Túnez

Human Rights in República de Túnez

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Túnez is now live »

Jefe del Estado Zin el Abidín ben Alí
Jefe del gobierno Mohamed Ganuchi
Pena de muerte abolicionista en la práctica
Población 10,4 millones
Esperanza de vida 73,5 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m) 23/21 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada 74,3 por ciento

Las fuerzas de seguridad hicieron uso excesivo de la fuerza en las manifestaciones de Gafsa, causando la muerte de dos manifestantes. Se detuvo y procesó al menos a 200 personas participantes en protestas, entre las que había defensores y defensoras de los derechos humanos y líderes sindicales. El derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión estaba restringido, y se sometía a hostigamiento y se procesaba a periodistas, profesionales del derecho y activistas de derechos humanos. Hubo informes de tortura y otros malos tratos a personas detenidas. Al menos 450 personas fueron condenadas a prisión en juicios injustos por cargos de terrorismo. Se mantuvo la suspensión de las ejecuciones.

Disturbios en Gafsa

La región minera de Gafsa, en el sureste del país, se vio sacudida desde enero por protestas que duraron meses contra el creciente desempleo, la pobreza, el aumento del coste de la vida y las prácticas de contratación de la Compañía de Fosfatos de Gafsa, principal fuente de empleo de la región. En respuesta, las autoridades desplegaron a las fuerzas de seguridad en Redeyef y otras localidades, que hicieron uso excesivo de la fuerza para disolver algunas de las protestas, causando dos muertes y lesiones a numerosas personas. Se detuvo a centenares de manifestantes y a otras personas sospechosas de organizar o facilitar las protestas, y al menos 200 fueron procesadas. Algunas fueron declaradas culpables y condenadas a penas de hasta 10 años de prisión.

  • Hafnaoui Maghzaoui murió a causa de un disparo el 6 de junio, cuando las fuerzas de seguridad utilizaron munición real para dispersar a los manifestantes en Redeyef. Según fuentes no oficiales, otras 26 personas resultaron heridas, aunque las autoridades situaron el total en ocho. Una de estas personas, Abdelkhalek Amaidi, murió como consecuencia de sus heridas en septiembre. Según testigos presenciales, la policía había disparado sin previo aviso y muchas de las lesiones sufridas por los manifestantes eran heridas de bala en la espalda y las piernas. El ministro de Justicia manifestó que lamentaba la muerte de Hafnaoui Maghzaoui, pero negó que las fuerzas de seguridad hubieran hecho nada indebido. Dijo que se había abierto una investigación.
  • En junio se detuvo a Adnan Hajji, secretario general de la oficina local de la Unión General de Trabajadores Tunecinos. Junto con 37 personas más a las que las autoridades acusaban de dirigir las protestas, fue procesado por cargos como formar una banda criminal y pertenecer a un grupo que intentaba causar daños en propiedades públicas y privadas. Todos los acusados comparecieron en diciembre ante el tribunal, que impuso a 33 de ellos penas de hasta 10 años de prisión y absolvió a los otros cinco.

Novedades jurídicas y constitucionales

En julio se reformó la Constitución para adelantar de los 20 a los 18 años la edad mínima de voto e introducir disposiciones excepcionales con vistas a las elecciones presidenciales de 2009. En la práctica, tales disposiciones sólo permitían presentarse como candidatos a líderes de partidos políticos que hubieran llegado al cargo por votación y llevaran al menos dos años en él. En diciembre, las autoridades anunciaron proyectos de reforma de la ley electoral que aumentaban de 37 a 50 el número de escaños para partidos de oposición en el Parlamento y los ayuntamientos.

En marzo se reformó el Código de Procedimiento Penal. Los cambios supusieron una mejora de las garantías de procedimiento para los detenidos al obligar a los fiscales y a los jueces de instrucción a justificar su decisión cuando autorizaran la prórroga de tres días del periodo normal de detención policial preventiva (garde à vue). En junio, una nueva legislación hizo posible la adaptación del Comité Superior de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, organismo establecido por el gobierno, a los Principios de París, relativos a las instituciones nacionales de derechos humanos, con el fin de aumentar su independencia.

