Uzbekistán

Human Rights in República de Uzbekistán

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Uzbekistán is now live »

Jefe del Estado Islam Karimov
Jefe del gobierno Shavkat Mirzioiev
Pena de muerte abolicionista
Población 27,8 millones
Esperanza de vida 66,8 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m) 71/60 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada 99,4 por ciento

La puesta en libertad condicional de algunos defensores y defensoras de los derechos humanos, varias reformas legislativas y judiciales y un mayor diálogo sobre los derechos humanos entre el gobierno y la comunidad internacional no llegaron a constituir una reforma sistémica, genuina y de largo alcance. Las autoridades siguieron negándose a permitir una investigación internacional independiente sobre la matanza cometida en Andiyán en 2005.

Hubo escasos progresos en materia de libertad de expresión y reunión. Defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas y periodistas independientes siguieron sufriendo persecución por su trabajo. Continuaron los informes sobre la práctica generalizada de la tortura y otros malos tratos contra personas detenidas y presas, incluidos defensores y defensoras de los derechos humanos y personas críticas con el gobierno. Las autoridades no investigaron efectivamente esas denuncias.

Varios miles de personas condenadas por implicación con organizaciones islamistas prohibidas seguían cumpliendo largas penas de prisión en condiciones que constituían trato cruel, inhumano y degradante. Las autoridades seguían persiguiendo activamente la extradición de miembros o presuntos miembros de partidos islamistas y movimientos islámicos prohibidos.

Se abolió la pena de muerte.

Información general

En diversos puntos del territorio de Uzbekistán se celebraron manifestaciones públicas, algo fuera de lo común en el país, en protesta por los cortes del suministro de gas y electricidad para los hogares durante el invierno más duro ocurrido en Asia Central en varios decenios.

Una coalición de ONG y activistas internacionales y uzbekos eligió a importantes empresas internacionales de venta de ropa como objetivo de su campaña continuada contra el uso de mano de obra infantil en campos de algodón. Varias empresas prohibieron la venta de telas confeccionadas con algodón uzbeko o la utilización de algodón uzbeko en sus prendas. En septiembre, el primer ministro promulgó un Plan de Acción Nacional para abordar los motivos de preocupación sobre el uso de mano de obra infantil, después de que el gobierno ratificase el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil de la Organización Internacional del Trabajo y su Convenio sobre la edad mínima, en junio y abril, respectivamente. Uzbekistán era uno de los mayores exportadores de algodón crudo del mundo y los ingresos procedentes de las exportaciones de algodón representaban alrededor del 60 por ciento de los ingresos en divisas convertibles del Estado. Tradicionalmente los agricultores utilizaban a niños y niñas en edad escolar para cumplir las rigurosas cuotas de recolección durante la estación de la cosecha. Los niños faltaban a la escuela, trabajaban en condiciones muy duras y recibían una remuneración muy baja.

"...al menos 10 defensores de los derechos humanos continuaban en prisión, en condiciones crueles, inhumanas y degradantes..."

Escrutinio internacional

Tres años después de la matanza de cientos de personas en Andiyán, cuando las fuerzas de seguridad dispararon contra manifestantes en su mayoría pacíficos, las autoridades seguían negándose a autorizar una investigación internacional independiente sobre los hechos. El gobierno sostenía que las dos rondas de conversaciones de expertos con representantes de la Unión Europea (UE) llevadas a cabo en diciembre de 2006 y abril de 2007 habían abordado todos los aspectos pertinentes. Sin embargo, preocupaba el hecho de que estas conversaciones no hubieran cumplido las normas internacionales sobre investigaciones efectivas, independientes e imparciales y no pudieran considerarse una alternativa válida a éstas, por lo cual se consideraba que la UE no debía aceptarlas como tales.

