Uganda - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in República de Uganda

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Uganda is now live »

Jefe del Estado y del gobierno
Yoweri Kaguta Museveni
Pena de muerte
retencionista
Población
32,7 millones
Esperanza de vida
51,9 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
129/116 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
73,6 por ciento

Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no rindieron cuentas por violaciones de derechos humanos, como homicidios ilegítimos, tortura y otros malos tratos. El gobierno atacó la libertad de expresión y la libertad de prensa. A pesar de que la violencia por motivos de género era una práctica muy extendida, apenas se registraron progresos en lo relativo a poner a disposición judicial a los autores y a implementar reformas legislativas prometidas hacía tiempo. El colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero seguía siendo objeto de discriminación y otras violaciones de derechos humanos, y un proyecto de ley amenazaba con reforzar aún más la discriminación en su contra. Se impusieron condenas a muerte, pero no hubo ejecuciones.

Información general

Continuaba en los tribunales una importante causa por corrupción en la que un ex ministro de Salud, sus dos viceministros y una funcionaria del Estado se enfrentaban a cargos penales de malversación y abuso de poder. Los cargos estaban relacionados con la gestión del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria.

Conflicto armado

No obstante los informes sobre la conclusión de las conversaciones de paz en 2008, no se firmó ningún acuerdo final de paz entre el gobierno y el Ejército de Resistencia del Señor en relación con el conflicto en el norte de Uganda. Pese a ello, en la región reinaba una relativa calma.

Se observaron escasos progresos en la implementación de los acuerdos alcanzados en virtud del proceso de paz de 2008, incluidos los acuerdos sobre rendición de cuentas y reconciliación y sobre desarme, desmovilización y reintegración. En particular, no se constituyó ningún mecanismo judicial para investigar los abusos contra los derechos humanos cometidos durante el conflicto ni se establecieron programas gubernamentales integrales de reparaciones para ayudar a víctimas y supervivientes a rehacer sus vidas.

A pesar de una operación militar conjunta de las fuerzas armadas de Uganda, Sudán y la República Democrática del Congo a finales de 2008 y principios de 2009, el Ejército de Resistencia del Señor seguía cometiendo abusos contra los derechos humanos, incluidos homicidios ilegítimos y secuestros de cientos de civiles en la República Democrática del Congo, la República Centroafricana y Sudán del Sur.

Corte Penal Internacional: órdenes de detención

Las órdenes de detención emitidas en 2005 por la Corte Penal Internacional contra Joseph Kony, líder del Ejército de Resistencia del Señor, y otros tres jefes del grupo seguían en vigor, pero ni el gobierno central ni los gobiernos regionales las habían ejecutado.

Aunque Uganda era Estado Parte en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y, por consiguiente, tenía la obligación de entregar a la Corte a toda persona que fuera objeto de una orden de detención, el presidente Museveni anunció en julio y octubre que el presidente de Sudán, Omar Hassan Ahmed al Bashir, contra quien la Corte Penal Internacional había emitido una orden de detención en marzo, podría visitar Uganda (véase el apartado sobre Sudán).

Personas internamente desplazadas

La mayoría de las personas internamente desplazadas en la región del norte del país afectada por el conflicto abandonaron los campos y regresaron a sus hogares. Se calculaba que hasta el 65 por ciento de la población desplazada original había regresado a sus poblaciones de origen, y el 15 por ciento, a centros de tránsito fuera de los campos. La mayoría de las personas que regresaban a sus localidades debían hacer frente a falta de acceso a agua limpia, atención de la salud, escuelas y otros servicios públicos esenciales. Más de 400.000 personas desplazadas continuaban en campos y necesitaban con suma urgencia ayuda humanitaria.

Tortura y otros malos tratos

El gobierno no garantizó que los presuntos responsables de actos de tortura y otros malos tratos cometidos por la policía y otros servicios de seguridad del Estado fueran puestos a disposición de la justicia. Casi nunca se concedía a víctimas y supervivientes acceso a la justicia y a recursos legales. El gobierno seguía sin pagar hasta el 71 por ciento de las indemnizaciones concedidas por la Comisión de Derechos Humanos de Uganda desde 2001. La mayoría de las quejas presentadas ante la Comisión por víctimas de violaciones de derechos humanos guardaban relación con la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes.

