Páginas web sobre "Central African Republic"

África Central: Los gobiernos y ONU deben unir sus fuerzas para garantizar la liberación de las mujeres y los niños secuestrados

Tue, 22 Apr 2008 11:37:33 +0100

Amnistía Internacional pidió hoy a la ONU y los gobiernos de África Central que actuaran de
inmediato para garantizar la liberación de más de 350 hombres, mujeres y niños y niñas que al
parecer han sido secuestrados por el Ejército de Resistencia del Señor en las últimas semanas.

Los secuestros tuvieron lugar en la República Centroafricana, la República Democrática del
Congo y el Sur de Sudán mientras el Ejército de Resistencia del Señor parecía estar
preparándose para firmar un acuerdo de paz con el gobierno de Uganda que iba a terminar con
más de 20 años de una guerra civil caracterizada por crímenes de guerra, incluidos secuestros y
numerosos homicidios ilegítimos y mutilaciones de no combatientes.

“Como en Uganda, probablemente estas personas –incluidas decenas de mujeres y menores–
serán utilizadas como niños y niñas soldados y esclavos sexuales, a pesar de lo cual ninguno de
los gobiernos de la región ha hecho nada para tratar de conseguir su liberación”, ha dicho
Amnistía Internacional.

“Los gobiernos de Sudán, República Centroafricana y República Democrática del Congo, con la
ayuda de la ONU, deben unir sus fuerzas para conseguir inmediatamente la seguridad y la
liberación de las personas secuestradas y poner a los responsables a disposición judicial.”

En el pasado, las mujeres y las niñas secuestradas por el Ejército de Liberación del Señor han
sido utilizadas como esclavas sexuales, mientras que los niños y los hombres han sido obligados
a combatir y a perpetrar atrocidades, y utilizados como porteadores de los productos de los
saqueos.

Los secuestros más recientes se produjeron cerca de Obo, localidad del sudeste de la República
Centroafricana, en la frontera con la República Democrática del Congo y Sudán.

El Ejército de Resistencia del Señor parece haber desplazado sus operaciones al sur de la
República Centroafricana tratando de evitar que se detenga a sus altos mandos y se los traslade
a la Corte Penal Internacional en La Haya, donde se les busca por crímenes de guerra y de lesa
humanidad. Informaciones recientes indican que los combatientes han cruzado la frontera de la
República Democrática del Congo llevando con ellos a los secuestrados.

En 2005, la Corte Penal Internacional acusó a algunos dirigentes del Ejército de Resistencia del
Señor de haber llevado a cabo secuestros en masa y haber cometido otros crímenes contra la
humanidad y crímenes de guerra.

Actualmente hay cinco fuerzas de seguridad operando en la República Centroafricana: el ejército
de la República Centroafricana, las fuerzas de la UE (EUFOR), las de la ONU (Misión de la ONU
en la República Centroafricana y el Chad, MINURCAT), la Fuerza multinacional en la República
Centroafricana (FOMUC) y Monetaria del África Central (Cemac), y las fuerzas del gobierno
francés.

Amnistía Internacional pide a las fuerzas de la ONU y demás fuerzas que operan en la zona,
incluida la Misión de la ONU en Sudán (UNMIS) en el Sur de Sudán y la Misión de la ONU en la
República Democrática del Congo (MONUC), que ayuden a los gobiernos regionales a conseguir
la liberación de las personas secuestradas.

La organización también ha pedido a las fuerzas internacionales de mantenimiento de la paz y
gubernamentales desplegadas en la región que cooperen para detener y entregar a cualquier
persona contra quien la Corte Penal Internacional haya dictado una orden de detención, entre
ellas los dirigentes del Ejército de Resistencia del Señor.

Centenares secuestrados en África Central

Tue, 22 Apr 2008 14:09:43 +0100

Se ha instado a la ONU y a los gobiernos de África Central a que garanticen la liberación de más de 350 hombres, mujeres y niños y niñas que al parecer han sido secuestrados por el Ejército de Resistencia del Señor en las últimas semanas.

Los secuestros tuvieron lugar en la República Centroafricana, la República Democrática del Congo y Sudán del Sur mientras el Ejército de Resistencia del Señor parecía estar preparándose para firmar un acuerdo de paz con el gobierno de Uganda. El tratado iba a terminar con más de 20 años de una guerra civil caracterizada por crímenes de guerra, incluidos secuestros y numerosos homicidios ilegítimos y mutilaciones de no combatientes.