"Las autoridades sometían a hostigamiento e intimidaciones a activistas de los derechos humanos..."

Seguridad y medidas antiterroristas

En los juicios sobre presuntos delitos de terrorismo no se ofrecían las debidas garantías, y en la mayoría de ellos se imponían largas penas de prisión. Entre los acusados había personas detenidas en Túnez y tunecinos devueltos por otros Estados pese al temor de que sufrieran tortura a su llegada al país. A menudo, las sentencias condenatorias estaban basadas únicamente en «confesiones» que los acusados habían hecho durante su detención preventiva en régimen de incomunicación y de las que se habían retractado ante el tribunal, explicando que eran el resultado de torturas. Era habitual que los jueces de instrucción y los tribunales no investigaran tales denuncias. A lo largo del año fueron condenadas a prisión por delitos de terrorismo unas 450 personas.

En junio, las autoridades italianas devolvieron a Túnez a Sami Ben Khemais Essid a pesar de que se temía por su seguridad si regresaba al país. Fue detenido a su llegada, pues entre 2000 y 2007 había sido juzgado in absentia, ante tribunales civiles y militares, en varias causas de terrorismo y condenado en total a más de 100 años de prisión. Impugnó las condenas, y en julio y noviembre fue juzgado de nuevo y condenado en dos causas distintas a 8 y 11 años de prisión.

  • Ziad Fakraoui, sometido presuntamente a tortura durante su reclusión en régimen de incomunicación en el Departamento de Seguridad del Estado de Túnez capital en 2005, quedó en libertad en mayo, pero fue detenido de nuevo por agentes de la Seguridad del Estado el 25 de junio, dos días después de que Amnistía Internacional mencionara su caso en un informe sobre violaciones de derechos humanos en Túnez. Tras pasar siete días recluido en régimen de incomunicación lo llevaron ante un juez de instrucción y lo acusaron formalmente de pertenencia a una organización terrorista e incitación al terrorismo, los mismos cargos por los que había sido encarcelado tras su detención en 2005. Fue absuelto de todos los cargos y quedó en libertad el 25 de noviembre.

Excarcelaciones de personas detenidas por motivos políticos

En noviembre, con motivo del 21 aniversario de la llegada al poder del presidente Ben Alí, quedaron en libertad condicional 44 presos políticos, entre ellos 21 que cumplían largas penas tras haber sido declarados culpables de pertenecer a la organización islamista prohibida Ennahda. Eran los últimos líderes de Ennahda todavía presos, y la mayoría llevaban más de 15 años en prisión. Según informes, algunos necesitaban recibir con urgencia tratamiento médico debido a los malos tratos y las duras condiciones sufridas en prisión, como reclusión prolongada en régimen de aislamiento.

Según los informes, como en el caso de otros presos políticos liberados, habían quedado en situación de «control administrativo», con arreglo a las órdenes dictadas contra la mayoría de ellos durante su juicio, en 1992. Debido a ello tenían que presentarse con frecuencia en determinadas comisarías de policía, restricción que limitaba su libertad de circulación y sus posibilidades de encontrar trabajo y recibir atención médica. A veces también se negaba el pasaporte a sus familiares más cercanos. Sadok Chourou, ex líder de Ennahda, que figuraba entre los presos liberados en noviembre, fue detenido de nuevo en su casa el 3 de diciembre. Tres días después fue acusado de «mantener una organización prohibida», en relación con Ennahda, y condenado a un año de prisión.

Tortura y otros malos tratos

Hubo nuevos informes de tortura y otros malos tratos en comisarías de policía y centros de detención del Departamento de Seguridad del Estado. Los detenidos estaban especialmente expuestos a tales prácticas durante su reclusión en régimen de incomunicación.

  • Jaber Tabbabi fue detenido el 5 de junio en relación con las protestas de Gafsa. La policía le arrancó la ropa a tirones y lo golpeó reiteradamente mientras lo llevaba a rastras hasta la comisaría de Redeyef, donde, según contó posteriormente, fue torturado. Lo trasladaron a una comisaría de Metlaoui, donde le vendaron los ojos, lo obligaron a adoptar una postura forzada y le insertaron un palo en el recto. Tuvieron que darle 16 puntos de sutura por un corte que sufrió en la cabeza. Denunció que lo habían tenido desnudo hasta que lo llevaron ante un juez de instrucción del Tribunal de Primera Instancia de Gafsa. El tribunal rechazó una solicitud presentada por su abogado para que fuera examinado por un médico por si había indicios de tortura, pero ordenó que fuera puesto en libertad de inmediato. Quedó en libertad sin cargos el 9 de junio.

