Reino Unido - Informe 2008 Amnistia Internacional

Human Rights in Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Reino Unido is now live »

Jefa del Estado : reina Isabel II
Jefe del gobierno : Gordon Brown (sustituyó a Tony Blair en junio)
Pena de muerte : abolicionista para todos los delitos
Población : 60 millones
Esperanza de vida : 79 años
Mortalidad infantil (<5 años) (h/m) : 6/6 por cada 1.000

Reino Unido siguió intentando devolver a personas a Estados donde correrían un riesgo real de sufrir violaciones graves de derechos humanos, en virtud de «garantías diplomáticas» que no se podían hacer cumplir. La implementación de medidas antiterroristas en secreto dio lugar a procedimientos judiciales injustos. Persistían las deficiencias en la rendición de cuentas por violaciones cometidas en el pasado, incluidos casos de presunta connivencia del Estado en homicidios ocurridos en Irlanda del Norte. El gobierno quiso limitar la aplicación extraterritorial de la protección de los derechos humanos, en especial en relación con los actos de sus fuerzas armadas en Irak. Mujeres que estaban sometidas a controles de inmigración y habían sido víctimas de violencia en Reino Unido, incluidas la violencia doméstica y la trata de personas, no podían acceder a las ayudas que necesitaban. Las personas solicitantes de asilo cuyas demandas eran rechazadas seguían abocadas a la miseria.

«Guerra contra el terror»

«Órdenes de control»

En diciembre permanecían en vigor 14 órdenes de control, en virtud de la Ley de Prevención del Terrorismo de 2005.

  • En octubre, el más alto tribunal de Reino Unido, el Comité de Apelaciones de la Cámara de los Lores (los jueces lores), dio a conocer su decisión sobre cuatro causas instrumentales relacionadas con el sistema de las órdenes de control. Los jueces lores confirmaron, entre otras cosas, que el intento del ministro del Interior de someter al toque de queda durante 18 horas a un grupo de personas equivalía a una privación de libertad que excedía a lo permitido por la ley. Los jueces lores ordenaron al Tribunal Superior que reconsiderase la imparcialidad de las audiencias en las que se vieron los recursos presentados por dos personas contra las órdenes de control que se les había impuesto. No se les había comunicado, ni a ellas ni a los abogados de su elección, el fundamento de las denuncias.
  • En enero se declaró culpable a un hombre de violar sus obligaciones en virtud de una orden de control, en lo que supuso la primera declaración de culpabilidad por un delito con arreglo a la Ley de Prevención del Terrorismo, y se le condenó a cinco meses de prisión.

Expulsiones con garantías

Las autoridades británicas siguieron intentando expulsar a personas que, a su juicio, suponían una amenaza para la seguridad nacional de Reino Unido, a pesar de que existían razones para creer que correrían un riesgo real de sufrir violaciones graves de derechos humanos si se las devolvía a su país de origen. Las autoridades seguían manteniendo que las garantías diplomáticas que obtenían de los países a los que pretendían expulsar a estas personas eran suficientes para protegerlas de ese riesgo, pese a que ningún tribunal podía hacer que se cumpliesen esos compromisos.

Los procedimientos para recurrir estas expulsiones ante la Comisión Especial de Apelaciones sobre Inmigración eran injustos, en especial porque utilizaban material secreto que se ocultaba a los afectados y a sus abogados.

A lo largo del año, ocho personas a las que Reino Unido tenía intención de expulsar a Argelia por motivos de seguridad nacional renunciaron a su derecho a continuar recurriendo su expulsión, y fueron devueltas a ese país.