“Como en Uganda, probablemente estas personas –incluidas decenas de mujeres y menores– serán utilizadas como niños y niñas soldados y esclavos sexuales, a pesar de lo cual ninguno de los gobiernos de la región ha hecho nada para tratar de conseguir su liberación”, ha dicho Amnistía Internacional.

“Los gobiernos de Sudán, República Centroafricana y República Democrática del Congo, con la ayuda de la ONU, deben unir sus fuerzas para conseguir inmediatamente la seguridad y la liberación de las personas secuestradas y poner a los responsables a disposición judicial.”

En el pasado, las mujeres y las niñas secuestradas por el Ejército de Liberación del Señor han sido utilizadas como esclavas sexuales, mientras que los niños y los hombres han sido obligados a combatir y a perpetrar atrocidades, y utilizados como porteadores de los productos de los saqueos. Los secuestros más recientes se produjeron cerca de Obo, localidad del sudeste de la República Centroafricana, en la frontera con la República Democrática del Congo y Sudán.

El Ejército de Resistencia del Señor parece haber desplazado sus operaciones al sur de la República Centroafricana tratando de evitar que se detenga a sus altos mandos y se los traslade a la Corte Penal Internacional en La Haya. Se les busca por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Informaciones recientes indican que los combatientes han cruzado la frontera de la República Democrática del Congo llevando con ellos a los secuestrados.

En 2005, la Corte Penal Internacional acusó a varios dirigentes del Ejército de Resistencia del Señor de haber llevado a cabo secuestros en masa y haber cometido otros crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.

Actualmente hay cinco fuerzas de seguridad operando en la República Centroafricana: el ejército de la República Centroafricana, las fuerzas de la UE (EUFOR), las de la ONU (Misión de la ONU en la República Centroafricana y el Chad, MINURCAT), la Fuerza multinacional en la República Centroafricana (FOMUC), y las fuerzas del gobierno francés.

Amnistía Internacional pide a las fuerzas de la ONU y demás fuerzas que operan en la zona, incluida la Misión de la ONU en Sudán (UNMIS) en Sudán del Sur y la Misión de la ONU en la República Democrática del Congo (MONUC), que ayuden a los gobiernos regionales a conseguir la liberación de las personas secuestradas.

La organización también ha pedido a las fuerzas internacionales de mantenimiento de la paz y gubernamentales desplegadas en la región que cooperen para detener y entregar a cualquier persona contra quien la Corte Penal Internacional haya dictado una orden de detención, entre ellas los dirigentes del Ejército de Resistencia del Señor.

República Centroafricana - Informe 2007 Amnistía Internacional

Wed, 08 Oct 2008 01:22:44 +0100

Según informes, las fuerzas del gobierno mataron a decenas de civiles desarmados en respuesta a los disturbios del norte del país, lo que provocó el desplazamiento de decenas de miles de personas. Las autoridades no actuaron contra miembros de las fuerzas de seguridad sospechosos de haber participado en homicidios ilegítimos y otras violaciones de derechos humanos. Se detuvo y recluyó, de forma ilegítima y en duras condiciones, a decenas de personas sospechosas de oponerse políticamente al gobierno. Unas 25 fueron enjuiciadas y, en su mayoría, absueltas. Catorce de ellas no quedaron en libertad inmediatamente después de haber sido absueltas, sino que permanecieron recluidas dos semanas más.

Información general

Se intensificaron la violencia y la inseguridad en el norte del país. El 29 de enero, un grupo armado atacó a las fuerzas de seguridad en la localidad de Paoua, provincia de Ouham-Pende. Al menos 80 civiles, muchos de ellos desarmados, murieron a manos de las fuerzas del gobierno en un contraataque. Unas 7.000 personas huyeron al vecino Chad, mientras que otras 50.000 aproximadamente quedaron desplazadas dentro del país, con poco o nulo acceso a ayuda humanitaria.Continuaron durante todo el año los ataques de grupos armados. En junio, fuentes de la ONU informaron de la muerte de 33 personas en un ataque de rebeldes contra un campamento del ejército en el norte.Las fuerzas del gobierno siguieron respaldadas por tropas francesas y chadianas, y por miembros de una fuerza de mantenimiento de la paz apoyada por la Comunidad Económica y Monetaria del África Central (Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, CEMAC). Las fuerzas de la CEMAC recibían ayuda material de la Unión Europea.En agosto se juzgó in absentia al ex presidente Ange-Félix Patassé y a otros tres ex políticos por cargos de fraude y malversación de fondos públicos. Se los halló culpables de fraude y se les impusieron penas de hasta 20 años de prisión. Simon Kouloumba, ex asesor económico de Ange-Félix Patassé, fue absuelto y quedó en libertad. Estaba en espera de juicio desde 2003.

