Zimbabue - Informe 2008 Amnistia Internacional

Human Rights in República de Zimbabue

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Zimbabue is now live »

Jefe del Estado y del gobierno : Robert Mugabe
Pena de muerte : retencionista
PoblaciÓn : 13,2 millones
Esperanza de vida : 40,9 años
Mortalidad infantil (<5 años) (h/m) : 120/106 por cada 1.000
PoblaciÓn adulta alfabetizada : 89,4 por ciento

La situación de los derechos humanos continuó deteriorándose en 2007, pues aumentaron la violencia organizada y la tortura, así como las restricciones del derecho a la libertad de asociación, reunión y expresión. Se detuvo a centenares de personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos o pertenecientes al principal partido de oposición, el Movimiento por el Cambio Democrático, por participar en concentraciones pacíficas. Decenas de personas fueron torturadas bajo custodia policial. La economía continuó empeorando. Alrededor de cuatro millones de personas necesitaron ayuda alimentaria humanitaria debido al deterioro de la economía, la irregularidad del régimen de lluvias y la falta de recursos para la agricultura, como semillas de maíz y fertilizantes. Las víctimas de los desalojos forzosos de 2005 continuaban viviendo en condiciones deplorables, sin que el gobierno hiciera nada para remediarlo.

Información general

En marzo, la Comunidad de Desarrollo Económico del áfrica Austral celebró una cumbre extraordinaria en Tanzania y encargó al presidente de Sudáfrica, Thabo Mbeki, la tarea de facilitar el diálogo entre el gobierno de Zimbabue y el Movimiento por el Cambio Democrático. Las consiguientes conversaciones se desarrollaron a un ritmo muy lento, por lo que se dejaron de cumplir varios plazos. Amnistía Internacional y diversas organizaciones de la sociedad civil sentían preocupación por el hecho de que no se hablara de las violaciones de derechos humanos en el proceso de mediación. En el proceso de mediación auspiciado por la Comunidad de Desarrollo Económico del áfrica Austral no había una estrategia clara para la participación de la sociedad civil. Mientras se mantenía este diálogo, la policía continuó hostigando a miembros del Movimiento por el Cambio Democrático y a defensores y defensoras de los derechos humanos. En octubre, tras haberse llegado a algunos acuerdos en las conversaciones, se aprobó la Ley de Enmienda Constitucional (Núm. 18), con objeto de sincronizar las elecciones presidenciales, parlamentarias y municipales y crear una comisión de derechos humanos. En diciembre, de conformidad con los acuerdos alcanzados en las conversaciones, el Parlamento aprobó varios proyectos de ley más, entre ellos los de Reforma de la Ley de Orden Público y Seguridad y Reforma de la Legislación Electoral.

La economía continuó empeorando, por lo que se vieron gravemente menoscabados los ingresos de las familias y su capacidad de acceso a los alimentos, la atención de la salud y la educación. Según cálculos del Programa Mundial de Alimentos, alrededor de cuatro millones de personas necesitaban recibir ayuda alimentaria humanitaria en Zimbabue. La inflación anual superaba el 7,9 por ciento al final de septiembre, pero la Oficina Central de Estadística no publicó las cifras de octubre, noviembre y diciembre. En junio, el gobierno introdujo medidas de control de los precios, aparentemente para detener la vertiginosa subida del coste de los alimentos. Presa del pánico debido a ellas, la población comenzó a acaparar productos, y a comienzos de julio no se podía encontrar ya casi nada en las tiendas, ni siquiera maíz, el alimento básico. Durante la aplicación de las medidas de control de los precios, la policía detuvo a más de 7.000 empresarios por incumplirlas. Hubo informes sobre corrupción de agentes encargados de hacer aplicar las medidas, incluidos casos de acaparamiento por parte de agentes de los servicios de seguridad del Estado.

Libertad de reunión y asociación

A lo largo del año, la policía impuso severas restricciones del derecho a la libertad de asociación y reunión a defensores y defensoras de los derechos humanos, estudiantes, sindicalistas y miembros del Movimiento por el Cambio Democrático. Hizo también uso excesivo de la fuerza para disolver manifestaciones pacíficas. Asimismo, se sometió a tortura y malos tratos, especialmente a brutales palizas, a personas bajo custodia policial. En reiterados casos se negó a los detenidos el acceso a abogados, alimentos y atención médica.

