Túnez
Jefe del Estado
Moncef Marzuki
Jefe del gobierno
Hamadi Yebali

Las autoridades restringieron la libertad de expresión y enjuiciaron a varias personas en virtud de leyes represivas, promulgadas durante el gobierno anterior. Se recibieron nuevas denuncias de tortura y otros malos tratos a manos de la policía, que utilizó también fuerza excesiva contra manifestantes. Las familias de las personas muertas o heridas durante el levantamiento que derrocó al anterior presidente en enero de 2011 seguían pidiendo justicia y reparaciones. Algunos ex funcionarios fueron enjuiciados y encarcelados. Las mujeres seguían sufriendo discriminación en la legislación y en la práctica. Se condenó a muerte a nueve personas. No hubo ejecuciones.

Información general

El estado de excepción declarado en enero de 2011 se renovó y permaneció en vigor a lo largo de todo 2012.

El gobierno de coalición, constituido tras las elecciones de octubre de 2011 para un periodo de un año, permaneció en el poder durante todo 2012, aunque en octubre anunció nuevas elecciones parlamentarias y presidenciales para junio y julio de 2013. La Asamblea Nacional Constituyente, encargada de redactar la nueva Constitución, presentó en agosto un borrador, pero declaró que no podía cumplir el plazo de un año fijado, que se amplió por ello hasta febrero de 2013. Varios aspectos del borrador, relacionados con los derechos humanos, fueron objeto de críticas, sobre todo los artículos en torno a la condición jurídica de la mujer, el derecho a la vida y la criminalización de las declaraciones consideradas ofensivas para la religión.

En agosto, el partido islamista Ennahda, mayoritario en la coalición de gobierno, presentó ante la Asamblea Nacional Constituyente un proyecto de ley que penalizaba los actos considerados ofensivos para la “religión y los valores sagrados”. Al concluir el año seguía estudiándose.

Las autoridades tomaron medidas dirigidas, al parecer, a reformar la judicatura y promover la independencia judicial. El ministro de Justicia destituyó en mayo a 82 jueces por presunta corrupción, aunque un mes más tarde rehabilitó a 9 de ellos, y en septiembre el Consejo Supremo de la Magistratura trasladó, ascendió o atribuyó nuevas funciones a más de 700 jueces. No obstante, debido a la falta de consenso en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente, finalmente no se aprobó un proyecto de ley por el que se reemplazaba el Consejo Supremo de la Magistratura por un Consejo Judicial Temporal. Este proyecto de ley carecía de salvaguardias adecuadas frente a la destitución o el traslado arbitrarios de jueces y otorgaba al poder ejecutivo un considerable control sobre el nuevo órgano judicial propuesto. En septiembre, el ministro de Justicia se arrogó la presidencia del Consejo Supremo de la Magistratura, puesto que previamente ocupaba el ex presidente Zin el Abidín ben Alí.

Se sucedieron las protestas públicas y las manifestaciones de grupos religiosos, personas insatisfechas con el ritmo de las reformas y la dureza de las condiciones de vida y activistas que defendían los derechos de las mujeres, la reforma de los medios de comunicación y el avance de la libertad de expresión. En algunas de ellas estalló la violencia, a lo que la policía respondió con el uso de la fuerza, en ocasiones excesiva. Según datos disponibles, casi 300 manifestantes y transeúntes resultaron heridos cuando la policía empleó fuerza excesiva en la ciudad de Siliana, al suroeste de Túnez capital, durante las manifestaciones de los días 27, 28 y 29 de noviembre, en las que se pedía la destitución del gobernador de la región, el desarrollo económico de la ciudad y la liberación de 13 personas detenidas durante las protestas de abril de 2011.

Por el contrario, cuando, en varias ocasiones, grupos de extremistas religiosos, sobre todo salafistas (musulmanes suníes que abogaban por el regreso a lo que consideraban los principios fundamentales del islam), atacaron a artistas, escritores y otras personas, la policía fue acusada de no haber intervenido de forma oportuna. Este tipo de agresiones se dirigían contra presuntos vendedores de alcohol, así como contra exposiciones de arte y actos culturales y de otra índole. En septiembre, la embajada de Estados Unidos sufrió ataques a causa de una película contraria al islam que apareció en Internet.

Según informes, tras los ataques decenas de salafistas fueron detenidos. Para protestar por su detención y por las condiciones de reclusión, más de 50 se declararon en huelga de hambre, lo que provocó la muerte de 2 de ellos en noviembre. Se tuvo noticia de que la mayoría había puesto fin a su huelga de hambre al final del año. En octubre, tras la detención de otro, grupos salafistas atacaron, al parecer, dos comisarías de policía en Manuba, lo que provocó la muerte de dos personas y lesiones a varios agentes de policía.