Impunidad

Las autoridades no actuaron contra miembros de las fuerzas de seguridad que, según informes, mataron e hirieron a decenas de civiles desarmados en las provincias de Ouham-Pende y Ouham a finales de enero y en febrero. Según informes, las fuerzas del gobierno, en particular miembros de la Guardia Republicana, atacaron a civiles desarmados, incluidos niños de tan sólo 10 años, y ejecutaron extrajudicialmente por lo menos a 17 estudiantes del colegio de enseñanza secundaria de Paoua.Según informes, al menos 80 personas murieron a manos de las fuerzas regulares del gobierno en Paoua en enero y febrero. Entre las víctimas se encontraban Florent Djembert, Vincent Bozoukon y William Béré. Según los informes recibidos, se quemaron cuatro cuerpos no identificados en el recinto de la gendarmería local. No se recibieron informes de investigaciones sobre estas muertes.Un ex miembro de la Guardia Republicana que al parecer había matado a varias personas, pero que había quedado en libertad sin cargos tras su detención en 2005, continuó amenazando a defensores y defensoras de los derechos humanos, hasta que murió a manos de insurgentes en mayo. Según informes, en enero había amenazado a Maka Gbossokoto, director del diario Le Citoyen, a Nganatouwa Goungaye Wanfiyo, abogado, y a Adolphe Ngouyombo, activista de derechos humanos.El gobierno no tomó medidas para enjuiciar a los responsables de abusos graves contra los derechos humanos perpetrados durante el conflicto de finales de 2002 y principios de 2003, entre ellos cientos de violaciones. La Corte Penal Internacional (CPI), a quien el gobierno había remitido la situación en 2005, continuó con el análisis preliminar de los crímenes cometidos durante ese periodo. Al concluir el año, la CPI no había comunicado aún si abriría una investigación completa.

Detenciones, reclusiones y juicios por motivos políticos

Varias decenas de personas fueron detenidas entre febrero y abril de 2006 y acusadas de apoyar a grupos armados que trataban de derrocar al gobierno del presidente François Bozizé. Muchas de ellas pertenecían al Movimiento por la Liberación del Pueblo Centroafricano (Mouvement de libération du peuple centrafricain, MPLC) del ex presidente Ange-Félix Patassé o procedían del mismo grupo étnico, los kaba.A estas personas se las mantuvo recluidas durante semanas o meses, sin cargos y sin acceso a sus familias, a asistencia letrada o a profesionales médicos. En mayo y junio se acusó a unas 25 de ellas de poner en peligro la seguridad del Estado y de delitos conexos.Lydie Florence Ndouba, funcionaria del Ministerio de Asuntos Exteriores, fue detenida el 28 de febrero, al parecer, por ser hermana de dos destacados políticos críticos con el gobierno. Se la recluyó sin cargos hasta el 11 de mayo, fecha en la que se la acusó de poner en peligro la seguridad del Estado. En el juicio, que tuvo lugar en agosto, informó al Tribunal Penal de que había sufrido malos tratos bajo custodia. Fue absuelta.Pascal Ngakoutou Beninga, profesor de la Universidad de Bangui, informó de que, el 25 de marzo, miembros de la Guardia Republicana lo habían llevado a un bosque y amenazado de muerte. Se lo acusó de haber dado alojamiento a hombres armados y de posesión de armas. Miembros de las fuerzas de seguridad registraron su domicilio pero, según informes, no encontraron nada que lo incriminara.En agosto y septiembre, el Tribunal Penal de Bangui procesó a unas 25 personas detenidas. Aproximadamente 20 de ellas fueron absueltas.De 16 personas juzgadas por poner en peligro la seguridad interna del Estado y por cargos conexos, 15 fueron absueltas y una condenada por un delito de menor gravedad el 12 de septiembre. Sin embargo, 14 de ellas no quedaron en libertad, sino que el 13 de septiembre fueron trasladadas por miembros de la Guardia Republicana de la prisión de Ngaragba a la de Bossembélé, en la provincia de Ombella-Mpoko. Miembros del Colegio de Abogados de República Centroafricana se declararon en huelga en señal de protesta, y el gobierno fue objeto de críticas generalizadas. El 25 de septiembre se trasladó de nuevo a los detenidos a Bangui y se los dejó en libertad.Al concluir 2006, al menos 20 detenidos seguían recluidos, acusados de tener vínculos con grupos armados. No estaba claro si se habían presentado cargos formales contra todos ellos.