El 21 de febrero, la policía de Harare anunció la prohibición de las manifestaciones en partes de la ciudad durante tres meses. La medida parecía ir en contra de la sección 27 de la Ley de Orden Público y Seguridad, que sólo permitía a la policía imponer prohibiciones de un mes de duración.

Aunque la policía hizo uso excesivo de la fuerza para disolver manifestaciones y reuniones convocadas por el Movimiento por el Cambio Democrático y organizaciones de la sociedad civil, no se tuvo noticia de actuaciones de la policía para interrumpir reuniones o manifestaciones del grupo político en el poder, la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico, o de las organizaciones asociadas a él, como la Asociación de Veteranos de la Guerra de Liberación Nacional de Zimbabue.

  • El 18 de febrero, la policía de Harare impidió al Movimiento por el Cambio Democrático celebrar una concentración en Highfield, barrio pobre de las afueras de Harare. La había convocado la facción del Movimiento por el Cambio Democrático dirigida por Morgan Tsvangirai con objeto de lanzar en ella su campaña para las elecciones presidenciales de 2008 y había sido autorizada por el Tribunal Superior el 17 de febrero. Aunque la orden de este tribunal prohibía obstaculizar la concentración, la policía instaló controles de seguridad para impedir el acceso a ella. Al menos 50 personas resultaron heridas, 5 de ellas de gravedad, al golpear la policía a los asistentes indiscriminadamente. Los agentes agredieron primeramente a los partidarios del Movimiento por el Cambio Democrático con porras, y luego utilizaron perros, gas lacrimógeno y cañones de agua para dispersarlos. Según informes, también hubo heridos entre la policía. Los informes indicaban que la policía había ido de casa en casa golpeando a presuntos partidarios del Movimiento por el Cambio Democrático. El 19 de febrero detuvo a algunos de sus líderes en Highfield.
  • El 11 de marzo se detuvo en Highfield a al menos 50 activistas que pretendían asistir a una concentración de carácter religioso de la campaña Salvemos Zimbabue, organizada por una coalición de partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil e iglesias. La concentración tenía por objeto protestar por la prohibición policial de las manifestaciones en partes de Harare durante tres meses. Entre los detenidos se encontraban los líderes de facción del Movimiento por el Cambio Democrático Morgan Tsvangirai y Arthur Mutambara, el presidente de la Asamblea Constitucional Nacional, Lovemore Madhukuk, y las dos altos cargos del Movimiento por el Cambio Democrático Sekai Holland y Grace Kwinjeh. Los detenidos fueron conducidos a la comisaría de Machipisa, donde les dieron patadas y golpes con porras. Las palizas continuaron en otras comisarías a las que se los trasladó posteriormente. Varios activistas sufrieron lesiones graves, incluidas fracturas y laceraciones profundas. Se negó a los detenidos el acceso a abogados, y sólo se permitió recibir atención médica a Lovemore Madhuku y Morgan Tsvangirai. La policía desafió una orden del Tribunal Superior que la obligaba a llevar a los detenidos ante él el 13 de marzo, y al mediodía de ese mismo día no había permitido tampoco que comparecieran ante un juez. En la comisaría central de Harare se denegó a algunos de los detenidos heridos de gravedad el permiso para ser trasladados al juzgado en ambulancias, las cuales tuvieron que marcharse vacías. Los detenidos pasaron al menos cuatro horas en el tribunal de primera instancia de Rotten Row sin que nadie los atendiera. Tuvieron que intervenir funcionarios de la Fiscalía General para que la policía permitiera trasladarlos a un hospital. El 13 de marzo, a medianoche, los llevaron de nuevo al juzgado y los dejaron, libres, en manos de sus abogados.
  • El 25 de julio, la policía detuvo en Harare al menos a 200 activistas de la Asamblea Constitucional Nacional que habían participado en una marcha pacífica. Los agentes los sacaron de las oficinas de la Asamblea y los llevaron a la comisaría central de Harare, donde, junto con unos individuos no identificados que vestían de civil, los agredieron brutalmente. Entre los detenidos había dos ancianas de 68 y 72 años, a las que golpearon especialmente y acusaron de «incitar a los jóvenes a manifestarse contra el gobierno». También se llevó bajo custodia, junto con sus madres, a seis menores de corta edad, que vieron cómo se separaba a éstas de los demás detenidos para golpearlas. Las palizas duraron unas seis horas, y a medianoche los activistas quedaron en libertad sin cargos. Según informes, les hicieron entonar canciones revolucionarias en contra de Morgan Tsvangirai. Al menos 32 de ellos fueron hospitalizados posteriormente, y 14 sufrieron fracturas de extremidades a causa de las palizas. Entre las personas lesionadas había un bebé de 19 meses, a quien la policía había golpeado con una porra.

