personas son mujeres. Las mujeres sudafricanas menores de 25 años tienen entre tres y cuatro veces más probabilidades de contagio por VIH que los hombres del mismo grupo de edad.

Muchas mujeres entrevistadas por Amnistía Internacional dijeron que a menudo no podían protegerse contra la infección por VIH porque tenían miedo de sufrir una reacción violenta si sugerían el uso del preservativo.

Una mujer contó a Amnistía Internacional que su esposo, camionero, pasaba la mayor parte del tiempo en la carretera. En sus días libres iba a verla, pero se negaba a usar preservativo cuando ella se lo pedía. Cuando el hombre abandonó a la familia, ella cayó enferma y en la clínica local le dijeron que era seropositiva. Esta mujer no sabe cuál es el estado de salud de su esposo desde que los dejó.

Varias mujeres más entrevistadas por Amnistía Internacional dijeron que sus maridos les pegaban y las obligaban a tener relaciones sexuales sin preservativo.

"La vida de las mujeres sudafricanas del medio rural está marcada por la persistente violencia en sus familias, en sus hogares y en comunidades inseguras y con escasa presencia policial", ha dicho Michelle Kagari, subdirectora del Programa Regional para África de Amnistía Internacional.

"La existencia simultánea de dos epidemias, la de VIH y la de la violencia contra las mujeres, ha incrementado el coste de la violencia para las mujeres y las niñas sudafricanas, tanto desde el punto de vista físico como psicológico", ha dicho Kagari.

Si bien hay muchas buenas razones para incrementar el número de pruebas de VIH realizadas en toda Sudáfrica, la desigualdad entre los géneros y la violencia de género, la pobreza y el estigma social complican la situación. Actualmente son más las mujeres que los hombres que se hacen la prueba. Cuando reciben poco apoyo psicosocial, revelar su condición de seropositivas puede hacerlas vulnerables ante el abandono, las amenazas de violencia y otras consecuencias del estigma y la discriminación.

La gran mayoría de las mujeres del medio rural entrevistadas por Amnistía Internacional dijeron que sus parejas masculinas se mostraban reacias o se negaban a hacerse la prueba del VIH, aunque hubiera claros signos de que pudieran estar infectados.

Muchas de las mujeres sufrían abusos por parte de sus parejas cuando intentaban acceder a los servicios de salud para recibir tratamiento y atención para el VIH.

"Cuando la pareja de una mujer niega su propia condición de seropositivo, puede molestarle que ella vaya a la clínica o se medique", ha dicho Rayner.

"En el marco de las desigualdades de género, el estigma y la violencia omnipresentes a los que tienen que hacer frente las mujeres, quienes realizan las pruebas de VIH deben prestar especial atención a prever y resolver las posibles consecuencias adversas que las mujeres pueden sufrir una vez revelan su condición de seropositivas e inician el tratamiento".

Un tratamiento eficaz para el VIH y el sida exige visitas regulares a hospitales y clínicas para recibir tratamiento y atención. Las mujeres también necesitan una alimentación diaria adecuada con la que ingerir su medicación. Las mujeres del medio rural que viven con VIH en circunstancias de pobreza y desempleo se enfrentan a constantes dificultades para tener un acceso regular a la alimentación y a menudo no pueden costearse el transporte hasta los centros de salud designados para proporcionar tratamiento.

"La falta de acceso físico a los centros de tratamiento equivale a negar el acceso a servicios de atención a la salud, y el gobierno debe asumir más responsabilidad a la hora de garantizar este acceso", ha dicho Michelle Kagari.

Otro obstáculo para el tratamiento en las zonas rurales es el hecho de que el sistema de salud de Sudáfrica actualmente experimenta un grave déficit de personal -médico y de otro tipo-fundamental para proporcionar un servicio integral, especialmente en estas zonas.