Condiciones de reclusión

Una delegación de AI visitó varios centros de detención en Bangui, entre ellos, la prisión de Ngaragba, la prisión de Bimbo y la Dirección de Información e Investigación (Section de recherche et d'investigation, SRI) de la Gendarmería Nacional. Lo que encontraron fueron condiciones tan duras que constituían una amenaza para la vida.En la mayoría de las prisiones y los centros de detención, los detenidos no recibían más alimentos que los que les llevaban sus amistades o familiares. Muchos se quejaban de no tener suficiente comida o de sufrir malnutrición. Las celdas estaban masificadas y eran insalubres.Se negaba el acceso a atención médica a los detenidos con problemas de salud. Se recluía juntos a menores y adultos, a presos preventivos y convictos. Según informes, en los centros de detención situados fuera de Bangui se recluía por lo general a hombres y mujeres juntos, y las condiciones eran incluso peores.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

Informe

• Central African Republic: Government tramples on the basic rights of detainees (Índice AI: AFR 19/007/2006)

Visita

• Una delegación de Amnistía Internacional visitó República Centroafricana en mayo.

República Centroafricana - Informe 2008 Amnistia Internacional

Wed, 08 Oct 2008 01:40:59 +0100

Grupos armados, soldados del gobierno y bandas criminales mataron a civiles, destruyeron e incendiaron propiedades y viviendas, y saquearon, secuestraron y violaron con impunidad. Decenas de miles de civiles del norte de República Centroafricana siguieron huyendo de la violencia y de los abusos contra los derechos humanos hacia la región meridional de Chad, a Camerún y a otros países vecinos.

Información general

El gobierno de República Centroafricana se vio presionado a lo largo del año para alcanzar un acuerdo pacífico para el conflicto armado desatado a mediados de 2005 entre fuerzas gubernamentales y grupos armados. En febrero, con la mediación de Libia, el gobierno firmó un acuerdo de paz con el Frente Democrático para el Pueblo Centroafricano (Front démocratique pour le peuple centrafricain), y el 1 de abril el gobierno firmó un acuerdo con la Unión de las Fuerzas Democráticas para la Unidad (Union des forces démocratiques pour le rassemblement). Al finalizar 2007 ninguno de los dos acuerdos se había implementado por completo, aunque en junio el gobierno puso en libertad a 18 presuntos miembros de la Unión de las Fuerzas Democráticas para la Unidad. En diciembre, el presidente Bozizé designó un órgano consultivo encargado de preparar el proceso conocido como «Diálogo Nacional».Se acusó a fuerzas gubernamentales, y en particular a la Guardia Presidencial, de matar a decenas de civiles, al tiempo que los grupos armados secuestraban y mataban a quienes se negaban a prestarles apoyo.Bandidos armados conocidos como «zaraguinas», algunos de los cuales eran soldados desmovilizados de República Centroafricana y de países vecinos, robaron a viajeros –matando e hiriendo a algunos– y secuestraron a adultos y menores de edad a cambio de rescate.La inseguridad generalizada en el norte ocasionó desplazamientos internos masivos de centenares de miles de personas, que contaron con escaso o nulo acceso a asistencia humanitaria.

