Uruguay - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in República Oriental de Uruguay

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Uruguay is now live »

Jefe del Estado y del gobierno
Tabaré Vázquez Rosas
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
3,4 millones
Esperanza de vida
76,1 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
18/15 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
97,9 por ciento

La ley siguió concediendo impunidad a los responsables de violaciones de derechos humanos cometidas durante el gobierno cívico-militar (1973-1985).

Información general

José Mújica ganó en noviembre las elecciones presidenciales.

En mayo, el historial de derechos humanos de Uruguay fue sometido a evaluación en virtud del examen periódico universal de la ONU, y el gobierno aceptó todas las recomendaciones.

Impunidad por violaciones perpetradas en el pasado

En octubre se sometió a referéndum la anulación de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, de 1986, que impedía la reapertura de presuntos casos de violación de los derechos humanos ocurridos durante el gobierno cívico-militar. Sin embargo, la propuesta no obtuvo la mayoría necesaria para revocar la ley.

En una decisión histórica adoptada poco antes de la celebración del referéndum, el Tribunal Supremo consideró inconstitucional la Ley de Caducidad. La resolución se adoptó en el marco de la causa incoada por la tortura y el homicidio, perpetrados en 1974, de la joven activista Nibia Sabalsagaray. Este fallo y las decisiones tomadas por el gobierno para limitar la aplicación de la Ley de Caducidad constituyeron pasos importantes en el enjuiciamiento de presuntos responsables de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado.

En agosto, el Senado aprobó la Ley de Reparación a las Víctimas del Terrorismo del Estado o de Violaciones Graves a los Derechos Humanos, concebida para resarcir a las víctimas de violaciones cometidas durante el gobierno militar (1973-1985) y el régimen civil anterior (1968-1973).

  • En marzo se impusieron penas de entre 20 y 25 años de cárcel a ocho ex militares y agentes de policía por su implicación en la muerte de 28 personas durante la Operación Cóndor, plan conjunto adoptado por los gobiernos militares del Cono Sur en las décadas de 1970 y 1980 para eliminar a quienes se les oponían.
  • En octubre se condenó a Gregorio Álvarez, ex general y presidente de facto entre 1980 y 1985, a 25 años de cárcel por el homicidio, en 1978, de 37 activistas en Argentina. En la misma causa se condenó a 20 años de cárcel a un ex miembro de la Armada por el homicidio de 29 personas.
  • En noviembre, Argentina extraditó a Uruguay al ex fotógrafo de la policía Nelson Bardecio para que fuera procesado por cargos relacionados con la desaparición forzada del estudiante Héctor Castagnetto en 1971. Al finalizar el año, Nelson Bardesio seguía detenido en espera de juicio.

Condiciones de reclusión

Durante una visita efectuada a Uruguay en marzo, el relator especial de la ONU sobre la cuestión de la tortura concluyó que las condiciones de reclusión eran muy malas. Denunció la situación del penal de Libertad, donde los presos convictos y los detenidos en espera de juicio estaban recluidos “como animales en contenedores sobrepoblados durante casi las 24 horas al día”. Tras la visita, recomendó que se llevara a cabo una reforma fundamental de los sistemas penitenciario y de justicia penal.

Se recibieron informes sobre uso excesivo de la fuerza por los guardias de seguridad y sobre hacinamiento, malos tratos, asistencia médica inadecuada, alimentación insuficiente y condiciones insatisfactorias en los centros de detención de menores. Según el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, más del 60 por ciento de la población reclusa se componía de presos preventivos o en espera de una sentencia definitiva.

Violencia contra mujeres y niñas

Las mujeres víctimas de violencia de género seguían encontrando obstáculos a la hora de obtener protección, justicia y reparación. La falta de recursos y la formación inadecuada de los jueces dificultaba la aplicación de la legislación sobre violencia intrafamiliar. Según datos oficiales, entre noviembre de 2008 y octubre de 2009 la violencia de género se cobró la vida de 23 mujeres.

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