El informe de Amnistía Internacional ofrece recomendaciones específicas a las autoridades nacionales y provinciales sobre cómo resolver los retos a los que se enfrentan las mujeres del medio rural que viven con VIH. También formula recomendaciones para las instituciones y los países donantes de ayuda que apoyan iniciativas de salud en Sudáfrica.

"Las mujeres del medio rural deben vencer considerables dificultades y mostrar gran determinación para poder seguir con su tratamiento y tratar de mejorar su salud, y el gobierno tiene la responsabilidad de ayudarlas en esta lucha."

Si desean consultar el informe completo en inglés, "I am at the lowest end of all" - Rural women living with HIV face human rights abuses in South Africa, hagan clic aquí.

La respuesta de Sudáfrica ante el VIH: Las mujeres del medio rural, perdedoras

Tue, 18 Mar 2008 14:15:34 +0000

Las mujeres pobres del medio rural de Sudáfrica que viven con el VIH y el sida sufren discriminación en sus relaciones con sus parejas masculinas y dentro de la comunidad en general debido a su género, a su condición de seropositivas y a su marginación económica.

En un nuevo informe basado en entrevistas con mujeres del medio rural, la mayoría portadoras del VIH, Amnisitía Internacional revela las abrumadoras dificultades a las que se enfrentan estas mujeres en medio de la grave epidemia de VIH que afecta al país.

Mary Rayner, investigadora de Amnistía Internacional sobre Sudáfrica, ha afirmado: “La pobreza y el desempleo afectan desproporcionadamente a las mujeres del medio rural en Sudáfrica.”

“Siguen siendo víctimas de actitudes y prácticas discriminatorias –especialmente por parte de sus parejas masculinas–, y en el entorno en el que viven hay un elevado nivel de violencia sexual y de género.”

A pesar de las mejoras graduales de la respuesta del gobierno a la epidemia de VIH, y de la adopción de un plan quinquenal muy bien acogido, en Sudáfrica hay cinco millones y medio de personas seropositivas, una de las cifras más elevadas del mundo. El 55 por ciento de estas personas son mujeres. Las mujeres sudafricanas menores de 25 años tienen entre tres y cuatro veces más probabilidades de contagio por VIH que los hombres del mismo grupo de edad.

Muchas mujeres entrevistadas por Amnistía Internacional dijeron que a menudo no podían protegerse contra la infección por VIH porque tenían miedo de sufrir una reacción violenta si sugerían el uso del preservativo.

Una mujer contó a Amnistía Internacional que su esposo, camionero, pasaba la mayor parte del tiempo en la carretera. En sus días libres iba a verla, pero se negaba a usar preservativo cuando ella se lo pedía. Cuando el hombre abandonó a la familia, ella cayó enferma y en la clínica local le dijeron que era seropositiva. Esta mujer no sabe cuál es el estado de salud de su esposo desde que los dejó.

Varias mujeres más entrevistadas por Amnistía Internacional dijeron que sus maridos les pegaban y las obligaban a tener relaciones sexuales sin preservativo.

Michelle Kagari, subdirectora del Programa Regional para África de Amnistía Internacional, ha declarado: “La vida de las mujeres sudafricanas del medio rural está marcada por la persistente violencia en sus familias, en sus hogares y en comunidades inseguras y con escasa presencia policial.”

“La existencia simultánea de dos epidemias, la de VIH y la de la violencia contra las mujeres, ha incrementado el coste de la violencia para las mujeres y las niñas sudafricanas, tanto desde el punto de vista físico como psicológico.”

La mayoría de las mujeres del medio rural entrevistadas por Amnistía Internacional dijeron que sus parejas masculinas se mostraban reacias o se negaban a hacerse la prueba del VIH, aunque hubiera claros signos de que pudieran estar infectados. Muchas de las mujeres sufrían abusos por parte de sus parejas cuando intentaban acceder a los servicios de salud para recibir tratamiento y atención para el VIH.