La negativa de las autoridades uzbekas a permitir una investigación internacional independiente sobre la matanza de Andiyán había motivado originalmente la imposición de sanciones por parte de la UE en 2005: la prohibición de visado a 12 funcionarios, un embargo de armas y una suspensión parcial del Acuerdo de Asociación y Cooperación. Tras la reunión deliberativa del Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores (CAGRE) celebrada en abril, los ministros de Asuntos Exteriores de la UE decidieron prorrogar otros seis meses la suspensión de la prohibición de visado impuesta en noviembre de 2007 y revisar la situación de los derechos humanos al cabo de tres meses. Aunque las Conclusiones finales del CAGRE incluían ciertos aspectos que podían servir como estándares de comparación, no se mencionaba la matanza de Andiyán ni la demanda de una investigación internacional independiente.

En octubre, el CAGRE decidió levantar completamente la prohibición de visado, citando algunos progresos que habían influido en su decisión, entre ellos la buena disposición de Uzbekistán para acoger un seminario UE-Uzbekistán sobre libertad de los medios de comunicación en Tashkent. Sin embargo, no se autorizó la asistencia al seminario de ningún medio de comunicación independiente de Uzbekistán ni de periodistas extranjeros. Varias ONG internacionales que participaron en el seminario, en calidad de invitadas de la UE, emitieron un comunicado conjunto calificando el evento de «engaño destinado a obtener concesiones sin coste alguno para las autoridades», que «no debía ser considerado como un indicio de mejora en la política de supresión de la libertad de expresión que viene aplicándose en el país desde hace 17 años».

En marzo, un portavoz del Comité Internacional de la Cruz Roja confirmó que se había llegado a un acuerdo con el gobierno para que este organismo reanudase las visitas a establecimientos penitenciarios con arreglo a su mandato, durante un periodo de prueba de seis meses.

En diciembre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU examinó la situación de derechos humanos en Uzbekistán en el marco del procedimiento de examen periódico universal.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

La situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos y de los periodistas independientes siguió deteriorándose a pesar de que las autoridades aseguraban que no había restricciones a la libertad de expresión y asociación y que los activistas de la sociedad civil y las ONG independientes podían llevar a cabo sus actividades libremente.

Algunos defensores de derechos humanos encarcelados quedaron en libertad en virtud de dos amnistías distintas; a todos se les concedió la libertad condicional. Entre los liberados en octubre se encontraba el preso de conciencia Dilmurod Mukhiddinov. Sin embargo, al menos 10 defensores de los derechos humanos continuaban en prisión, en condiciones crueles, inhumanas y degradantes, después de haber sido condenados a largas penas de prisión en juicios injustos. Tenían un acceso limitado a sus familiares y representantes letrados y, según los informes, habían sido sometidos a tortura u otros malos tratos. Al parecer, algunos se encontraban gravemente enfermos. Al menos dos activistas de derechos humanos fueron condenados a largas penas de prisión en octubre por cargos que, según ellos, habían sido inventados para castigarlos por sus actividades de derechos humanos. Uno de ellos, Akzam Turgunov, miembro de Erk, un partido laico de oposición prohibido, afirmó que había sido torturado cuando se encontraba recluido en espera de juicio.

Otros activistas de derechos humanos y periodistas seguían siendo vigilados constantemente por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, uniformados o vestidos de civil, recibiendo citaciones de la policía para interrogarlos o sufriendo arresto domiciliario. Varios denunciaron palizas y detenciones por parte de agentes encargados de hacer cumplir la ley o agresiones de personas que presuntamente trabajaban para los servicios de seguridad. Familiares de las víctimas dijeron haber sido amenazados y hostigados por las fuerzas de seguridad.