Defensoras de los derechos humanos

A lo largo del año se detuvo a miembros de la organización de activistas de los derechos de las mujeres Mujeres de Zimbabue, ¡en pie! (WOZA), tras protestas pacíficas. Dos de sus líderes, Jenni Williams y Magodonga Mahlangu, fueron detenidas varias veces y recibieron amenazas, algunas de ellas de muerte, de agentes de policía.

  • El 6 de junio se detuvo en Bulawayo a siete miembros de WOZA que habían participado en una protesta pacífica. Como muestra de solidaridad, Jenni Williams y Magodonga Mahlangu decidieron entregarse también a las autoridades y quedaron detenidas. Se presentaron cargos contra ambas en aplicación de la Ley de Codificación y Reforma Penal y fueron puestas en libertad bajo fianza el 9 de junio. Según informes, también se detuvo a miembros de WOZA en otras partes de Zimbabue, como Mutare, Masvingo y Filabusi.
  • El 1 de octubre se detuvo en Bulawayo a aproximadamente 200 miembros de WOZA que habían participado en una marcha pacífica en contra de la manera tan irregular en que se pretendía reformar la Constitución. Quedaron en libertad sin cargos.
  • El 15 de octubre, 58 activistas de WOZA que protestaban pacíficamente frente al Parlamento, en Harare, estuvieron bajo custodia durante nueve horas en la comisaría central de policía de la ciudad. Quedaron en libertad sin cargos.
  • El 6 de noviembre, la policía antidisturbios detuvo frente al Parlamento, en Harare, a 98 miembros de WOZA que participaban en una marcha pacífica para protestar contra la violencia y pedir la anulación de leyes represivas como la Ley de Orden Público y Seguridad. Los llevaron a la comisaría central de policía de la ciudad y los dejaron en libertad sin cargos al cabo de siete horas.

Ejecuciones extrajudiciales

El 11 de marzo, la policía mató a tiros en Highfield al activista de la Asamblea Constitucional Nacional Gift Tandare cuando participaba en un acto religioso de protesta organizado por la Campaña Salvemos Zimbabue. No se llevó a cabo ninguna investigación independiente sobre el homicidio. La policía afirmó que Gift Tandare formaba parte de un grupo que había hecho caso omiso de la orden de dispersarse. Posteriormente, la policía disparó con munición real contra los asistentes al funeral del activista, e hirió a dos personas. Según informes, agentes de los servicios de seguridad del Estado se llevaron el cadáver de la funeraria local y obligaron a la familia a enterrarlo en Mt. Darwin, su pueblo natal.

Tortura y otros malos tratos

A lo largo del año persistieron los informes de tortura bajo custodia policial. Muchas de las víctimas eran personas que habían sido detenidas tras participar en protestas pacíficas o miembros del Movimiento por el Cambio Democrático acusados por la policía de participar en presuntos atentados con explosivos y otros ataques terroristas.

  • Alrededor del 28 de marzo, la policía detuvo a decenas de trabajadores, activistas y altos cargos del Movimiento por el Cambio Democrático en todo el país, acusándolos de actividades terroristas y de atentados con cócteles molotov. Al parecer, la mayoría de los detenidos fueron torturados bajo custodia policial. Más tarde se presentaron cargos contra 32 de ellos, que estuvieron entre dos y cuatro meses privados de libertad. Entre los detenidos se encontraba Philip Katsande, secretario de política e investigación del Movimiento por el Cambio Democrático en la provincia de Harare. Durante su detención dispararon contra él, cuando se escondía en el altillo, y al parecer, la policía agredió también a su esposa y a sus hijos. Después la misma policía lo llevó al hospital de Parirenyatwa. Paul Madzore, parlamentario del Movimiento por el Cambio Democrático por Glen View, fue detenido por la policía en su domicilio el 28 de marzo, junto con otros ocupantes de la casa, incluidos menores. La policía lo torturó en la comisaría central de Harare. Posteriormente se retiraron los cargos contra 30 de los detenidos por falta de pruebas.
  • En junio comparecieron ante los tribunales seis hombres acusados de planear un golpe de Estado, entre ellos un militar retirado: Albert Mugove Mutado, el ex soldado Nyasha Zivuka, Oncemore Mudzuradhona, Emmanuel Marara, Patson Mupfure y Shingirai Matemachani. Según informes, fueron torturados. El juicio continuaba al final del año.