Un tratamiento eficaz para el VIH y el sida exige visitas regulares a hospitales y clínicas para recibir tratamiento y atención. Las mujeres también necesitan una alimentación diaria adecuada con la que ingerir su medicación. Las mujeres del medio rural que viven con el VIH en circunstancias de pobreza y desempleo se enfrentan a constantes dificultades para tener un acceso regular a la alimentación y a menudo no pueden costearse el transporte hasta los centros de salud acreditados para proporcionar tratamiento.

"La falta de acceso físico a los centros de tratamiento equivale a la negación del acceso a servicios de atención a la salud, y el gobierno debe asumir más responsabilidad a la hora de garantizar este acceso”, ha dicho Michelle Kagari.

El informe de Amnistía Internacional ofrece recomendaciones específicas a las autoridades nacionales y provinciales sobre cómo resolver los retos a los que se enfrentan las mujeres del medio rural que viven con el VIH. También formula recomendaciones para las instituciones y los países donantes de ayuda que apoyan iniciativas de salud en Sudáfrica.

Día de los Derechos Humanos: La secretaria general de AI participará en un acto de un grupo de personas de relevancia mundial

Sat, 08 Dec 2007 18:59:03 +0000

Nota informativa para los medios de comunicación

Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional, presentará las actividades realizadas por la organización a lo largo del año para conmemorar el 60 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos en un acto que celebrará el grupo de personalidades denominado "The Elders" en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, el 10 de diciembre de 2007.

"Conforme avanza la cuenta atrás hacia este significativo aniversario, el mundo debe afrontar el reto de pasar de los derechos a la realización y de salvar la distancia entre promesa y actuación" ha manifestado Irene Khan.

Irene Khan estará disponible para entrevistas el domingo 9 y el lunes 10 de diciembre en Ciudad del Cabo. También tiene previsto participar en un debate sobre las conclusiones iniciales de la última investigación de Amnistía Internacional relativa a la situación de los derechos humanos en Zimbabue. Un equipo de Amnistía Internacional habrá concluido su visita a Zimbabue unos días antes, tras haber dedicado algún tiempo a investigar la brutalidad policial y la tortura en el país.

Zimbabue es un ejemplo excelente de la necesidad de un trabajo constante de promoción de la visión y aplicación de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Si desean asistir al acto previsto en Ciudad del Cabo el 10 de diciembre, pónganse en contacto con: pippa@visuali.co.za o con Jesse, llamando al +27 (0) 84 608 6600.

CUÁNDO: Lunes, 10 de diciembre de 2007, 9.30 horas
DÓNDE: The Bo-Kaap Museum, 71 Wale Street, Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

Para concertar entrevistas con Irene Khan durante su visita, pónganse en contacto con Judit Arenas, +44 7778 472 188, o con Eliane Drakopoulos, +44 7778 472 109.

Sudáfrica - Informe 2008 Amnistia Internacional

Wed, 08 Oct 2008 00:41:11 +0000

En un contexto de pobreza y desempleo generalizados, la policía respondió a una serie de protestas públicas haciendo un uso excesivo de la fuerza y practicando detenciones arbitrarias. Continuaron recibiéndose informes sobre condiciones penitenciarias deficientes y torturas a presuntos delincuentes que se encontraban bajo custodia policial. La ONU criticó el hecho de que las autoridades no respetaran el principio de no devolución (non-refoulement). La violación y otras formas de violencia contra las mujeres eran habituales, y continuaron existiendo dificultades para lograr protección y justicia. Se aprobó un nuevo plan estratégico sobre VIH/sida, pero menos de la mitad de las personas que necesitaban tratamiento con antirretrovirales podía acceder a él.

