Trinidad y Tobago

Human Rights in República de Trinidad y Tobago

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Trinidad & Tobago is now live »

Jefe del Estado George Maxwell Richards
Jefe del gobierno Patrick Manning
Pena de muerte retencionista
Población 1,3 millones
Esperanza de vida 69,2 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m) 20/15 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada 98,4 por ciento

Se recibieron nuevos informes de violaciones de derechos humanos perpetradas por la policía, incluidos malos tratos y homicidios ilegítimos. Los tribunales siguieron imponiendo penas de muerte, pero no se registraron ejecuciones.

Información general

En septiembre, el primer ministro superó una moción de censura. Según la prensa, la presentación de la moción estuvo motivada sobre todo por el aumento del índice de delincuencia y por la presunta intervención del jefe del gobierno en la ralentización y paralización de una investigación sobre las actividades de la Corporación de Desarrollo Urbano de Trinidad y Tobago, empresa pública presuntamente implicada en actos de corrupción.

Según noticias de prensa, en 2008 se denunciaron 545 homicidios, aproximadamente un 39 por ciento más que en 2007.

"Durante el año, según los informes, mataron a tiros al menos a seis testigos de cargo..."

El aumento de la delincuencia violenta y la impunidad de los agentes de policía responsables de abusos siguieron minando la confianza de la sociedad en el Servicio de Policía de Trinidad y Tobago. En julio, el director en funciones de la policía, James Philbert, reconoció que el Servicio de Policía de Trinidad y Tobago debía disculparse ante el país por las deficiencias de la labor policial, cuyas consecuencias algunos sectores sociales venían sufriendo desde hacía años.

Policía y fuerzas de seguridad

Durante el año, según los informes, la policía mató a 40 personas. La mayoría de los agentes implicados en los homicidios aseguraron que habían actuado en defensa propia. En algunos casos, sin embargo, los testimonios de los testigos daban a entender que los homicidios habían sido ilegítimos.

  • El 8 de octubre, un agente de policía disparó contra Russel Samuel en la carretera de La Canoa, en el sur de Santa Cruz. Vecinos de la zona que habían sido testigos del incidente señalaron que a Samuel le habían disparado en la espalda cuando se dirigía a cortar hierba y que, tras meterlo en un furgón policial, le habían disparado, al parecer, tres veces más en el abdomen. Por su parte, los agentes de policía afirmaron que, durante una operación policial, habían visto a Russel Samuel blandiendo un arma de fuego, y que éste les había disparado cuando le ordenaron que la soltara. El incidente produjo indignación entre los vecinos y dio lugar a protestas. Al finalizar el año no había concluido todavía la investigación correspondiente.

Se recibieron denuncias de torturas y otros malos tratos a manos de miembros de la policía y de las fuerzas armadas.

  • Se registraron varias denuncias sobre palizas y detenciones ilegales tras una «operación jaula» realizada en junio por miembros del ejército en Richplain, un barrio de Diego Martín. La legalidad de la operación fue muy cuestionada, pues no se sabía con certeza en virtud de qué atribuciones había intervenido el ejército.

En su informe anual, presentado en el Senado en abril, el Departamento de Quejas de la Policía recomendó que se modificara la ley que regulaba el propio Departamento, promulgada en 2006, con el fin de definir mejor sus atribuciones. Al finalizar el año no se había emprendido ninguna acción al respecto.

Sistema de justicia

Según los informes, faltaban jueces y abogados. Los actos de intimidación sistemáticos y los frecuentes asesinatos de testigos, junto con el bajo índice de detección de delitos violentos, contribuyeron a que disminuyera el número de casos graves juzgados por los tribunales. Durante el año, según los informes, mataron a tiros al menos a seis testigos de cargo, lo que comportó que aumentara la preocupación sobre la efectividad del programa de protección de testigos.

Pena de muerte

Diez personas fueron condenadas a muerte.

En agosto, el Tribunal Superior conmutó por cadena perpetua las penas de muerte impuestas a 52 personas, basándose en una resolución adoptada por el Comité Judicial del Consejo Privado de la Corona, organismo radicado en Reino Unido, según la cual no se debía ejecutar a nadie que hubiera pasado más de cinco años condenado a muerte.

En diciembre, Trinidad y Tobago votó en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pedía una moratoria mundial de las ejecuciones.

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