Reino Unido - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Reino Unido is now live »

Jefa del Estado
reina Isabel II
Jefe del gobierno
Gordon Brown
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
61,6 millones
Esperanza de vida
79,3 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
6/6 por cada 1.000

Continuaron saliendo a la luz informes que implicaban a Reino Unido en violaciones graves de derechos humanos infligidas a personas recluidas en el extranjero. Se hizo caso omiso de los llamamientos en favor de investigaciones independientes sobre el papel de Reino Unido en esos abusos. El gobierno siguió intentando devolver a personas a países donde se sabía que se practicaba la tortura en virtud de “garantías diplomáticas” (promesas no jurídicamente vinculantes del país que recibe a la persona devuelta). El Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que Reino Unido había violado los derechos humanos de varios ciudadanos extranjeros al haberlos sometido a internamiento (reclusión sin cargos ni juicio). La implementación de las medidas adoptadas con el objetivo declarado de combatir el terrorismo dio lugar a actuaciones judiciales injustas y otras violaciones de derechos humanos. El ejecutivo fue investido de poderes que le permitían eludir y socavar la independencia de las investigaciones de los pesquisidores. Veinte años después de la muerte de Patrick Finucane, todavía no se había puesto en marcha una investigación sobre la connivencia del Estado en su homicidio.

Seguridad y medidas antiterroristas

Tortura y otros malos tratos

Surgieron nuevos informes de que en Estados como Bangladesh, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Pakistán se habían cometido violaciones graves de derechos humanos con el conocimiento, la complicidad y, en algunos casos, la presencia de agentes de inteligencia británicos, y también de que funcionarios británicos habían intentado encubrir la participación de Reino Unido. En agosto, dos comisiones parlamentarias expresaron preocupación por la participación británica en la tortura de personas recluidas en el extranjero que habían sido detenidas en el contexto de la “guerra contra el terror”. Sin embargo, se hizo caso omiso de los llamamientos para que se iniciaran investigaciones independientes sobre el papel de Reino Unido en estas y otras violaciones graves de derechos humanos cometidas en ese contexto, como la participación británica en el programa de entregas (transferencias ilegales de presuntos terroristas entre países) dirigido por Estados Unidos.

  • En febrero, Binyam Mohamed, ciudadano etíope que anteriormente residía en Reino Unido, fue liberado de Guantánamo, Cuba, donde permanecía recluido bajo custodia estadounidense desde 2004, y devuelto a Reino Unido. Tras su detención en Pakistán en abril de 2002 había sido trasladado a Marruecos, más tarde a Afganistán y por último a Guantánamo como parte del programa de entregas dirigido por Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos no discutió que el trato que Binyam Mohamed había recibido constituía tortura u otros malos tratos. A lo largo del año, los jueces británicos fallaron repetidamente que el gobierno británico debía revelar lo que la CIA estadounidense había contado al Servicio de Seguridad británico (MI-5) y lo que el Servicio Secreto de Inteligencia (MI-6) sabía acerca del trato ilícito recibido por Binyam Mohamed. También dejaron claro que “la relación del gobierno británico con las autoridades estadounidenses en relación con [Binyam Mohamed] iba mucho más lejos que la de un espectador o testigo de las presuntas actuaciones indebidas”. El recurso interpuesto por el gobierno británico contra las resoluciones judiciales que lo obligaban a revelar información seguía pendiente al final del año. En marzo se anunció que la policía pondría en marcha una investigación sobre las denuncias de posibles conductas indebidas de carácter delictivo.
  • Al concluir el año, el ciudadano saudí Shaker Aamer era, según la información disponible, el único ex residente británico que continuaba detenido en Guantánamo. Capturado en Afganistán, había estado en diversos lugares bajo la custodia de autoridades militares estadounidenses antes de terminar recluido en Guantánamo. En diciembre, el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales ordenó a las autoridades británicas que revelaran ciertos documentos para apoyar la denuncia de Shaker Aamer de que cualquier confesión que él pudiera haber hecho durante su detención había sido obtenida por agentes estadounidenses y británicos mediante malos tratos, lo que invalidaba tales confesiones y mejoraba las perspectivas de liberación del detenido.
  • En febrero, el gobierno admitió que, en contra de lo afirmado en declaraciones anteriores, dos personas capturadas por las fuerzas británicas en Irak en 2004 y transferidas a la custodia estadounidense habían sido trasladadas posteriormente a un centro de detención estadounidense en Afganistán. El gobierno de Estados Unidos las clasificó como “combatientes enemigos ilegales”. Se expresó preocupación por el hecho de que el gobierno británico estuviera poniendo trabas a los intentos de identificar a estos hombres.