Secuestros y agresiones

Presuntos agentes de los servicios de seguridad del Estado secuestraron y agredieron a miembros del Movimiento por el Cambio Democrático.

  • El 18 de marzo, Nelson Chamisa, parlamentario del Movimiento por el Cambio Democrático por Kuwadzana, fue agredido con barras de hierro a la entrada del aeropuerto internacional de Harare por presuntos agentes de los servicios de seguridad del Estado. Se dirigía a Bruselas para asistir a la Asamblea Parlamentaria Conjunta de la UE y los Estados de áfrica, del Caribe y del Pacífico. Al final de 2007 no se había detenido a nadie por esta agresión.
  • En marzo, Last Maengahama, miembro del Movimiento por el Cambio Democrático, fue secuestrado por presuntos agentes de los servicios de seguridad del Estado en el centro comercial de Borrowdale, en Harare, tras haber asistido al funeral de Gift Tandare. Sus secuestradores lo introdujeron por la fuerza en un camión y lo agredieron, antes de abandonarlo en Mutorashanga, a unos 100 km de Harare.
  • El 18 de mayo, May Cleopas Shiri, presidente del Movimiento por el Cambio Democrático en el distrito de Gweru Urban, fue secuestrado por cuatro hombres que viajaban en un automóvil Mazda 323 de color verde, cuando volvía a casa del trabajo. Le vendaron los ojos y lo llevaron a un edificio donde lo sometieron a torturas, como ponerle varillas eléctricas en los dedos de los pies. Cuando perdió el conocimiento, lo dejaron abandonado en medio del campo. Al volver en sí, Cleopas Shiri consiguió llegar a una carretera y que lo llevaran a Bulawayo, donde estuvo hospitalizado durante un mes. Cuando regresó a Gweru, vio que su casa estaba vigilada, situación que no cesó hasta que acudió al jefe de policía de distrito.
  • El 22 de noviembre, unos desconocidos rodearon al menos a 22 miembros de la Asamblea Constitucional Nacional en la zona empresarial del centro de Harare y los introdujeron por la fuerza en dos microbuses. Según informes, los llevaron a las oficinas provinciales de Harare de la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico, en Fourth Street, donde los golpearon en las plantas de los pies con palos y barras de hierro, los obligaron a permanecer en posturas de gran tensión, como simular estar sentados en una silla, durante largos periodos y les hicieron rodar por el suelo. Después les ordenaron limpiar con las manos desnudas el suelo de la habitación y un retrete. Avisada aparentemente por sus captores, la policía los llevó a la comisaría central de Harare, donde los acusó de «obstrucción a la justicia» en aplicación de la Ley de Codificación y Reforma Penal y les puso una multa. No se detuvo a ninguno de sus captores. Diez de las víctimas necesitaron atención hospitalaria.

Estado de derecho

En octubre, los jueces y los fiscales se declararon en huelga para pedir un aumento de sus sueldos del 900 por ciento. Muchos funcionarios judiciales apenas ganaban lo suficiente para vivir, lo que comprometía el sistema de justicia.

El 6 de noviembre, el fiscal general, Sobusa Gula-Ndebele, fue detenido por presunta «conducta contraria a los deberes de un cargo público o incompatible con ellos». La detención se produjo tras una reunión que, según informes, había mantenido en septiembre con el ex director gerente adjunto del National Merchant Bank, James Andrew Kufakunesu Mushore, a quien la policía buscaba por delitos relacionados con divisas. Fue acusado formalmente de contravenir la sección 174.1 de la Ley de Codificación y Reforma Penal, amonestado y puesto en libertad. En diciembre, el presidente Mugabe lo retiró de su cargo y anunció el establecimiento de un tribunal de tres miembros para examinar las acusaciones de uso indebido de su posición que se habían formulado contra él.

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