Información general

Las crecientes críticas en el seno del partido en el poder, el Congreso Nacional Africano (African National Congress, ANC), con respecto a las políticas económicas del gobierno y al estilo de liderazgo del presidente Mbeki culminaron en diciembre con la elección de Jacob Zuma como presidente del ANC. Sus partidarios consiguieron todos los puestos dirigentes del partido. Días después, las tensiones políticas aumentaron cuando el Tribunal Superior de Pietermaritzburg procesó a Jacob Zuma por 16 cargos de fraude y otros delitos. Estaba previsto que el juicio comenzase en 2008.En septiembre, el presidente Mbeki suspendió de su cargo al director nacional de la Fiscalía General, Vusi Pikoli, que estaba investigando las posibles actividades corruptas por parte del director general nacional de la Policía Sudafricana, Jackie Selebi. La suspensión, que se decretó poco después de que el director nacional de la Fiscalía General hubiera conseguido una orden judicial para detener a Jackie Selebi, recibió numerosas críticas, como las del Colegio de Abogados de Sudáfrica, entre otros. Al concluir el año, el director general de la Policía continuaba siendo investigado.Más del 43 por ciento de la población sudafricana vivía por debajo del umbral de la pobreza, establecido en 3.000 rands (unos 440 dólares estadounidenses) al año, y el desempleo era como mínimo del 25 por ciento. Más de 11 millones de personas recibían subsidios de asistencia social ofrecidos por el Estado. Aunque mejoró la provisión de servicios básicos a las comunidades, el acceso a una vivienda adecuada continuaba constituyendo un grave problema y una causa de conflicto social, al igual que los litigios sobre derechos humanos entablados en los tribunales.Los elevados índices de delitos violentos continuaban causando preocupación generalizada entre la opinión pública, con el consiguiente aumento de la presión sobre el gobierno y la policía para que actuasen de modo efectivo. Organismos del gobierno y de la sociedad civil avanzaron en la creación de una carta de servicios para las víctimas de la delincuencia.En julio, un comité parlamentario recomendó la creación de un organismo de derechos humanos que incluyese a la Comisión Sudafricana de Derechos Humanos y a otras organizaciones, como la Comisión sobre la Igualdad de Género, a fin de mejorar su eficacia, reducir costes y promover el carácter indivisible de los derechos humanos.

Personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes

Continuaban los abusos contra los derechos de los extranjeros recluidos bajo custodia policial o en centros de detención de inmigrantes, y las personas que solicitaban asilo se encontraban con dificultades para acceder a los procedimientos de determinación de los casos de asilo.El relator especial de la ONU sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo expresó preocupación por la detención administrativa de inmigrantes durante 30 días o más sin revisión judicial obligatoria, y por el hecho de que las autoridades no respetasen el principio de no devolución (non-refoulement).En febrero, el Tribunal Superior de Pretoria desestimó una solicitud para declarar ilegal la entrega a Pakistán de un ciudadano de ese país, Khalid Mehmood Rashid, que se había llevado a cabo en noviembre de 2005 sin las salvaguardas adecuadas. El Tribunal también se negó a ordenar al gobierno que investigase su posterior desaparición durante 18 meses. En octubre de 2007, el Tribunal denegó un segundo recurso presentado contra el fallo que había emitido en febrero. Se iniciaron los trámites para presentar un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo de Apelaciones.En septiembre, en el caso del solicitante de asilo libio Ibrahim Ali Abubakar Tantoush, el Tribunal Superior de Pretoria declaró ilegales las decisiones de los organismos encargados de determinar los casos de asilo, que le habían negado la condición de refugiado, y lo declaró refugiado con derecho a obtener asilo.

Uso excesivo de la fuerza por parte de la policía

La policía respondió a una serie de manifestaciones públicas de protesta por la situación socioeconómica haciendo un uso excesivo de la fuerza y practicando detenciones arbitrarias.

En septiembre, manifestantes desarmados protestaron en la zona de Durban por la carencia de viviendas adecuadas. Los organizadores de la manifestación, Shackdwellers Association, habían cumplido los requisitos establecidos en la Ley de Reuniones. Los participantes esperaban pacíficamente para presentar una petición cuando la policía los dispersó sin previo aviso, recurriendo a cañones de agua a presión, granadas paralizantes, porras y balas de goma. Persiguieron a los manifestantes que huían y los golpearon indiscriminadamente. Un total de 14 activistas fueron detenidos, incluido uno de los organizadores, Mnikelo Ndabankulu, que había ido a la comisaría a comprobar cómo se encontraban los demás. Fueron acusados de violencia pública. En noviembre, los procedimientos judiciales se aplazaron hasta 2008. Algunas de las personas detenidas sufrieron lesiones a causa de los golpes y de las balas de goma, como fue el caso de Mariet Nkikine, que recibió cinco disparos a quemarropa en la espalda.

