Estados Unidos de América - Informe 2008 Amnistia Internacional

Human Rights in Estados Unidos de América

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
EE. UU. is now live »

Jefe del Estado y del gobierno : George W. Bush
Pena de muerte : retencionista
PoblaciÓn : 303,9 millones
Esperanza de vida : 77,9 años
Mortalidad infantil (<5 años) (h/m) : 8/8 por cada 1.000

Centenares de extranjeros siguieron bajo custodia de las autoridades estadounidenses en la base naval de Estados Unidos en la bahía de Guantánamo, Cuba, aunque durante el año se trasladó a más de un centenar a otros lugares. Los detenidos de Guantánamo estaban recluidos con carácter indefinido, la gran mayoría sin cargos, y en la práctica sin poder recurrir a los tribunales estadounidenses para impugnar la legalidad de su detención. La mayoría se encontraba en régimen de aislamiento en instalaciones de máxima seguridad, lo que acentuaba la inquietud por su salud física y mental. En julio, el presidente Bush renovó la autorización del programa de detención e interrogatorio secretos de la CIA. En diciembre, el director de la CIA reveló que la agencia había destruido cintas de vídeo con imágenes de interrogatorios a detenidos.

Se encarceló a soldados que se negaban a prestar servicio en Irak por motivos de conciencia. La población reclusa siguió siendo objeto de malos tratos a manos de agentes de policía y guardias de prisiones. Murieron decenas de personas contra las que la policía había empleado pistolas Taser (armas de electrochoque). Las medidas locales, estatales y federales para atajar la violencia sexual contra mujeres indígenas adolecieron de graves deficiencias. Seguía preocupando la discriminación en diversas áreas, como las prácticas policiales, el funcionamiento del sistema de justicia penal y el derecho a la vivienda. A lo largo del año se consumaron 42 ejecuciones. A fines de septiembre, la decisión de la Corte Suprema de revisar la constitucionalidad de la inyección letal supuso una moratoria de hecho sobre las ejecuciones con este método. En diciembre, el estado de Nueva Jersey se convirtió en el primer estado de la Unión que en más de cuatro décadas promulgaba la legislación pertinente para proceder a la abolición de la pena capital.

«Guerra contra el terror»

Por sexto año consecutivo, las autoridades estadounidenses siguieron manteniendo recluidos a extranjeros, a los que habían designado como «combatientes enemigos», en prisión militar indefinida y sin cargos en la base de Guantánamo, donde, al finalizar 2007, había aproximadamente 275 hombres detenidos. Durante el año se trasladó a más de un centenar de detenidos de Guantánamo a sus países de origen para que se procediera a su liberación o continuaran detenidos. A la base de Guantánamo fueron trasladados cuatro detenidos, calificados por el Pentágono como «peligrosos presuntos terroristas». También fue trasladado a Guantánamo otro hombre que estaba bajo custodia de la CIA y al que el Pentágono había calificado de «miembro de alto rango de Al Qaeda».

Al finalizar 2007 aún no se habían presentado cargos contra los 14 hombres calificados por las autoridades estadounidenses como detenidos de «alto valor» y que habían sido trasladados a Guantánamo en septiembre de 2006 con el propósito declarado de ser sometidos a juicio.

Antes de su traslado, los hombres ya habían estado hasta cuatro años y medio recluidos bajo custodia secreta de la CIA, y el gobierno estadounidense había usado sus casos para lograr la aprobación de la Ley de Comisiones Militares de 2006. El 9 agosto, el Pentágono anunció que los Tribunales de Revisión del Estatuto de Combatiente habían confirmado a los 14 como «combatientes enemigos». Estos tribunales estaban compuestos por oficiales del ejército autorizados a basar sus decisiones en información secreta y obtenida por medios coercitivos.