Homicidios ilegítimos cometidos por fuerzas gubernamentales

Tras los ataques perpetrados por grupos armados contra fuerzas gubernamentales e instalaciones estatales en el norte del país, la Guardia Presidencial y otras fuerzas de seguridad llevaron a cabo ataques punitivos contra la población local, dando muerte e hiriendo a residentes e incendiando viviendas. Se detuvo a personas sospechosas de pertenecer a grupos armados y a menudo se las ejecutó sumariamente. Muchos residentes huyeron al monte, donde se ocultaron durante semanas o meses.

Yacoub Ahmat Mahmat huyó de la zona de Paoua porque los soldados del gobierno habían destruido viviendas, robado dinero, golpeado a residentes, secuestrado a tres personas y matado a una como represalia por el ataque de un grupo armado el 6 de enero. El 12 de febrero, tras los ataques, 15 zaraguinas robaron a Yacoub Ahmat Mahmat 15 de sus cabezas de ganado.
En marzo, Raymond Djasrabaye fue uno de los muchos residentes del pueblo de Beboura, en Paoua, a los que las fuerzas de seguridad hirieron o mataron. Su padre y su madre resultaron muertos. Raymond Djasrabaye recibió un tiro en el brazo, que se gangrenó, y huyó a Chad, donde se lo amputaron.

Soldados de las Fuerzas Armadas Centroafricanas (Forces armées centrafricaines), y en especial miembros de la Guardia Presidencial, ejecutaron extrajudicialmente a personas que sospechaban pertenecían a grupos armados de oposición.

El 5 de enero, soldados de las Fuerzas Armadas ejecutaron públicamente en el mercado de Kaga Bandoro a dos hombres de 22 y 27 años. Según los informes, pasearon los cadáveres de las víctimas por las calles y se tomaron fotografías con ellos. No se tiene noticia de que el gobierno haya tomado alguna medida contra los soldados ni su jefe.

Por todo el norte del país, las Fuerzas Armadas respondieron a los ataques contra fuerzas gubernamentales incendiando viviendas. Según informes, al comenzar 2007 habían sido incendiadas más de 2.000 entre las ciudades de Kaga Bandoro y Ouandago, ocasionando el desplazamiento interno de más de 10.000 personas. Los soldados del gobierno saqueaban las propiedades de los residentes y quemaban lo que no se podían llevar.

Según los informes, miembros de la Guardia Presidencial con base en Bossangoa incendiaron el 27 y 28 de enero nueve pueblos a lo largo del eje Bozoum-Paoua-Pende, ejecutaron sumariamente al menos a siete civiles desarmados, y ataron a un hombre a un granero al que prendieron fuego, quemándolo vivo. De acuerdo con la información disponible, miembros de la Guardia Presidencial que actuaban bajo las órdenes del mismo jefe militar mataron a tiros a dos catequistas católicos en la localidad de Bozoy III. También según los informes, miembros de la Guardia Presidencial mataron al menos a otras 10 personas a lo largo del eje Paoua - Bozoum.

Homicidios ilegítimos cometidos por grupos armados

Organizaciones humanitarias y de derechos humanos, así como personas refugiadas en el sur de Chad, informaron que en el norte de República Centroafricana los grupos armados atacaban a civiles desarmados. A las víctimas las acusaban de colaborar con el gobierno o de prestarle apoyo.

El 19 de marzo, miembros de un grupo armado golpearon a Djibrilla Adamou cuando éste iba caminando de regreso a casa desde Letele, en Bocaranga, porque no les entregó el dinero que le pedían. Quedó tan malherido que, según los informes, lo abandonaron dándolo por muerto.
El 11 de junio, un miembro de un grupo armado, el Ejército Popular para la Restauración de la Democracia (Armée populaire pour la restauration de la démocratie), mató de un tiro a una voluntaria francesa de Médicos sin Fronteras. Según los informes, el grupo armado declaró posteriormente que se había tratado de un error de uno de sus combatientes, a quien al parecer había ejecutado después sin someterlo a un juicio justo.

Según los informes, más de 50 presuntos zaraguinas que vestían ropa militar de camuflaje y llevaban el rostro cubierto con turbantes atacaron en enero a los residentes de la localidad de Voudou, en el eje Bozoum-Bossangoa, dando muerte a cuatro civiles.

