Uganda - Informe 2008 Amnistia Internacional

Human Rights in República de Uganda

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Uganda is now live »

Jefe del Estado y del gobierno : Yoweri Kaguta Museveni
Pena de muerte : retencionista
PoblaciÓn : 30,9 millones
Esperanza de vida : 49,7 años
Mortalidad infantil (<5 años) (h/m) : 135/121 por cada 1.000
PoblaciÓn adulta alfabetizada : 66,8 por ciento

Continuaron las conversaciones de paz entre el gobierno y el grupo armado Ejército de Resistencia del Señor para tratar de poner fin al conflicto del norte de Uganda, que duraba ya 20 años. Según informes, las conversaciones se centraron en la retirada de las órdenes de detención dictadas por la Corte Penal Internacional contra cuatro dirigentes del Ejército de Resistencia del Señor. Se renovó el alto el fuego acordado en 2006. La independencia de la magistratura se vio amenazada, y continuaron los ataques contra la libertad de expresión y de prensa. La violencia contra las mujeres seguía siendo generalizada. Continuaron recibiéndose informes de tortura a manos agentes de seguridad del Estado.

Juicio contra Kizza Besigye

Aún no se había resuelto el juicio, ante el Tribunal Superior de Kampala, contra el Dr. Kizza Besigye, líder de la oposición, y otras seis personas por cargos de traición. El 1 de marzo, las seis personas acusadas junto con Besigye que seguían detenidas quedaron en libertad bajo fianza en virtud de una orden judicial, pero el personal de seguridad del gobierno irrumpió en el edificio del tribunal y las volvió a detener. Según informes, el personal de seguridad infligió malos tratos a los acusados, a un abogado de la defensa y a un periodista. El abogado de la defensa precisó atención médica. Este asalto armado al tribunal provocó protestas tanto dentro como fuera del país. Tras este incidente, la magistratura suspendió su actividad laboral y los letrados se declararon en huelga. El presidente emitió una disculpa pública dirigida a la magistratura y prometió que el incidente se investigaría. Al concluir el año, aún no se habían dado a conocer el proceso de la investigación ni sus resultados.

Tras la segunda detención de estas seis personas, se presentaron nuevos cargos de asesinato en su contra en dos tribunales del interior del país. Más adelante, todas ellas quedaron en libertad bajo fianza por los cargos de asesinato. Al concluir 2007, tres de estas personas seguían recluidas, al no haber podido cumplir las condiciones de la fianza, mientras que las demás habían quedado en libertad.

Conflicto armado

Continuaron las conversaciones de paz entre el gobierno y el Ejército de Resistencia del Señor en el sur de Sudán. En abril, ambas partes accedieron a renovar el alto el fuego, y en mayo firmaron un documento denominado Soluciones Integrales al Conflicto del Norte de Uganda. El 29 de junio firmaron un acuerdo de «reconciliación y rendición de cuentas» mediante el cual se establecía, en teoría, un marco para abordar los delitos cometidos durante el conflicto del norte de Uganda. Según informes, las negociaciones se centraron en conseguir que la Corte Penal Internacional retirara las órdenes de detención dictadas contra cuatro dirigentes del Ejército de Resistencia del Señor (Joseph Kony, Vincent Otti, Okot Odhiambo y Dominic Ongwen), a cambio de que se iniciaran procesamientos nacionales alternativos. En 2005, la Corte Penal Internacional había acusado a los cuatro de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Se rumoreaba que el Ejército de Resistencia del Señor había dado muerte en octubre a Vincent Otti, uno de los cuatro acusados, a causa de una disputa con Joseph Kony.

Según informes, al concluir 2007, ambas partes habían iniciado consultas con las víctimas del conflicto, tal como estipulaba el acuerdo, aunque aún no se había publicado su resultado. Se seguía conjeturando sobre el futuro del proceso de paz, pero el gobierno afirmó que éste avanzaba correctamente.

Libertad de expresión

Continuaron los ataques a la libertad de expresión y de prensa. Algunos periodistas se enfrentaban a cargos penales a causa de su trabajo.

  • En octubre, la emisora privada de radio Life FM, del suroeste de Uganda, dejó de emitir durante varios días, después de que personas armadas no identificadas vertieran ácido sobre los transmisores de radio. Se creía que este ataque estaba relacionado con la emisión de un programa crítico con la gestión de los servicios públicos por parte del gobierno local. Al parecer, no se enjuició a nadie por este delito.
  • En octubre se presentaron cargos por sedición contra tres periodistas del diario The Monitor en relación con un artículo en el que se afirmaba que se estaba impartiendo en secreto formación policial a los soldados, para tratar de someter a la fuerza de policía al control del ejército.
  • En noviembre, dos periodistas de The Monitor fueron acusados de difamación por un artículo en el que se afirmaba que la inspectora general del gobierno seguía cobrando un sueldo como jueza a pesar de haber abandonado ese cargo, lo que violaba las disposiciones relativas al cuerpo de funcionarios.