Las vistas de los Tribunales de Revisión del Estatuto de Combatiente sobre las causas de esos 14 hombres se celebraron a puerta cerrada con el argumento de que los detenidos tenían información clasificada sobre el programa de detención secreta de la CIA, por ejemplo sobre las técnicas de interrogatorio, las condiciones de reclusión y la ubicación de algunos centros de detención de la CIA. En la transcripción de las actas de las vistas celebradas ante esos tribunales se censuraron las denuncias formuladas por algunos de los hombres que afirmaban haber sido sometidos a torturas mientras estaban bajo custodia de la CIA. Al finalizar 2007, sólo uno de los 14 había tenido acceso a un abogado para la limitada revisión judicial de las decisiones de los Tribunales de Revisión del Estatuto del Combatiente que establece la Ley sobre el Trato a los Detenidos, de 2005. Al final del año ninguna de las detenciones de Guantánamo había sido objeto de este tipo de revisión.

El 20 de febrero, la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia resolvió que las disposiciones de la Ley de Comisiones Militares de 2006 que despojaban a los tribunales ordinarios de competencias para conocer las peticiones de hábeas corpus eran de aplicación a todos los detenidos en Guantánamo «sin excepción». El 2 de abril, la Corte Suprema desestimó un recurso contra esta resolución. Sin embargo, el 29 de junio, la propia Corte Suprema tomó la medida sin precedentes de rescindir su orden del 2 de abril y acordó ver de nuevo la causa, al haber presentado los abogados de los detenidos nueva información sobre la inadecuación procesal de los Tribunales de Revisión del Estatuto de Combatiente. La nueva información había sido suministrada por un oficial del ejército que había participado en los procesos de revisión de esos tribunales. Al finalizar el año, la Corte Suprema aún no se había pronunciado sobre el asunto.

  • Ali al Marri, nacional de Qatar residente en Estados Unidos a quien el presidente Bush había declarado «combatiente enemigo» en junio de 2003, seguía al concluir el año en detención militar indefinida en territorio continental estadounidense. En junio, una sala de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito resolvió que la Ley de Comisiones Militares no era aplicable al caso de Ali al Marri y que «debía cesar» su reclusión bajo custodia militar. No obstante, prosperó la moción del gobierno para que se celebrara una nueva vista de esta causa ante el pleno de la Corte del Cuarto Circuito, cuya resolución aún no se había emitido al terminar el año.

Se reanudaron en Guantánamo los procesos ante comisiones militares.

  • En marzo, el ciudadano australiano David Hicks se convirtió en el primer detenido de Guantánamo –y al término del año, el único– al que Estados Unidos había procesado y condenado. Al amparo de la Ley de Comisiones Militares, David Hicks se había declarado culpable de un cargo de «facilitar apoyo material al terrorismo». En virtud de un acuerdo previo al juicio, los siete años de prisión que había recomendado un jurado de oficiales militares se rebajaron en seis años y tres meses. En mayo, David Hicks fue trasladado de Guantánamo a Australia para cumplir los nueve meses restantes de la pena. El 29 de diciembre fue excarcelado de la prisión de Yatala, en Adelaida.

Al concluir el año había otros tres detenidos de Guantánamo que se enfrentaban a diversos cargos. Entre esos detenidos había dos que tenían menos de 18 años en el momento de ser puestos bajo custodia.

Continuaban siendo motivo de honda preocupación las condiciones de reclusión en Guantánamo y su repercusión sobre la salud de los detenidos, ya de por sí afectados a causa del carácter indefinido de la reclusión. Según los informes, el 30 de mayo se suicidó uno de los detenidos, un ciudadano saudí. Para mediados de enero se había trasladado a 165 detenidos al Campo 6, donde se los recluía durante al menos 22 horas al día en celdas de acero individuales sin ventanas al exterior. Contrariamente a lo que disponen las normas internacionales, las celdas no tienen acceso a luz ni aire naturales y están alumbradas durante las 24 horas del día con luz fluorescente. En torno a un centenar más de detenidos estaban recluidos en el Campo 5, donde permanecían hasta 24 horas al día en pequeñas celdas con algo de acceso a luz natural, aunque sin poder ver el exterior. Se cree que unos 20 detenidos más se encontraban recluidos en el Campo Eco, donde se los mantenía entre 23 y 24 horas al día en celdas sin ventanas ni luz natural.

