Túnez - Informe 2008 Amnistia Internacional

Derechos humanos en República de Túnez

Jefe del Estado : Zin el Abidín ben Alí
Jefe del gobierno : Mohamed Ganuchi
Pena de muerte : abolicionista en la práctica
PoblaciÓn : 10,3 millones
Esperanza de vida : 73,5 años
Mortalidad infantil (<5 años) (h/m) : 23/20 por cada 1.000
PoblaciÓn adulta alfabetizada : 74,3 por ciento

La buena marcha de la economía de Túnez y las reformas jurídicas positivas que se acometieron mejoraron la reputación internacional del país. Sin embargo, esto ocultaba una realidad más sombría, en la que las salvaguardias jurídicas se violaban con frecuencia, se torturaba impunemente a personas consideradas sospechosas por motivos políticos y se hostigaba a quienes defendían los derechos humanos. Se seguía restringiendo severamente la libertad de expresión y de asociación. Se condenó a muchas personas a prolongados periodos de prisión en juicios injustos, a veces ante tribunales militares, por cargos relacionados con el terrorismo. Asimismo, continuaban en prisión cientos de personas condenadas años atrás, algunas desde hacía más de un decenio, en juicios sin las debidas garantías. Entre estas últimas había posibles presos de conciencia.

Novedades jurídicas e institucionales

En julio se modificó por decreto la composición del Comité Superior de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, órgano encargado de recibir denuncias sobre violaciones de derechos humanos. Con esta medida se incrementaba el número de entidades representadas en el comité, pero no se incluía a las organizaciones independientes de derechos humanos.

«Guerra contra el terror»

En junio se devolvió a Túnez a Abdellah al Hajji y Lotfi Lagha, dos de los 12 tunecinos recluidos en Guantánamo por las autoridades estadounidenses. A su llegada al país fueron arrestados y recluidos en el Departamento de Seguridad del Estado del Ministerio del Interior, donde, según aseguraron, los sometieron a malos tratos y les obligaron a firmar declaraciones. Abdellah al Hajji denunció que lo habían privado del sueño, abofeteado y amenazado con violar a su esposa y sus hijas. En octubre, Lotfi Lagha fue declarado culpable de asociación con una organización terrorista operativa en el extranjero, y condenado a tres años de prisión. Abdellah al Hajji volvió a comparecer en juicio ante un tribunal militar de la ciudad de Túnez, tras haber impugnado una pena de 10 años de prisión que se le había impuesto in absentia en 1995. En noviembre fue declarado culpable de «pertenencia en tiempos de paz a una organización terrorista operativa en el extranjero» y condenado a siete años de prisión.En enero y marzo, las autoridades egipcias devolvieron a un total de nueve tunecinos que, según informes, estuvieron detenidos durante periodos de hasta varias semanas para ser interrogados. La mayoría quedó en libertad, pero al menos dos, Ayman Hkiri y Adam Boukadida, permanecieron recluidos en espera de juicio. Todos ellos habían sido detenidos en Egipto en noviembre de 2006, junto con otros estudiantes egipcios y de otras nacionalidades, y, según informes, fueron torturados cuando se los interrogó en relación con un presunto complot para reclutar en Egipto combatientes contra la coalición encabezada por Estados Unidos en Irak.

Sistema de justicia

Los juicios de personas acusadas de delitos relacionados con el terrorismo, algunos de ellos celebrados ante tribunales militares, eran con frecuencia injustos y, en general, se resolvían con largas penas de prisión para los acusados. Entre las personas acusadas figuraban algunas detenidas en Túnez, y otras de nacionalidad tunecina a las que las autoridades de otros Estados, como Estados Unidos, Francia e Italia, habían devuelto a Túnez a pesar de la preocupación por la posibilidad de que fueran torturadas. A menudo, las condenas se basaban exclusivamente en «confesiones» realizadas durante la prisión preventiva, de las que los acusados se retractaban en el juicio, alegando que habían sido extraídas mediante tortura. Los tribunales y jueces de instrucción se abstuvieron sistemáticamente de investigar dichas denuncias.Según informes, al menos 16 civiles fueron declarados culpables y condenados a penas de hasta 11 años de prisión en juicios celebrados ante el tribunal militar de Túnez. La mayoría fueron condenados por mantener vínculos con organizaciones terroristas operativas fuera del país. En dichos juicios no se cumplieron las normas internacionales de justicia procesal, y se restringió el derecho de apelación de los acusados.

