Ucrania - Informe 2008 Amnistia Internacional

Human Rights in Ucrania

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Ucrania is now live »

Jefe del Estado : Víctor Yúschenko
Jefa del gobierno : Yulia Timoshenko (sustituyó a Víctor Yanukóvich en diciembre)
Pena de muerte : abolicionista para todos los delitos
Población : 45,5 millones
Esperanza de vida : 67,7 años
Mortalidad infantil (<5 años) (h/m) : 19/14 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada : 99,4 por ciento

Personas responsables de actos de tortura u otros malos tratos disfrutaban de impunidad. Las personas refugiadas y solicitantes de asilo seguían en peligro de devolución (refoulement) y hubo ataques racistas y hostigamiento contra personas de nacionalidad extranjera y miembros de minorías étnicas. Las medidas adoptadas para combatir la trata de seres humanos y la violencia en el ámbito familiar fueron insuficientes.

Información general

La crisis política se agravó en mayo como consecuencia de la lucha por el poder entre el presidente, Víctor Yúschenko, y el primer ministro, Víctor Yanukóvich. El 2 de abril, Víctor Yúschenko promulgó un decreto por el que disolvía el Parlamento y convocaba elecciones parlamentarias anticipadas. El Parlamento cuestionó la legalidad del decreto y éste se remitió al Tribunal Constitucional. Tras una pugna por el poder en la que ambas partes se disputaron el control de sedes gubernamentales clave, se adoptó la decisión de celebrar las elecciones parlamentarias en mayo. Posteriormente, los comicios se aplazaron al 30 de septiembre.

Las elecciones fortalecieron la posición de la coalición de partidos encabezada por Víctor Yúschenko y Yulia Timoshenko, que habían liderado en sus orígenes la denominada «revolución naranja», cuando las protestas públicas generalizadas de 2004 y 2005 contra el fraude electoral en las elecciones presidenciales dieron lugar a una nueva votación y la victoria de Víctor Yúschenko.

Tortura y otros malos tratos

Continuaron los informes generalizados sobre tortura y otros malos tratos bajo custodia policial. En mayo, el Comité de la ONU contra la Tortura examinó el quinto informe periódico de Ucrania sobre el cumplimiento de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. El Comité expresó su preocupación por la impunidad de que disfrutaban los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que cometían actos de tortura, por el hecho de que la Fiscalía General no investigara con prontitud, eficacia e imparcialidad las denuncias de tortura y por la utilización de confesiones como prueba principal en los juicios.

El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes publicó en junio el informe de su visita a Ucrania en octubre de 2005. El Comité concluía que, si bien se había producido una «ligera reducción en el alcance del fenómeno de los malos tratos», las personas detenidas por la policía seguían expuestas a un «peligro considerable» de sufrir malos tratos, incluso tortura, especialmente durante el interrogatorio. El Comité llamó la atención sobre la utilización indebida del Código de Infracciones Administrativas para poner a personas bajo custodia policial a fin de interrogarlas en relación con delitos; sobre el hecho de que los jueces casi nunca reaccionaban ante las denuncias de malos tratos; y, en los casos de denuncias por malos tratos, sobre el hecho de que sólo se podía acceder a los informes periciales con autorización de la policía.

  • Según la información recibida, Edvard Furman fue torturado en la sede de los Servicios de Seguridad del Estado de Ucrania en Dnipropetrovsk. Lo detuvieron el 11 de abril y, al parecer, agentes de investigación de la policía lo golpearon, le hundieron los dedos en las cuencas de los ojos y le aplicaron descargas eléctricas en los testículos para obligarlo a confesar que en marzo había matado a tiros a tres personas en un vehículo todoterreno, en Dnipropetrovsk. Se detuvo a varias personas más en relación con el mismo crimen. Al parecer, sus familiares no fueron informados de su detención ni averiguaron su paradero hasta el 24 de abril. Los investigadores policiales obligaron a Edvard Furman, según informes, a renunciar a su abogado y aceptar otro designado por ellos. Sin embargo, en octubre se le concedió el derecho a consultar con el letrado que él había designado en un principio. Según los informes, no se practicaron reconocimientos médicos, pese a que Edvard Furman se quejó ante un juez de que había sufrido torturas y otros malos tratos. La Fiscalía General se negó a abrir una investigación sobre las denuncias.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

En un documento de debate publicado en octubre, el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) aconsejaba a los Estados no devolver a Ucrania a solicitantes de asilo de terceros países, ya que existía el peligro de que no fueran readmitidos, de que no tuvieran acceso a un procedimiento justo y eficaz de determinación de la condición de refugiado o no fueran tratados con arreglo a las normas internacionales sobre refugiados, o de que fueran nuevamente objeto de devolución a países donde podían sufrir violaciones graves de derechos humanos. En su examen del quinto informe periódico presentado por Ucrania, el Comité contra la Tortura expresó su temor de que Ucrania devolvieraa personas a Estados en los que corrían peligro de sufrir tortura. Las personas refugiadas y solicitantes de asilo estaban expuestas a sufrir actos de xenofobia.

  • Lema Susarov, refugiado checheno, fue detenido el 16 de junio por agentes de los Servicios de Seguridad del Estado tras una solicitud de extradición cursada desde Rusia. El 27 de julio, la Fiscalía General ordenó su extradición. El abogado de Lema Susarov recurrió sin éxito contra la decisión de detenerlo. Había un recurso pendiente contra la orden de extradición ante el Tribunal Administrativo de Kiev. Lema Susarov se registró el 8 de agosto como solicitante de asilo ante el Servicio de Migración de la Ciudad de Kiev, porque temía sufrir torturas y otras violaciones graves de derechos humanos si era devuelto a Rusia.