  • En enero, las autoridades británicas expulsaron a Argelia a dos ciudadanos argelinos, Reda Dendani, conocido en los procedimientos judiciales como «Q», y otro hombre conocido en los procedimientos judiciales como «H». Según los informes, antes de su expulsión las autoridades argelinas les habían asegurado verbalmente que en Argelia no se los buscaba. A su regreso fueron aprehendidos y detenidos, acusados de «participación en una red terrorista que opera[ba] en el extranjero». Según los informes, en noviembre «H» y Reda Dendani fueron declarados culpables y condenados a tres y ocho años de prisión, respectivamente.
  • En mayo, Moloud Sihali, ciudadano argelino, ganó el recurso contra su expulsión dictada por razones de seguridad nacional. La Comisión Especial de Apelaciones sobre Inmigración consideró que no representaba una amenaza para la seguridad nacional.
  • En julio, el Tribunal de Apelaciones se pronunció sobre los recursos de tres ciudadanos argelinos contra las decisiones de la Comisión Especial de Apelaciones sobre Inmigración, confirmando las órdenes de expulsión contra ellos por motivos de seguridad nacional. Se trataba de Mustapha Taleb, conocido como «Y» en los procedimientos judiciales; un hombre conocido como «U»; y otro conocido como «BB». El Tribunal de Apelaciones, no obstante, decidió que la Comisión debía reconsiderar los tres casos. En los casos de «BB» y «U», el Tribunal de Apelaciones llegó a esta conclusión por razones que no se hicieron públicas ni se comunicaron a los interesados ni a sus abogados. En noviembre, la Comisión Especial de Apelaciones sobre Inmigración se reafirmó en su decisión anterior y resolvió que los tres podían ser devueltos a Argelia legalmente y sin peligro.
  • En febrero, la Comisión Especial de Apelaciones sobre Inmigración desestimó el recurso de Omar Mahmoud Mohammed Othman, también conocido como Abu Qatada, contra su expulsión a Jordania dictada por razones de seguridad nacional. La Comisión concluyó que el memorando de entendimiento que Reino Unido había firmado con Jordania en 2005 garantizaría su seguridad en Jordania. Al final del año estaba pendiente de resolución el recurso contra esta decisión.
  • En abril, la Comisión Especial de Apelaciones sobre Inmigración bloqueó el intento de expulsión de dos ciudadanos libios –conocidos como «DD» y «AS» en los procedimientos legales– a su país de origen por motivos de seguridad nacional. La Comisión concluyó que, con independencia de las garantías ofrecidas en un memorando de entendimiento entre Reino Unido y Libia, existía un riesgo real de que, a su regreso a Libia, estos dos hombres fueran juzgados en procedimientos que supondrían la denegación «completa» del derecho a un juicio justo y de que los condenaran a muerte.

Detenidos en Guantánamo con vínculos con Reino Unido

En abril, Bisher al Rawi, ex residente en Reino Unido, fue devuelto a este país después de pasar más de cuatro años bajo custodia del ejército estadounidense en la base naval de Guantánamo.

En agosto, las autoridades británicas se dirigieron por escrito a sus homólogas estadounidenses para pedir la liberación de Guantánamo y la devolución a Reino Unido de los ex residentes en este país Jamil el Banna, Omar Deghayes, Shaker Aamer, Binyam Mohammed y Abdennour Sameur. No se hizo ninguna petición respecto a un sexto ex residente, Ahmed Belbacha, ciudadano argelino cuya liberación había sido autorizada y que, según los informes, correría un riesgo real de sufrir detención secreta, con el consiguiente riesgo de tortura u otros malos tratos, en caso de ser devuelto a Argelia.

En diciembre, Jamil el Banna, Omar Deghayes y Abdennour Sameur fueron devueltos a Reino Unido. Los tres fueron detenidos a su llegada. Abdennour Sameur quedó en libertad sin cargos. Jamil el Banna y Omar Deghayes fueron liberados bajo fianza, en espera de una vista completa sobre la solicitud de extradición presentada por España, para ser juzgados en este país.

Al final del año, Binyam Mohammed, Shaker Aamer y Ahmed Belbacha seguían en el centro de detención estadounidense de la Bahía de Guantánamo.

Entregas extraordinarias

En julio, el Comité de Inteligencia y Seguridad publicó un informe sobre la presunta implicación de Reino Unido en el programa de entregas extraordinarias encabezado por Estados Unidos. El informe dirigía algunas críticas a las autoridades británicas, incluido el hecho de que no llevaran «registros adecuados que pudieran consultarse» de las solicitudes de utilización del espacio aéreo británico para llevar a cabo entregas, pero concluyó que no había «pruebas» de complicidad de Reino Unido en entregas extraordinarias, de acuerdo con la definición de este término que hacía el propio Comité.

El Comité de Inteligencia y Seguridad informaba directamente al primer ministro, quien decidía si los informes debían presentarse al Parlamento. Amnistía Internacional consideraba que este Comité no tenía un grado suficiente de independencia del ejecutivo para llevar a cabo la necesaria investigación, independiente e imparcial, sobre las denuncias de participación de Reino Unido en entregas.