Libertad de expresión

El gobierno siguió imponiendo estrictas restricciones a los medios de comunicación, y procesó a periodistas debido a sus actividades profesionales, a menudo por cargos que no parecían tener nada que ver con ellas.

  • Fahem Boukadous, periodista del canal de televisión tunecino Al Hiwar Ettounsi, fue acusado de «pertenencia a una asociación criminal» y «difusión de información susceptible de alterar el orden público» por haber informado sobre las protestas de Gafsa y las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad. Se ocultó y fue juzgado in absentia el 12 de diciembre junto con otras 37 personas (véase supra) y condenado a seis años de prisión.
  • Naziha Rjiba tuvo que presentarse ante el fiscal en octubre, cuando le preguntaron por un artículo que había escrito en el periódico de oposición Al Mouatinoun en el que acusaba al gobierno de destruir el sitio web de Kalima, revista de noticias en Internet de la que era cofundadora, tras denegarle las autoridades el permiso de publicación en 1998. Días antes, el Ministerio del Interior había secuestrado la edición entera del número de Al Mouatinoun en el que aparecía el artículo.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Las autoridades sometían a hostigamiento e intimidaciones a activistas y defensores de los derechos humanos: fuerte y estrecha vigilancia, negación del permiso para registrar legalmente ONG de derechos humanos, obstáculos para el desarrollo de sus actividades e interceptación de sus comunicaciones cortándoles la línea telefónica y la conexión a Internet.

  • En junio, dos abogados y defensores de los derechos humanos que habían hablado de las violaciones de estos derechos cometidas en Túnez en una conferencia internacional de prensa de Amnistía Internacional en París fueron hostigados por agentes de seguridad a su regreso a Túnez. Samir Dilou y Anouar Kousri fueron retenidos brevemente en el aeropuerto de Túnez capital, donde les dijeron que tenían que presentarse a la policía, que les preguntó por la conferencia de prensa y los acusó de difundir información falsa y perjudicial para la reputación del país. A Samir Dilou le dijeron que dejara de desarrollar tales actividades o sería procesado.

Violencia contra mujeres y niñas

En septiembre, Túnez se adhirió al Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. En noviembre, las autoridades presentaron un teléfono de ayuda gratuito para las mujeres víctimas de violencia en el ámbito familiar.

Pena de muerte

El gobierno mantuvo en la práctica una moratoria de las ejecuciones, pero seguía habiendo varios condenados a muerte. En febrero, el Tribunal de Apelación de Túnez capital conmutó una de las dos condenas de muerte impuestas al final del juicio del denominado «caso Soliman» en diciembre de 2007, pero confirmó la otra. La condena a muerte de Imed Ben Amar se conmutó por cadena perpetua, pero la impuesta a Saber Ragoubi se confirmó.

En marzo de 2008, un grupo de 25 parlamentarios de varios partidos presentaron un anteproyecto de ley en el que se proponía la abolición de la pena capital, pero al final del año tenía que ser examinado aún en su totalidad.

Visitas de Amnistía Internacional

Un delegado de Amnistía Internacional visitó Túnez en febrero para asistir como observador al proceso de apelación del «caso Soliman».

Informes de Amnistía Internacional

Túnez: La confirmación de una condena de muerte impide reparar la injusticia (21 febrero 2008)
Túnez: En nombre de la seguridad: Abusos sistemáticos en Túnez (23 junio 2008)
Túnez: Investigación sobre el homicidio de un manifestante que protestaba contra el aumento de los precios (9 julio 2008)
Túnez: Continúan los abusos a pesar de que las autoridades lo niegan (2 julio 2008)
Túnez: Acoso contra ex presos políticos (14 noviembre 2008)
Túnez: El juicio de los sindicalistas, una parodia de justicia (12 diciembre 2008)

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