En la provincia de Limpopo, los vecinos a quienes se negaba el acceso a sus tierras, afectadas por explosiones para la extracción de mineral, y que iban a ser objeto de reasentamiento a gran escala, protestaron contra Anglo-Platinum y otras empresas mineras.

En enero, unos agentes de policía dieron patadas, puñetazos y empujones a 15 manifestantes, en su mayoría mujeres de la localidad de Ga-Puka, que intentaban impedir que la empresa minera separase sus campos con una valla. Una mujer que tenía una discapacidad física afirmó que la policía la había golpeado y le había rociado los ojos de cerca con un pulverizador de pimienta, cuando ya estaba bajo su custodia. Todos los manifestantes quedaron posteriormente en libertad sin cargos.
En mayo, la policía detuvo en Maandagshoek a 18 personas, incluidas una mujer embarazada y otra con un bebé lactante, y las mantuvo recluidas de forma ilegítima durante 12 días. Quedaron en libertad bajo fianza tras ser acusadas de violencia pública. Anteriormente, en marzo, el tribunal regional de primera instancia había desestimado los cargos contra otros habitantes de Maandagshoek que en junio de 2006 habían celebrado una manifestación, dispersada por la policía haciendo un uso excesivo de la fuerza.

Tortura y otros malos tratos

Continuaron recibiéndose informes de tortura y malos tratos por parte de la policía durante las investigaciones criminales. Entre los casos confirmados figuraba la utilización de perros policía para atacar a sospechosos que llevaban grilletes, torturas mediante asfixia, golpes con culatas de armas, y patadas y golpes a los sospechosos por todo el cuerpo. Las agresiones se producían en diversos lugares, como en las casas de los sospechosos o cerca de ellas. En algunos casos, a los detenidos heridos se les negaba la atención médica urgente que necesitaban.

En septiembre, Z.S. fue atacado por perros policía mientras unos agentes lo mantenían esposado y tendido boca abajo en el suelo. Sus heridas se infectaron antes de recibir tratamiento médico mientras estaba detenido en una comisaría de la zona de Durban.

El organismo de supervisión de la policía, la Dirección Independiente de Denuncias contra la Policía, informó de que entre abril de 2006 y marzo de 2007 recibió 23 denuncias de tortura y 530 quejas por agresión con intención de causar lesiones graves. Durante ese mismo periodo de 12 meses, recibió 279 nuevos informes de muertes bajo custodia, además de informes sobre 419 muertes causadas por la actuación policial, que incluían 141 casos de sospechosos que habían muerto a causa de disparos efectuados durante la aprehensión. Casi el 50 por ciento de estas 698 muertes se produjo en las provincias de Gauteng y KwaZulu Natal.

Condiciones penitenciarias

En septiembre, según se afirmó, unos presos desarmados de la Sección B de la prisión de Durban que se negaron a abandonar sus celdas fueron agredidos por guardas y agentes de seguridad que utilizaron perros guardianes, escudos paralizantes de electrochoque y porras. Cuatro semanas después, observadores de los derechos humanos informaron de que algunos presos aún tenían lesiones visibles. A los presos se les negó la asistencia de un médico independiente.Los procedimientos penales contra funcionarios penitenciarios de la prisión de Ncome, en KwaZulu Natal, se aplazaron para realizar nuevas investigaciones sobre la agresión sufrida por unos 50 presos en 2003. En 2006, la Comisión de Investigación Jali había recomendado que se presentaran cargos contra los funcionarios y había criticado la inacción de las autoridades penitenciarias.El Servicio de Inspección Judicial de Prisiones, órgano de supervisión de la administración penitenciaria, realizó una inspección en 235 prisiones de todo el país y concluyó que el hacinamiento, la ausencia de programas de rehabilitación y los recortes de personal eran problemas «sistémicos», y que los servicios de atención a la salud se encontraban en una situación de «crisis».

