Turquía
Jefe del Estado
Abdullah Gül
Jefe del gobierno
Recep Tayyip Erdoğan
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
75,7 millones
Esperanza de vida
72,2 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
36/27 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
88,7 por ciento

Se introdujeron reformas de la Constitución y de la Ley Antiterrorista que representaron un avance en la protección de los derechos humanos, si bien distaron de suponer el cambio fundamental que se requería. Siguieron entablándose acciones penales que violaban el derecho a la libertad de expresión. No se crearon mecanismos independientes de derechos humanos que se habían propuesto anteriormente. Continuó llegando información sobre torturas y otros malos tratos, y siguieron siendo ineficaces las investigaciones y los procesamientos penales de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Se llevaron a cabo numerosos juicios injustos en aplicación de la legislación antiterrorista. Se produjeron atentados con explosivos que se cobraron la vida de civiles. Siguieron sin estar garantizados por la ley los derechos de los objetores de conciencia, las personas refugiadas y solicitantes de asilo y las lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero. Se avanzó muy poco en la prevención de la violencia contra las mujeres.

Información general

Diversas reformas de la Constitución aprobadas en mayo por el Parlamento fueron refrendadas en septiembre por el pueblo con casi un 60 por ciento de votos favorables. Incluían modificaciones como cambiar la composición del Tribunal Constitucional y del poderoso Consejo Supremo de Jueces y Fiscales, crear una Defensoría del Pueblo, aplicar medidas positivas para combatir la discriminación y permitir juzgar a militares ante tribunales civiles.

Pese a que el Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK) hizo renovadas declaraciones de alto el fuego, continuaron los enfrentamientos con las fuerzas armadas turcas. En noviembre se recibieron informes de que el gobierno había sostenido conversaciones con el líder del PKK, Abdullah Öcalan, que se hallaba encarcelado.

En octubre comenzó en Diyarbakır el juicio contra 152 personas, en su mayoría activistas y autoridades designadas por elección, acusadas de pertenecer a la Unión de Comunidades Kurdas, organización vinculada al PKK. De ellas, 104 se encontraban en prisión preventiva. Suscitaba preocupación el hecho de que buena parte de las pruebas de cargo se basaran en la asistencia a concentraciones y manifestaciones y la difusión de comunicados de prensa.

Continuaron las acciones judiciales contra Ergenekon, presunta red ultranacionalista, vinculada a instituciones del Estado. Siguieron avanzando con lentitud las investigaciones sobre la presunta relación de los acusados con violaciones de derechos humanos perpetradas en el pasado.

No se registró ningún avance en la eliminación de las trabas jurídicas que impedían a las mujeres llevar la cabeza cubierta con un pañuelo en la universidad, pero la aplicación de la prohibición se fue haciendo menos rigurosa a lo largo del año.

En mayo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU analizó el historial de Turquía en materia de derechos humanos en virtud del examen periódico universal. El gobierno prometió seguir muchas de las recomendaciones formuladas, pero rechazó de forma significativa las que pedían un mayor reconocimiento de los derechos de las minorías y la modificación o eliminación de los artículos del Código Penal que restringían la libertad de expresión.

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Libertad de expresión

Cuestiones anteriormente intocables eran objeto de un debate más abierto. Sin embargo, en virtud de distintos artículos del Código Penal, se iniciaron procesamientos por criticar a las fuerzas armadas, denunciar la situación de los armenios y los kurdos en Turquía y condenar determinadas acciones penales incoadas. Se utilizaba también la legislación antiterrorista, que permitía dictar órdenes de detención preventiva e imponer penas de prisión más rigurosas, para reprimir el legítimo derecho a la libertad de expresión. Entre las personas contra las que con más frecuencia se iniciaban procesamientos figuraban los activistas políticos kurdos, los periodistas y los defensores de los derechos humanos. Siguieron imponiéndose restricciones arbitrarias, que bloquearon el acceso a sitios web, y se dictaron órdenes de cierre temporal de periódicos. Las personas que se señalaban por sus críticas eran víctimas de constantes amenazas de violencia.