El 20 de julio, el presidente Bush dictó una orden ejecutiva que estipulaba que el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra sería aplicable al programa de detención e interrogatorio secretos llevado a cabo por la CIA. AmnistíaInternacional remitió un escrito al presidente Bush en el que subrayaba que, si el programa de la CIA seguía recibiendo detenidos como hasta esa fecha, con la orden ejecutiva se estaría autorizando de nuevo el delito internacional de desaparición forzada. Al finalizar el año no se había recibido respuesta.

Según los informes, un detenido, Abd al Hadi al Iraqi, fue trasladado durante el año de la custodia de la CIA a Guantánamo. El Pentágono anunció el traslado el 27 de abril, pero no proporcionó detalles ni sobre el momento en que había sido detenido ni sobre el lugar en que había estado recluido antes del traslado. En junio, Amnistía Internacional y otras cinco organizaciones de derechos humanos hicieron pública una lista de más de 36 personas de las que se creía que habían sido detenidas en el contexto del programa de la CIA y cuya suerte y paradero seguían sin conocerse.

En diciembre, el director de la CIA reveló que en 2005la agencia había destruido cintas de vídeo con imágenes de interrogatorios practicados en 2002 adetenidos recluidos en secreto. Se informó de que las cintas incluían centenares de horas de interrogatorio a Abu Zubaydah y Abd al Rahim al Nashiri, dos de los detenidos de «alto valor» trasladados a Guantánamo en septiembre de 2006. Ambos denunciaron en sus comparecencias en 2007 ante los Tribunales de Revisión del Estatuto de Combatiente que habían sido torturados bajo custodia de la CIA. Abu Zubaydah figuraba entre los que, según los informes, había sido sometido a la técnica denominada water-boarding, que consiste en un simulacro de ahogamiento.

Centenares de personas permanecían bajo custodia estadounidense en Afganistán e Irak. Suscitaron también preocupación los homicidios cometidos en Irak por guardias privados contratados por empresas estadounidenses (véanse los apartados sobre Afganistán e Irak).

Tortura y otros malos tratos

Se denunciaron malos tratos en cárceles y bajo custodia policial en el territorio continental estadounidense, a menudo relacionados con el uso cruel de instrumentos de inmovilización o armas de electrochoque.

Sesenta y nueve personas murieron tras recibir descargas de pistolas Taser (armas de electrochoque), con lo que el número de muertes ocurridas en esas circunstancias desde 2001 ascendía ya a casi trescientas. Muchos de los que murieron habían sido sometidos a descargas múltiples o tenían algún problema de salud que podría haberlos hecho más vulnerables a los efectos adversos de esos artefactos. Pese a que tales muertes habitualmente se atribuyen a factores como el estar bajo los efectos de narcóticos, médicos forenses llegaron a la conclusión de que, en determinados casos, las descargas de las Taser habían sido la causa de la muerte o el factor que contribuyó a ella. La gran mayoría de los que murieron en esas circunstancias estaban desarmados y no representaban una amenaza seria cuando se les aplicaron las descargas eléctricas. Muchos departamentos de policía seguían autorizando el uso de pistolas Taser para una gran variedad de situaciones, como contra personas desarmadas que ofrecían resistencia o que se negaban a cumplir órdenes de los agentes. Amnistía Internacional planteó sus motivos de preocupación sobre esta cuestión en el curso del estudio que realizó el Departamento de Justicia sobre las muertes causadas por armas Taser, y reiteró su petición a las autoridades estadounidenses para que suspendieran el uso de las pistolas Taser y de otras armas paralizantes hasta que se conociesen los resultados de estudios exhaustivos e independientes sobre sus efectos, o bien que limitasen su uso a situaciones en las que estuviera justificado que los funcionarios recurrieran a la fuerza letal.

Seguía recluyéndose a miles de presos en régimen de aislamiento prolongado en unidades de alta seguridad cuyas condiciones constituían a veces trato cruel, inhumano o degradante.

