Ucrania
Jefe del Estado
Víctor Yanukovich
Jefe del gobierno
Mykola Azarov
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
45,2 millones
Esperanza de vida
68,5 años
Mortalidad infantil (‹5 años)
15,1 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
99,7 por ciento

Continuó la impunidad por la tortura y otros malos tratos. Se aprobaron reformas del sistema de justicia, pero sin incrementar la independencia del poder judicial; además, la utilización de la vía penal con fines políticos socavaba el Estado de derecho. Las personas solicitantes de asilo corrían peligro de devolución y no tenían acceso a un procedimiento de asilo justo. Los defensores y defensoras de los derechos humanos estaban expuestos a ser procesados y a sufrir agresiones por su trabajo.

Tortura y otros malos tratos

Siguieron conociéndose casos de tortura y otros malos tratos bajo custodia de la policía. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló contra Ucrania en nueve causas, al concluir que se había vulnerado el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe la tortura.

  • Firdovsi Safarov, ciudadano ucraniano de origen étnico azerbaiyano, contó a Amnistía Internacional que había sido golpeado el 26 de marzo por seis agentes de la comisaría de policía de Mohiliov Podilsky que le habían dado el alto cuando llevaba un viejo automóvil a un depósito de chatarra; recibió puñetazos en la cabeza e insultos. En la comisaría también lo golpearon de manera intermitente el comisario y otros agentes, hasta que, a la una de la madrugada, lo dejaron en libertad. Firdovsi Safarov contó que le habían exigido el pago de 3.000 dólares estadounidenses para su liberación. Más tarde fue acusado de oponer resistencia a los agentes, pero resultó absuelto el 25 de junio. Firdovsi Safarov presentó una denuncia por los malos tratos sufridos, que se rechazó en dos ocasiones, hasta que la fiscalía abrió una investigación en julio. A pesar de estar la investigación en curso, el comisario continuaba en su puesto al concluir el año. En octubre, Firdovsi Safarov fue hospitalizado de nuevo por las lesiones sufridas pero, según la información recibida, dejaron enseguida de atenderlo debido a las presiones que los agentes de policía ejercieron sobre los médicos que lo trataban.
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Impunidad

La policía siguió disfrutando de impunidad. Las deficiencias estructurales, la corrupción, la investigación defectuosa de los actos delictivos de la policía o la falta de investigación incluso existiendo informes médicos u otras pruebas verosímiles, el hostigamiento y la intimidación de los demandantes, el escaso índice de procesamientos consiguiente, todos estos factores favorecían la ausencia de rendición de cuentas. Un gran número de denuncias sobre la policía eran desestimadas en primera instancia. La Fiscalía General afirmó en julio que, de las 6.817 denuncias contra agentes de policía formuladas en 2010, sólo 167 habían dado lugar a investigaciones criminales y, de ellas, 21 se habían archivado por falta de pruebas.

  • El 17 de agosto, tres jueces del tribunal de apelación de Kiev decidieron que no era necesario que prosiguiera la investigación sobre la muerte bajo custodia policial del estudiante de 19 años Ihor Indilo en 2010. Con esta decisión, el tribunal admitió en la práctica la versión policial de que la causa de la herida mortal en la cabeza que presentaba Ihor Indilo había sido una caída desde el banco de 50 de altura de la celda en la que estaba recluido. En octubre, el fiscal general anunció que había ordenado otra investigación sobre su muerte.
  • El 24 de octubre, la fiscalía de Kiev anunció que se había abierto una investigación sobre las continuas y persistentes denuncias de Alexander Rafalsky, que afirmaba haber sido torturado en junio de 2001 con el fin de que confesara un asesinato. Había sido condenado a cadena perpetua en 2004 y los fiscales se habían negado sistemáticamente a abrir una investigación sobre sus denuncias.
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Sistema de justicia

Continuó el proceso de reforma del sistema de justicia. En julio se presentó al Parlamento un nuevo proyecto de Código de Procedimiento Penal, que al final del año no había sido aprobado.

Las presiones de la Fiscalía General, que conservaba la potestad de procesar a jueces, pusieron en peligro la independencia de éstos. El 7 de junio, el fiscal general adjunto solicitó la destitución de tres jueces del tribunal de apelación de Kiev por haber rehusado la solicitud de un fiscal de poner bajo custodia a un sospechoso aduciendo que no existían motivos para ello.

En octubre se aprobaron varias reformas de la Ley del Poder Judicial y el Estatuto de los Jueces. Se habían propuesto en respuesta a las críticas a la Ley, que, aprobada en 2010, había comportado una grave reducción de la función del Tribunal Supremo, entre otros cambios. Las reformas restablecieron la función del Tribunal Supremo sólo parcialmente.