  • En abril, tras ser declarado culpable de “hacer propaganda de una organización ilegal” en virtud del artículo 7/2 de la Ley Antiterrorista, el periodista Veysi Sarısözen fue condenado a 15 meses de cárcel por un artículo que había escrito en el periódico Gündem. Su sentencia estaba pendiente al finalizar el año ante el Tribunal Supremo de Apelaciones, junto con otros tres fallos condenatorios dictados también en aplicación de la Ley Antiterrorista.
  • Varios periodistas del diarioTaraf siguieron siendo objeto de amenazas e intimidaciones por artículos que habían publicado en él. En noviembre, en virtud del artículo 301 del Código Penal (“insultos a la nación turca”), el Ministerio de Justicia autorizó la apertura de una investigación contra Rasim Ozan Kütahyalı por una serie de artículos en los que vertía críticas contra las fuerzas armadas. Ese mismo mes se publicaron amenazas de violencia contra Orhan Miroğlu en un sitio web del grupo HPG presuntamente controlado por el PKK. Orhan Miroğlu era objeto también de acciones judiciales por “sembrar la enemistad o el odio entre la población” (artículo 216 del Código Penal) como consecuencia de la publicación en 2009 de un artículo sobre la situación de los ciudadanos turcos de origen kurdo.
  • En noviembre se practicaron varias detenciones en el curso de una operación policial contra las Brigadas de la Venganza Turca, grupo clandestino que había reivindicado amenazas y actos de violencia contra destacados defensores de los derechos humanos y otras personas.
  • En septiembre, en la causa de Dink v. Turkey, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que las autoridades no habían adoptado medidas razonables para proteger la vida del periodista y defensor de los derechos humanos Hrant Dink. No habían hecho caso de información que podría haber evitado su asesinato en enero de 2007 ni habían llevado a cabo investigaciones efectivas tras la comisión de éste; en concreto, el Tribunal puso de relieve que las autoridades no habían analizado el papel desempeñado por los servicios de seguridad. Llegó también a la conclusión de que Turquía había vulnerado el derecho de Hrant Dink a la libertad de expresión por las causas que se habían abierto contra él en virtud del artículo 301 del Código Penal.
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Tortura y otros malos tratos

Continuaron las denuncias de tortura y otros malos tratos, infligidos en especial fuera de los centros de detención, por ejemplo, durante manifestaciones, pero también bajo custodia policial y durante los traslados a prisión. En noviembre, el Comité de la ONU contra la Tortura formuló una serie de recomendaciones a las autoridades para combatir las numerosas, persistentes y sistemáticas denuncias de tortura, por las que había expresado una honda preocupación al someter a examen a Turquía.

  • Murat Konuş murió en enero después de haber permanecido bajo custodia policial en Estambul por un presunto robo con agravante. En las imágenes captadas por una cámara de vídeo se veía cómo entraba en la comisaría en perfecto estado de salud y cómo lo sacaban tres horas después cargando con él. Una autopsia oficial reveló que tenía heridas en el cuerpo y que la muerte se había debido a una hemorragia cerebral. En mayo se acusó formalmente a siete policías de haberlo torturado hasta causarle la muerte. El juicio no había concluido al finalizar el año.
  • En junio, en una sentencia histórica, se condenó a 19 agentes del Estado, entre los que figuraban policías y guardias de prisiones, por su implicación en las torturas que en octubre de 2008 habían acarreado la muerte del activista político Engin Çeber en Estambul. Cuatro de los acusados, tres guardias de prisiones y el director de un centro penitenciario, fueron condenados a cadena perpetua tras una investigación y un enjuiciamiento sin precedentes en el tratamiento de casos de presuntas torturas a manos de funcionarios. Al finalizar el año, las condenas seguían pendientes de confirmación por el Tribunal Supremo de Apelaciones.
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Impunidad

Las investigaciones sobre presuntos abusos contra los derechos humanos a manos de agentes del Estado seguían siendo ineficaces, y en caso de incoarse, solían demorarse y quedar en nada. La pérdida de pruebas por parte de los agentes del Estado y la formulación de acusaciones formales contra quienes denunciaban abusos de derechos humanos contribuían a perpetuar la impunidad. No se crearon mecanismos independientes de derechos humanos propuestos por el gobierno. A la sociedad civil, por ejemplo, no se le consultó de manera efectiva el anteproyecto de ley para la creación del Instituto de Derechos Humanos, organismo que debía proteger los derechos humanos y prevenir su vulneración, pero cuya independencia no quedaba suficientemente garantizada en el anteproyecto.