  • En junio, la defensora de los derechos humanos Mutabar Tadzhibaeva fue excarcelada inesperadamente por motivos de salud. Sin embargo, su libertad era condicional: la pena de ocho años de prisión que había recibido en marzo de 2006 fue conmutada por una condena condicional de tres años. En mayo, Mutabar Tadzhibaeva recibió el Premio Martin Ennals 2008 para Defensores de los Derechos Humanos. En septiembre fue autorizada a viajar al extranjero y en noviembre pudo asistir a la ceremonia en la que le entregaron el galardón.
  • En febrero, el preso de conciencia Saidzhajon Zainabitdinov fue liberado inesperadamente en virtud de la amnistía presidencial decretada en diciembre de 2007. Según algunos medios informativos, había dicho que no esperaba que lo liberaran y que lo habían tratado bien en prisión. Posteriormente explicó que no quería hablar del tiempo que había pasado en prisión para no hacer peligrar la posible liberación de otros defensores de derechos humanos en virtud de la amnistía. Saidzhajon Zainabitdinov había sido condenado en enero de 2006 a siete años de prisión por su presunta participación en los incidentes de Andiyán.
  • Salidzhon Abdurakhmanov, activista de derechos humanos, periodista y colaborador del sito web independiente con base en Alemania uznews.net, fue detenido en junio acusado de poseer sustancias estupefacientes ilegales. Los agentes de la policía de tráfico que interceptaron su automóvil, presuntamente para una inspección rutinaria, afirmaron haber encontrado opio y marihuana escondidos en el maletero del vehículo. Salidzhon Abdurakhmanov negó rotundamente haber estado jamás en posesión de sustancias estupefacientes o haber consumido sustancias ilegales. Su hermano, que también era su representante letrado, y varias personas que lo apoyaban afirmaron que los cargos habían sido inventados para castigar a Salidzhon Abdurakhmanov por sus actividades de derechos humanos y periodísticas. La policía llevó a cabo un registro en su casa y en su oficina y confiscó su ordenador y equipo técnico, así como libros, documentos y material escrito. Los análisis médicos ordenados por la policía que investigaba su detención confirmaron que Salidzhon Abdurakhmanov no era un consumidor habitual de estupefacientes. El examen del ordenador del periodista y de las copias impresas de sus archivos no arrojó ningún indicio de actividades ilegales o vínculos delictivos. Pese a ello, Salidzhon Abdurakhmanov fue condenado en septiembre a 10 años de cárcel por posesión de estupefacientes con intención de venderlos. En noviembre, un tribunal de apelación confirmó su condena. Al concluir el año estaba pendiente un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo de Uzbekistán.

Libertad de expresión

Continuó la presión sobre los medios de comunicación y las ONG internacionales, aunque las autoridades se negaban a admitirlo. En mayo, las autoridades se negaron a registrar el permiso de trabajo del director local de Human Rights Watch. En junio, una emisión de televisión calificó a los periodistas uzbekos de la organización internacional de comunicación Radio Liberty/Radio Free Europe de traidores a su país. En el programa también se hicieron públicos datos personales, incluidos nombres y direcciones de corresponsales locales.

Libertad de religión

Grupos protestantes y Testigos de Jehová también fueron atacados en programas de televisión similares y artículos de periódicos en los que se los calificaba de «sectas destructivas».

Las organizaciones internacionales expresaron su preocupación por las violaciones del derecho a la libertad religiosa, no sólo de grupos cristianos evangélicos, sino también de musulmanes que se reunían a rezar en mezquitas fuera del control del Estado.

Tortura y otros malos tratos

Continuaron las denuncias persistentes sobre la práctica generalizada de tortura y otros malos tratos infligidos a personas detenidas y presas. Tales informes no sólo provenían de hombres y mujeres sospechosos de pertenecer a grupos islámicos prohibidos o de haber cometido delitos relacionados con el terrorismo, sino de otros sectores, incluidos activistas de derechos humanos y periodistas, así como ex miembros del gobierno y de las fuerzas de seguridad que, en muchos casos, habían adquirido cierta notoriedad. La ausencia de investigaciones adecuadas sobre tales denuncias por parte de las autoridades pertinentes seguía siendo motivo de gran preocupación. En enero se introdujo el control judicial de la detención, de modo que el poder para autorizar una detención pasó de la fiscalía a los tribunales. Estos procedimientos judiciales no se ajustaban a las normas internacionales sobre justicia procesal y no garantizaban a las personas detenidas el derecho a impugnar su detención o a denunciar torturas o malos tratos.