Impunidad

En julio, familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas en la época del apartheid, el Grupo de Apoyo Khulumani y otras dos ONG iniciaron actuaciones ante el Tribunal Superior de Pretoria para que se declarasen no válidas las modificaciones introducidas en 2005 en la Política Nacional sobre Procesamientos que permitirían gozar de impunidad a los perpetradores que no habían colaborado con la Comisión de la Verdad y Reconciliación o a quienes la Comisión había denegado la amnistía. Las actuaciones continuaban al finalizar 2007.En agosto, el Tribunal Superior de Pretoria impuso condenas condicionales a Adriaan Vlok, ex ministro de Orden Público de la época del apartheid, y a otras cuatro personas tras aceptar un acuerdo de sentencia entre la fiscalía y la defensa. Los acusados habían expresado «remordimiento» por el intento de asesinato de un dirigente del movimiento contra el apartheid, Frank Chikane, en 1989 y habían aceptado colaborar en otras investigaciones. Los cinco se habían declarado culpables de los cargos de intento de asesinato.En octubre, el Ministerio de Justicia y Desarrollo Constitucional hizo pública una declaración en la que reiteraba la oposición del gobierno a un pleito interpuesto en Estados Unidos por víctimas de violaciones de derechos humanos. El grupo intentaba conseguir una indemnización por los daños y perjuicios causados por 50 empresas estadounidenses, europeas y canadienses debido a su presunta complicidad en abusos cometidos durante la época del apartheid. La declaración respondía a la decisión de la Corte de Apelaciones del Circuito de Nueva York de revocar la resolución, dictada por un tribunal inferior, de desestimar la demanda. El ministro afirmó que la responsabilidad de ofrecer rehabilitación y resarcimiento correspondía al gobierno de Sudáfrica y no a los tribunales extranjeros.

Violencia contra las mujeres

Continuaron recibiéndose informes de índices elevados de violencia sexual y de otros tipos contra las mujeres.Según estadísticas de la policía, los casos de violación denunciados habían disminuido en un 4,2 por ciento a lo largo de los seis últimos años. Sin embargo, entre abril de 2006 y marzo de 2007 se denunciaron 52.617 violaciones. También se denunciaron 9.327 casos de «abusos deshonestos», como violación anal y otros tipos de agresión sexual que en esa época no entraban en la definición de violación. En diciembre se dieron a conocer nuevas estadísticas sobre delincuencia durante el periodo comprendido entre abril y septiembre de 2007, en las que se incluían 22.887 denuncias de violación.Autoridades policiales informaron al Parlamento de que entre julio de 2006 y junio de 2007 la policía había registrado 88.784 casos de «violencia doméstica» según los términos establecidos en la Ley sobre Violencia Doméstica de 1998. El Departamento de Justicia informó de que los tribunales habían dictado más de 63.000 órdenes de protección entre abril de 2006 y marzo de 2007. Sin embargo, la Dirección Independiente de Denuncias contra la Policía informó en noviembre de que, de las 254 comisarías de policía auditadas en 2006, sólo el 23 por ciento cumplían con sus obligaciones en virtud de la Ley sobre Violencia Doméstica, en un espectro que iba desde las que incumplían totalmente dichas obligaciones, como las de las provincias de Mpumalanga y Limpopo, hasta las que las respetaban plenamente, como ocurría con todas las auditadas en El Cabo Occidental.Mujeres que habían sufrido actos de violencia y organizaciones de prestación de servicios manifestaron a Amnistía Internacional que, aunque algunos cuerpos de policía facilitaban el acceso de las mujeres a las órdenes de protección, otros volvían a enviarlas con sus familias, o no se incautaban de armas peligrosas o se negaban a tomar ningún tipo de medida a menos que la denunciante presentase antes cargos penales.Según los informes, la eficacia de la respuesta policial a los casos de violencia de género disminuyó a consecuencia de la disolución de las unidades especializadas en violencia en el ámbito familiar, protección a menores y delitos sexuales, y del traslado de sus integrantes a comisarías locales. El Departamento de Justicia suspendió la creación de nuevos tribunales especializados en delitos sexuales, a pesar de que el índice de declaraciones de culpabilidad en los casos de violación era más elevado.En diciembre entró en vigor, tras firmarla el presidente Mbeki, la Ley de Enmienda de la Legislación Penal (Delitos Sexuales y Cuestiones Afines), que ponía fin a un proceso de reforma legislativa que había durado casi 10 años. La Ley definía la violación en términos neutrales con respecto al género, aplicables a todas las formas de «penetración sexual» sin consentimiento, y obligaba a las autoridades a establecer, en el ámbito nacional, un marco político e instrucciones para garantizar la formación y la coordinación en la aplicación de sus disposiciones. Sin embargo, los servicios y las medidas de protección que ofrece la Ley a denunciantes y testigos resultaron más limitados de lo que las organizaciones de defensa pretendían en un principio. Las disposiciones que permitían la realización obligatoria de la prueba del VIH a los sospechosos detenidos fueron criticadas en lo que respecta a los intereses de la persona denunciante y a los derechos del acusado.