En marzo, el historial de derechos humanos de Túnez se sometió al examen periódico universal de la ONU. El gobierno aceptó la mayoría de las recomendaciones de la ONU, pero rechazó las que le instaban a despenalizar la difamación y las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, revocar las leyes que discriminaban a las mujeres y abolir la pena de muerte.

Las relatoras especiales de la ONU y la Unión Africana sobre los defensores de los derechos humanos visitaron Túnez en septiembre.

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Justicia transicional

En enero, el gobierno creó un nuevo órgano, el Ministerio de Derechos Humanos y Justicia Transicional, para elaborar estrategias con que abordar las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado y garantizar la protección de los derechos humanos en el futuro. Sin embargo, al mes siguiente, su titular declaró públicamente que la homosexualidad no era un derecho humano, sino una “perversión”.

En abril, el Ministerio de Justicia estableció un comité técnico, compuesto de funcionarios y representantes de la sociedad civil, para consultar a la población de Túnez sobre cuestiones de verdad, justicia, reparación y reforma. Este comité preparó un anteproyecto de ley por el que se proponía la creación de un órgano independiente, el Consejo de la Verdad y la Dignidad, para supervisar el proceso de justicia transicional, y que presentó ante el presidente y ante la Asamblea Nacional Constituyente en octubre.

Tras su visita de noviembre, el relator especial de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición se mostró preocupado por el hecho de que el proceso de justicia transicional no fuera exhaustivo ni concediera la misma importancia a cada uno de los cuatro elementos de la justicia transicional.

La Comisión Nacional de Investigación sobre los Abusos Cometidos desde el 17 de Diciembre de 2010 hasta el Fin de Su Mandato (conocida como Comisión Buderbala) presentó su informe en mayo. En él se describía lo ocurrido durante el levantamiento que derrocó el gobierno del ex presidente Ben Alí y se facilitaban los nombres de las personas muertas y heridas. Sin embargo, no se identificaba a los responsables del uso de medios letales y de las violaciones de derechos humanos.

Las autoridades ofrecieron indemnizaciones y atención médica a las personas heridas durante los levantamientos y a las familias de las víctimas mortales, pero se las criticó por no haber tenido en cuenta la gravedad de las lesiones causadas ni otros factores, como la pérdida de oportunidades de estudio o de trabajo. Las familias de algunas de las víctimas mortales rechazaron las indemnizaciones, al considerar que no se había hecho justicia.

Varios altos cargos del ex presidente Ben Alí fueron condenados a largas penas de cárcel por las muertes de manifestantes ocurridas durante el levantamiento de diciembre de 2010 y enero de 2011. Otros ex funcionarios de rango medio e inferior fueron condenados a título individual por haber disparado contra manifestantes, y enviados a prisión.

  • En junio, un tribunal militar de Kef condenó al ex ministro del Interior Rafiq Haj Kacem a 12 años de prisión por complicidad en los asesinatos de manifestantes cometidos en Kaserine, Tala, Kairuán y Tajerouine. Otros cuatro ex altos cargos del Departamento de Seguridad del Estado fueron condenados a penas de hasta 10 años de prisión, y seis ex funcionarios de rango medio recibieron penas de prisión por asesinato.
  • En julio, el Tribunal Militar de Túnez capital condenó in absentia a cadena perpetua al ex presidente Ben Alí por las muertes y heridas de manifestantes en el área metropolitana de Túnez. Además, 39 ex miembros de sus fuerzas de seguridad, presentes en el tribunal, fueron condenados a penas de hasta 20 años de prisión.

Ambas causas se remitieron a un tribunal militar de apelación, pero seguían pendientes al concluir el año.

El proceso de enjuiciamiento de ex funcionarios por delitos cometidos durante el levantamiento era cuestionable por varias razones, sobre todo porque los juicios se celebraban ante tribunales militares, no civiles. Además, las víctimas, sus familias y sus abogados criticaron a la fiscalía por estimar que no llevaba a cabo investigaciones exhaustivas, y aseguraron sufrir intimidaciones por parte de las personas investigadas o acusadas, algunas de las cuales continuaban en puestos de autoridad.

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Tortura y otros malos tratos

Se denunciaron torturas y otros malos tratos a manos de la policía. En agosto, el Ministerio de Derechos Humanos y Justicia Transicional comunicó que, tras una consulta pública, tenía previsto crear una nueva institución nacional independiente para combatir la tortura. El órgano propuesto tendría facultades para visitar centros de detención y contribuir a la redacción de nuevas leyes, presentaría informes anuales y se ajustaría a las normas internacionales.