  • En agosto, la hija de Yusuf Dzhuma, poeta y crítico con el régimen, denunció que su padre era sometido habitualmente a tortura y malos tratos en el campo penitenciario de Yaslik. Yusuf Dzhuma afirmó que el personal penitenciario lo elegía a él para someterlo a palizas y malos tratos porque lo consideraba un enemigo del presidente, y que lo habían encerrado en celdas de cuarentena con presos infectados de tuberculosis.

Seguridad y medidas antiterroristas

En nombre de la seguridad y de la lucha contra el terrorismo, las autoridades uzbekas continuaron persiguiendo activamente la extradición de miembros o presuntos miembros de movimientos islámicos o partidos islamistas prohibidos, como Hizb ut Tahrir y Akramia, desde países vecinos y desde la Federación Rusa. La mayoría de los hombres devueltos a Uzbekistán eran recluidos en régimen de incomunicación, lo que aumentaba el peligro de que sufrieran tortura u otros malos tratos.

  • Las autoridades de la Federación Rusa continuaron haciendo caso omiso de las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en las que éste pedía que suspendieran las expulsiones de solicitantes de asilo uzbekos hasta que el Tribunal hubiera examinado sus solicitudes. En uno de esos casos, Abdugani Kamaliev fue expulsado a Uzbekistán en noviembre de 2007, sólo días después de que lo detuvieran en la Federación Rusa. En febrero, familiares de Abdugani Kamaliev afirmaron que a su regreso a Uzbekistán había sido sometido a tortura u otros malos tratos en el centro regional de detención preventiva de Namangan. En marzo, ya había sido condenado a 11 años de prisión.
  • En abril, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló que la extradición de 12 refugiados de Rusia a Uzbekistán «daría lugar a una violación del artículo 3 [prohibición de la tortura], ya que en este país correrían un grave riesgo de sufrir tortura y tratos inhumanos o degradantes». El Tribunal también afirmó que no le convencía el argumento del gobierno de que en virtud del derecho internacional estaba obligado a cooperar en la lucha contra el terrorismo y a extraditar a los solicitantes que habían sido acusados de actividades terroristas, independientemente de la amenaza de malos tratos en el país receptor. El Tribunal tampoco estaba «convencido de la fiabilidad de las garantías ofrecidas por las autoridades uzbekas contra el riesgo de malos tratos» en este caso. Los 12 uzbekos eran buscados por su presunta participación en los sucesos de Andiyán.

Pena de muerte

El 1 de enero entró en vigor una ley que sustituía la pena de muerte por cadena perpetua, lo que supuso la abolición oficial de la pena de muerte. El 23 de diciembre Uzbekistán se adhirió al Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte. Sin embargo, al concluir el año las autoridades aún no habían publicado datos estadísticos sobre la pena de muerte relativos a años anteriores, incluido el número de condenas, ejecuciones y conmutaciones. No se publicó ninguna lista con la cifra total de hombres condenados a muerte a quienes se habían conmutado automáticamente las condenas por cadena perpetua. Seguía sin permitirse a los familiares el acceso a información sobre el lugar donde estaban enterrados los presos ejecutados. Además, nada indicaba que fuesen a investigarse casos anteriores en los que la persona acusada o sus familiares hubieran denunciado el uso de tortura para extraer una confesión, ni se mencionó una posible indemnización. El Tribunal Supremo comenzó a revisar las condenas a muerte pendientes en el momento de la abolición, y a mediados de abril había conmutado al menos 17 condenas a muerte por largas penas de prisión, de 20 o 25 años.

Informes de Amnistía Internacional

Central Asia: Summary of Human Rights Concerns: March 2007 - March 2008 (en inglés, 9 abril 2008)
Uzbekistan: Submission to the UN Universal Periodic Review, December 2008 (en inglés, 21 julio 2008)

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