Venezuela - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in República Bolivariana de Venezuela

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Venezuela is now live »

Jefe del Estado y del gobierno
Hugo Chávez Frías
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
28,6 millones
Esperanza de vida
73,6 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
24/19 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
95,2 por ciento

Se perpetraron de manera generalizada agresiones y actos de acoso e intimidación contra detractores de la política gubernamental, incluidos periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos. Se formularon cargos infundados contra personas que se oponían al gobierno. Se crearon más fiscalías y tribunales especializados en violencia de género. Sin embargo, siguió avanzando con lentitud la aplicación de la ley promulgada en 2007 para erradicar la violencia contra las mujeres.

Información general

En febrero, tras la celebración de un referéndum, se suprimió la limitación de los mandatos presidenciales.

Aumentó el malestar social. Entre enero y agosto hubo casi el doble de manifestaciones que en todo 2008. Entre los asuntos que desencadenaron las protestas figuraban la nueva de ley de educación, mal recibida por los partidos de la oposición y el sector de la enseñanza privada, y el descontento a propósito de determinados derechos laborales y servicios básicos.

La Asamblea Nacional debatió la posibilidad de introducir reformas jurídicas encaminadas a regular el uso y la posesión de armas pequeñas, elevando por ejemplo las penas por tenencia ilícita de armas. Según la Comisión de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional, en el país circulaban entre 9 y 15 millones de armas de fuego ilegales.

La reforma de las fuerzas armadas puesta en marcha en octubre incluía disposiciones que permitían la creación de milicias.

En abril se condenó a penas de hasta 30 años de cárcel a 10 agentes de policía acusados de delitos relacionados con un intento de golpe de Estado contra el presidente Chávez ocurrido en 2002. Se los declaró culpables de homicidio y lesiones graves contra manifestantes opuestos al golpe, pero suscitaba preocupación la posibilidad de que no se hubiera procesado a todos los responsables de los actos de violencia perpetrados en el contexto de la intentona golpista.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Las fuerzas de seguridad siguieron atacando, amenazando y acosando a defensores de los derechos humanos y a víctimas y familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos que intentaban obtener justicia y reparación.

  • En agosto, dos hombres dispararon contra José Luis Urbano, presidente de la Asociación Pro-Defensa del Derecho a la Educación, ONG dedicada a promover y defender el derecho constitucional a una educación gratuita para todos. Tanto él como otros miembros de la Asociación habían sufrido ya varias amenazas y agresiones. Al finalizar el año no se había procesado a nadie por este atentado ni por los disparos de que fue objeto también José Luis Urbano en 2007 y que le causaron heridas de gravedad. Tampoco se habían adoptado medidas de protección para él, su familia u otros miembros de la Asociación.
  • En octubre, dos hombres vestidos con uniformes similares a los de la policía mataron a tiros a Oscar Barrios en Guanayén, localidad del estado de Aragua. El atentado se produjo tras una campaña, de seis años, de acoso e intimidación iniciada contra la familia Barrios después de que ésta denunciara que unos agentes de policía habían matado a Narciso Barrios en 2003. Otros dos miembros de la familia ya habían sido víctimas de homicidio: Luis Barrios, en 2004, y Rigoberto Barrios, en 2005. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió a Venezuela que adoptara las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vida y a la seguridad de la familia Barrios y procesar a los responsables de los homicidios.
  • En noviembre mataron a tiros en el estado de Lara al defensor de los derechos humanos Mijail Martínez. Éste había colaborado con una organización local, el Comité de Víctimas en contra de la Impunidad, en el rodaje de un documental en el que se narraban las historias de personas que habían sufrido violaciones de derechos humanos a manos de la policía. Al finalizar el año no se había procesado a nadie por el homicidio, y la familia no había recibido protección.

Libertad de expresión

Se acosó, intimidó y amenazó a periodistas. A al menos 34 emisoras de radio les revocaron las licencias de emisión por no cumplir las normas sobre telecomunicaciones. No obstante, como observó en agosto la relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la declaración hecha pública por las autoridades según la cual dichas emisoras “[jugaban] a la desestabilización en Venezuela” indicaba que la decisión de cerrarlas podría haberse debido a su línea editorial.

Suscitaba preocupación la posibilidad de que un anteproyecto de ley para penalizar la divulgación de información “falsa” y “en perjuicio de los intereses del Estado” a través de los medios de comunicación socavara la libertad de expresión e información. La ley seguía pendiente de aprobación por la Asamblea Nacional al finalizar el año.

En agosto, unos hombres armados atacaron al personal de las oficinas de la cadena de televisión Globovisión en Caracas. Lanzaron granadas de gas lacrimógeno y golpearon a un guardia de seguridad. Se consideraba a la cadena una firme opositora de la política gubernamental. En enero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos adoptó una resolución en la que ordenaba a las autoridades que investigaran las denuncias de actos de intimidación y agresiones verbales y físicas contra personal de Globovisión. Al finalizar el año no se había abierto todavía una investigación sobre ninguno de estos incidentes.

Represión de la disidencia

Se acosó, amenazó e intimidó a miembros de partidos de la oposición, recurriendo por ejemplo a la presentación de cargos penales falsos. En varias ocasiones, las fuerzas de seguridad optaron por no intervenir cuando simpatizantes del gobierno agredieron a presuntos opositores.

  • En enero, activistas progubernamentales provistos de barras de hierro, machetes y armas de fuego entraron por la fuerza en la Fundación Ateneo, un centro cultural de Caracas. Protestaban por la decisión del centro de organizar un seminario para conmemorar el aniversario de la creación de Bandera Roja, partido de izquierdas contrario al gobierno. La policía no intervino.
  • En septiembre, Julio César Rivas, estudiante y dirigente de la organización Juventud Activa de Venezuela Unida (JAVU), fue detenido y acusado de organizar grupos armados. Permaneció detenido durante más de dos semanas en una prisión de alta seguridad antes de quedar en libertad bajo fianza. Se había manifestado en Valencia contra la nueva ley de educación. El juicio no había comenzado todavía al finalizar el año.
  • En agosto se detuvo a Richard Blanco, prefecto de Caracas y presidente del partido opositor Alianza Bravo Pueblo, y a 11 funcionarios del Estado. Los detenidos se habían pronunciado en contra de la nueva ley de educación que entró en vigor ese mismo mes. En octubre, los 11 funcionarios quedaron en libertad en espera de juicio. Al finalizar el año, a pesar de la presunta falta de pruebas convincentes contra Richard Blanco, éste seguía en prisión a la espera de ser juzgado por cargos de incitación a la violencia con resultado de lesiones personales a un agente de policía.

Violencia contra mujeres y niñas

Siguió avanzando con lentitud la investigación y el enjuiciamiento de actos de violencia intrafamiliar. Se crearon más tribunales y fiscalías especializadas en violencia de género. Sin embargo, su número continuó siendo insuficiente para atender el elevado volumen de casos. La Fiscalía de Caracas indicó que entre enero y agosto había recibido más de 12.000 denuncias, pero que sólo había podido tramitar la mitad.

    Cómo puedes ayudar