  • Herman Wallace y Albert Woodfox, reclusos de la Penitenciaría Estatal de Luisiana (conocida como Angola, por el nombre de la plantación en la que está ubicada), seguían en régimen de aislamiento prolongado. Llevaban más de 30 años recluidos a solas en pequeñas celdas durante 23 horas al día con sólo tres horas a la semana de ejercicio en el exterior. Según los informes, ambos padecían graves problemas de salud a consecuencia de las condiciones en que estaban recluidos. Al finalizar el año seguía pendiente de resolución una demanda en la que se afirmaba que el trato que se dispensaba a estos presos era inconstitucional.

Herman Wallace y Albert Woodfox habían sido recluidos originalmente en régimen de «encierro» (lockdown) tras ser acusados de participar en el homicidio de un guardia durante un motín en la cárcel en 1972, cargos que siempre negaron. Amnistía Internacional siguió expresando su preocupación por que la prolongada reclusión en régimen de aislamiento de estos hombres parecía deberse, al menos en parte, a su pasado activismo político en prisión, especialmente su pertenencia a la organización radical negra Partido de los Panteras Negras.

Presos de conciencia

Mark Lee Wilkerson, especialista del ejército, cumplió tres meses y medio de prisión de los siete a los que había sido condenado por negarse a prestar servicio en Irak por motivos de conciencia. Otro objetor de conciencia a la guerra de Irak, el médico militar Agustín Aguayo, fue condenado a una pena de ocho meses por motivos similares. Quedó en libertad un mes después al tomarse en consideración el tiempo que había pasado bajo custodia en espera de juicio. Al término del año había varios soldados más que se habían negado a prestar servicio en Irak a causa de su oposición a la guerra y que se enfrentaban a un posible procesamiento.

Sistema de justicia

Jose Padilla, ciudadano de Estados Unidos que previamente había estado recluido durante más de tres años sin cargos ni juicio bajo custodia militar estadounidense en calidad de «combatiente enemigo», fue declarado culpable en agosto por un tribunal civil federal de conspirar para facilitar apoyo material al terrorismo. Al finalizar el año aún no se había dictado la pena que había de cumplir. El tribunal desestimó las alegaciones de sus abogados según las cuales la tortura y los malos tratos a los que había sido sometido bajo custodia militar lo habían dejado incapacitado para ser juzgado. El gobierno rehusó presentar información obtenida durante el periodo en que Padilla estuvo bajo custodia militar: esa información podría haber sido rechazada alegando que había sido obtenida por medios coercitivos. Amnistía Internacional siguió manifestando su preocupación por que no se hubiera derivado ninguna responsabilidad del trato ilegítimo que Jose Padilla sufrió durante tres años, y por el perjuicio que se le causó a su derecho a ser considerado inocente por un gobierno que, repetida y públicamente, lo calificó de «terrorista peligroso».

El afroamericano Gary Tyler seguía encarcelado en Luisiana por el asesinato de un escolar de raza blanca, ocurrido durante un incidente de motivación racial en 1974. Gary Tyler, que tenía 16 años cuando ocurrieron los hechos, ha defendido reiteradamente su inocencia a lo largo de sus 33 años de prisión. Fue condenado por un jurado compuesto exclusivamente por personas de raza blanca en un juicio que adoleció de graves deficiencias. Las peticiones a la gobernadora saliente del estado para que le concediera el indulto resultaron infructuosas.

En agosto se celebró la vista oral de un recurso en la causa de los cinco ciudadanos cubanos condenados en Miami en junio de 2001, entre otros cargos, por conspirar para actuar como agentes de la República de Cuba (Estados Unidos v. Gerardo Hernández et al.). Entre los fundamentos del recurso figuraban la falta de pruebas y las declaraciones –al parecer– impropias realizadas por la fiscalía durante el juicio. La decisión de la Corte de Apelaciones aún no se había hecho pública al término de 2007. El gobierno estadounidense seguía negando a las esposas de dos de los presos los visados necesarios para visitarlos en la cárcel.

Discriminación

Entre las cuestiones que seguían suscitando preocupación respecto a la discriminación en Estados Unidos figuraban las disparidades raciales en las operaciones policiales de dar el alto y registrar y en otros ámbitos del sistema de justicia penal, así como en el trato dispensado a las personas sin nacionalidad estadounidense en el contexto de la «guerra contra el terror» (véase supra).