Rendición de cuentas

El gobierno emprendió investigaciones sobre las denuncias de corrupción en relación con la administración indebida del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria en Uganda. Tras estas investigaciones, se encargó a la policía que investigara a un ex ministro de Salud y a sus dos ex viceministros. En mayo se presentaron cargos por malversación de fondos y abuso de poder contra todos ellos, y contra una empleadadel gobierno.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

En julio, el gobierno de Uganda firmó un acuerdo tripartito con el gobierno de Ruanda y el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) a fin de preparar la repatriación de solicitantes de asilo y refugiados ruandeses residentes en Uganda. El 3 de octubre, Uganda devolvió a unos 3.000 refugiados y solicitantes de asilo a Ruanda. Las autoridades ugandesas aseguraron que se trataba de un proceso voluntario, y que el ACNUR estaba al corriente. Por su parte, según informes, el ministro ruandés de Gobierno Local manifestó que esas 3.000 personas no tenían la condición de refugiadas y que no habían solicitado asilo en Uganda. Sin embargo, muchas personas afirmaron que las habían obligado a volver, y que no les habían dado la oportunidad de solicitar asilo en un proceso justo y efectivo. Además, aseguraban temer por su vida y su seguridad en su país de origen. Al concluir el año se temía que se devolviera también a su país a refugiados y solicitantes de asilo de Burundi.

Personas desplazadas internamente

En mayo de 2007 se calculaba que 1,6 millones de personas seguían desplazadas en campos de todo el norte de Uganda. En la subregión de Acholi, la zona más afectada por el conflicto del norte de Uganda, el ACNUR estimaba que, en septiembre, casi el 63 por ciento de todas las personas desplazadas internamente en 2005 (1,1 millones) seguían viviendo en los mismos campos de desplazados que entonces. A fecha de mayo, el ACNUR calculaba que sólo algo más de 7.000 personas habían vuelto de forma permanente a sus lugares de origen en la subregión de Acholi.

Tortura y otros malos tratos

Continuaron llegando informes sobre tortura y otros malos tratos a manos de la policía y los servicios de seguridad del Estado. En concreto, la Unidad de Respuesta Rápida, anteriormente conocida como Unidad de Lucha contra los Delitos Violentos, fue criticada por varias organizaciones, entre ellas la Comisión de Derechos Humanos de Uganda, por los numerosos casos de tortura y otros malos tratos y por la detención prolongada y arbitraria de sospechosos. Al concluir el año, el gobierno no había respondido aún a los llamamientos para que se investigaran estas denuncias.

  • En agosto, miembros de la Unidad de Respuesta Rápida detuvieron a 41 hombres, entre ugandeses y extranjeros, en una operación previa a la Reunión de Jefes de Gobierno de la Commonwealth, que se celebró en Kampala en noviembre. Durante la reclusión, los agentes de policía golpearon a algunos de los detenidos con porras y con la culata de los rifles, y llegaron a romperle el brazo a uno de ellos. Los 41 hombres pasaron cinco días detenidos en régimen de incomunicación, y 23 de ellos compartieron una celda de tres por tres metros.
  • El 29 de octubre, la policía del distrito de Apac detuvo y recluyó a unos 30 hombres y, al parecer, torturó al menos a 22 de ellos mientras los interrogaba sobre un presunto robo de ganado. Hasta 20 agentes llegaron a hacer turnos para golpear a los detenidos con palos al tiempo que los interrogaban. Cuatro de los hombres sufrieron lesiones a causa de las palizas, y a uno de ellos lo golpearon hasta dejarle los pantalones hechos jirones y empapados en sangre.
  • Al parecer, la Unidad de Respuesta Rápida del distrito de Mbale detuvo y torturó en noviembre a Hassan Nkalubo, residente de dicho distrito. Se lo acusaba de posesión ilegal de un rifle AK 47, y su estado de salud era crítico a causa del trato recibido.

Violencia contra las mujeres

Un estudio oficial del gobierno, publicado en agosto, confirmó la elevada incidencia en todo el país de la violencia contra las mujeres, incluidas la violación y la violencia en el ámbito familiar. En el norte de Uganda, a pesar del cese de hostilidades decretado en 2006, las mujeres y niñas seguían sufriendo actos de violencia a manos de soldados del gobierno, rebeldes del Ejército de Resistencia del Señor que habían vuelto a sus comunidades, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y miembros de sus propias familias y comunidades. La precariedad e ineficacia del sistema de justicia dejaba a las mujeres víctimas de la violencia sexual y de género traumatizadas y sin acceso a la justicia ni a asistencia jurídica, médica o psicológica.

Discriminación: lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero

Continuaron los abusos contra lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero. La homosexualidad seguía siendo delito. Tras una campaña de gran repercusión mediática emprendida en agosto por organizaciones locales dedicadas a la defensa de los derechos de estas personas, autoridades gubernamentales, medios de comunicación, grupos religiosos y otros grupos, incluido el personal docente, condenaron a este colectivo y pidieron que se detuviera a sus integrantes.

  • En septiembre, el periódico The Red Pepper publicó una lista de personas que, según afirmaba, eran gays y lesbianas, especificando su lugar de trabajo y su domicilio particular. Posteriormente, algunas de las personas que aparecían en la lista denunciaron haber sido objeto de hostigamiento y discriminación.

Pena de muerte

Los tribunales civiles siguieron dictando la pena capital para delitos punibles con la muerte, aunque desde 1999 no había habido ejecuciones de personas condenadas por estos tribunales. En septiembre, los Servicios Penitenciarios informaron de que había al menos 520 reclusos condenados a muerte en Uganda. Los tribunales militares continuaron imponiendo penas de muerte y ordenando ejecuciones de soldados de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda. No se sabía con exactitud el número de soldados que habían sido ejecutados en virtud de la legislación militar.

  • El 20 de septiembre, el cabo Geoffrey Apamuko, soldado de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda, fue condenado a muerte por ahorcamiento por un delito de asesinato.

En octubre, el Dr. Ruhukana Rugunda, ministro del Interior, descartó el empleo de la pena de muerte contra líderes del Ejército de Resistencia del Señor si se los enjuiciaba en tribunales ugandeses por delitos cometidos durante el conflicto del norte de Uganda.

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