Uganda

Human Rights in República de Uganda

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Uganda is now live »

Jefe del Estado y del gobierno Yoweri Kaguta Museveni
Pena de muerte retencionista
Población 31,9 millones
Esperanza de vida 49,7 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m) 132/119 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada 66,8 por ciento

En el norte del país mejoró la situación de seguridad tras los progresos realizados en las conversaciones de paz entre el gobierno y el grupo armado Ejército de Resistencia del Señor para tratar de poner fin al conflicto del norte de Uganda, que duraba ya 20 años. Sin embargo, al concluir 2008 no se había firmado un acuerdo final de paz. Continuaron los ataques contra la libertad de expresión y de prensa por parte del gobierno. La violencia contra las mujeres y las niñas seguía siendo generalizada en todo el país. Agentes de seguridad del Estado torturaron o maltrataron con impunidad a personas que se encontraban detenidas.

Información general

Al terminar el año no había concluido una importante causa por corrupción. Un ex ministro de Salud, sus dos viceministros y una funcionaria del Estado se enfrentaban a cargos de malversación y abuso de poder en relación con el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria.

Conflicto armado

Concluyeron las negociaciones de paz, que condujeron a varios acuerdos entre el gobierno y el Ejército de Resistencia del Señor, pero al término de 2008 no se había firmado un acuerdo final de paz.

En febrero, el gobierno y el Ejército de Resistencia del Señor firmaron un Anexo al Acuerdo sobre Rendición de Cuentas y Reconciliación suscrito en junio de 2007. En virtud del Acuerdo y de su Anexo, los dirigentes el Ejército de Resistencia del Señor acusados de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad serían juzgados por una División Especial del Tribunal Superior. El marco propuesto carecía de un plan integral para garantizar que se difundiría la verdad, se haría justicia y se concedería reparación a todas las víctimas del conflicto. Las órdenes de detención emitidas en 2005 por la Corte Penal Internacional contra Joseph Kony, dirigente del Ejército de Liberación del Señor, y otros tres dirigentes del grupo, seguían en vigor, pero ni el gobierno central ni las autoridades regionales las habían ejecutado.

En febrero, las partes firmaron un Acuerdo sobre Desarme, Desmovilización y Reintegración comprometiéndose a someterse a un proceso ordenado de desarme acorde con las políticas nacionales y las normas internacionales. El acuerdo adolecía de deficiencias significativas respecto a los derechos de las víctimas a beneficiarse de medidas que las ayudasen a reconstruir sus vidas.

Miles de hombres, mujeres, niñas y niños que habían sido víctimas de abusos durante el conflicto que durante 20 años asoló el norte de Uganda seguían viviendo en la pobreza y sufriendo traumas físicos y psicológicos debido a que el gobierno no había establecido un programa de reparaciones integral.

Se creía que fuera de Uganda, en la República Democrática del Congo, Sudán del Sur y la República Centroafricana, las fuerzas del Ejército de Liberación del Señor habían secuestrado a cientos de personas a lo largo del año, entre ellas niños y niñas, y cometido otros abusos contra los derechos humanos, incluidos homicidios ilegítimos.

En diciembre, las fuerzas armadas gubernamentales de Uganda participaron en una operación militar conjunta con tropas de Sudán del Sur y de la República Democrática del Congo contra el Ejército de Resistencia del Señor.

"La violencia contra las mujeres y las niñas casi nunca se trataba como un delito."

Personas desplazadas internamente

Al concluir el año, más de la mitad –900.000 aproximadamente– de todas las personas desplazadas internamente en el norte de Uganda habían abandonado los campos para desplazados internos. La mayoría se había trasladado a centros de tránsito, campos de menor tamaño más cerca de sus hogares, y algunas habían regresado a sus pueblos de origen. Sin embargo, según informes, en la subregión de Acholi, la zona más afectada por el conflicto, sólo el 24 por ciento de las personas había regresado a sus lugares de origen.

Derecho a la salud

En marzo, un informe del relator especial de la ONU sobre el derecho a la salud hizo notar que las políticas del gobierno no prestaban atención especial a algunos aspectos importantes del derecho a la salud, como el derecho a la salud sexual y reproductiva. Este fallo se ponía de manifiesto en los informes regulares sobre casos de mortalidad materna. Los programas de salud del gobierno destinados a la prevención y tratamiento del VIH/sida dejaban fuera a algunos grupos de personas vulnerables.

Juicio contra Kizza Besigye

Aún no había concluido el juicio ante el Tribunal Superior de Kampala contra Kizza Besigye, líder de la oposición, y otras seis personas por cargos de traición. Al concluir el año no se había adoptado una decisión sobre el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional contra la continuación del proceso.

También seguían pendientes dos causas por asesinato contra las seis personas acusadas junto con Kizza Besigye. Al concluir 2008 las seis se encontraban en libertad bajo fianza.

Libertad de expresión

Continuaron los ataques a la libertad de expresión y de prensa.

En abril, el grupo parlamentario del partido gobernante, el Movimiento de Resistencia Nacional, anunció su apoyo a un proyecto de ley que, en caso de ser aprobado, podía socavar de forma significativa el derecho a la libertad de expresión en Uganda. Al concluir el año el proyecto de ley no se había debatido.

  • Dos causas penales en las que cinco periodistas de The Monitor habían sido acusados de sedición y difamación en 2007 seguían pendientes ante los tribunales. Los cargos tenían relación con la publicación de unos artículos en los que se afirmaba que se estaba impartiendo en secreto formación policial a los soldados y que la inspectora general del gobierno seguía en la nómina del Estado a pesar de que se había jubilado, lo que violaba las disposiciones relativas al cuerpo de funcionarios del Estado.
  • En abril, Andrew Mwenda, director ejecutivo de la revista de noticias quincenal The Independent, y dos miembros del personal de la revista fueron detenidos e interrogados en relación con un artículo en el que se denunciaban torturas en presuntos centros de detención secretos del gobierno. La policía efectuó un registro en la sede de la revista y se llevó material y equipo. En mayo los tres hombres fueron acusados de sedición y de «publicación de noticias falsas».

