Timor Oriental

Human Rights in República Democrática de Timor Oriental

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Timor Oriental is now live »

Jefe del Estado José Manuel Ramos-Horta
Jefe del gobierno Kay Rala Xanana Gusmão
Pena de muerte abolicionista para todos los delitos
Población 1,2 millones
Esperanza de vida 59,7 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m) 90/89 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada 50,1 por ciento

El poder judicial y la policía seguían siendo instituciones débiles. El presidente y el primer ministro sufrieron violentos atentados. Continuó la impunidad por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en 1999, durante la transición tras la ocupación indonesia. Los gobiernos timorés e indonesio recibieron el esperado informe de la Comisión de la Verdad y la Amistad, creada conjuntamente por Indonesia y Timor Oriental. La ONU se había negado a cooperar en la investigación de la Comisión debido a la preocupación sobre la impunidad. Continuó siendo elevado el número de personas desplazadas internamente que vivían en campos tras huir de la violencia de 2006.

Información general

Continuaron gozando de impunidad las personas responsables de violaciones de derechos humanos cometidas en el transcurso del referéndum de independencia celebrado en 1999 y durante los violentos disturbios de abril y mayo de 2006.

"Seguía habiendo alrededor de 40.000 personas desplazadas internamente..."

Se amplió hasta comienzos de 2009 el mandato de la Misión Integrada de la ONU en Timor-Leste (UNMIT). El presidente José Ramos-Horta pidió a la UNMIT que continuase como mínimo hasta 2012.

Policía y fuerzas de seguridad

Continuó el programa para reconstruir la fuerza policial nacional. Sin embargo, se recibieron informes de violaciones de derechos humanos por parte de militares y agentes de policía. La tensión entre ambas fuerzas aumentó cuando la policía quedó temporalmente bajo la autoridad de las fuerzas armadas de Timor Oriental, tras los atentados contra el presidente y el primer ministro. La ONU continuó asesorando a las fuerzas policiales.

El 11 de febrero, el presidente José Ramos-Horta recibió tres disparos durante un asalto a su casa encabezado por el comandante rebelde Alfredo Reinado, que, al igual que el guardaespaldas del presidente, murió en el tiroteo que se desencadenó a continuación. En un atentado coordinado también fueron atacados la casa del primer ministro Xanana Gusmão y el vehículo en el que éste viajaba, aunque resultó ileso. Alfredo Reinado había sido acusado de asesinato y estaba bajo orden policial de busca y captura por encabezar los hechos violentos de 2006. El presidente se recuperó por completo.

Impunidad

En julio, los gobiernos de Timor Oriental e Indonesia recibieron oficialmente el informe de la Comisión de la Verdad y la Amistad sobre la violencia de 1999. El informe fue más allá de lo previsto al atribuir la responsabilidad institucional de las graves violaciones de derechos humanos a milicias partidarias de la autonomía, el ejército indonesio, las autoridades civiles y la policía. Sin embargo, la Comisión, cuyo mandato no le permitía iniciar procesamientos, no dio a conocer los nombres de los responsables de violaciones de derechos humanos. La preocupación por la impunidad llevó a la ONU a negarse a cooperar en las investigaciones de la Comisión y a reanudar los procesamientos a través de la Dependencia de Investigación de Delitos Graves, creada conjuntamente con fiscales timoreses. Al finalizar el año se habían remitido 20 causas; la ONU calculaba que se tardarían tres años en completar las investigaciones de casi 400 casos.

En mayo, el presidente redujo las condenas impuestas a numerosos integrantes de milicias pro indonesias declarados culpables de asesinato durante los incidentes violentos de 1999.

  • La condena del dirigente de las milicias Joni Marques quedó reducida a 12 años. La condena inicial a 33 años por crímenes de lesa humanidad ya había sido reducida a 24 en 2004.
  • En abril, el Tribunal Supremo de Indonesia anuló en la fase de apelación la declaración de culpabilidad del ex dirigente de las milicias Eurico Guterres y la condena de 10 años que se le había impuesto por crímenes de lesa humanidad cometidos en Timor Oriental. De las seis personas halladas culpables inicialmente, él era el único que cumplía condena de cárcel al haberse confirmado su declaración de culpabilidad.

Personas internamente desplazadas

Seguía habiendo alrededor de 40.000 personas desplazadas internamente, que continuaban necesitando alimentos y alojamiento adecuados, además de agua y servicios de saneamiento y atención a la salud.

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