  • En noviembre se juzgó a 30 hombres ante el Tribunal de Primera Instancia de Túnez, en el llamado «caso Soliman». Se los acusó de diversos delitos, entre ellos, conspiración para derrocar al gobierno, uso de armas de fuego y pertenencia a organización terrorista. Todos los acusados habían sido detenidos en diciembre de 2006 y enero de 2007 en relación con un enfrentamiento armado entre las fuerzas de seguridad y presuntos miembros del grupo armado Soldados de Assad Ibn al Fourat. Permanecieron recluidos durante periodos muy superiores al límite de seis días de prisión preventiva permitido por la ley, y afirmaron haber sido sometidos a tortura u otros malos tratos. Sus abogados pidieron al juez instructor y al tribunal que ordenaran la realización de exámenes médicos para buscar indicios de tortura, pero sus peticiones fueron denegadas. El 30 de diciembre, el tribunal condenó a muerte a dos de los acusados, a cadena perpetua a ocho de ellos, y al resto, a penas de entre 5 y 30 años de prisión.

Liberación de presos políticos

En total, unos 179 presos políticos quedaron en libertad, de los cuales aproximadamente 15 estaban recluidos en prisión preventiva por ser sospechosos de pertenecer al Grupo Salafista para la Predicación y el Combate, grupo armado presuntamente vinculado a Al Qaeda. Con respecto a los demás, la mayoría llevaban recluidos desde principios de la década de 1990 por pertenencia a la organización islamista prohibida Ennahda (Renacimiento).

Tortura y otros malos tratos

Las fuerzas de seguridad, y en especial el Departamento de Seguridad del Estado, siguieron practicando la tortura y otras formas de malos tratos. Las personas detenidas en régimen de incomunicación estaban particularmente expuestas. Con frecuencia, las fuerzas de seguridad violaban el límite de seis días de prisión preventiva, y mantenían a los detenidos recluidos en régimen de incomunicación durante periodos que podían llegar a durar varias semanas. Muchas de las personas que sufrieron ese tipo de detención denunciaron haber sido objeto de torturas tales como palizas, suspensión en posturas contorsionadas, descargas eléctricas, privación del sueño, violación y amenazas de violar a mujeres de sus familias. Las autoridades no investigaron casi ningún caso, ni llevaron a los presuntos perpetradores ante la justicia.

  • Mohamed Amine Jaziri, uno de los acusados en el caso Soliman (véase supra), fue detenido el 24 de diciembre de 2006 en Sidi Bouzid, en el sur de Túnez, y recluido en secreto, primero en la comisaría de policía de la ciudad y, a continuación, en el Departamento de Seguridad del Estado de Túnez, hasta el 22 de enero. Sus familiares pidieron información en repetidas ocasiones pero, hasta el momento de su liberación, las autoridades negaron que estuviera bajo su custodia. Según declaró, mientras permaneció recluido en régimen de incomunicación lo golpearon por todo el cuerpo, le aplicaron descargas eléctricas, lo dejaron varias horas suspendido del techo, lo empaparon de agua fría, lo privaron del sueño y le pusieron una capucha sucia en la cabeza durante los interrogatorios. En diciembre lo condenaron a 30 años de prisión.

Condiciones de reclusión

Según informes, numerosos presos políticos sufrieron discriminación y tratos duros. Algunos se declararon en huelga de hambre para protestar por los malos tratos que les infligían los guardias penitenciarios, la negación de cuidados médicos, la interrupción de las visitas familiares y las duras condiciones que soportaban, que incluían prolongados periodos en régimen de aislamiento.

  • Al parecer, en octubre, unos guardias de la prisión de Mornaguia ataron y propinaron patadas y puñetazos a Ousama Abbadi, Ramzi el Aifi, Oualid Layouni y Mahdi Ben Elhaj Ali. A consecuencia de ello, Ousama Abbadi sufrió una lesión grave en un ojo y una herida profunda en la pierna; cuando su abogado fue a visitarlo, no podía ponerse de pie, y se desplazaba en una silla de ruedas. Según informes, los guardias desnudaron por completo a otros reclusos de esa misma prisión y los arrastraron por un pasillo, delante de las celdas. No había constancia de ninguna investigación, a pesar de las quejas de los letrados de los presos.

Libertad de expresión

Las autoridades restringían severamente la libertad de expresión. Cientos de presos políticos continuaban cumpliendo condenas por su presunta participación en actividades pacíficas de oposición al gobierno.