Siguieron apareciendo informes que sugerían que aviones implicados en vuelos para entregas extraordinarias podían haber utilizado territorio británico, incluida la isla de Diego García. Las autoridades británicas informaron a Amnistía Internacional de que Reino Unido no llevaba un registro sistemático de los vuelos que entraban y salían de Diego García, pero que estaban «satisfechas con [las] garantías» obtenidas de Estados Unidos de que no utilizaba Diego García para operaciones de entrega.

Fuerzas armadas de Reino Unido en Irak

El gobierno seguía intentando limitar la aplicación de sus obligaciones en materia de derechos humanos fuera del territorio británico, en especial en relación con la actuación de sus fuerzas armadas en Irak.

  • En marzo concluyó el consejo de guerra contra siete miembros de las fuerzas armadas británicas, imputados en relación con la tortura y muerte de Baha Mousa, en septiembre de 2003, y con el trato recibido por otros civiles iraquíes detenidos y recluidos en una base militar británica en Basora, aproximadamente en la misma época. Uno de los acusados se declaró culpable de un cargo de trato inhumano, un crimen de guerra, pero fue absuelto del resto de los cargos que se le imputaban. Los otros seis militares fueron absueltos de todos los cargos.

El juez observó que las prácticas de encapuchar a los detenidos, obligarlos a adoptar posturas en tensión y privarlos del sueño se habían convertido en el «procedimiento operativo habitual» en el batallón responsable de la detención de los hombres.

  • En junio, los jueces lores se pronunciaron sobre seis casos agrupados bajo la denominación Al Skeini, referentes a la muerte de seis civiles iraquíes. Cinco de ellos habían muerto a consecuencia de los disparos realizados por las fuerzas armadas británicas en circunstancias controvertidas, en el curso de sus operaciones; el sexto era Baha Mousa.

Los jueces lores fallaron que las cinco primeras personas no se hallaban bajo la jurisdicción británica en el momento de su muerte y que, por tanto, no eran de aplicación las obligaciones de Reino Unido en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos. También concluyeron que a Baha Mousa se le aplicaba la jurisdicción británica, pero sólo desde su llegada al centro de detención administrado por Reino Unido, y no desde el momento de su aprehensión. Los jueces lores ordenaron que el caso de Baha Mousa fuese devuelto a un tribunal inferior, para que éste determinase si se había producido una violación del derecho a la vida y a no sufrir tortura. Al final del año no se habían reanudado estos procedimientos judiciales.

  • En diciembre, los jueces lores dictaron sentencia sobre un recurso contra la detención sin cargos ni juicio durante más de tres años de Hilal al Jedda, uno de los aproximadamente 75 «internos detenidos por motivos de seguridad» bajo custodia de las fuerzas británicas en Irak. Según la sentencia, Hilal al Jedda se encontraba dentro del ámbito jurisdiccional de Reino Unido, ya que su detención era atribuible jurídicamente a este país y no, como había sostenido Reino Unido, a la ONU. Sin embargo, la sentencia afirmaba que la Resolución 1546 del Consejo de Seguridad de la ONU permitía a Reino Unido internar a personas en Irak, con independencia de que, de no ser por ello, tal proceder habría sido incompatible con las obligaciones de Reino Unido en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Muertes bajo custodia y por disparos de la policía

  • En noviembre, un jurado declaró culpable a la Dirección General de la Policía Metropolitana de infringir la legislación sobre salud y seguridad en el trabajo, en relación con la operación policial que resultó en el homicidio por disparos de Jean Charles de Menezes en julio de 2005.

Tras el veredicto, la Comisión Independiente de Denuncias contra la Policía hizo público su informe sobre el incidente. La Comisión reiteró su preocupación por el hecho de que la policía hubiera tratado de impedir que este organismo iniciara desde el principio la investigación sobre el homicidio.

En diciembre se inició la audiencia para examinar si debía reanudarse la investigación del pesquisidor sobre la muerte de Jean Charles de Menezes, que había sido aplazada en espera de que concluyesen los procedimientos penales. La Comisión Independiente de Denuncias contra la Policía anunció que cuatro agentes de policía implicados en la operación no serían acusados de infracciones disciplinarias.

Actualizaciones

  • En junio, el Tribunal de Apelaciones confirmó el veredicto emitido en 2004 por un jurado del pesquisidor, de que los agentes de policía que en 2001 dispararon a Derek Bennett, causándole la muerte, habían actuado conforme a la ley.
  • En agosto, la Comisión Independiente de Denuncias contra la Policía anunció que ninguno de los ocho agentes de la Policía Metropolitana implicados en los hechos que condujeron a la muerte bajo custodia de Roger Sylvester en enero de 1999 debería hacer frente a acciones disciplinarias.

