Uruguay - Informe 2007 Amnistía Internacional

Human Rights in República Oriental del Uruguay

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Uruguay is now live »

Jefe del Estado y del gobierno: Tabaré Vázquez Rosas
Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos
Estatuto de la Corte Penal Internacional: ratificado

Se registraron avances en casos de violaciones de derechos humanos
cometidas en el pasado. Según los informes, en las cárceles había
hacinamiento y las condiciones eran inadecuadas. Personas que
trabajaban en el sector de la caña de azúcar se manifestaron contra la
pobreza.

Información general

La exclusión social continuó durante el año. Por ejemplo, en enero trabajadores de la caña de azúcar y miembros de organizaciones de bienestar social se manifestaron en la capital del país, Montevideo, para reclamar derechos sobre la tierra y protestar contra la pobreza. Las protestas tuvieron lugar después de que más de 50 personas ocuparan tierras en desuso en Colonia España, zona de Bella Unión, departamento de Artigas, para pedir a las autoridades que proporcionaran tierras y vivienda a seis familias trabajadoras.

En noviembre, Uruguay ratificó el Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional, con el que se estableció el marco para que la Corte funcionara de manera efectiva.

Uruguay no presentaba su informe periódico al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU desde 1996.

Justicia para víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado

Aunque continuó vigente la Ley de Caducidad de 1986, que impedía la apertura de procedimientos judiciales contra miembros de las fuerzas de seguridad por actos cometidos en el periodo de gobierno militar (1973-1985), algunas decisiones judiciales revelaron avances en la lucha por la justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado.

En septiembre, un juez en lo Penal de Montevideo declaró a seis oficiales militares y dos ex policías culpables de asociación para delinquir y reiteradas privaciones de libertad por el secuestro, perpetrado en Argentina en 1976 como parte de la Operación Cóndor, de miembros uruguayos del grupo de oposición Partido por la Victoria del Pueblo. Al terminar el año no se había dictado condena.

En noviembre, el juez letrado en lo Penal de 11.° Turno ordenó la detención y enjuiciamiento del ex presidente Juan María Bordaberry (1971-1976) y del ex ministro de Relaciones Exteriores Juan Carlos Blanco. Se los acusó formalmente del asesinato de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y de los asesinatos de Rosario Barredo y William Whitelaw, miembros del grupo guerrillero tupamaro Movimiento de Liberación Nacional, perpetrados en Argentina en 1976. Al terminar el año se había presentado recurso contra la decisión.

Prisiones

Se recibieron informes de hacinamiento, falta de atención médica, alimentación inadecuada y malos tratos a manos de guardias de prisiones.

En febrero, el Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario informó de los resultados de una visita al penal de Libertad, departamento de San José. El Comisionado reveló que los reclusos eran sometidos a trato degradante cuando eran registrados por los guardias, y que el uso de balas de goma era excesivo.

Después de una visita en marzo, el Comisionado Parlamentario confirmó las denuncias sobre la situación de hacinamiento en la prisión de Las Rosas, departamento de Maldonado, que obligaba a varios presos a dormir en el suelo.

Organizaciones intergubernamentales

En noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó preocupación por la violación persistente y sistemática de los derechos humanos de las mujeres en las prisiones uruguayas. La Comisión criticó la discriminación de las presas, la atención inadecuada de la salud y los obstáculos que encontraban las reclusas para denunciar los abusos cometidos por guardias penitenciarios y reclusos.

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