Racismo

En noviembre, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU examinó el quinto informe periódico de Ucrania sobre su aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Comité expresó su preocupación por los informes sobre abusos policiales y denegación de protección efectiva frente a actos de discriminación y violencia contra minorías étnicas y religiosas, especialmente contra solicitantes de asilo romaníes, tártaros de Crimea, asiáticos y africanos, así como musulmanes y judíos.

Personas de nacionalidad extranjera y solicitantes de asilo que residían en Ucrania sufrieron a menudo ataques de ciudadanos corrientes y trato racista por parte de la policía, que incluía controles de documentación excesivamente frecuentes. Dos bengalíes, un georgiano, un coreano y un solicitante de asilo iraquí murieron durante el año como consecuencia de ataques violentos. No había estadísticas sobre el número de delitos racistas, y la policía clasificaba la mayoría de los ataques por motivos racistas como actos vandálicos. En reuniones celebradas con Amnistía Internacional en septiembre, representantes del Ministerio del Interior y de los Servicios de Seguridad del Estado negaron que existiera racismo en Ucrania.

  • Una refugiada de República Democrática del Congo contó a Amnistía Internacional que había sufrido frecuentes insultos racistas por parte de ciudadanos corrientes y trato racista por parte de la policía. En junio fue abordada por un agente de policía en estado de embriaguez en el exterior de su bloque de apartamentos. El agente le pidió que le enseñara la documentación, le preguntó si estaba registrada y la invitó a tomar un café. Ella declinó el ofrecimiento y entonces el agente le pidió relaciones sexuales e intentó obligarla a irse con él. El forcejeo que se produjo a continuación le causó hematomas y arañazos. Cuando trató de denunciar los hechos en la comisaría local, nadie quiso tomarle declaración, y el mismo policía que la había agredido se ofreció a acompañarla a casa. La mujer presentó la denuncia en otra comisaría y se abrió una investigación. En el juicio, el agente negó las acusaciones y fue absuelto. Según los informes, en una ocasión anterior en que unos agentes de policía detuvieron a la mujer para comprobar su documentación, la obligaron a desvestirse y llamaron a otros agentes para que vieran «qué aspecto tiene una mona desnuda».
  • El juicio contra las tres personas acusadas del asesinato de un nigeriano llamado Kunuon Mievi Godi, perpetrado en Kiev en octubre de 2006, seguía abierto al terminar el año. Una de ellas estaba acusada de asesinato, y las otras dos, de «violación del derecho a la igualdad de los ciudadanos por motivos raciales».

Violencia contra las mujeres

En febrero, el Parlamento de Ucrania celebró su primer debate sobre un nuevo proyecto legislativo «para introducir enmiendas a algunas leyes de Ucrania (relativas a la mejora de la legislación de Ucrania para contrarrestar la violencia en el ámbito familiar)» y recomendó más cambios. Las enmiendas propuestas a la Ley de Prevención de la Violencia en el ámbito Familiar y otros artículos relacionados del Código de Infracciones Administrativas en general se ajustaban a las recomendaciones formuladas por Amnistía Internacional en 2006, pero no garantizaban alojamiento alternativo a corto y largo plazo para las víctimas de violencia doméstica. Al terminar el año no se habían aprobado las enmiendas a la legislación.

En marzo, el Consejo de Ministros aprobó el Programa Nacional contra la Trata de Personas, aplicable hasta 2010. Según una ONG dedicada a combatir el tráfico de personas, el programa no contenía indicadores suficientes para medir su eficacia ni recibía los fondos necesarios. El informe anual sobre trata de personas publicado en junio por el Departamento de Estado estadounidense (Trafficking in Persons Report) puso de relieve que «Ucrania no ha aportado pruebas de que durante el último año haya aumentado los esfuerzos para combatir la trata de personas, sobre todo en lo referente a imponer sanciones a los traficantes convictos». El informe agregaba que a muchos traficantes se les concedía la libertad vigilada en vez de imponérseles penas de prisión, que había funcionarios del Estado implicados en la trata de personas y que las víctimas no recibían protección y servicios de rehabilitación suficientes, como la protección a testigos.

Impunidad

Continuó el juicio contra tres agentes de policía acusados de asesinar a Georgiy Gongadze, periodista de investigación, en septiembre de 2000. El 16 de febrero, el presidente Yúschenko concedió al ex fiscal general Mikhailo Potebenko la condecoración de la Orden del Príncipe Yaroslav el Sabio por su contribución a la construcción de un Estado respetuoso con las leyes. Mikhailo Potebenko era fiscal general en el momento de cometerse el asesinato de Georgiy Gongadze. En su decisión de 2005, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que la Fiscalía General de Ucrania había hecho caso omiso de las reiteradas peticiones de ayuda de Georgiy Gongadze (quien había denunciado que estaba siendo vigilado por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley) en las semanas anteriores a su muerte, y calificó su respuesta de «manifiestamente negligente». El Tribunal Europeo manifestó que, tras aparecer el cadáver decapitado de Georgiy Gongadze, «las autoridades estatales estaban más preocupadas por demostrar la ausencia de implicación de altos cargos del Estado en el caso que por descubrir la verdad sobre las circunstancias de [su] desaparición y muerte».

Informes y visita de Amnistía Internacional

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