  • No se registró ningún avance en las actuaciones judiciales por homicidio intencionado seguidas contra un agente de policía tras la muerte bajo custodia del solicitante de asilo nigeriano Festus Okey en 2007. Tras una investigación llena de deficiencias, las acciones judiciales continuaron paralizadas como consecuencia de controversias sobre la identidad de la víctima. En noviembre, el presidente del tribunal no sólo rechazó una solicitud presentada por miembros de la Red de Solidaridad con los Migrantes para personarse en la causa, sino que también interpuso una querella criminal contra ellos alegando que la petición era constitutiva de calumnia.
  • En junio, el fiscal que investigaba la muerte bajo custodia de Resul İlçin, ocurrida en octubre de 2009 en la provincia suroriental de Şırnak, decidió que no procedía presentar cargos penales contra ningún agente del Estado. Se basó para ello en el informe de la autopsia oficial, según el cual la muerte se había debido a un ataque al corazón; pese a que también se decía en él que el cadáver presentaba graves lesiones en la cabeza y en otras partes del cuerpo. En julio, un tribunal administrativo local rechazó un recurso presentado contra la decisión de cerrar el caso.
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Condiciones de reclusión

Continuaron las denuncias de malos tratos en las cárceles, infligidos sobre todo a presos preventivos inmediatamente después de su traslado a prisión. Siguió negándose a los reclusos el acceso efectivo a tratamiento médico y restringiéndose de manera arbitraria su derecho a relacionarse unos con otros.

  • Abdullah Akçay, enfermo de leucemia, murió en julio en la cárcel después de que se rechazaran las solicitudes que se habían presentado para que se lo excarcelara por motivos de salud. Las solicitudes se habían basado en informes médicos en los que se afirmaba que no podía recibir un tratamiento efectivo en prisión.
  • En julio, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura publicó un informe sobre una visita efectuada en enero a la prisión de alta seguridad de la isla de İmralı, donde se encontraba encarcelado Abdullah Öcalan, máximo dirigente del PKK. En el documento se indicaba que habían mejorado algunos aspectos del régimen penitenciario, sobre todo tras el traslado de cinco presos, que había puesto fin a los 10 años de aislamiento de Abdullah Öcalan. Otro informe del Comité sobre una visita realizada en 2009 a varios centros de detención seguía sin hacerse público a la espera del correspondiente permiso del gobierno.
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Juicios injustos

Siguieron celebrándose juicios sin las debidas garantías en aplicación de la legislación antiterrorista. En estos casos, las autoridades judiciales solían decretar detención preventiva por periodos excesivamente largos, sin tomar en consideración otras alternativas, y los abogados no disponían en la práctica de mecanismos efectivos para impugnar la legalidad de la detención.

En julio, como consecuencia de importantes reformas legislativas, se dejó de procesar a menores de edad en aplicación de la legislación antiterrorista por el simple hecho de haber participado en manifestaciones. Sin embargo, las reformas no impidieron el procesamiento de adultos en virtud de leyes injustas ni abordaron la imprecisa y excesivamente amplia definición de los delitos de terrorismo contenida en la legislación.

  • En agosto, Erdoğan Akhanlı quedó bajo custodia en espera de juicio en aplicación de la legislación antiterrorista. Los argumentos de la acusación se basaban sobre todo en la declaración de un testigo, pese a que éste se había retractado de ella alegando que había sido obtenida bajo tortura. El tribunal rechazó varias solicitudes presentadas por los abogados defensores para que se pusiera en libertad al acusado, aduciendo el peso de las pruebas de cargo. Ersdoğan Akhanlı quedó en libertad en diciembre en espera de juicio.
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Abusos cometidos por grupos armados

Se perpetraron atentados con explosivos, en los que hubo muertos y heridos civiles.

  • En julio, cuatro activistas que se dirigían al lugar donde se había cometido un atentado contra un oleoducto murieron al chocar contra una mina el vehículo en el que viajaban. El PPK indicó en un comunicado que la mina había sido colocada por miembros suyos.
  • En septiembre murieron nueve personas al chocar el minibús civil en el que viajaban contra una mina en una carretera próxima al pueblo de Geçitli/Peyanis, en la provincia suroriental de Hakkari. Ningún grupo reivindicó el atentado. Testigos presenciales afirmaron que en el lugar de los hechos se habían hallado municiones y dos bolsas del ejército.
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Derechos laborales

Por primera vez en la historia reciente de Turquía se accedió a la persistente demanda de los sindicatos de que el 1 de mayo se permitiera celebrar manifestaciones en la céntrica plaza de Taksim, en Estambul; las manifestaciones se desarrollaron pacíficamente, en contraste con años anteriores. En virtud de las reformas de la Constitución se concedió a los empleados del sector público el derecho a negociar convenios colectivos, pero siguió negándose el derecho de huelga a todos los funcionarios. Turquía, por lo tanto, no cumplía los convenios de la Organización Internacional del Trabajo en los que era Estado Parte.