En diciembre, el Grupo Parlamentario de Todos los Partidos sobre la Entrega Extraordinaria emprendió acciones judiciales en Estados Unidos para solicitar que varias agencias de seguridad estadounidenses revelaran el papel desempeñado por Reino Unido en el programa de entregas de Estados Unidos. Eso incluía el traslado ilegal de dos personas a través del territorio británico de ultramar de Diego García y la transferencia a las fuerzas estadounidenses por parte de las fuerzas especiales británicas de otras personas en Irak que posteriormente habían sido trasladadas a Afganistán.

Expulsiones

Continuaron los intentos de expulsar a personas que presuntamente representaban una amenaza para la “seguridad nacional” a países donde correrían peligro de sufrir tortura y otras violaciones graves de derechos humanos. El gobierno seguía argumentando que las “garantías diplomáticas” –promesas, imposibles de hacer cumplir, de los países a los que iban a ser devueltas estas personas– eran suficientes para reducir el riesgo al que se enfrentaban.

  • En febrero, dos ciudadanos argelinos, aludidos como “R.B.” y “U.” en las actuaciones judiciales ante tribunales británicos, y Omar Othman (también llamado Abu Qatada), ciudadano jordano, perdieron los recursos de apelación que habían presentado ante el Comité de Apelaciones de la Cámara de los Lores (los jueces lores) contra la expulsión a sus respectivos países por motivos de “seguridad nacional”. En los tres casos, el gobierno se había basado en las “garantías diplomáticas” ofrecidas por los gobiernos de Argelia y Jordania, asegurando que eran suficientes para reducir el riesgo de que los hombres sufrieran tortura u otras violaciones graves de derechos humanos a su regreso.

Al día siguiente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó medidas cautelares indicando al gobierno que Omar Othman no debía ser expulsado a Jordania. Al final del año, su caso seguía pendiente.

  • En abril, 10 estudiantes paquistaníes en Reino Unido fueron detenidos y recluidos como sospechosos de participar en actos de terrorismo. Aunque después los liberaron sin cargos, enseguida volvieron a detenerlos y a ponerlos bajo custodia en cárceles de máxima seguridad en espera de su expulsión por motivos de “seguridad nacional”. En diciembre, ocho de ellos habían retirado sus recursos contra la expulsión y regresado a Pakistán.

En diciembre, el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales falló en contra del gobierno y de la Comisión Especial de Apelaciones sobre Inmigración. El Tribunal sostuvo que, aun en el contexto de los procedimientos de solicitud de fianza ante la Comisión Especial de Apelaciones sobre Inmigración, una vista con las debidas garantías requería revelar información suficiente, y que apoyarse exclusivamente en material secreto quebrantaría las normas internacionales sobre imparcialidad procesal.

Internamiento

En febrero, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió por unanimidad que el internamiento (reclusión sin cargos ni juicio) de nueve ciudadanos extranjeros como sospechosos de terrorismo había violado su derecho a la libertad. Al haberlos recluido sin cargos ni juicio, el gobierno había hecho una distinción injustificada entre ellos y los ciudadanos británicos. Además, el Tribunal concluyó que cuatro de los nueve no habían podido impugnar efectivamente las denuncias en su contra porque el material público en que el gobierno había basado su actuación consistía en meras afirmaciones generales y porque la decisión del tribunal nacional de mantenerlos detenidos se había tomado –exclusivamente o en una medida decisiva– en función de material secreto al que ni ellos ni los abogados de su elección habían tenido acceso. El Tribunal sostuvo también que a los nueve se les había negado el derecho a una indemnización por los abusos mencionados.

“Órdenes de control”

A fecha de 10 de diciembre había en vigor 12 “órdenes de control” en aplicación de la Ley de Prevención del Terrorismo de 2005, que otorgaba poderes sin precedentes a un ministro del gobierno para, basándose en información secreta, dictar “órdenes de control” que restringían la libertad de circulación, las actividades y la propia libertad de las personas sospechosas de participar en actos de terrorismo.