Secuestros de menores y adultos

Decenas de menores y adultos fueron secuestrados por bandoleros armados, especialmente en el noroeste del país. El gobierno prácticamente no hizo nada para impedir los secuestros o detener a los autores.Al parecer, se escogió a la mayoría de las víctimas por ser miembros del grupo étnico mbororo, formado por pastores que podían vender su ganado para pagar los rescates, mientras que los agricultores sedentarios no tenían acceso a este recurso.Algunas de las víctimas eran secuestradas como venganza porque sus familiares habían participado en actividades «anti-zaraguinas». La esposa de Souley Garga, líder de la comunidad mbororo, fue secuestrada a fines de 2006 y no recobró la libertad hasta abril de 2007, cuando Souley Garga, según los informes, pagó un rescate de cuatro millones de francos CFA (unos 8.000 dólares estadounidenses). Tres hombres secuestrados al mismo tiempo figuraban entre otras personas que seguían en manos de zaraguinas, que exigían un rescate de nueve millones de francos CFA.La mayoría de las personas secuestradas eran menores de edad mbororos. Algunos eran secuestrados varias veces hasta que, sin recursos para pagar más rescates, sus familias se veían obligadas a huir.

En 2005, unos zaraguinas secuestraron a dos de los hijos de Weti Bibello y se llevaron a uno de ellos una vez más a fines de 2006. Miembros de un grupo político armado y zaraguinas le robaron la mayor parte de las 150 cabezas de ganado que le quedaban a principios de 2007. Un grupo armado de oposición mató a varios miembros de su familia en enero. En abril, temiendo más ataques, Weti Bibello huyó con su familia a Chad.
En febrero, unos zaraguinas secuestraron a las cuatro de la madrugada en Paoua a Mahmoud Damsi, de 10 años de edad, y a varios menores más. Su padre, Ibrahim Damsi, pagó 550.000 francos CFA por su liberación, para lo que antes tuvo que vender muchas de sus vacas. Los zaraguinas le propinaron una fuerte paliza cuando acudió a pagarles el rescate.
En enero fue secuestrada Fatimatou, de cinco años de edad, hija de Ousmane Bi Yunusa. Su padre pagó el rescate con la venta de la última vaca que poseía. Fatimatou fue liberada tras un mes de cautiverio.

Representantes de organizaciones humanitarias también figuraron entre los objetivos de los bandoleros. El 19 de mayo, dos trabajadores de la organización humanitaria italiana Cooperazione Internazionale fueron secuestrados por zaraguinas en el camino que une Bozoum con Bocaranga. Fueron liberados el 29 de mayo. En septiembre, unos zaraguinas secuestraron brevemente a varios trabajadores de la Oficina de la ONU de Apoyo a la Consolidación de la Paz en República Centroafricana (BONUCA) y les robaron sus propiedades.

Personas refugiadas y desplazadas internamente

Más de 200.000 personas desplazadas internamente abandonaron sus hogares, reservas de alimentos y otras propiedades, que a menudo eran saqueadas o destruidas por soldados del gobierno, grupos o bandidos armados. Las personas desplazadas internamente tenían acceso limitado a asistencia humanitaria, y muchas sucumbieron a las inclemencias del tiempo y a la falta de atención médica cuando trataban de sobrevivir a la intemperie.Al finalizar el año había aproximadamente 50.000 refugiados de República Centroafricana en el sur de Chad, más de 26.000 en Camerún y varios miles en Sudán. El acceso a cuidados a la salud y otra asistencia humanitaria era limitado para las personas refugiadas en Chad, y los suministros alimentarios, muy escasos. Por su parte, las personas refugiadas en Camerún no tenían acceso a asistencia humanitaria y sobrevivían principalmente de la que les proporcionaba la población local camerunesa y de la venta de los animales que habían podido llevar consigo en su huida.

Libertad de expresión

Michel Alkhaly Ngady, director de un periódico y presidente de la asociación de editores de la prensa privada e independiente centroafricana, fue detenido el 12 de marzo. El Alto Consejo de la Comunicación lo había acusado de difamación, cargo del que un tribunal lo declaró culpable y por el que pasó 63 días en la cárcel.

Informes y visita de Amnistía Internacional

Una delegación de Amnistía Internacional visitó en mayo el sur de Chad y República Centroafricana.
República Centroafricana: Civiles en peligro en la remota zona norte (AFR 19/003/2007)
República Centroafricana: Guerra contra niños y niñas en la remota zona norte (AFR 19/006/2007)