Libertad de prensa

Los periodistas y directores de publicaciones desarrollaban sus actividades profesionales en un clima de intimidación y miedo. Se censuraban las publicaciones extranjeras, y los periodistas críticos con el gobierno se enfrentaban a campañas de desprestigio o a procesos penales por difamación. Se impedía a los profesionales del periodismo, a veces por la fuerza, asistir a actos presididos por organizaciones independientes de derechos humanos o en los que se criticara al gobierno, e informar de ellos.

  • En diciembre, un tribunal de Sakiet Ezzit (Sfax) condenó al periodista independiente Slim Boukhdir a un año de cárcel en un juicio injusto, por cargos de «insulto a una autoridad durante el cumplimiento de su deber», «violación de la moral pública» y «negativa a mostrar su documento de identidad». Slim Boukhdir había sido detenido el 26 de noviembre, cuando viajaba de Sfax a Túnez tras haber recibido una citación para que recogiera su pasaporte. En una fecha anterior de 2007, aseguró haber recibido amenazas de muerte tras una entrevista que concedió al canal de televisión Al Hiwar (Diálogo), con sede en Reino Unido, en la que criticó a miembros de la familia del presidente Ben Alí. La semana antes de dichas amenazas, había sido agredido por agentes de policía vestidos de civil.

Las autoridades seguían bloqueando varios sitios web que contenían críticas políticas o de otro tipo contra el gobierno, alegando motivos de «seguridad» o el carácter «perjudicial» de su contenido. Entre los sitios web afectados figuraban algunos de acreditados periódicos y organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales.

Libertad religiosa

Se restringía la manifestación de creencias religiosas. Las mujeres que llevaban el hiyab (pañuelo islámico) sufrieron hostigamiento. A algunas las obligaron a quitárselo antes de entrar en escuelas, universidades o lugares de trabajo, mientras que otras se vieron obligadas a desprenderse de él en la calle. En mayo, se impidió a las mujeres que llevaban hiyab asistir a la Feria Internacional del Libro de Túnez. Varias mujeres informaron de que las habían conducido a comisarías de policía y las habían obligado a firmar declaraciones en las que se comprometían a dejar de llevar el hiyab; algunas de las que se negaron fueron agredidas por agentes de policía.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Las autoridades reprimieron severamente las actividades de las organizaciones de derechos humanos. Con frecuencia se cortaban o desviaban las líneas telefónicas y las conexiones a Internet para dificultar la comunicación con otras personas de Túnez o del extranjero. Se hostigó e intimidó a personas que defendían los derechos humanos. Las fuerzas de seguridad mantenían bajo constante y estrecha vigilancia a los defensores y defensoras de los derechos humanos y a sus familias y, en algunos casos, llegaron a agredirlos físicamente.

  • Raouf Ayadi, abogado y defensor de los derechos humanos, fue agredido por un agente de policía en abril, cuando se disponía a entrar en un tribunal, donde iba a representar a una persona acusada de cargos relacionados con el terrorismo. En junio, su automóvil sufrió destrozos, infligidos deliberadamente. En noviembre, agentes de policía lo insultaron, lo arrojaron al suelo y lo arrastraron, para impedir que visitara a un activista de derechos humanos y a un periodista que estaban en huelga de hambre para protestar por la negativa de las autoridades a expedirles pasaportes. Las autoridades no emprendieron acciones contra los responsables de las agresiones que sufrió Raouf Ayadi.
  • Mohammed Abbou, abogado y defensor de los derechos humanos, quedó en libertad en julio, tras haber cumplido 28 meses de una pena de tres años y medio de prisión, impuesta en un juicio injusto en abril de 2005. Tras haber salido en libertad condicional, se le impidió, al menos en tres ocasiones, salir del país.

Pena de muerte

Se dictaron tres penas de muerte, con lo que, según informes, el número de presos condenados a muerte ascendió a más de 100, pero no hubo ejecuciones.En marzo, el ministro de Justicia y Derechos Humanos dijo que el gobierno no era favorable a la abolición. En junio, varias organizaciones tunecinas de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional Túnez, formaron una coalición nacional contra la pena de muerte. En noviembre, el representante del gobierno tunecino no votó en contra de la resolución de la ONU que pedía la suspensión mundial de las ejecuciones.

Informe y visitas de Amnistía Internacional