Violencia contra mujeres y niñas

Los informes indicaban que la violencia por motivos de género, sobre todo la violencia intrafamiliar, seguía estando muy extendida. Rara vez se ponía a disposición judicial a los responsables, y las mujeres debían hacer frente a considerables limitaciones cuando intentaban acceder a la justicia.

En diciembre, el Parlamento aprobó un proyecto de ley que prohibía y penalizaba expresamente la mutilación genital femenina y preveía medidas de protección para las víctimas. Al final del año, el proyecto de ley estaba a la espera de ser refrendado por el presidente para convertirse en ley. Seguían pendientes varios proyectos de ley, entre ellos uno que pretendía ofrecer un nuevo marco para los derechos legales en el seno del matrimonio y en la disolución de la unión conyugal y otro que tenía por objeto penalizar la violencia intrafamiliar.

Juicio contra Kizza Besigye

Continuaba pendiente en el Tribunal Superior de Kampala el juicio contra Kizza Besigye, líder opositor, y otras personas acusadas de traición. Al terminar el año no se había resuelto una petición presentada por los acusados ante el Tribunal Constitucional, en la que impugnaban la continuación del juicio.

También seguían pendientes dos causas por asesinato incoadas en 2007 en otros dos tribunales contra personas acusadas junto con Kizza Besigye.

Disturbios de septiembre: homicidios ilegítimos y otras violaciones de derechos humanos

Entre el 10 y el 13 de septiembre tuvieron lugar manifestaciones y disturbios en Kampala y otros lugares en relación con la decisión del gobierno de impedir que una delegación del Reino de Buganda, en el territorio de Uganda, visitara el distrito de Kayunga, en el este del país, para participar en las celebraciones del Día Nacional de la Juventud, el 12 de septiembre. La policía afirmó que se había impedido la visita para prevenir posibles actos de violencia entre partidarios del kabaka, rey del pueblo baganda, y un grupo étnico local de Kayunga, el banyala, que se opone a la autoridad del kabaka.

Hasta 27 personas perdieron la vida durante los disturbios, según los informes. Al menos la mitad de ellas murieron tras recibir disparos de la policía y de personal de seguridad. El gobierno no llevó a cabo una investigación independiente e imparcial sobre los homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad –algunos de los cuales podrían haber sido ilegítimos– con el fin de poner a disposición judicial a los responsables de violaciones de derechos humanos.

Cientos de personas fueron detenidas en relación con los disturbios. Decenas de ellas fueron acusadas formalmente de delitos graves, como terrorismo, y podían ser condenadas a muerte. Estuvieron detenidas días o semanas sin ser acusadas formalmente ni comparecer ante un juez, durante periodos muy superiores al límite prescrito por la Constitución. Muchas de ellas testificaron que habían sido objeto de tortura u otros malos tratos mientras estaban detenidas.

Libertad de expresión

Después de los disturbios de septiembre, el Consejo de Difusión Audiovisual, organismo gubernamental encargado de controlar el contenido de las emisiones, ordenó arbitrariamente el cierre de cuatro emisoras de radio. Según los informes, la medida se debió a incumplimientos, antes y durante los disturbios, de las normas mínimas sobre radiodifusión estipuladas en virtud de la Ley sobre Medios de Comunicación Electrónicos de 2000. No se notificaron con antelación suficiente los cierres a las emisoras ni se les dieron explicaciones, y tampoco se les brindó la oportunidad de presentar recurso. El Consejo ordenó también la suspensión de algunos programas de radio durante este periodo. Al terminar el año, dos emisoras seguían cerradas.

Amplios sectores de los medios de comunicación hacían frente a intimidación por parte del gobierno y a amenazas oficiales en relación con su labor informativa durante los disturbios.

