Información general

En octubre, la Comisión Electoral autorizó a ocho aspirantes a presentar su candidatura a la presidencia en las elecciones generales previstas para febrero de 2011. Surgió el temor de que se produjesen actos de violencia, pues persistía la impresión de que el organismo electoral no era imparcial, y había dudas sobre la transparencia del proceso de registro de votantes.

Continuó en los tribunales una importante causa por corrupción en la que un ex ministro de Salud, dos diputados y una funcionaria del Estado se enfrentaban a cargos penales de malversación y abuso de poder. Los cargos estaban relacionados con la gestión del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria.

En una carta remitida a la ONU en septiembre, Uganda rechazó las conclusiones del informe de la ONU que documentaba las violaciones más graves de derechos humanos y del derecho internacional humanitario que distintos grupos y fuerzas armadas, incluidas las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda (el ejército de Uganda) habían cometido en la República Democrática del Congo entre marzo de 1993 y junio de 2003. El gobierno no tomó ninguna medida para iniciar investigaciones sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos y crímenes cometidos por las fuerzas armadas.

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Abusos relacionados con las elecciones

A lo largo del año se registraron numerosos casos de violencia electoral y abusos contra los derechos humanos. Estos casos no se investigaron ni se procesó a los presuntos responsables.

• En enero, la policía detuvo a 35 mujeres activistas de la Coalición para la Cooperación entre Partidos –una alianza de partidos de la oposición– que protestaban contra la Comisión Electoral, a la que acusaban de parcialidad. Las activistas denunciaron malos tratos policiales –como obligarlas a desnudarse y a pasar la noche en una celda de la comisaría compartida con hombres– y uso excesivo de la fuerza. Posteriormente fueron acusadas de celebrar una reunión ilegal.
• En junio, la policía y un grupo de hombres armados con palos, conocidos en la zona como “el escuadrón de Kiboko”, interrumpieron en Kampala un mitin del líder de la oposición Kizza Besigye y lo golpearon, así como a representantes y a seguidores de su partido. El gobierno prometió una investigación, pero al finalizar el año no se había anunciado ningún progreso en ese sentido.

La policía y representantes del gobierno cancelaron o impidieron que dirigentes clave de la oposición celebraran mítines públicos y actos con los medios de comunicación, sobre todo programas de entrevistas radiofónicos. Olara Otunnu, líder de la oposición, se enfrentaba a cargos penales de sectarismo por debatir la presunta complicidad del gobierno en abusos contra los derechos humanos durante la guerra en el norte de Uganda.

El gobierno presentó un proyecto de Ley de Mantenimiento del Orden Público que, de promulgarse, restringiría indebidamente el derecho de reunión pacífica y la libertad de expresión. Al finalizar el año aún no se había presentado al Parlamento para su debate.

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Homicidios ilegítimos, tortura y otros malos tratos

Según informes, a lo largo del año, soldados del gobierno que participaban en operaciones de seguridad y desarme mataron a decenas de personas en la región nororiental de Karamoja en circunstancias controvertidas. Además, también se acusó a militares de ser responsables de torturas y otros malos tratos durante estas operaciones. El gobierno no inició investigaciones creíbles sobre las presuntas violaciones de derechos humanos ni se procesó a nadie por ellas.

En octubre, la Comisión de Derechos Humanos de Uganda informó de que la tortura y otros malos tratos por parte de las fuerzas armadas, de la policía y de otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley continuaban siendo generalizados.

Algunos sospechosos detenidos en relación con los atentados con bomba perpetrados en julio en Kampala (véase infra) informaron de que la policía los había torturado y sometido a otros malos tratos.

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Violencia contra mujeres y niñas

En octubre, tras examinar el informe presentado por Uganda, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer expresó preocupación ante el hecho de que la violencia contra las mujeres y las niñas continuaba siendo una práctica generalizada. El Comité hizo notar que la incidencia de los delitos sexuales contra las mujeres y las niñas era desmesuradamente elevada. Las mujeres víctimas de violación y otras formas de violencia sexual y de género seguían encontrándose con obstáculos socioeconómicos para acceder a la justicia, como el coste de las investigaciones criminales y la discriminación por parte de funcionarios públicos.

En abril, el presidente dio su conformidad a la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, que tipificaba específicamente como delito la violencia en el seno de la familia. Sin embargo, este tipo de violencia proliferaba y los responsables rara vez eran procesados.

En julio, Uganda ratificó el Protocolo a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos Relativo a los Derechos de la Mujer en África.

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Juicio contra Kizza Besigye

En octubre, el Tribunal Constitucional declaró que los cargos de traición y asesinato contra Kizza Besigye y otras personas eran inconstitucionales, alegando fundamentalmente que el Estado no había respetado el derecho a un juicio con las debidas garantías. El Tribunal recordó un incidente de 2007 en el que personal de seguridad había vuelto a detener a los acusados cuando se encontraban en el Tribunal Superior, a pesar de una orden judicial que les concedía la libertad bajo fianza.

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Conflicto armado

En el norte de Uganda reinaba una relativa calma; la región había sufrido anteriormente las consecuencias del prolongado conflicto entre el gobierno y el Ejército de Resistencia del Señor. Fuerzas de este grupo que se encontraban en la República Centroafricana, la República Democrática del Congo y Sudán seguían cometiendo abusos contra los derechos humanos, como homicidios ilegítimos y secuestros.