  • Abderraouf Khemmassi murió bajo custodia de la policía en Túnez capital el 8 de septiembre, 11 días después de haber sido detenido por presunto robo. La autopsia atribuyó la muerte a un impacto en la cabeza, y reveló además otras lesiones. Más tarde, cuatro agentes de policía fueron detenidos y acusados de haberle causado la muerte.
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Libertad de expresión

Pese a haberse comprometido explícitamente a respetar la libertad de expresión, las autoridades emprendieron acciones contra periodistas, artistas, blogueros y personas críticas con ellas, esgrimiendo los artículos 121.3 y 226 del Código Penal, que criminalizaban las manifestaciones consideradas amenazantes para el orden público, la moral pública o los valores sagrados. Sin embargo, en octubre afirmaron que aplicarían los decretos 115 y 116 de 2011, sobre el material de prensa y audiovisual.

  • Tras haber publicado comentarios e imágenes en Internet, Jabeur Mejri y Ghazi Beji fueron hallados culpables en marzo de insultar al islam y a los musulmanes en virtud de los artículos 121.3 y 226 del Código Penal y del artículo 86 del Código de Telecomunicaciones. Ghazi Beji huyó del país y fue condenado in absentia. Ambos fueron multados y condenados a siete años y medio de prisión, el máximo permitido. El 20 de junio, el Tribunal de Apelación de Monastir confirmó las condenas, tras lo cual se remitió la causa al Tribunal de Casación, que no había fallado al terminar el año. En ese momento, Jabeur Mejri se encontraba recluido en la prisión de Mehdia.

En junio, los salafistas atacaron en Túnez capital una exposición de arte por considerar que algunas de las obras eran ofensivas para el islam. Esto dio lugar a grandes protestas en otras ciudades. En septiembre, la embajada de Estados Unidos fue atacada por manifestantes tras haberse publicado en Internet una película considerada ofensiva para el islam; según la información disponible, cuatro personas murieron y varias resultaron heridas.

  • Nadia Jelassi y Mohamed Ben Slima, artistas relacionados con la exposición de arte atacada por salafistas en junio, fueron citados ante un juez instructor, acusados de atentar contra valores sagrados, ofender la moral pública y perturbar el orden público. La causa proseguía al final del año.
  • En septiembre, Ayoub Massoudi fue declarado culpable de minar la reputación del ejército y difamar a un funcionario. Se le impuso una condena condicional de cuatro meses, e inicialmente se le prohibió viajar al extranjero. Ayoub Massoudi había dimitido de su cargo como asesor del presidente cuando, en junio, criticó públicamente la extradición de Túnez a Libia del ex primer ministro libio Al Baghdadi al Mahmudi, alegando que el jefe de las fuerzas armadas y ministro de Defensa de Túnez no había informado previamente de la extradición al presidente tunecino. Fue juzgado en virtud del artículo 98 del Código de Justicia Militar y del artículo 128 del Código Penal.
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Derechos de las mujeres

Las mujeres seguían sufriendo discriminación en la legislación y en la práctica. El gobierno rechazó las recomendaciones del examen periódico universal de la ONU de revocar las leyes discriminatorias relativas a la herencia y la custodia de los hijos. El Código Penal seguía incluyendo medidas discriminatorias, entre ellas que un hombre que violara o secuestrara a una menor de edad no sería castigado si se casaba con ella.

  • Una mujer de 27 años acusó a dos agentes de policía de haberla violado, mientras un tercero extorsionaba a su prometido. Sin embargo, en septiembre se presentaron cargos contra la propia mujer por conducta indecente intencionada, al afirmar los policías que la habían encontrado en una “postura inmoral” con su prometido. Se citó a la pareja ante un juez instructor. La pareja presentó cargos contra los tres agentes de policía, que fueron detenidos y se enfrentaban a un procesamiento. Los cargos presentados contra la mujer y su prometido se retiraron posteriormente.
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Pena de muerte

La pena de muerte continuó en vigor. Según los datos disponibles, se impusieron nueve condenas de muerte. En septiembre, el gobierno rechazó la recomendación del examen periódico universal de la ONU de abolir la pena capital. Sin embargo, se mantuvo la suspensión de las ejecuciones, en vigor desde 1991. Según las autoridades, se conmutaron 125 condenas a muerte y al final del año había 179 personas en espera de ejecución.

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