Salud: personas con VIH

Se calculaba que en torno a 5,5 millones de personas vivían con el VIH. En mayo, el Consejo de Ministros aprobó un nuevo Plan Estratégico Nacional sobre VIH/sida para el periodo comprendido entre 2007 y 2011, tras seis meses de consultas con departamentos del gobierno, organizaciones de la sociedad civil y servicios de atención a la salud. El Plan Estratégico Nacional pretendía ampliar al 80 por ciento de la población con VIH el acceso a tratamiento, cuidados y apoyo, así como abordar las dificultades sistémicas que existían para la prevención, el tratamiento y la atención. Nozizwe Madlala-Routledge, viceministra de Salud que había desempeñado un papel clave en el desarrollo del Plan, fue destituida en agosto por el presidente Mbeki, lo que hizo temer que el gobierno no estuviera plenamente comprometido con dicho Plan.Según cifras que el gobierno dio a conocer en mayo, en el sector de la salud pública había un total de 303.788 pacientes incluidos en programas de tratamiento con antirretrovirales. Sin embargo, organizaciones de vigilancia de los derechos relativos a la salud expresaron su preocupación por el hecho de que esta cifra fuera inferior a la mitad del número real de personas que necesitaban este tratamiento. En las zonas rurales, el acceso a los servicios de salud y la posibilidad de que las mujeres recibieran tratamiento se veían obstaculizados por las dificultades que tenían los servicios de salud para llegar a esas zonas, los costes del transporte, la carencia de personal de salud, los retrasos en la «acreditación» de las instalaciones que iban a ofrecer el tratamiento, la falta de acceso diario a una alimentación adecuada y las desigualdades socioeconómicas.En mayo, la Comisión Sudafricana de Derechos Humanos celebró sesiones públicas sobre el derecho de acceso a servicios de atención a la salud, tras haber recibido denuncias y observado el deficiente servicio que se ofrecía en muchas provincias. Al concluir el año, aún no había dado a conocer sus conclusiones.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

Delegaciones de Amnistía Internacional visitaron Sudáfrica en marzo y mayo.
Sudáfrica/Pakistán: Reaparece Khalid Mehmood Rashid tras 18 meses de detención secreta (AFR 53/003/2007)
South Africa: Submission to the UN Universal Periodic Review First Session of the UPR Working Group, 7-11 April 2008 (AFR 53/005/2007)