  • En junio, los jueces lores aplicaron la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (véase supra) y admitieron los recursos de tres personas, aludidas como “A.F.”, “A.N.” y “A.E.”, contra la imposición de “órdenes de control”, y concluyeron que dicha imposición había vulnerado su derecho a una vista judicial con las debidas garantías. Los jueces lores decidieron de forma unánime que “A.F.”, “A.N.” y “A.E.” tenían derecho a la revelación de información suficiente. Según lo dispuesto en la sentencia, las personas sujetas a “órdenes de control” debían recibir información suficiente sobre las acusaciones en su contra para poder preparar una defensa eficaz y, si la causa contra la persona sujeta a la orden de control se basaba –exclusivamente o en una medida decisiva– en material secreto, sería un incumplimiento de las normas de imparcialidad procesal.
  • En agosto, Mahmoud Abu Rideh, palestino apátrida a quien primero habían internado en diciembre de 2001 –en virtud de atribuciones legalmente establecidas tras los atentados de septiembre de 2001 en Estados Unidos– y desde marzo de 2005 estaba sujeto a una “orden de control”, afirmó que ya no podía seguir viviendo en Reino Unido y que quería irse. Tras la amenaza de actuaciones judiciales, el gobierno aceptó extenderle un certificado de viaje que le permitiera salir y volver a entrar en Reino Unido en un plazo de cinco años. No obstante, casi tan pronto como Abu Rideh se hubo marchado del país, el gobierno canceló su certificado de viaje y ordenó su exclusión permanente de Reino Unido.

Fuerzas armadas de Reino Unido en Irak

En junio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró parcialmente admisible la solicitud presentada contra Reino Unido en representación de Faisal Attiyah Nassar al Saadoon y Khalaf Hussain Mufdhi, ambos ciudadanos iraquíes detenidos y recluidos en 2003 en centros de detención dirigidos por Reino Unido en Irak. En diciembre de 2008, ambos habían sido transferidos a la custodia iraquí a pesar de que existían razones de peso para pensar que corrían peligro de ser juzgados sin las debidas garantías ante el Tribunal Superior de Irak y de ser ejecutados acto seguido, y a pesar de que las medidas cautelares dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos indicaban que el gobierno británico no debía transferirlos a las autoridades iraquíes hasta nuevo aviso.

En mayo, el Tribunal de Apelaciones de Inglaterra y Gales falló en contra del gobierno al confirmar que los soldados británicos que realizaban el servicio militar en Irak tenían derecho a los beneficios garantizados en la Ley de Derechos Humanos de 1998.

  • Al final del año seguía abierta una investigación pública en aplicación de la Ley de Comisiones de Investigación de 2005 sobre las circunstancias de la muerte de Baha Mousa. Este hombre había muerto en septiembre de 2003 en un centro de detención dirigido por Reino Unido en Irak, tras haber sido torturado por soldados británicos durante 36 horas.
  • En noviembre, el gobierno anunció una investigación pública en virtud de la Ley de Comisiones de Investigación sobre el caso de Khuder al Sweady y otros cinco iraquíes. El caso, entre otras cosas, se refería a denuncias según las cuales Khuder al Sweady había sido asesinado y otros cinco iraquíes habían sufrido torturas u otros malos tratos a manos de soldados británicos durante su detención en Irak en 2004.

Nueva legislación

El Parlamento aprobó en noviembre la Ley de Pesquisidores y Jueces de 2009, que otorgaba poderes al ejecutivo para ordenar la suspensión de la investigación del pesquisidor y establecer en su lugar una comisión de investigación con arreglo a la Ley de Comisiones de Investigación de 2005 cuando argumentara que esta última era la adecuada para investigar la causa de la muerte.

Policía y fuerzas de seguridad

En abril suscitó preocupación la actuación policial en las manifestaciones de la cumbre del G-20 en Londres. Hubo informes sobre uso desproporcionado de la fuerza, empleo de armas –como porras y escudos– en cargas contra manifestantes, y ocultación intencionada del número de identificación de los agentes.

  • Había imágenes de vídeo públicas que parecían demostrar que, el 1 de abril, un agente de policía con casco y pasamontañas había golpeado con una porra en la parte trasera de la pierna a Ian Tomlinson, vendedor de periódicos de 47 años, y lo había arrojado al suelo de un empujón cuando éste, de espaldas a una fila de policías antidisturbios, se alejaba de ellos caminando con las manos en los bolsillos. Ian Tomlinson sufrió un colapso y murió poco después. La policía no admitió que el contacto se había producido hasta que se publicaron las imágenes. Al final del año se estaba investigando a un agente de policía como sospechoso de homicidio impremeditado.
  • La Fiscalía General de la Corona de Inglaterra y Gales anunció en febrero que no había pruebas suficientes de que algún agente de policía en particular hubiera cometido un delito en relación con el homicidio de Jean Charles de Menezes, ciudadano brasileño muerto por disparos de la policía en Londres en 2005. La decisión aparentemente vino a sancionar la impunidad por el homicidio. En noviembre, la Policía Metropolitana aceptó pagar una indemnización a la familia de Jean Charles de Menezes.
  • En marzo, el jefe superior de policía de Londres aceptó pagar una indemnización a Babar Ahmad, así como daños y perjuicios ejemplares, tras admitir que en diciembre de 2003 Babar Ahmad había sufrido a manos de agentes de policía una agresión violenta, continuada y no provocada, que había incluido en dos ocasiones una presa de cuello que puso en peligro su vida.