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Derechos de la infancia

Tras las reformas legislativas (véase supra el apartado “Juicios injustos”), quedaron en libertad la gran mayoría de los menores de edad procesados por participar en manifestaciones. Sin embargo, no se abordaron las deficiencias del sistema de justicia de menores, sobre todo la falta de tribunales de menores en algunas provincias, ni se adoptaron medidas para rehabilitar a los niños y niñas que habían estado mucho tiempo detenidos e investigar las generalizadas denuncias de malos tratos.

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Presos de conciencia: objeción de conciencia

La objeción de conciencia al servicio militar seguía sin estar reconocida como un derecho en la legislación nacional. A los objetores de conciencia se los sometía a reiteradas acciones judiciales por negarse a cumplir el servicio militar, y quienes apoyaban en público este derecho corrían el riesgo de ser procesados y condenados.

  • El objetor de conciencia Enver Aydemir quedó en libertad en junio tras haber permanecido seis meses bajo custodia militar. Múltiples cargos derivados de su negativa a cumplir el servicio militar seguían pendientes de resolución ante el Tribunal Supremo Militar de Apelaciones. También en junio, en virtud del artículo 318 del Código Penal, se dictaron sentencias condenatorias contra el defensor de los derechos humanos Halil Savda y tres activistas más por “alejar a la población de la institución del servicio militar”, después de que participaran en una manifestación en apoyo de Enver Aydemir. La causa seguía pendiente ante el Tribunal Supremo de Apelaciones al finalizar el año, al igual que un procesamiento que se había iniciado por presuntos malos tratos infligidos a Enver Aydemir bajo custodia militar.
  • En agosto se detuvo al objetor de conciencia İnan Süver por negarse a cumplir el servicio militar. Se ordenó su puesta en libertad en diciembre, pero siguió en la cárcel por condenas impuestas anteriormente. Al finalizar el año continuaba su juicio por “violación de permiso militar”.
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Personas refugiadas y solicitantes de asilo

Se siguió negando de forma arbitraria el acceso al procedimiento de concesión de asilo temporal, lo que comportó que se devolviera a personas a lugares en los que corrían peligro de persecución. Al finalizar el año continuaban en vigor las normas sobre detención de inmigrantes que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había declarado ilegales en 2009. Se consultaron a organizaciones de la sociedad civil tres nuevas leyes sobre concesión de asilo, pero los anteproyectos de ley no se habían hecho públicos al finalizar el año.

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Derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero

Las reformas de la Constitución, que mejoraban la protección contra la discriminación, no se aplicaban a la ejercida en razón de la orientación sexual y la identidad de género. La discriminación persistía en la ley y en la práctica.

  • En marzo, la ministra de Asuntos de la Mujer y la Familia declaró que la homosexualidad era una enfermedad y requería tratamiento. El gobierno no se distanció de estas manifestaciones ni pidió disculpas.
  • En abril, Triángulo Rosa Negro, organización de solidaridad con lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero, ganó la batalla legal contra su clausura, que había emprendido a raíz de que la oficina del gobernador de Esmirna presentara una denuncia alegando que sus estatutos quebrantaban “los valores morales y la estructura familiar de Turquía”.
  • En mayo, cinco mujeres transgénero, activistas de Pembe Hayat, ONG que apoyaba los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero, se querellaron contra unos agentes de policía que, al parecer, las habían hostigado y agredido en Ankara después de dar el alto al vehículo en el que viajaban. Los agentes, a su vez, se querellaron contra ellas alegando que se habían resistido a ser detenidas. Se abrió una causa contra las activistas, pero todas fueron absueltas en primera instancia. Contra los policías no se formularon cargos.
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Violencia contra mujeres y niñas

El Plan Nacional de Acción 2007-2010, puesto en marcha por el gobierno para combatir la violencia intrafamiliar, no registró avances significativos debido en parte a la falta de coordinación, medios suficientes y objetivos mensurables. Sobre todo, el número de albergues para mujeres víctimas de violencia en el ámbito familiar seguía siendo muy inferior al contemplado en la legislación nacional; según datos oficiales, había 57, es decir, 8 más que el año anterior. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer formuló en julio una serie de recomendaciones, incluida la de promulgar leyes integrales sobre la violencia contra las mujeres.

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Los derechos humanos región a región

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