Venezuela

Human Rights in República Bolivariana de Venezuela

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Venezuela is now live »

Jefe del Estado y del gobierno Hugo Chávez Frías
Pena de muerte abolicionista para todos los delitos
Población 28,1 millones
Esperanza de vida 73,2 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m) 24/19 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada 93 por ciento

Las agresiones a periodistas fueron generalizadas. Se siguió hostigando a defensores y defensoras de los derechos humanos. En cárceles de todo el país se registraron huelgas de hambre en protesta por las condiciones de reclusión. Se adoptaron algunas medidas importantes para aplicar la ley promulgada en 2007 con el fin de combatir la violencia contra las mujeres, pero muchas de las autoridades responsables no mostraron la voluntad política necesaria para aplicarla. La falta de disposiciones sobre control de armas agravó los altos índices de violencia e inseguridad pública.

Información general

El 31 de julio quedó sin efecto la ley habilitante que autorizaba al presidente Hugo Chávez Frías a dictar decretos con fuerza de ley sobre un amplio abanico de cuestiones, incluidas la seguridad pública y la reforma institucional. En consecuencia, el poder legislativo fue devuelto integralmente a la Asamblea Nacional. Durante los 18 meses que la ley estuvo en vigor, el presidente Chávez dictó un total de 66 decretos sobre un amplio abanico de asuntos.

La ley sobre el sistema nacional de inteligencia y contrainteligencia, aprobada en mayo en virtud de un decreto presidencial, fue derogada al mes siguiente de su promulgación tras las protestas suscitadas por varios aspectos de la ley, como una disposición que obligaba a una persona a informar sobre sus conciudadanos si no quería ser objeto de acciones judiciales.

Se recibieron informes sobre agresiones a periodistas por parte de civiles y miembros de las fuerzas de seguridad. La inseguridad pública siguió siendo un problema, debido en parte al elevado número de armas pequeñas en circulación, incluso dentro de los centros penitenciarios.

"...se produjo el hostigamiento y la detención de activistas de derechos humanos que apoyaban a la comunidad indígena yukpa..."

En noviembre se celebraron elecciones locales para la renovación de alcaldes y gobernadores. La aplicación de las órdenes de inhabilitación dictadas contra varios funcionarios públicos les impidió de hecho concurrir a las elecciones. En agosto, el Tribunal Supremo de Justicia confirmó la constitucionalidad de estas órdenes.

En diciembre, el Tribunal Supremo de Justicia declaró «inejecutable» una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que se ordenaba restituir en sus cargos a tres jueces que habían sido destituidos en 2003 e indemnizarlos por dicha destitución. Preocupaba que la decisión del Tribunal Supremo socavara disposiciones de la Constitución venezolana sobre la obligatoriedad de cumplir las sentencias de tribunales internacionales.

Violencia contra mujeres y niñas

A lo largo del año, según los informes, se registraron algunos avances, como la prestación de formación a los fiscales y la creación de tribunales especializados. Sin embargo, algunas instituciones y autoridades con deberes y responsabilidades en virtud de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia promulgada en 2007, como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Interior y Justicia y determinadas autoridades regionales, no cumplieron sus obligaciones. Al finalizar el año, la mayor parte del país seguía careciendo de refugios, y era insuficiente la formación impartida a los agentes de policía para aplicar la ley de manera efectiva. Además, los implicados en casos acaecidos antes de la promulgación de la ley continuaron gozando de impunidad.

  • En mayo de 2004, unos hombres secuestraron a Alexandra Hidalgo y, durante siete horas, la sometieron a un suplicio de violación y torturas. Al finalizar 2008, sólo dos de los agresores habían comparecido ante la justicia. No se facilitó a la víctima la protección adecuada, a pesar de que había recibido amenazas anónimas y temía las represalias de su ex esposo, a quien acusó de ser uno de los agresores. Al concluir el año, el ex esposo seguía en libertad a pesar de haberse dictado una orden de detención contra él.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Las autoridades gubernamentales intentaron socavar la legitimidad del trabajo de derechos humanos formulando acusaciones infundadas contra organizaciones que defendían estos derechos.

En agosto se produjo el hostigamiento y la detención de activistas de derechos humanos que apoyaban a la comunidad indígena yukpa, envuelta a la sazón en una disputa con terratenientes locales sobre el derecho a la tierra en Machiques, localidad del estado de Zulia. Tras la muerte en julio del padre de Sabino Romero Izarra, uno de los dirigentes de la comunidad, se inició una investigación oficial; el anciano murió al parecer como consecuencia de los golpes que le propinaron unos hombres armados.

En septiembre expulsaron del país a dos altos cargos de la ONG internacional Human Rights Watch tras la publicación de un informe en el que se criticaba el historial del gobierno en materia de derechos humanos.

  • El defensor de los derechos humanos José Luis Urbano fue amenazado en repetidas ocasiones por su trabajo como presidente de la Fundación Pro-Defensa del Derecho a la Educación. En mayo, el director de una escuela en la que había denunciado irregularidades lo amenazó y pidió que se le diera una lección. Ese mismo mes, José Luis Urbano recibió también amenazas de muerte anónimas por teléfono. En septiembre, agentes de la policía del Estado trataron de entrar en el domicilio de su hermana, profiriendo amenazas contra él. El intento se produjo al parecer en represalia por haber denunciado José Luis Urbano el acoso de un miembro de este cuerpo de policía. Aunque las amenazas se denunciaron a las autoridades, al finalizar el año no se tenía noticia de que se hubiera iniciado una investigación.

Condiciones de reclusión

En febrero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a las autoridades que adoptaran medidas para proteger a los presos de la cárcel de Rodeo, en el estado de Miranda. Durante 2008, como consecuencia de las condiciones de reclusión, se iniciaron una serie de huelgas de hambre y otras manifestaciones de protesta en cárceles de todo el país.

Policía y fuerzas de seguridad

En abril, el presidente Chávez aprobó la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional, redactada por la Comisión Nacional para la Reforma Policial. Entre las cuestiones puestas de relieve por la Comisión figuraba la necesidad de controlar el uso de armas de fuego por la policía y de elaborar y aplicar un código de conducta policial.

La Fiscalía General del Estado anunció que en 2009 se crearía un equipo de investigación para examinar los más de 6.000 casos denunciados de ejecuciones extrajudiciales en los que, entre 2000 y 2007, murieron personas en enfrentamientos con la policía.

Visitas de Amnistía Internacional

Una delegación de Amnistía Internacional visitó Venezuela en julio para presentar un informe sobre la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar.

Informes de Amnistía Internacional

Venezuela: «Existe la ley, toca aplicarla». Erradicar la violencia doméstica en Venezuela (16 julio 2008)

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