Irlanda del Norte

Grupos republicanos disidentes reivindicaron la autoría de los homicidios de dos soldados, Mark Quinsey y Patrick Azimkar, y del jefe de policía Stephen Paul Carroll, perpetrados en marzo.

En junio, la periodista Suzanne Breen ganó la batalla que libraba contra la solicitud presentada por el Servicio de Policía de Irlanda del Norte para que entregara material relacionado con los homicidios de los dos soldados. El magistrado municipal (recorder) de Belfast resolvió que entregar el material a la policía pondría la vida de la periodista en peligro y reconoció que la protección de la confidencialidad de las fuentes de los periodistas formaba parte del derecho a la libertad de expresión.

Connivencia y homicidios políticos

En enero, el Grupo Consultivo sobre el Pasado creado por el gobierno en 2007 recomendó el establecimiento de una comisión independiente para abordar el legado del pasado combinando procesos de reconciliación, justicia y recuperación de información.

  • Transcurridos 20 años del homicidio del destacado abogado de derechos humanos Patrick Finucane, el gobierno seguía sin cumplir su promesa de emprender una investigación independiente sobre la connivencia del Estado en su muerte.

Concluyó la recopilación de pruebas por parte de tres comisiones públicas de investigación sobre las denuncias de connivencia del Estado en los homicidios de Robert Hamill, Rosemary Nelson –abogada de derechos humanos– y Billy Wright. La publicación de sus informes definitivos estaba prevista para 2010. Se expresó preocupación por que se hubiera excluido de las sesiones ante cada una de las comisiones a familiares y abogados.

Discriminación: romaníes

Más de un centenar de romaníes huyeron en junio de sus hogares en Belfast al aumentar los insultos y ataques contra ellos en los meses precedentes.

Personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo

En octubre, en contra de lo aconsejado por el ACNUR –la agencia de la ONU para los refugiados–, el gobierno intentó devolver a 44 iraquíes a Bagdad. A su llegada, las autoridades iraquíes sólo admitieron a 10, y los otros 34 fueron devueltos a Reino Unido en avión y detenidos a su llegada.

En noviembre, el gobierno reconoció que todas las personas no árabes de Darfur, con independencia de sus afinidades políticas o de otra índole, corrían peligro de sufrir persecución en Darfur y que su reasentamiento en otros lugares de Sudán de momento no era posible.

En diciembre, el Colegio Real de Pediatría y Salud Infantil, el Colegio Real de Medicina General y el Colegio Real de Psiquiatría emitieron un comunicado conjunto para pedir el fin inmediato de la detención administrativa de menores de edad en ejercicio de las atribuciones establecidas en la Ley de Inmigración, aduciendo que era “vergonzosa”, “perjudicial” y “de efectos nocivos permanentes para la salud de los menores”.

En julio, el inspector jefe de Instituciones Penitenciarias de Inglaterra y Gales concluyó que las condiciones imperantes en un centro de detención para inmigrantes de gestión privada, Tinsley House, próximo a Londres, eran “del todo inaceptables” para las mujeres y los menores de edad, y que, desde la última inspección, las condiciones habían degenerado en una “‘cultura carcelaria’ que lo impregnaba todo”. Se expresó preocupación por la detención de familias durante periodos superiores a 72 horas, y algunas durante muchas semanas.

Violencia contra mujeres y niñas

En noviembre, el gobierno presentó una estrategia para abordar la violencia contra las mujeres acorde con los compromisos contraídos en virtud de la Plataforma de Acción de Beijing, adoptada por la ONU en 1995.

También en noviembre, el gobierno anunció un proyecto piloto de tres meses de duración para hacer frente a la crisis de derechos humanos que afectaba a las mujeres en peligro de sufrir violencia y cuya condición migratoria era incierta.

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