Irlanda del Norte

En mayo concluyó el gobierno directo con la restauración de la Asamblea de Irlanda del Norte, suspendida desde 2002.

Connivencia y homicidios políticos

En enero, la Oficina del Defensor del Pueblo para Asuntos Policiales de Irlanda del Norte publicó un informe de una investigación en la que se habían encontrado pruebas de connivencia entre la policía y grupos paramilitares partidarios de mantener la unión con Gran Bretaña, en una fecha tan reciente como 2003.

En junio, el Comité de Ministros del Consejo de Europa aprobó su segunda resolución provisional sobre el cumplimiento por Reino Unido respecto a varias sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los casos en cuestión habían sido presentados por familiares de personas que presuntamente habían muerto en Irlanda del Norte a manos de las fuerzas de seguridad de Reino Unido o con su connivencia. El Tribunal falló que en ninguno de los casos Reino Unido había promovido investigaciones adecuadas sobre estos homicidios. El Comité de Ministros se lamentaba de que «en ninguno de los casos se [había] completado […] una investigación efectiva».

  • En junio, el Tribunal de Apelaciones de Irlanda del Norte anuló un fallo del Tribunal Superior, de diciembre de 2006, que había declarado ilegal la decisión de llevar a cabo la investigación sobre las denuncias de connivencia del Estado en el homicidio de Billy Wright en virtud de la Ley de Comisiones de Investigación de 2005. La investigación continuó adelante con arreglo a esta ley.

En octubre, la comisión de investigación anunció su intención de publicar a principios de 2008 un informe provisional sobre la colaboración prestada en la investigación por el Servicio de Policía de Irlanda del Norte, en particular en relación con importantes deficiencias respecto al material proporcionado por este Servicio para la investigación.

  • Al terminar el año, el gobierno aún no había iniciado una investigación sobre las denuncias de connivencia del Estado en el homicidio de Patrick Finucane en 1989.
  • En diciembre se dictó sentencia en el proceso penal en relación con el atentado perpetrado en Omagh en 1998 y otros incidentes. El único acusado fue absuelto de todos los cargos. El juez se mostró crítico con la acusación, en especial por el uso realizado de las pruebas de ADN. Acusó a dos funcionarios de la policía de «engaño deliberado y calculado» y remitió el caso al Defensordel Pueblo para Asuntos Policiales de Irlanda del Norte.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

En octubre se aprobó la Ley de Fronteras de Reino Unido, que no impedía que los solicitantes de asilo rechazados siguieran viéndose abocados a la miseria por causa de la legislación vigente. 

El gobierno de Reino Unido siguió devolviendo al norte de Irak a solicitantes de asilo iraquíes cuyas demandas habían sido rechazadas.

Las acciones judiciales en curso impidieron al gobierno de Reino Unido la devolución de solicitantes de asilo rechazados a Zimbabue.

En noviembre, los jueces lores anularon una sentencia del Tribunal de Apelaciones, según la cual era «excesivamente duro» enviar de vuelta a Jartum, la capital de Sudán, a solicitantes de asilo de Darfur cuyas demandas hubieran sido rechazadas.

Violencia contra las mujeres

Mujeres sometidas a controles de inmigración y que habían sido víctimas de violencia en Reino Unido, incluidas la violencia doméstica y la trata de personas, encontraron casi imposible acceder a las prestaciones de vivienda o a las ayudas a los ingresos que necesitaban, a consecuencia de la norma que limitaba «el recurso a los fondos públicos». Esta ley estipulaba que algunas categorías de inmigrantes que tenían permiso para entrar y permanecer en el país por un periodo limitado, sin embargo no tenían derecho (salvo contadas excepciones) a acceder a esas prestaciones.

Trata de personas

En marzo, Reino Unido firmó el Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos, pero al final del año no lo había ratificado.

En diciembre se informó de que la Agencia Estatal de Indemnizaciones por Daños Causados por Delitos indemnizaría económicamente a cuatro mujeres que habían llegado a Reino Unido víctimas de trata con fines de explotación sexual, una decisión que podría dar lugar a que otras víctimas de trata tuvieran derecho a recibir indemnización.

Las ONG veían con preocupación la falta de alojamiento adecuado financiado por el gobierno para las víctimas de trata.

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