  • Mychal Bell fue juzgado en julio por cargos de tentativa de asesinato en segundo grado ante un tribunal para adultos, pese a ser menor de edad en el momento en que se cometió el presunto delito. El asunto suscitó preocupación por la disparidad del trato dispensado a los adolescentes de raza blanca y de raza negra. Mychal Bell era uno de los seis estudiantes de secundaria de raza negra de Jena, Luisiana, contra los que se presentaron cargos de agresión a un estudiante de raza blanca en diciembre de 2006, durante un periodo de tensión racial que se vivió en la localidad a raíz de que unos estudiantes de raza blanca hubieran colgado tres sogas de un árbol en terrenos del instituto. Contra los estudiantes negros se presentaron en principio cargos de tentativa de asesinato en segundo grado, lo que podría haberlos llevado a la cárcel durante decenios. Posteriormente se redujeron los cargos contra los acusados, y Mychal Bell fue trasladado a un tribunal de menores, tras diversas manifestaciones organizadas en defensa de los derechos civiles.

Pena de muerte

Durante el año se ejecutó a 42 presos, con lo que ascendió a 1.099 la cifra total de ejecuciones llevadas a cabo desde que la Corte Suprema de Estados Unidos levantó en 1976 la suspensión de la pena capital. Esa cifra constituía la tasa anual de muertes judiciales más baja desde 1994, y se debió en parte al cese de las ejecuciones registrado tras el anuncio de la Corte Suprema, el 25 de septiembre, de que examinaría el recurso planteado contra el protocolo de inyección letal, consistente en la administración de tres sustancias químicas, utilizado en Kentucky y en la mayoría de los estados que empleaban el método de la inyección letal.

En junio, la Corte Suprema impidió la ejecución de Scott Panetti, condenado a muerte de Texas que padecía una grave enfermedad mental. La resolución de la Corte Suprema concluyó que la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito había utilizado una interpretación «defectuosa» y «demasiado restrictiva» del fallo emitido en 1986 por la propia Corte Suprema, en el que se afirmaba que la ejecución de una persona que sufriera demencia era anticonstitucional. El fallo en el caso Panetti tenía el potencial de proporcionar protección adicional a los condenados que padecieran una enfermedad mental grave.

Dakota del Sur llevó a cabo su primera ejecución desde abril de 1947. Elijah Page fue ejecutado por un asesinato cometido en el año 2000, cuando tenía 18 años. Elijah Page venía de una infancia de privaciones y abusos, y había renunciado a sus apelaciones. Su ejecución significó que 34 estados y el gobierno federal habían llevado a cabo al menos una ejecución cada uno desde que en Estados Unidos se reanudaron las ejecuciones judiciales en 1976.

El 2 de enero, la Comisión de Estudio sobre la Pena de Muerte de Nueva Jersey –creada por la asamblea legislativa del estado en 2006 para estudiar todos los aspectos de la pena capital en Nueva Jersey– publicó su informe final, en el que se recomendaba la abolición de la pena de muerte. En diciembre, la asamblea legislativa aprobó, y el gobernador firmó, la ley por la que se sustituía la pena capital por la de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, y así Nueva Jersey se convirtió en el primer estado de la Unión que promulgaba una ley para abolir la pena capital en Estados Unidos desde 1965.

Nueva York se convirtió de hecho en el decimotercer estado abolicionista en octubre, cuando su Corte Suprema se negó a hacer una excepción a su fallo de 2004 en el que había declarado inconstitucional la ley del estado sobre la pena de muerte. El estado había recurrido ese fallo en el caso de la última persona que quedaba en el «corredor de la muerte» del estado de Nueva York.

Desde 1975, más de 120 presos en espera de ejecución habían quedado en libertad al demostrarse su inocencia.