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Justicia internacional

En junio entró en vigor la Ley sobre Crímenes Internacionales, que incorporaba a la legislación nacional el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Seguían en vigor las órdenes de detención dictadas en 2005 por la Corte Penal Internacional contra Joseph Kony, líder del Ejército de Resistencia del Señor, y otros tres jefes del grupo, pero los cuatro seguían en libertad.

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Atentados con explosivos

En julio, al menos 76 personas murieron y centenares resultaron heridas en atentados con explosivos perpetrados por personas desconocidas en dos lugares públicos de Kampala. Tras las investigaciones criminales, 17 hombres de diferentes nacionalidades, entre los que había ugandeses, kenianos y somalíes, fueron detenidos y acusados de terrorismo y asesinato en relación con los atentados y en noviembre se ordenó la apertura del juicio contra ellos. Al finalizar el año continuaba el proceso judicial.

Hasta 12 sospechosos fueron transferidos desde Kenia a Uganda al margen de los procedimientos legales establecidos en ambos países (véase el apartado sobre Kenia).

• En septiembre, Al Amin Kimathi, presidente de la ONG keniana Foro Musulmán de Derechos Humanos, fue detenido en Uganda junto con el abogado keniano Mbugua Mureithi. Los dos habían viajado de Kenia a Uganda para asistir como observadores al juicio de seis kenianos acusados de terrorismo en relación con los atentados con explosivos. Mbugua Mureithi estuvo recluido en régimen de incomunicación durante tres días y posteriormente fue expulsado a Kenia. Al Amin Kimathi estuvo recluido en régimen de incomunicación durante seis días y fue acusado de terrorismo y asesinato en relación con los atentados de julio. Las autoridades ugandesas no ofrecieron información sobre las acusaciones en su contra; al parecer, lo habían detenido y acusado por el simple hecho de llevar a cabo su trabajo legítimo. Al finalizar el año continuaba en prisión.

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Libertad de expresión

El proyecto de Ley de Regulación de la Interceptación de las Comunicaciones, de 2010, se convirtió en ley en septiembre, otorgando al gobierno amplias facultades discrecionales para vigilar e interceptar todas las formas de comunicación. La ley carecía de salvaguardas adecuadas y amenazaba la libertad de expresión.

El gobierno propuso un Proyecto de Ley de Prensa y Periodistas (Enmienda) que, de promulgarse, restringiría considerablemente la libertad de expresión, dado que permitiría que las autoridades denegasen la concesión de licencias a medios de prensa escrita alegando motivos amplios e imprecisos, como la “seguridad nacional”. Al finalizar el año aún no se había remitido el proyecto de ley al Parlamento.

Decenas de periodistas se enfrentaban a diversos cargos penales relacionados con su trabajo en los medios de comunicación y con publicaciones en las que se criticaba la práctica y la política del gobierno.

En septiembre, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el delito de sedición establecido en la Ley del Código Penal, basándose en que el artículo 29 de la Constitución garantizaba la libertad de expresión.

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Personas refugiadas y solicitantes de asilo

En julio, en una operación conjunta de los gobiernos de Uganda y Ruanda, en torno a 1.700 solicitantes de asilo ruandeses que se encontraban en dos asentamientos para refugiados en Uganda fueron devueltos a Ruanda. Algunos solicitantes de asilo intentaron escapar, la policía disparó al aire y, según los informes, en la desbandada producida por la situación de pánico que se desencadenó varias personas resultaron heridas y hubo niños que quedaron separados de sus padres. La mayoría de las personas refugiadas afectadas denunciaron que el proceso de determinación de su condición de refugiados no había sido justo ni satisfactorio. La operación se saldó con la muerte de al menos un hombre que saltó desde un camión que se dirigía a Ruanda, y con más de 20 personas heridas.

Personas refugiadas que residían en campos de asentamiento y en zonas urbanas fueron objeto de detención arbitraria, reclusión ilegal y tortura u otros malos tratos. Los responsables, por lo general policías y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, raramente eran procesados.

Las autoridades amenazaron con devolver a no menos de tres solicitantes de asilo somalíes a las zonas central y meridional de Somalia, a pesar del peligro que correrían allí.

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Discriminación: lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero

El proyecto de Ley contra la Homosexualidad de 2009, que afianzaría la discriminación y llevaría a otras violaciones de derechos humanos contra lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero, continuaba pendiente en el Parlamento.

En octubre y noviembre, una publicación local, The Rolling Stone, publicó en primera página artículos en los que identificaba a personas a las que calificaba de homosexuales. Uno de estos artículos, en los que figuraban nombres, fotografías y, en algunos casos, direcciones y otro tipo de información, incluía la frase “Hay que colgarlos”. Entre las personas mencionadas había activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos. Algunos de los que aparecieron en la publicación denunciaron haber sufrido intimidación y amenazas por parte de conocidos. En noviembre, algunas de las personas mencionadas entablaron una demanda civil contra los editores ante el Tribunal Superior, alegando la violación de su derecho a la vida, la dignidad y la intimidad. La decisión del tribunal seguía pendiente al finalizar el año. Sin embargo, las autoridades no condenaron la publicación ni tomaron medidas para proteger a las personas que corrían peligro de ser víctimas de actos violentos a causa de los artículos.

Lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero y activistas en favor de los derechos de este colectivo seguían sufriendo detenciones arbitrarias, reclusiones ilegítimas, tortura y otros malos tratos a manos de la policía y demás personal de seguridad.

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Pena de muerte

Los tribunales civiles y militares seguían imponiendo condenas a muerte por delitos punibles con la pena capital. No hubo ejecuciones.

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