  • Robert Kalundi Sserumaga, periodista residente en Kampala, fue detenido arbitrariamente, recluido y torturado debido a los comentarios que había formulado durante un programa de radio acerca de los disturbios y de la tensión entre el gobierno y el Reino de Buganda. Sufrió graves lesiones como consecuencia de la tortura. Después fue acusado formalmente de sedición. La causa seguía pendiente en los tribunales.

Continuaron los ataques generales de las autoridades a la libertad de expresión y la libertad de prensa. Varias causas penales que afectaban a periodistas acusados formalmente de difamación criminal, sedición y “publicación de noticias falsas” seguían pendientes en los tribunales.

El gobierno no retiró el proyecto de ley de Regulación de la Interceptación de las Comunicaciones, de 2007, ni respondió a los motivos de preocupación en materia de derechos humanos planteados al respecto. En caso de ser aprobada, la ley impondría importantes restricciones a la libertad de expresión.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

En abril, un comunicado conjunto suscrito por el ACNUR –la agencia de la ONU para los refugiados– y los gobiernos de Uganda y Ruanda indicó la intención de los gobiernos de repatriar a unos 20.000 refugiados ruandeses que vivían en Uganda. El comunicado afirmaba que la ayuda a los refugiados ruandeses terminaría el 31 de julio de 2009. El plazo para la repatriación se prorrogó posteriormente hasta el final de septiembre. Las personas afectadas se quejaron de que la retirada de la ayuda humanitaria y de otro tipo, la falta de procedimientos para establecer la veracidad de todo temor bien fundado de persecución al regresar y el no ofrecer soluciones alternativas duraderas en virtud del proceso previsto en la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados creaban condiciones que conducirían a su devolución (refoulement). Pocas personas refugiadas se registraron voluntariamente para la operación y regresaron a sus lugares de origen.

Decenas de personas refugiadas que residían en campos de asentamiento para refugiados y en zonas urbanas denunciaron casos de detención arbitraria, reclusión ilegal y tortura u otros malos tratos por parte de las autoridades gubernamentales. Los autores casi nunca fueron puestos a disposición judicial.

Discriminación de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero

En septiembre se publicó el proyecto de ley contra la Homosexualidad, patrocinado por un miembro del partido gobernante, y se lo incluyó para su examen por el Parlamento. Teniendo en cuenta las leyes vigentes que prohibían el “conocimiento carnal de cualquier persona en contra del orden de la naturaleza” y la prohibición constitucional del matrimonio de personas del mismo sexo, el proyecto de ley, en caso de ser aprobado, criminalizaría aún más a lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero y perpetuaría su discriminación y estigmatización.

El proyecto de ley preveía medidas extremadamente punitivas, como la pena de muerte para el delito de “homosexualidad agravada” y cadena perpetua para el delito de “homosexualidad”, y trataba de introducir otros delitos nuevos, como “no denunciar el delito de homosexualidad”. Además, el proyecto de ley pretendía penalizar la “promoción de la homosexualidad”, lo cual dificultaría de forma significativa el trabajo de los defensores y defensoras de los derechos humanos y restringiría el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión en relación con la defensa de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero. Al terminar el año, el proyecto de ley seguía pendiente ante el Parlamento.

Lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero y activistas de los derechos de este colectivo seguían sufriendo detenciones arbitrarias, reclusiones ilegítimas, tortura y otros malos tratos a manos de la policía y otro personal de seguridad.

Pena de muerte

En enero, el Tribunal Supremo, la más alta instancia judicial de Uganda, confirmó una sentencia dictada en 2005 por el Tribunal Constitucional según la cual la aplicación preceptiva de la pena de muerte era inconstitucional. El Tribunal Supremo resolvió asimismo que debían conmutarse por cadena perpetua las penas de muerte que los tribunales se habían visto obligados a imponer, decisión que afectaba a la gran mayoría de los más de 400 apelantes en el caso. Sin embargo, el Tribunal Supremo también falló que la pena de muerte seguía siendo constitucional.

Los tribunales civiles y militares seguían imponiendo la pena de muerte. No hubo ejecuciones.

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