Libertad de reunión y asociación

En mayo el Tribunal Constitucional falló que el artículo 32 de la Ley de Policía constituía una limitación injustificada de los derechos a la libertad de reunión y asociación recogidos en la Constitución de Uganda. El artículo otorgaba poderes al Inspector General de la Policía para prohibir, sin necesidad de autorización superior, cualquier asamblea o manifestación si tenía razones para creer que era probable que causara una alteración de la paz. El fallo no se ocupaba del artículo 35 de la Ley de Policía, que facultaba al ministro del Interior para delimitar una zona cualquiera del país dentro de cuya demarcación sería ilegal manifestarse o convocar una reunión de más de 25 personas.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

A comienzos de agosto, personas refugiadas y solicitantes de asilo empezaron a huir de la República Democrática del Congo tras el resurgimiento y la escalada de los enfrentamientos en el este del país. A mediados de noviembre más de 13.000 de estas personas habían llegado a Uganda.

Según datos del ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, a finales de octubre Uganda acogía a más de 140.000 personas refugiadas, la mayor parte de ellas procedentes de las regiones de los Grandes Lagos, África oriental y el Cuerno de África. Más de 48.000 eran congoleñas.

Continuaba la repatriación de refugiados de Sudán del Sur a su país de origen, un proceso que comenzó en 2005.

Varias personas que vivían en áreas urbanas, refugiadas y solicitantes de asilo, en especial originarias de Etiopía, Eritrea y la República Democrática del Congo, denunciaron haber sido víctimas de detenciones ilegítimas y arbitrarias, hostigamiento y extorsión por parte de la policía y otros organismos de seguridad del Estado.

Tortura y otros malos tratos

Continuaron llegando informes sobre tortura y otros malos tratos a manos de la policía y los servicios de seguridad del Estado, en algunos casos en presuntos centros de detención secretos. Según el décimo informe anual de la Comisión de Derechos Humanos de Uganda, seguían infligiéndose torturas a las personas recluidas en centros de detención hasta el punto de causarles lesiones graves. No hubo ningún proceso judicial contra presuntos autores de tortura y otros malos tratos y el Estado seguía sin pagar un número significativo de indemnizaciones concedidas por la Comisión a las víctimas de tortura.

Violencia contra mujeres y niñas

Los actos de violencia contra las mujeres y las niñas, como violación, violencia conyugal, violencia en el ámbito familiar y matrimonios forzados y contraídos a edad temprana, seguían siendo generalizados en la mayor parte del país. La violencia contra las mujeres y las niñas casi nunca se trataba como un delito. Seguían pendientes varias leyes propuestas para abordar algunas formas de violencia contra las mujeres y las niñas. Entre ellas, proyectos de ley sobre violencia en el ámbito familiar, relaciones intrafamiliares, violencia sexual y trata de personas.

Discriminación: lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero

Continuaron los ataques contra lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero, así como contra defensores y defensoras de los derechos humanos que trabajaban en favor de los derechos de este colectivo.

En octubre, un ministro del gobierno afirmó públicamente que la homosexualidad y el lesbianismo eran una enfermedad y que Uganda intentaría ampliar el alcance de la legislación que penalizaba la homosexualidad. En el mes siguiente a la declaración, varios activistas en favor de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero y miembros de este colectivo fueron detenidos. Durante su detención se enfrentaron a tortura, agresiones sexuales y otros malos tratos a manos de la policía y el personal de seguridad.

  • En junio, un defensor y dos defensoras de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero fueron arrestados y detenidos arbitrariamente por la policía después de distribuir un comunicado de prensa a las personas que asistían en Kampala a una conferencia sobre la implementación de la política relativa al VIH/sida. Los acusaron de entrada sin autorización en propiedad ajena en grado de ilícito penal. En el comunicado de prensa se exponían los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero, así como medidas de prevención del VIH/sida.

Pena de muerte

Los tribunales civiles siguieron dictando condenas de muerte, pero no hubo ejecuciones. Los tribunales militares siguieron imponiendo la pena capital y ordenando ejecuciones de soldados de las fuerzas armadas de Uganda; no se sabía con exactitud si había habido alguna ejecución.

En diciembre, Uganda votó en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pedía una moratoria mundial de las ejecuciones.

Visitas de Amnistía Internacional

Delegaciones de Amnistía Internacional visitaron el oeste de Uganda en abril y noviembre y el norte de Uganda y Kampala en mayo y agosto.

Informes de Amnistía Internacional

Uganda: Agreement and Annex on Accountability and Reconciliation fall short of a comprehensive plan to end impunity (en inglés, 1 marzo 2008)
Uganda: Amnistía Internacional condena los ataques contra lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero (4 junio 2008)
Uganda: Amnesty International Concerns on the Regulation of Interception of Communications Bill, 2007 (en inglés, 28 agosto 2008)
Uganda: El proyecto de Ley de Interceptación de las Comunicaciones debe ser modificado drásticamente o retirado (28 agosto 2008)
Uganda: Left to their own devices: The continued suffering of victims of the conflict in northern Uganda and the need for reparations (en inglés, 17 noviembre 2008)
Uganda: Government cannot negotiate away International Criminal Court arrest warrants for LRA (en inglés, 20 de febrero de 2008)
Uganda: Government miserably failing in care of victims of conflict (en inglés, 17 de noviembre de 2008)

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