  • Curtis Edward McCarty, que llevaba 21 años en prisión –16 de ellos en el «corredor de la muerte» de Oklahoma–, quedó en libertad en mayo, tras ordenar un juez federal la desestimación de los cargos. Las pruebas de ADN ayudaron a exonerarlo, y el juez falló que la acusación contra Curtis Edward McCarty estaba contaminada por el testimonio cuestionable de una ex química de la policía cuya reputación se había visto posteriormente desacreditada.
  • En diciembre, Michael McCormick fue absuelto, en un segundo juicio, de un asesinato por el que había pasado 16 años condenado a muerte en Tennessee.
  • También en diciembre, la fiscalía retiró todos los cargos que pesaban contra Johnathan Hoffman en relación con el crimen por el que había pasado casi un decenio en el «corredor de la muerte» de Carolina del Norte.
  • Joseph Nichols fue ejecutado en Texas el 7 de marzo por el asesinato de Claude Shaffer, cometido en 1980. El otro hombre acusado con él, Willie Williams, juzgado en primer lugar, se había declarado culpable y había sido ejecutado en 1995. En el juicio de Joseph Nichols, la fiscalía alegó que, con independencia de que Williams hubiera sido el autor del disparo mortal, Nichols era culpable en virtud de la «ley de partes» vigente en Texas, por la que se elimina la distinción entre el autor material y el cómplice de un delito y se permite que ambos sean declarados igualmente culpables. El jurado no logró ponerse de acuerdo sobre el veredicto y Joseph Nichols volvió a ser juzgado. Esta vez, la acusación sostuvo que Nichols había realizado el disparo mortal y el jurado votó a favor de una condena de muerte.
  • Philip Workman fue ejecutado en Tennessee el 9 de mayo, a pesar de que existían pruebas convincentes de que uno de los testigos principales de la acusación había mentido en el juicio y de que el agente de policía por cuya muerte se le había condenado podía haber recibido accidentalmente un disparo de un compañero. Philip Workman había pasado 25 años condenado a muerte.
  • El 16 de julio, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Georgia suspendió la ejecución de Troy Davis cuando faltaban menos de 24 horas para que se llevara a cabo. Troy Davis llevaba más de 15 años condenado a muerte por el asesinato de un policía. No existían pruebas materiales en su contra y el arma utilizada en el crimen nunca se encontró. La acusación se había basado por entero en el testimonio de los testigos, la mayoría de los cuales posteriormente se retractaron de sus declaraciones. El 3 de agosto, la Corte Suprema de Georgia concedió una apelación extraordinaria y accedió a escuchar los argumentos en favor de la celebración de un nuevo juicio. Al finalizar el año aún no se había emitido una decisión.

Violencia contra las mujeres

Las mujeres indígenas continuaron siendo víctimas de violación y violencia sexual en un grado desproporcionado, pese a lo cual hubieron de hacer frente a obstáculos a la hora de acceder a la justicia. Ello obedecía al complejo laberinto jurisdiccional de las diferentes áreas de autoridad tribal, federal y estatal, que permitía a los agresores escapar a la acción de la justicia. A esto se le sumaban la escasez de recursos gubernamentales para servicios clave y el hecho de que ni la jurisdicción estatal ni la federal interpusieran acciones judiciales. Las recomendaciones formuladas por el Congreso respecto a que se aumentaran los recursos para atajar algunas de estas carencias se encontraban en espera de la aprobación del gobierno al finalizar el año.

Derecho a la vivienda: el huracán Katrina

Millares de personas evacuadas de las zonas de la costa del Golfo de México afectadas por el huracán Katrina en 2005 seguían desplazadas internamente y con escasas perspectivas de regresar a sus hogares. Muchas de esas personas seguían viviendo en condiciones precarias en alojamientos temporales por todo el territorio estadounidense, sin empleo ni acceso a las redes de apoyo con que contaban previamente.

Grupos comunitarios y de derechos civiles expresaron su preocupación por las propuestas de demoler una gran parte de las viviendas públicas de Nueva Orleáns pese a que sólo presentaban daños menores a causa de las inundaciones y, según los informes, se podían reparar y rehabilitar. Se temía que la ausencia de viviendas asequibles hubiera creado un desplazamiento demográfico conforme al cual las comunidades más pobres, mayoritariamente de población afroamericana, no podían regresar a sus hogares.

Informes de Amnistía Internacional

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