En octubre, el Consejo de Europa criticó el papel del Parlamento en el nombramiento y la destitución de jueces. Determinó que nombrar a los jueces por un periodo inicial de cinco años antes de confirmar su nombramiento vitalicio ponía en peligro su independencia, y recomendó que durante ese periodo no se les asignaran “causas importantes, con fuertes implicaciones políticas”.

  • El 11 de octubre, un tribunal de Kiev condenó a Yuliya Tymoshenko –que había sido primera ministra de enero a septiembre de 2005, y, posteriormente, de diciembre de 2007 a marzo de 2010– a siete años de cárcel y tres de inhabilitación para ejercer un cargo público por la firma de un contrato energético con Rusia por valor de millones de dólares en enero de 2009. Los cargos en su contra tenían motivación política y no se referían a delitos comunes reconocibles. El juez al que se había asignado su causa ocupaba la plaza provisionalmente.
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Personas refugiadas y solicitantes de asilo

El 8 de julio, Ucrania aprobó una ley “sobre personas refugiadas y necesitadas de protección complementaria” que mejoró la condición de los refugiados, simplificó la documentación de los solicitantes de asilo e introdujo el concepto de protección complementaria para las personas que no se ajustaban estrictamente a la definición de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Con todo, la ley distaba de cumplir las normas internacionales, al no ofrecer protección complementaria por motivos de conflicto armado interno o internacional. El ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, la criticó, porque no le proporcionaba acceso a las personas afectadas ni le otorgaba una función consultiva en el procedimiento de determinación de los casos de asilo.

En diciembre de 2010 se había creado el nuevo Servicio Estatal de Migración de Ucrania, coordinado por el Ministerio del Interior. Las oficinas regionales de migración dejaron de funcionar en octubre, y al final del año ya estaba operativo el nuevo sistema. Los solicitantes de asilo corrían el riesgo de ser devueltos a países donde podían sufrir graves violaciones de derechos humanos.

  • En marzo tuvo lugar la devolución a Afganistán de un grupo de 10 ciudadanos afganos entre los que había un niño. Las solicitudes de asilo de algunos de ellos habían sido rechazadas. No se les dio la oportunidad de recurrir contra esta decisión ni contra su expulsión. Según afirmaban, no les proporcionaron servicios de interpretación al solicitar el asilo ni durante el proceso de expulsión, y los obligaron a firmar documentos redactados en un idioma que no comprendían. El 17 de marzo, el Servicio Estatal de Guardias de Fronteras contó a los medios de comunicación que se había empleado la fuerza contra los hombres porque habían intentado resistirse a su expulsión.
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Defensores y defensoras de los derechos humanos

Los defensores y defensoras de los derechos humanos, que ponían al descubierto la corrupción y las violaciones de esos derechos cometidas por funcionarios públicos y policías, se enfrentaban a agresiones y procesamientos dirigidos a silenciarlos.

  • El 12 de enero, Dmytro Groysman, presidente del Grupo de Derechos Humanos de Vinnytsya, fue acusado de injuriar la bandera nacional de Ucrania y de distribuir pornografía por colgar en su blog imágenes y un vídeo sexualmente explícitos de carácter satírico. Al final del año, el juicio seguía abierto y Dmytro Groysman estaba en libertad bajo fianza. El uso de tales imágenes en este contexto estaba dentro de los límites de la expresión pública permisible según el derecho internacional. Dmytro Groysman fue el único procesado por la publicación del vídeo a pesar de que éste ya había tenido una amplia difusión pública a través de varios sitios de Internet, lo que parecía indicar que se había actuado contra él por su labor de defensa de los derechos humanos.
  • El 28 de agosto, Andrei Fedosov, director de Yuzer, organización que defendía los derechos de los pacientes psiquiátricos, sufrió presuntamente un ataque brutal debido a su trabajo de denuncia de la corrupción y las violaciones de derechos humanos en los hospitales psiquiátricos. Un desconocido le dijo que acudiera al pueblo de Mirny, en Crimea, para atender a un paciente y, una vez allí, lo llevó a un piso, donde lo torturó. Nada más ser liberado telefoneó a la policía. Vio a su agresor paseando por el pueblo y lo señaló. La policía condujo a ambos a la comisaría del pueblo. El agresor y la policía parecían tratarse con familiaridad. Andrei Fedosov informó del delito, facilitó los datos de su pasaporte y se marchó. Fuera de la comisaría, se había detenido a telefonear a un amigo cuando la policía volvió a detenerlo aduciendo “comportamiento inadecuado”. Los agentes lo llevaron a un hospital psiquiátrico para someterlo a una prueba y lo golpearon en la cabeza cuando preguntó por qué lo llevaban allí. Una vez en el hospital, los médicos lo dejaron marchar. Las autoridades no investigaron el ataque, y Andrei Fedosov tuvo muchas dificultades para documentar sus lesiones, pues los médicos a los que acudió para ello en la vecina ciudad de Yevpatoriya y en Kiev no les dieron importancia.
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